Diario Lanza.
29/08/2009 – 20:27 Escrito por J. I. Sanz.
“Están en algún sitio, concertados / desconcertados, sordos / buscándose / buscándonos / bloqueados por los signos y las dudas / contemplando las verjas de las plazas / los timbres de las puertas / las viejas azoteas / ordenando sus sueños sus olvidos / quizá convalecientes de su muerte privada”.
Ya lo dice Mario Benedetti en su poema ‘Desaparecidos’: están en algún sitio pero nadie sabe dónde. Y menos en Ciudad Real, donde al menos 1.694 personas desaparecidas por la represión franquista tras la Guerra Civil, aún siguen esperando, de momento en vano, que les encuentren. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, una significativa fecha que sirve para que nadie les olvide, a ellos y a sus familiares, que son quienes sufren directamente, y en privado, el dolor por la pérdida de sus parientes.
En Castilla-La Mancha, el número total de desaparecidos de manera forzada, la mayor parte de ellos durante los primeros años de la dictadura franquista, alcanza el número de 7.067 personas, sin contar Guadalajara, ya que el Foro por la Memoria Histórica de esta provincia todavía no ha podido concretar el número de personas desaparecidas. Por lo demás, en Toledo son 3.970 los desaparecidos; en Ciudad Real, 1.694; en Albacete, 1.026; y en Cuenca, 377. La región es, en la actualidad, la sexta comunidad autónoma en la que más desaparecidos hay.
Todos ellos están identificados en la investigación que el juez Baltasar Garzón comenzó hace ahora un año. Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la UCLM, es autor de numerosos estudios sobre la materia, alguno de los cuáles fueron utilizados por el propio juez para comenzar las investigaciones sobre los desaparecidos en España durante el franquismo.
‘Las fosas de Franco y la diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas’, publicado en la revista ‘Jueces para la democracia’, supone un avance significativo en la consideración que se da a las ejecuciones y desapariciones a las que el régimen franquista sometió al bando perdedor en la Guerra Civil: “Son crímenes de lesa humanidad -afirma Rodríguez Arias- y nadie ha hecho nada en España por resarcir a los desaparecidos y a sus familiares”.
Hay tres tipos de desaparición forzada, pero las más comunes son las desapariciones en fosa común tras una ejecución; y la desaparición de niños a los que se les suplanta la identidad. Dentro del primer caso, el auto de Garzón ha permitido confeccionar una lista que llega hasta las 143.353 personas, todas ellas identificadas, aunque pueden ser muchas más ya que el número de desapariciones ha ido aumentando según avanzaban las investigaciones.
En el caso de los niños, que eran arrebatados a aquellas madres que habían defendido la República durante la Guerra Civil y entregados a familias afines al movimiento franquista, Garzón da constancia de unos 30.000 infantes que fueron apartados de sus padres y que crecieron y vivieron, algunos incluso murieron, sin llegar a saber cuál era su auténtica procedencia.
En Ciudad Real hay constancia de un caso reconocido. Se trata de Vicenta “Flores” Álvarez Garrido, una mujer que en la actualidad tiene unos 76 años y que ha estado toda su vida luchando por volver a las raíces de sus verdaderos orígenes.
Su padre, el capitán Melecio Álvarez Garrido, comisario principal de la 82 Brigada Mixta del Ejercito republicano, temiendo por su vida, había dejado a la niña Vicenta con Dolores Luzón, una amiga a la que encomendó su guarda.
Vicenta no pudo hacer nada para escapar del destino que los franquistas habían previsto para ella. Fue introducida en un tren, llamado de los niños perdidos, con apenas seis años, y llevada a Madrid, donde unas monjas le cambiaron los apellidos y le suplantaron la identidad.
La ‘nueva’ niña Vicenta, a la que habían rebautizado con los apellidos Flores Ruiz, pasó por cuatro familias de acogida diferentes hasta que, finalmente, encontró cobijo en un matrimonio de labriegos naturales de Herencia.
Ella nunca comprendió porque le habían dado un nuevo nombre, una circunstancia que no entendía ya que sabía muy bien quién era su padre y lo proclamaba con orgullo.
El capitán Álvarez Garrido fue fusilado en Paterna el 24 de octubre de 1940, tras un juicio que fue una auténtica farsa. Tenía 43 años. Vicenta tenía entonces sólo 7 años. Hasta comienzos de la década de los noventa del siglo pasado no supo realmente qué había sido de su padre.
El caso de Vicenta es una muestra del sufrimiento de esos niños que fueron separados de sus padres y que se convirtió en un doble drama: la tragedia de los niños a los que les fue impuesta una nueva identidad y que crecerían sin saber nada de sus verdaderos padres; y la de los padres que vieron cómo les quitaban a sus hijos y no podían hacer nada para volver a reunirse con ellos. Algunas madres llegarían a morir sin saber, casi sesenta años después, qué fue del destino de sus hijos.
Es el caso de Emilia Girón, hermana del guerrillero apodado ‘El León del Bierzo’, Manuel Girón. Unas monjas se llevaron a su hijo con la excusa de bautizarlo. Nunca más supo de él. Emilia murió hace dos años con la misma sensación de desesperanza con la que vivió desde que le arrebataron de sus manos a su segundo hijo. Aún sigue buscándole otro de sus hijos.
Son casos desgarradores que dan fe de la tragedia que vivieron cientos de miles de personas que “desaparecieron” de la faz de la tierra por el mero hecho de tener una ideología diferente a la del bando ganador. Estos casos son conocidos gracias al trabajo de Montserrat Armengou, Ricard Vinyes y Ricard Belis, que se vio reflejado en un libro y en un documental de título homónimo: ‘Los niños perdidos del franquismo’.
Pero en Ciudad Real, nadie parece haberse preocupado por el sufrimiento de las miles de familias que viven todos los días, desde hace sesenta años, con un vacío en el corazón, el de sus seres allegados que un buen día “fueron desaparecidos” y de los que nunca más volvieron a saber.
Como dice el investigador ciudarrealeño: “Las heridas de la Guerra Civil no están cerradas mientras no se devuelva a los desaparecidos a sus familias”, y afirma que el trato que reciben por parte del Estado español es “injusto, ilegal e inhumano”.
“Están en algún sitio / nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro / allá en el sur del alma / es posible que hayan extraviado la brújula / y hoy vaguen preguntando / preguntando / dónde carajo queda el buen amor / porque vienen del odio”, finaliza el poema de Benedetti.
Sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Mientras, ellos y sus familiares siguen esperando que alguien les encuentre y les devuelva la dignidad.
Dos trabajos que han sido pioneros en España
Miguel Ángel Rodríguez Arias lleva muchos años investigando los crímenes que se cometieron en los primeros años de la posguerra española. Gracias a su trabajo ‘Las fosas de Franco y la Diligencia debida del Estado ante el crimen de Desaparición forzada de personas’, pudo determinar que aquellas ‘desapariciones’ tenían que ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, y debían ser juzgados como tales. Tras algo más de 30 años de democracia en España, parece que se alzó entre todos los dirigentes una suerte de telón opaco que impedía echar la vista atrás y recordar lo que sucedió durante la dictadura para denunciar a aquellos que cometieron crímenes.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero que trató de hacer algo al aprobar la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007. Parecía que, por fin, tras varios gobiernos de diferente signo político, alguien se fijaba en las víctimas, tanto los que murieron y/o desaparecieron como sus familiares. Pero las cosas no se han hecho bien. Según un nuevo estudio de Rodríguez Arias, titulado ‘La nueva ley “de la memoria” y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo’, el investigador apunta a que “es el propio Estado el que está vulnerando los derechos humanos” de los desaparecidos y de sus familiares al alejarse de lo que prescribe ese Convenio Europeo de 1950.
Así, Europa dice que debe ser el propio Estado quién haga las oportunas investigaciones de quiénes son los desaparecidos, dónde están las fosas comunes y tiene el deber de exhumar para entregar los cuerpos a sus respectivos familiares. Además, deben buscar a los “niños perdidos” del franquismo. En España, en lo que puede ser considerado “un trato inhumano y cruel para con las familias”, en palabras de Rodríguez Arias, el Estado deja en manos de los familiares todo el trabajo de encontrar las fosas y de exhumar los cadáveres, con lo que da cobertura legal a una situación de violación de los derechos humanos.
Además, como explica el profesor ciudarrealeño, esta ley “copia una Orden de Franco del 1 de mayo de 1940” en lo que se refiere a la exhumación de cuerpos, que también dejaba en manos de las familias; y “que en vez de conceder subvenciones daba exenciones fiscales” a los familiares a la hora de desenterrar y volver a enterrar a sus seres queridos.
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En el pais de los niños perdidos 
