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REACCIONES JURÍDICAS | SEGÚN TRATADOS DE DD HH SE DEBERÍA INICIAR UNA “INVESTIGACIÓN OFICIAL” POR PARTE DEL ESTADO VATICANO.

La anómala presencia de personal eclesiástico en cárceles de mujeres y niños obliga a esclarecer su implicación en lo sucedido en esos centros.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS (Profesor de Derecho Penal Internacional de la Univ. de Castilla-La Mancha, autor de El caso de los niños perdidos del franquismo que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional)

Diagonal, Viernes 30 de octubre de 2009.  Número 112.
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“La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…), jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes, cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Así se expresaba, junto a todos los demás puntos denunciados, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista en marzo de 2006. Nada se ha hecho por esclarecer dichas anómalas funciones penitenciarias por parte de agentes de la Iglesia Católica. Anómalas pues la única participación de una confesión religiosa, en este caso la Iglesia Católica, lejos de la situación denunciada por el Consejo –con expresa mención de las prisiones de mujeres– debería haber sido la de dar libre asistencia espiritual a las prisioneras –de querer ser ejercido este derecho por ellas– tal y como se reconoce en las convenciones internacionales.

Pero nunca se debe ampliar a la colaboración en funciones de detención o custodia alguna por parte de las denominadas monjas-guardianas, ni nada que se le parezca. Sabemos también por los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas, y otras investigaciones periodísticas más recientes, como Los niños perdidos del franquismo, de la utilización de edificios e instalaciones de la Iglesia, como algún convento, para funciones carcelarias. Incluso de condiciones materiales de hacinamiento, muchas veces durmiendo en el propio suelo, y de ausencia de higiene. También denuncian estas investigaciones periodísticas las condiciones de insuficiencia alimenticia y de asistencia médica, y la elevada mortandad infantil que ha llevado a hablar a algunos autores de “infanticidio”.

Esto último motivado por la falta de los alimentos y de los cuidados médicos  exigidos, condiciones amparadas en las leyes de humanidad consagradas en el derecho internacional. El horror vivido por esas madres y sus pequeños, recogido en inhumanas escenas por tales testimonios, no debe ser nunca olvidado. Sin embargo, la Ley de la Memoria no tiene memoria de género, no menciona siquiera el caso de los niños perdidos, olvidándose de los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia nuestros desaparecidos en vida y sus familias.

Todo ello sitúa a la Iglesia Católica en un terreno escabroso, por incumplir los especiales deberes de diligencia –y esferas de responsabilidad– de las llamadas “relaciones de sujeción especial” en el ámbito penitenciario, como se llama en Derecho a la situación de dependencia y vulnerabilidad de cualquier detenido respecto a guardianes y autoridades del centro, que deben velar por sus condiciones de vida. Un ámbito jurídico fuertemente reglado y protegido por la jurisprudencia e instrumentos internacionales, especialmente por la importante jurisprudencia evolutiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello iría desde la responsabilidad por las condiciones de detención, alimentación y cuidados médicos, a llevar un obligado registro, detallado y actualizado, de las madres y niños detenidos en cada centro, con participación de personal religioso-penitenciario; así como registro detallado de su posterior traslado, fallecimiento o puesta en libertad.

Unos libros de registro cuya existencia es obligatoria, so pena de incurrir en adicionales esferas de responsabilidad de no existir, como varios historiadores denuncian que también fue el caso en varios de esos centros de detención, respecto a los menores encarcelados, sin quedar constancia, por tanto, de qué niños entraban en tales cárceles, qué niños fallecían o eran trasladados y, en su caso, a dónde.

La Iglesia en las cárceles
Más aún en un terreno colindante –éste de la participación de agentes de la Iglesia Católica de España en la detención carcelaria de madres y menores– con el de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo con los hijos de las defensoras de la II República y otros colectivos de mujeres. Como deja de manifiesto el texto del Consejo de Europa: “Los ‘niños perdidos’ son también parte de las víctimas del Franquismo, se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afectas al régimen”.

Lo que sumado a la revelación de otros testimonios personales y documentos escritos que apuntan directamente a alguna forma de participación de curas o monjas en varias desapariciones infantiles –me refiero a las investigaciones antes mencionadas pero también a otras más recientes como las publicadas por DIAGONAL hace tan sólo unos días– tornaría de toda importancia la investigación de tales registros, de los testimonios. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera deber ipso facto emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” por propia iniciativa del Estado, ante la mera noticia de la existencia de desapariciones en circunstancias no esclarecidas.

Todo lo anterior habida cuenta, en especial, de que los miembros de la Iglesia Católica forman parte de una estructura claramente jerarquizada y de conformidad con la fundamental doctrina de la “responsabilidad por el mando”, surgida en los juicios de Nuremberg. El “mando” es el responsable de la actuación de sus subordinados no sólo si éste sabía, también si tenía motivos para saber, en unas circunstancias determinadas, que dicho subordinado estaba cometiendo, o iba a cometer, actuaciones contrarias a la legalidad, en especial si no tomaron todas las medidas necesarias para impedirlo o sancionarlo. En este sentido se articula el punto 27 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en este caso el mando último ostenta a su vez la condición de alta autoridad de un Estado, el Vaticano, sujeto igualmente a dichos deberes internacionales y a responsabilidad internacional, como nuestro propio Estado español, en caso de incumplirlos.

Por ello mismo cabría esperar una “investigación oficial efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado vaticano, en tanto que fueron agentes jerárquicamente subordinados a una y otra autoridad, los que aparecen implicados en las cárceles. Una investigación que sería congruente además con la aplaudible preocupación humanitaria mostrada por ambos Estados en la promoción y protección de los derechos humanos ante otras situaciones de desaparición en América Latina. Y sin olvidar en este caso, la especial urgencia para la protección debida de todas estas familias, que todavía padecen los efectos de una separación forzada de sus miembros –a pesar de sus lazos biológicos– gravemente afectadas por tanto en su derecho humano a la vida familiar y víctimas durante largos años de un sufrimiento inhumano.

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Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Iglesia-Catolica-de-Espana-el.html

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 1 de noviembre de 2009.

 

En el día de hoy, primero de noviembre, otro años más, casi todas las personas que quieran llevar unas sencillas flores a sus seres queridos fallecidos podrán hacerlo.

 

Los familiares de los 150.000 desaparecidos en fosas clandestinas, no.

 

Los familiares de los desaparecidos en combate en batallas como las del Ebro y que continúan insepultos – sus restos en ocasiones a simple vista del caminante –, tampoco.

 

Los familiares de los miles de niños perdidos del franquismo, desaparecidos en vida – a los que nadie ha empezado a buscar siquiera – seguirán sin poder reunirse en torno a la misma mesa con sus seres queridos en ese día señalado de recogimiento familiar, como sí que harán, en cambio, tantas otras familias.

 

¿Qué se le va hacer? en el Estado heredero de la bandera retocada del dictador y de sus cientos de fosas que nadie quiso tocar, el derecho se detiene unos centímetros antes de llegar a los lugares donde yacen amontonados, por decenas de miles, buena parte de una generación de españoles comprometidos con los valores democráticos y de progreso social.

 

Como con los móviles: en cada fosa clandestina nuestro Estado de Derecho está apagado o fuera de cobertura.

 

Resulta que tenemos un casi pleno Estado Democrático, en el que lo único que no podemos votar es al Jefe del Estado, y un casi pleno Estado de Derecho del que tan sólo nos hemos despistado un poco con los derechos humanos de dos, a lo sumo tres, centenares de miles de personas durante poco más de treinta años. Y fosas, tenemos muchas fosas, apareciendo por todas partes.

 

Y por eso también nos hemos olvidado del “derecho humano a la vida familiar” que asiste a todas estas personas en días como hoy en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que no encuentra aplicación en nuestro país – como todos los demás derechos afectados – sin mayor argumento o justificación.

 

Así que nada, al igual que en todas las navidades, en las fechas del cumpleaños del ser querido desaparecido, los aniversarios, la fatídica fecha del día en que los genocidas de turno del pueblo se lo llevaron…como el resto de días del año, en realidad, y a cada momento que los recuerdos les asaltan, en el día de hoy los familiares de los desaparecidos tendrán un poquito más de sufrimiento y “trato inhumano” dado el admirable proceder de nuestro Estado Social y Democrático de fosas comunes, perdón, de Derecho.

 

Lo que en si mismo viola también la prohibición del artículo 3 del Convenio Europeo de que ningún Estado miembro tolere de brazos cruzados la prolongación de dichos padecimientos en situaciones de desaparición como, por el contrario, se lleva haciendo en nuestro país desde hace años.

 

Que no hay que andar pidiendo tantos derechos humanos. Hasta aquí se puede y ya está. Y “nos pasamos por las narices” – perdónenme, que esas cosas no se pueden escribir… aunque sean verdad – las más elementales normas de humanidad, todo lo que diga Naciones Unidas y todos los instrumentos de derechos humanos en materia de desaparecidos que obligan a que sea el Estado el que busque a estas personas, a revelar la verdad, a hacer justicia, a darles una verdadera reparación a sus familiares y rehabilitar sus nombres; y me refiero a todos los instrumentos internacionales en la materia, porque, lamentablemente, los estamos incumpliendo a sabiendas uno por uno y hasta el último de ellos, tal y como suena.

 

Claro que en el plano internacional el trabajo continúa y ayer mismo, sábado 31, saltó la noticia del renovado interés del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ante la situación de tres víctimas del franquismo.

 

Y conste que no pierdo la esperanza de que algún día el Jefe del Estado del país subcampeón del mundo en desaparecidos – nos ganó la “final” Pol Pot en la modalidad de genocidio en fosa común, y los responsables de las Stolen Generations australianas en la de robo de bebés indefensos –, nuestro auto-desaparecido Defensor del Pueblo, nuestros tribunales que nos miran como si les estuviésemos contando un capítulo de Expediente X cada vez que invocamos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…alguien, en definitiva, entienda que lo que está pasando en España con las fosas, los niños perdidos y sus familias, es algo más que antijurídico, es la clásica bestialidad española – más propia de otros tiempos – al margen de la humanidad, del derecho, del proceder de cualquier país civilizado y hasta del propio sentido común de nuestras casi plenamente democráticas instituciones.  Mucho más casi, que plenamente, democráticas desde el silencioso testimonio de las fosas, el dolor de las familias y la arbitrariedad con la que se sigue actuando con ellas.

 

Porque junto al inmenso drama de todas estas personas esas fosas son también el candente recuerdo, cotidiano, de lo que seguimos sin ser como país, como sociedad salida de un genocidio aterrador al que todavía no somos capaces de mirar de frente y, ni siquiera, de llamarlo por su nombre.

 

Mientras todo eso ocurre, este primero de noviembre, y todos los demás, no creo que haya sitio mejor donde llevar nuestras flores y nuestro desamparo que a las puertas de palacio del Rey y las altas autoridades del Estado: como son éstas las que tienen la obligación de saber dónde están todos esos seres queridos desaparecidos que se las lleven de nuestra parte.

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Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Charlamos con Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para la investigación de estos hechos.

Héctor Rojo Letón (Redacción)

Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Es un delito que se sigue consumando cada día que pasa”, explica Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para su investigación y que los procesos que se han abierto hasta ahora han utilizado. Incluso puede servir si llegara al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (DD HH). “El derecho de los desaparecidos y sus familias ha dejado de valer en este país por los actos de nuestras autoridades”, explica este especialista en derecho internacional, que denuncia que el Estado español incumple los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de DD HH y que este “tema tabú” del robo de niños ni siquiera fue recogido en la última Ley de Memoria. “Al Franquismo se le debe acusar de cometer crímenes de lesa humanidad por ello, y al actual Gobierno, por la violación de derechos humanos al no investigar estas desapariciones”, denuncia Rodríguez.

Esta violación de derechos se centraría en dos aspectos: “El trato inhumano, por el profundo sufrimiento, incertidumbre, la desesperación por la suerte de sus seres queridos arrebatados y la esperanza de poder encontrarlos y a la vez pensar que no va a ser así. La Ley de Memoria ni siquiera menciona el caso de los niños perdidos, cuando en Argentina se han creado unidades policiales especiales. Por otro lado está el derecho a la vida familiar, en cuanto se vulnera el derecho a la reunificación familiar, que de una forma criminal e ilegal el Franquismo vulneró durante décadas”, explica este jurista.

Por último, el investigador de la UCLM reivindica que estas denuncias no significan “abrir viejas heridas, sino cerrarlas”. “Tras la aparición de la Sociedad de Naciones, sólo la Camboya de Pol Pot supera al Franquismo en desaparecidos en fosas comunes: 150.000 personas”, denuncia.

Rodríguez asimila esta situación a la que se juzgó en la Cámara de DD HH para Bosnia Herzegovina y en la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia respecto del caso Srebrenica. Entonces el magistrado Almiro Rodríguez afirmó que Srebrenica es también el “nombre de un síndrome postraumático, el síndrome experimentado por las mujeres, niños y ancianos que no murieron y que, desde julio de 1995, hace ya seis años, no tienen noticia de sus maridos, hijos, padres, hermanos, tíos o abuelos. Millares de vidas que, seis años después, continúan mutiladas, privadas del afecto y el amor de sus seres queridos”. En esta situación, los gobernantes posteriores a los crímenes de Milosevic, pero que tampoco iniciaron ninguna investigación, fueron declarados responsables de violar los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos.

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 Parte 1: Alicia Alted Vigil.

 

 Parte 2: Miguel Ángel Rodríguez Arias.

 

Parte 3: José Martínez Cobo:

 

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ARMH Milagros Reyes Sedano

La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas

Por: DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ

Público, 01/09/2009 04:00

El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: “Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: “Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori“.

“Inhumano y cruel”

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que “el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar”. “Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos”, agrega.

Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir “a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.

En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por “inconstitucional” las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. “Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición”, sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que “los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino “de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado”.

No obstante, Rodríguez Arias considera que “estos crímenes no fueron, sino que son”, ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

 

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Imagen de portada Tercera Información

Así lo declara Miguel Ángel Rodríguez en una entrevista para Rebelión

España | Aura Ribeiro – TerceraInformación | 31-08-2009 |  
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla- La Mancha. En su opinión el gobierno no ha cumplido con los tratados internacionales firmados en materia de desaparecidos y dijo no comprender como, al contrario que en el resto de los países del mundo, en España sean los familiares quienes busquen a los desaparecidos en vez de el estado. Esto se debe, según Rodríguez Arias por que “al hacer la ley de la memoria le copiaron a Franco su Orden de primero de mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”, como también he podido demostrar.”

Durante la entrevista declaró que las víctimas del franquismo superan las trescientas mil personas, “ciento cincuenta mil desaparecidos, y otros ciento noventa mil ejecutados previa escenificación teatral de un juicio-farsa o muertos en circunstancias no esclarecidas en las cárceles de Franco”.

 

El investigador defiende que “esas cifras resultan de las investigaciones de la Audiencia Nacional, de la propia Condena de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 – citando a su vez, en su punto 642, cifras admitidas por el propio régimen”, por lo que la cantidad podría ser mayor.

 

España tiene más casos de desaparecidos que toda hispanoamérica junta y somos el segundo país con mayor número de desaparecidos “sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot”, confirmó el investigador. Para él lo cometido aquí fue un “genocidio contra los defensores de la II República.”

 

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Parlamento Europeo

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural/Lanza 21 de Agosto de 2009.

       Surgida de entre las ruinas postbélicas de un continente arrasado, y tras el nunca más de los juicios de Nuremberg, la idea de una Europa unida se cimentó – como el propio sistema ONU – desde la afirmación de los derechos humanos de los individuos como inviolables frente a cualquier invocación de la “razón de Estado”. La observancia de los derechos humanos primaría, pues, por encima de cualesquiera chalaneos o conveniencias políticas del momento en nombre de la patria, del partido… y de cualquier otra cosa; su contenido esencial no le sería negado a los miembros de ningún colectivo, bajo ningún pretexto: éste sería cumplido, y se haría cumplir, sin excepción, como base misma y legitimación de la entera vida política democrática. Porque de “estados de excepción” y de justificaciones sobre cuando resultaba aceptable excluir a un colectivo de las exigencias mínimas de humanidad ya se había tenido bastante durante la pesadilla precedente: el Convenio Europeo de Derechos Humanos representaría la garantía última en el marco de Europa del catálogo de mínimos consagrado en la Declaración Universal de 1948, reforzado entre nosotros, además, mediante un sistema de control jurisdiccional internacional obligatorio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

        Por eso mismo resulta tan inaceptable la actual situación de los desaparecidos del franquismo, y sus familias, en España – contabilizados por decenas de miles – y el amplio argumentario que ha pretendido, y pretende todavía, anteponer todo tipo de “razones de Estado” a lo que debiera ser un normal cumplimiento del contenido mínimo de los artículos 2, 3, 8, 13 y 14 de dicho Convenio, tal y como se reitera en la jurisprudencia de dicho Tribunal.

 

Y por eso mismo, al igual que en la primera Serbia democrática post Milosevic – condenada ante la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia Herzegovina sobre la base de dicho mismo Convenio Europeo –, en nuestro país se siguen violando hoy, día tras día, los derechos humanos de los desaparecidos y de sus familias; víctimas éstas últimas del “trato cruel e inhumano” de nuestras autoridades que les han condenado a esperar de por vida a sus seres queridos arrebatados, a vivir a la sombra de un “síndrome Srebrenica” que en el caso español no sé sabe ni respecto a cuantas localidades – escenario de las atroces matanzas de los victoriosos cruzados – habría que renombrar.

 

Como al Gobierno Serbio, a nuestro Gobierno socialista de las políticas Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su madre, a su hermano brutalmente asesinados… es increíble pero exáctamente eso es lo que se ha hecho, y se continúa haciendo, en España) el Convenio Europeo de Derechos Humanos – instrumento conservador y de mínimos donde los haya – también parece quedarle demasiado grande. Quién lo diría. ¿Qué otras cosas le quedan demasiado grandes en materia de derechos humanos a este Gobierno?, ¿por qué?, ¿qué pensarían históricos del partido ya fallecidos y – lo más importante todavía – qué piensan otros responsables igualmente callados como si también lo estuviesen ante todo este entusiasta copia-pega de Franco y su metodología, franquista, de tutela de los derechos humanos en el caso de los desaparecidos?. Qué silencio atronador el de las filas socialistas, cuando es de la grave violación de derechos humanos, y de un trato inhumano a personas de muy avanzada edad, indefensas, de lo que se trata.

 

Y el caso es que pareciera que uno no se hace socialista para hacer lo que diga su Gobierno sino para defender ideales tan irrenunciables como los derechos humanos, la solidaridad con los que sufren, la justicia… incluso a pesar de lo que su propio Gobierno socialista diga. Aquello que decía Pablo Iglesias que había que llevar a todas partes… con permiso de los que ahora acaban de cargarse también la justicia universal…Impacta el legado concreto en materia de derechos humanos y justicia universal (la misma que resistió 25 años, incluidos los precedentes 8 años de Gobierno Aznar) que van a dejar tras de si nuestros actuales gobernantes, ¿alguien ha iniciado algún tipo de reflexión al respecto en el seno del PSOE tras el reciente comunicado de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch?. Porque sea cual sea la coyuntura lo mínimo que podemos esperar de un Gobierno socialdemócrata es que defienda los derechos humanos, más aún los de aquellos que no pueden defenderse por si mismos, y habían hecho de España su última esperanza. ¿Qué les parecería la eliminación de la justicia universal a los miles de brigadistas internacionales que vinieron a España a dejarse la vida, únicamente impulsados por esa misma idea de solidaridad humana cuando las víctimas indefensas a proteger eran las españolas?.

 

Y luego nos molestaremos porque el Comité Internacional de Derechos Humanos nos acaba de decir que desde 1996 no se han producido avances en materias sustanciales de derechos humanos en España. Desde 1996. El Comité Internacional de Derechos Humanos, no Génova.

 

Algo demasiado importante se ha debido perder en el camino de nuestra (re)construcción Europea – y en algún otro lugar – cuando estamos otra vez con éstas ante el drama de los desaparecidos de Franco. Ante algo tan básico como el hecho de que el contenido esencial de los derechos humanos de varias decenas de miles de personas “no se toca”: el contenido esencial de los derechos humanos se cumple y se hace cumplir con toda normalidad, lo estime o no oportuno para su agenda política quien sea. Sólo un centímetro más allá de haber garantizado su efectivo y normal cumplimiento puede y debe tener lugar la política y las “razones de Estado”; si es de política democrática de lo que estamos hablando y no de una vuelta a empezar en nuestro continente.

 

Dice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Que al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, se sitúa a la persona en el centro de su actuación.

 

La situación de los desaparecidos del franquismo y sus familias desafía todo ello, además de resultar de demasiada urgencia, de demasiada gravedad, para tanto intento de andar haciéndole regates, a sabiendas, a toda la legalidad internacional en la materia. Simplemente porque a muchas de estas personas apenas les queda ya tiempo para volver a ver a sus pequeños, para recuperar a sus seres queridos por última vez antes de morir. Y eso es lo primero que nuestro Gobierno del PSOE les está negando en nuestro país, junto a otras cosas igualmente irrenunciables ampliamente reconocidas por el derecho internacional, ¿cómo es eso posible?, más aún ¿cómo es eso posible sin crítica interna alguna ni un amplio debate sobre lo que se está haciendo en todo este tema?.

 

       Un Gobierno socialdemócrata de una España de derecho, democrática y constitucional – a la altura ambos de su propio nombre – que reestablezca dentro de su territorio el normal cumplimiento de los derechos humanos del Convenio Europeo que jamás debió faltar es algo posible y debido.

 

       Como también lo es una Presidencia española de la Unión Europea que impulse con más razón – consciente de su responsabilidad moral, aún segundo país del mundo en número de desaparecidos, tanto como del desprestigio internacional del reciente caso de desapariciones de los vuelos de la CIA en Europa – una iniciativa internacional y diplomática de la misma UE en pro de la ratificación del nuevo Convenio ONU contra las distintas formas de desaparición forzada, y en particular contra la todavía desatendida lacra de la desaparición forzada infantil en el planeta.

 

Cumplido en España el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los deberes de “verdad, justicia y reparación” una tal contribución de la reestablecida democracia española en defensa de otros miles de pequeños hoy amenazados – y para la reunificación de sus familias de los ya desaparecidos – sería la mejor forma de homenajear y honrar la memoria de nuestras propias víctimas, en lugar de una Presidencia española de bombo y platillo… con más de 150.000 desaparecidos en el armario. Los errores se pueden rectificar y reparar poniendo el esfuerzo necesario, los grandes errores también, incluso los terribles. Muchos depositamos nuestra confianza en ZP cuando prometió no fallarnos, y de lo que aquí estamos hablando es de cumplir con los derechos humanos de unas víctimas a las que en la vida se lo han quitado todo, y lo único que les queda ya es que el Estado les devuelva a los seres queridos que les arrebató.

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(…)

ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

120.  The applicants relied on Article 3 of the Convention, submitting that as a result of their relative’s disappearance and the State’s failure to investigate it properly, they had endured mental suffering in breach of Article 3 of the Convention. Article 3 reads: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.” A.  The parties’ submissions

121.  The Government disagreed with these allegations and argued that the investigation had not established that the applicants had been subjected to inhuman or degrading treatment prohibited by Article 3 of the Convention.

122.  The applicants maintained their submissions. B.  The Court’s assessment 1.  Admissibility

 123.  The Court notes that this complaint under Article 3 of the Convention is not manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 of the Convention. It further notes that it is not inadmissible on any other grounds. It must therefore be declared admissible. 2.  Merits

124.  The Court has found on many occasions that in a situation of enforced disappearance close relatives of the victim may themselves be victims of treatment in violation of Article 3. The essence of such a violation does not mainly lie in the fact of the “disappearance” of the family member but rather concerns the authorities’ reactions and attitudes to the situation when it is brought to their attention (see Orhan v. Turkey, no. 25656/94, § 358, 18 June 2002, and Imakayeva, cited above, § 164).

125.  In the present case the Court notes that the applicants are close relatives of the disappeared person who witnessed his abduction. For more than five years they have not had any news of the missing man. During this period the applicants have made enquiries of various official bodies, both in writing and in person, about their missing relative. Despite their attempts, the applicants have never received any plausible explanation or information about what became of him following his detention. The responses they received mostly denied State responsibility for their relatives’ arrest or simply informed them that the investigation was ongoing. The Court’s findings under the procedural aspect of Article 2 are also of direct relevance here.

126.  The Court therefore concludes that there has been a violation of Article 3 of the Convention also in respect of the applicants.

Descargar integro el texto de la sentencia KARIMOV AND OTHERS v. RUSSIA, de 16 de julio de 2009

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Our law of “Historic Memory” is a law of “Historic Shame”.

The pattern used in Spain and in force nowadays to search, find and exhume those disappeared under Franco’s regime is that of Franco’s Order dated May 1940 –copied by our “Memory” Law- not that of the European Court of Human Rights or that of the United Nations.

That is why, as if Spain were not part of Europe, or the United Nations, instead of a prompt “official, effective and independent investigation ” and led by our national authorities – not by the relatives of those disappeared-, as requested by the European Court, we have a law which is a legal maze, failing to include even one of the State’s international obligations on “truth, justice and reparation” and failing to guarantee, at all, the fundamental rights of the relatives of those disappeared.

After thirty years of democracy and the Rule of Law, Spain has not yet complied with any of its obligations in this field, despite the fact that it continues to be, nowadays, the second country in terms of the number of people disappeared. The 150,000 victims of our clandestine graves – and the undetermined number of children stolen by the dictatorship – are only outnumbered by those of Pol Pot’s regime in Cambodia.

We regret that when the law was drawn up, our authorities preferred choosing the system to guarantee rights and freedoms planned by Franco than that of the European Court of Human Rights, or that of the Inter-American Court on Human Rights. By so doing, they denied, in contradiction with international law, the proper enforcement in our territory of articles 2 and 13 of the European Convention on Human Rights to all these victims. We also regret that Spain has not met the demands of the Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992 or complied with the emphatic concluding observations and recommendations adopted by the Human Rights Committee on 30th October 2008.

We regret that, with this, our democratic authorities – not the previous bloody dictatorship of Franco – have continued to be responsible for the continuation of the uncertainty and the suffering of the relatives of those disappeared, amounting to cruel and inhuman treatment banned under the European Convention on Human Rights (article 3), the International Covenant on Civil and Political Rights (article 7) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (articles 1 and 16); all this while basic obligations continue to be neglected, as recently pointed out by the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee. The specific needs of groups of relatives of those disappeared in large graves must also be acknowledged.

We regret that our Government has not yet taken any measures in the face of the case of the “stolen children” of Franco’s regime – which the so-called “Memory” Law does not even mention – despite their being disappeared people that are still alive, searched by their families and for whom every passing day with our authorities failing to take action is, also, an additional loss of their “Right to respect for private and family life” under the European Convention on Human Rights (article 8), and the International Covenant on Civil and Political Rights (article 23), thus blocking the regrouping of these families broken by the dictatorship.

In light of all this, the undersigned organisations call on the Government of Spain to comply with its obligation to properly enforce in the country the European Convention on Human Rights, and all the international standards it is bound to enforce and fulfil its moral and legal obligation to offer “truth, justice and reparation” to all those disappeared under Franco’s regime and their relatives, beginning by changing the current law and developing a system to search, exhume and identify the cases of the graves – and the location of the “stolen children” – by means of a National Commission to Search those Disappeared which includes and involves representatives of the Prosecutor’s Office and members of the judiciary, the Government, the police force and human rights institutions, as well as organisations, in accordance with international standards.

See below the list of organisations signing this document, in alphabetical order.

1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.

2-Agrupación de familiares de las personas asesinadas en los montes de la Pedraja. (Burgos)

3- Ahaztuak 1936-1977.

4-Asamblea Republicana de Vigo

5-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

6- Asociación Catalana de Juristas Demócratas

7-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

8-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

9- Associació Cultural Memòria i Justicia d’Elx i Comarca”.

10-Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra

11-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).

12-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

13-Asociación de familiares la barranca, rioja

14-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

15-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

16-Asociación Memoria Histórica de Cádiz PCE-A.

17-Asociació Memoria Histórica Baix llobregat

18-Asociación Pablo Iglesias de Almansa

19-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

20-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

21-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).

22-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.

23-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

24- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX)

25-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.

26-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

27-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

28-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

29-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

30-Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro

31-Asociacion por la Recuperacion de la Memoria Historica Social y Politica de Puerto Real (Cádiz)

32-Asoicación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca.

33-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Aragón (A.R.I.C.O.)

34-Asociacion Republicana Irunesa “Nicolas Guerendiain”

35-Asociación Viguesa Pola Memoria do 36

36-Colectivo Republicano de  Redondela

37-Collectiu Republicà del Baix Llobregat

38-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.

39-Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a catalunya

40-Confederación General del Trabajo.

41-Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid

42- Federación de Foros por la Memoria de España.

43-Foro por la Memoria de Andalucía

44-Foro por la Memoria de Argentina

45-Foro por la Memoria de Cádiz

46-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

47-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

48-Foro por la Memoria de Granada

49-Foro por la Memoria de Guadalajara

50-Foro por la Memoria de Huelva

51-Foro por la Memoria de Jaen

52-Foro por la Memoria de La Rioja

53-Foro por la Memoria de Santaella

54-Foro por la Memoria de Segovia

55-Foro por la Memoria de Toledo

56-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

57-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

58- Fòrum per la Memòria del País Valencià

59-Foro por La Recuperación de La Memoria, Puerto de Santa María (Cádiz)

60- La Gavilla Verde

61- Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT.A).

62- Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.

63-Grupo pro revisión del caso Granado-Delgado.

64- Héroes de la República y la Libertad.

65- Izquierda Anticapitalista.

66-Memòria i Justícia d\’Elx i Comarca

67- Memoria, Libertad y Cultura Democrática (Sevilla)

68- Mémoires partagées.

69- Mémoire de l\’Espagne républicaine 82.

70- Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).

71- RadioBCN, Estación Mediterránea ABF, Difusión de Noticias sobre Memoria Histórica.

72- Salamanca Memoria y Justicia.

73- Todos los rostros.

74- Unidad Cívica por la República.

http://www.desaparecidosdelfranquismo.blogspot.com/

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