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Así lo declara Miguel Ángel Rodríguez en una entrevista para Rebelión

España | Aura Ribeiro – TerceraInformación | 31-08-2009 |  
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla- La Mancha. En su opinión el gobierno no ha cumplido con los tratados internacionales firmados en materia de desaparecidos y dijo no comprender como, al contrario que en el resto de los países del mundo, en España sean los familiares quienes busquen a los desaparecidos en vez de el estado. Esto se debe, según Rodríguez Arias por que “al hacer la ley de la memoria le copiaron a Franco su Orden de primero de mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”, como también he podido demostrar.”

Durante la entrevista declaró que las víctimas del franquismo superan las trescientas mil personas, “ciento cincuenta mil desaparecidos, y otros ciento noventa mil ejecutados previa escenificación teatral de un juicio-farsa o muertos en circunstancias no esclarecidas en las cárceles de Franco”.

 

El investigador defiende que “esas cifras resultan de las investigaciones de la Audiencia Nacional, de la propia Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 – citando a su vez, en su punto 642, cifras admitidas por el propio régimen”, por lo que la cantidad podría ser mayor.

 

España tiene más casos de desaparecidos que toda hispanoamérica junta y somos el segundo país con mayor número de desaparecidos “sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot”, confirmó el investigador. Para él lo cometido aquí fue un “genocidio contra los defensores de la II República.”

 

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 27 de agosto de 2009.

          En unos días, un 30 de agosto más, conmemoraremos el día internacional de los desaparecidos y recordaremos a sus familias: su dolor abierto anclado en un momento – el de la desaparición forzada – cada vez más lejano en el tiempo; un momento que están condenados a repetir una y otra vez, día tras día. Eso que en la antigua Yugoslavia llamaron síndrome Srebrenica, aunque en España, escenario de las primeras desapariciones perpetradas en Europa por fascismos y nazismos, se ha pretendido no llamarlo de ninguna manera a fuerza de querer enterrarlo todo en una fosa de olvido más profunda aún que la fosa común cavada por los genocidas.

             Este 30 de agosto se cumple, además, un año desde el anuncio de las primeras actuaciones de la Audiencia Nacional. Y muy pocas cosas del proceder de nuestras autoridades desde entonces han resultado comprensibles ni aceptables. Los crímenes del franquismo sí que son de lesa humanidad, el Pleno de la Audiencia Nacional debió declararse inexcusablemente competente en el caso de los niños robados en Francia, Bélgica… y tampoco debió dejar de lado la doctrina Papon del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del nulo esfuerzo de nuestro Gobierno para buscar a esos pequeños y devolvérselos a sus familias mejor ni hablar. Y, lamentablemente, mucho más.

             Por mi parte – confeso lector de Hannah Arendt, seducido por su inquietante concepción del mal como “banalidad” cotidiana de lo inhumano, como alejamiento de la realidad e irreflexión capaz de generar más desgracias que toda la maldad intrínseca del ser humano junta de entre todo lo acaecido en este largo año, no puedo evitar quedarme con algo de menor repercusión mediática pero, en si mismo, expresivo de dicha banalidad cotidiana, subyacente en el caso español, y que espero que algún día me sirva para poder intentar explicar todo esto a mis propios hijos.

         Me refiero al debate que tuvo lugar el pasado 11 de marzo de 2009, cuando el Senador Sampol i Mas, del Grupo Mixto, trató de llevar adelante una propuesta de reforma de la “ley” de la memoria por la que fuese el Estado, y no las familias, el que asumiese la responsabilidad y el impulso de localización, exhumación e identificación de los desaparecidos de Franco un desatino, al parecer, tan descabellado como lo exigido con toda normalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro propio Tribunal Europeo, y lo también llevado a cabo por la propia Generalitat de Catalunya dentro de nuestro mismo Estado ; ante lo que la portavoz del Grupo Socialista en dicho debate, la Senadora Sumelzo Jordán, llegó a reprocharle desconocer la “competencia de sanidad mortuoria, que es ejercida por las comunidades autónomas, o con los cementerios y servicios funerarios, competencia de las entidades locales” (Cortes Generales, Diario de Sesiones del Senado, Año 2009 IX Legislatura Núm. 32, páginas 1442 y ss).

          ¿Qué se puede decir ante ello?, ¿no se le entrecorta a uno la respiración pensando en la inmensidad de todo esto, en las cifras de genocidio de lo perpetrado por el régimen franquista, en los más de ciento cincuenta mil desaparecidos…reducido en la argumentación banal a un problema tecnocrático de competencias de salubridad?, ¿en qué reglamento, estatal, local, autonómico, quedarán las competencias para la compasión, para la humanidad y para el reencuentro de lo más querido tras toda una vida?.

         Es lo que tiene la banalidad, la misma que llevó a muchos alemanes que no eran Eichmann ni muchísimo menos a tolerar también, a callar, a dejar hacer: en ausencia de la debida toma de conciencia ética en torno al alcance material, inhumano, de los propios actos – sustituida ésta por la obediencia a la consigna de partido – toda la crueldad e inhumanidad de una condena de espera a decenas de miles de personas no tiene porqué encontrarse ya en las intenciones de sus perpetradores – triviales y de mera conveniencia política – pero sí que se encontrará en el resultado: en todo ese dolor banalizado, perpetuado.

         Y esa es exactamente la foto de la situación de los desaparecidos del franquismo en España, de sus familias: pura banalidad hecha política y ausencia del valor moral necesario para asumir el riesgo de hacer lo democráticamente preciso para proteger los derechos humanos; en normal aplicación, además, de los tratados ratificados por nuestro país. Y a partir de ahí todo el aluvión de originalidades “autóctonas”, por no decir franquistas, copiadas a Franco, que jalonan nuestras políticas de la memoria en materia de desaparecidos; el constante intento de regate a la legalidad internacional. Las escalas serán distintas, pero el mecanismo de banalización, burocrática y política, del sufrimiento ajeno de colectivos enteros siempre es el mismo.

         Los desaparecidos del franquismo y sus familias no van a encontrar justicia en España, no importa cuantos instrumentos jurídicos les amparen: porque muy poco de lo que han dicho o hecho nuestras autoridades políticas y judiciales en el último año en nuestro país tiene nada que ver con los derechos humanos reconocidos a todas estas personas. Seguiremos, por tanto, cargándonos de razón aquí, agotando instancias internas en las que ya casi nadie cree, recopilando atentamente dislate tras dislate jurídico – negro sobre banco y en papel oficial – y acudiremos con todo ello a los tribunales y organismos internacionales: será difícil y requerirá tiempo pero nuestras autoridades pueden ir teniendo claro que jurídicamente tampoco se lo vamos a poner fácil, no importa los ilimitados recursos y medios de que dispongan; y cada éxito, que algunos también conseguiremos en los próximos años, perseguirá, a golpe de sentencia, a los hacedores de esta “ley” de la vergüenza histórica para los desaparecidos y sus familias, pero también con ello, inevitablemente, a las siglas políticas detrás de la misma.

         Es curioso que no se haya percibido todavía esto, hasta qué punto la concreta situación de los derechos humanos de los desaparecidos y PSOE son dos conceptos que han quedado ya indisolublemente unidos a través de dicha “ley”, para bien o para mal, y el limitado tiempo que queda para liderar y rectificar todo esto antes de que la única opción al alcance de los hacedores de la misma sea la de ponerse el casco y encajar, como mejor se pueda, el descrédito superlativo de las resoluciones que habrán de venir a poner en su sitio tanta banalidad institucionalizada, cruel e inhumana, con todas estas víctimas que solo quieren recuperar a sus seres queridos y la normal observancia del Estado de Derecho.

         Llegará el día en que tendrán que dar explicaciones ante tal o cual condena internacional por violación de derechos humanos de víctimas indefensas. Llegará el día en que tendrán que pedir perdón y asumir ante nuestra sociedad toda la falta de humanidad impune de sus actos de hoy, desde el poder, hacia estas familias: competencias autonómicas de “sanidad mortuoria” y muchas otras cosas más, incluidas. Llegará el día de la vergüenza colectiva en el que esa “ley” no la habrá hecho nadie, y quien de ninguna manera pueda borrarla de su curriculum sólo habrá colaborado en la misma “limitándose a cumplir órdenes” o “a la luz de la información disponible en el momento”, como pretende hoy Aznar con sus armas de destrucción masiva de Irak, y nadie se cree. Llegará el día en el que cueste trabajo creer que fuese real la España en la que el normal cumplimiento de los deberes de oficio de la Guardia Civil representaba una noticia de nacional a celebrar. En estas andamos.

             Estamos defendiendo el sistema internacional de derechos humanos y a quienes se dejaron la vida defendiendo nuestras libertades, a sus familias, a sus pequeños secuestrados con una crueldad y en medio de un silencio infinitos; y llegamos muy tarde, demasiado tarde, para poder devolverles casi nada: a sus seres queridos arrebatados sí que vamos a hacer que los busque y se los devuelva el Estado, con todos sus medios, como es debido, o al menos no vamos a dejar de intentarlo mientras haya un sólo mecanismo internacional al que podamos recurrir: esa defensa de nuestros defensores, héroes de nuestra República, es lo mínimo que les debemos, el próximo 30 de agosto y todos y cada uno de los días del año, aunque buena parte de nuestra sociedad se haya olvidado durante tanto tiempo de que eso es justamente lo que son y siempre serán: héroes; y aunque hayan tenido que pagar, ellos y sus familias, tan, tan, caro el tener que serlo.

           Ahora más que nunca es el momento de que cada cual alce su voz dentro y fuera de nuestro país contra toda esta sin razón, y la oponga con todos los medios democráticos a su alcance.

           Con esfuerzo y determinación, sabiendo el por qué vamos a luchar en esta nueva etapa de internacionalización de los cientos y cientos de fosas comunes y los niños perdidos de nuestra transición ejemplar, de la mano del derecho y de las instancias de derechos humanos, y con un poco (mejor que sea mucha) suerte, que nunca está de más, llegará otro 30 de agosto como el que estamos próximos a conmemorar en el que todo este artículo podrá ser reescrito en tiempos verbales pasados como crónica de la banalidad de un periodo negro de impunidad y violación de los derechos humanos de los desaparecidos y sus familias en nuestro país – juicio y persecución del juez Baltasar Garzón incluido –, de silencio de tantos; un periodo que a todos nos producirá sonrojo y rechazo unánime y que, como en la “revuelta permanente” de Llach, perseguirá para siempre a los nombres de todos sus protagonistas, de todos los responsables del actual engranaje del dolor. Demasiado dolor, mucho más para aquellos para los que tampoco vamos a poder llegar a tiempo en las instancias internacionales, ¿por qué tiene que seguir siendo todo esto así treinta años después?.

Si abrí los labios para ver el rostro

puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos…

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Magistrats Européens pour la Démocratie et la Liberté, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL)

Reconociendo que cada país hace frente a su propia memoria histórica, MEDEL ha aprobado la siguiente declaración acerca de la situación española.

Las políticas de la “memoria” desarrolladas actualmente en España no han puesto todavía remedio integral a la situación de abandono y vulneración de los derechos humanos de los miles de desaparecidos por la represión franquista y sus familiares.

Hay que subrayar la obligación de los Estados de emprender por propia iniciativa de sus autoridades (y no de los familiares o asociaciones privadas) una “investigación oficial efectiva e independiente” en todos los casos de desaparición forzada de los que se tenga noticia. Esta obligación se desprende de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y ha sido reafirmada por jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y recientemente reiterada en los casos de las fosas comunes en Chechenia. Consideramos este deber especialmente reforzado en los supuestos que presentan, como en España, un carácter masivo y donde se ha producido la participación de los agentes del Estado instaurado con la guerra civil.

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que la “ley de la memoria” aprobada por el Estado Español no menciona el caso de los niños perdidos del franquismo, a pesar de que se trata del mayor caso de desaparición forzada específicamente infantil perpetrado en la Europa contemporánea. Siguiendo la experiencia comparada de otros países, procedería crear una comisión gubernamental de búsqueda de esos niños, que todavía mantienen razonables expectativas de vida, a fin de una rápida identificación que permita, siquiera al final de sus vidas, la reunificación de estas familias desgarradas por la dictadura.

Esperamos, finalmente, que no se pierda la oportunidad de declarar en los correspondientes procesos penales y de una vez por todas, la naturaleza delictiva, en el contexto de lo que hoy conocemos como crímenes contra la humanidad, de las políticas represivas desarrolladas por las autoridades franquistas durante y después de la guerra civil.

 Madrid, 28 de marzo de 2009.

Organizaciones miembros de MEDEL:

Association syndicale des Magistrats (Bélgica), Cyprus Judges Association (Chipre), Soudcovska Unie Èeské Republiky, Unie statnich zastupcu Èeske republiky (República Checa), Syndicat de la Magistrature (Francia), Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft VER.DI (Fachausschuss Richter und Staatsanwälte), Neue Richtervereinigung (NRV) (Alemania), Eteria Elinon Dikastikon Litourgon gia ti Demokratia ke tis Elefteries (Grecia) ; Magistratura democratica (MD), Movimento per la Giustizia) (Italia) , Iustitia , Association des procureurs de Pologne (Polonia), Associação Sindical dos Juizes Portugueses ASJP, Sindicato dos Magistrados do Ministerio Público (Portugal) , Jueces para la democracia (JpD), Unión progresista de Fiscales (Upf) (España), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (Rumanía), Društvo sudija Srbije (Serbia).

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Diario Lanza, 30 de Agosto de 2008.

“A la vista de la gran extensión de las áreas ocupadas en el Este, las fuerzas disponibles para establecer la seguridad en el área sólo serán suficientes si toda resistencia es castigada, no dentro de un procesamiento legal de los culpables, sino a través de la diseminación de tal terror por las fuerzas armadas que toda pretensión de resistencia del pueblo sea erradicada (…)”.

Tal sería el preludio que, el 23 de julio de 1941, pondría el mariscal Keitel al que habría de ser conocido como decreto noche y niebla decretado por Hitler, y conforme al cual sólo serían castigados por una corte marcial los actos de resistencia de la población civil de los países ocupados cuando hubiese certeza de una condena a pena de muerte. De no ser así las detenciones de los sospechosos debían realizarse durante “la noche y la niebla”, sin dejar rastro alguno de su paradero, con la finalidad adicional de dejar a sus parientes y entorno, a la entera sociedad, en un estado paralizador de constante incertidumbre y angustia en cuanto al destino de los prisioneros.

 Nacía así el crimen contra la humanidad de desaparición forzada de personas, posteriormente perpetrado, a partir de los cincuenta, en distintos escenarios: Guatemala, Honduras, Salvador, Chile, Argentina, la antigua Yugoslavia… antes del propio decreto noche y niebla –  como tantas otras cosas de la total Krieg o guerra total – sería también puesto en práctica en la guerra contra la población civil española para el derrocamiento del régimen constitucional. En nuestro propio caso – y frente a los treinta mil desaparecidos en fosas comunes con los que todavía se especulaba hasta hace tan sólo un par de años – se habrían llegado a contabilizar recientemente hasta 53.665 víctimas, enterradas en 648 fosas comunes únicamente en Andalucía, conforme el reciente Mapa de Fosas Comunes elaborado por esa comunidad autónoma.

Mientras los acontecimientos se van sucediendo en torno a todo este tema – el último de ellos la reciente admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional del denominado caso “Mauthausen”, planteado por un superviviente español exiliado en Bélgica contra cuatro ex oficiales de las SS que han sido localizados en EEUU y de los que se pide ahora su extradición a España – , asociaciones, expertos y parte de la judicatura comienzan a vislumbrar los datos de un auténtico genocidio, perpetrado localidad a localidad, silenciado bajo el terror, a lo largo y ancho de toda nuestra geografía y de dimensiones realmente insospechadas.

Entre tanto los familiares y seres queridos de los desaparecidos – considerados ellos mismos por el derecho internacional víctimas, en todo el sentido jurídico de la palabra, del crimen de desaparición dado el carácter inhumano del sufrimiento acarreado durante las décadas de duración de estos crímenes –, permanecen a la espera de que nuestras autoridades procedan a una investigación oficial de las desapariciones que haga efectivo su derecho a la verdad, a la justicia y a las indemnizaciones largamente desatendidas desde la insuficiente fórmula de la ley 5/1979; más aún tras la reciente , unánime, aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 20 de Diciembre de 2006, de la nueva Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Y ello a pesar de las constatables luces y sombras domésticas de nuestra ley “de la memoria”, que en materia de desapariciones forzadas parece mostrarse ajena a la normal observancia de los distintos instrumentos internacionales en la materia, al derecho surgido de las Convenciones de Ginebra y de la Haya, al entero legado de los juicios de Nuremberg, a la jurisprudencia comparada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Comité Internacional de Derechos Humanos y, – ya en nuestro propio contexto continental – a las últimas evoluciones jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con ocasión del descubrimiento de las distintas fosas comunes dejadas tras de si con el avance de las tropas rusas en Chechenia.

Parece difícil que España pueda seguir siendo mucho más tiempo el único país de la Unión Europea con semejante número de nacionales – a contabilizar por decenas de miles – víctimas de desaparición forzada de personas, al mismo tiempo que pretendemos impartir lecciones a terceros países sobre como luchar contra la impunidad de los crímenes de sus propias dictaduras.

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