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Posts Tagged ‘fosas de Franco’

 

En esta entrada se habilitan los “comentarios” a la misma para dejar la adhesión de personas y organizaciones que así lo estimen oportuno, importante dejar un correo de contacto y nombre y los dos apellidos, así como la localidad.

El dolor de las víctimas de Málaga es el dolor de todas las víctimas del franquismo y el fascismo internacional, asesinados sepultos o insepultos, desaparecidos, exterminados en las prisiones, pequeños víctimas de desaparición infantil, deportados a los campos nazis, exiliados, torturados, explotados como mano de obra esclava, vejados, largamente expoliados todavía en nuestros días.

Las imágenes hechas públicas de las fosas de Málaga conmueven la conciencia de la humanidad, como en su día las de Badajoz, Gernika y tantos otros lugares de nuestra geografía; son las imágenes del genocidio de un pueblo.

Los conceptos jurídicos, las propias palabras no alcanzan frente a la fría realidad de los cuerpos, la cal viva y las fosas, en Málaga y en todos los demás lugares de España; las cifras tampoco son suficientes; ni las estremecedoras cifras de Málaga, ni las de otros lugares, ni las de el conjunto de todos éstos y todas las fosas clandestinas que aún restan por exhumar, los ‘niños perdidos’ que aún restan por encontrar.

El mero hecho de pensar que el actual Jefe del Estado otorgó el título nobiliario de “Marquesado de Arias-Navarro” con categoría de Grandeza de España, noble entre los nobles, y que uno y otra siguen vigentes mientras aún siguen quedando cuerpos por localizar en Málaga y tantos otros lugares nos llena de vergüenza por la situación de impunidad del franquismo en nuestro país y por la inmoral actuación del conjunto de nuestras instituciones y también nos llena de rechazo hacia esa “nobleza franquista”, de los genocidas ensalzados con títulos y honores que transmiten a sus descendientes mientras los de sus decenas de miles de víctimas, muchas veces todavía condenados como criminales, no reciben ni sus restos mortales y se les niegan sus más elementales derechos humanos y los derechos a la verdad, justicia y reparación y se ven obligados a peregrinar de fosa en fosa.

Por todo ello requerimos respetuosa y públicamente al actual Jefe del Estado, Don Juan Carlos I:

a) Requerimos la inmediata nulidad del título del Marquesado de Arias-Navarro, con Grandeza de España, también conocido como el “carnicero de Málaga”, que él mismo concedió mediante Real Decreto de 2 de julio de 1976, en virtud de sus específicas prerrogativas en materia de títulos nobiliarios; y junto a éste el de todos y cada uno de los restantes títulos nobiliarios de exaltación del franquismo concedidos por el Rey Juan Carlos o por el dictador Franco, más de veinte en total que injustificablemente continúan todavía en vigor.

b) Requerimos que el Jefe del Estado, que hasta la fecha no ha tenido hueco en su apretada agenda institucional y deportiva de los últimos 35 años para visitar ni una sola fosa común de los cientos que hieren nuestra geografía, se persone en la fosa de Málaga y en el lugar donde se encuentran ahora depositados los restos para que pueda ver por si mismo el alcance del genocidio llevado a cabo allí y de la responsabilidad de los hechos de los que fue partícipe quien da nombre a su marquesado, así como acercarse al dolor de los familiares de las víctimas de aquello en lo que fue partícipe a quien él concedió “Grandeza de España”. Nuestro país continúa siendo el segundo país del mundo en desaparecidos en fosas comunes, tan sólo superado porla Camboya de Pol Pot y la reponsabilidad de Estado en que ello siga siendo así por parte de todos nuestros altos representantes, más aún el jefe del Estado, es incontestable.

c) Requerimos que el Jefe del Estado pida perdón a los familiares de las víctimas de quien él ensalzó como noble entre los nobles, con grandeza de España. Y en razón de lo mismo requerimos también que, como alto representante del Estado, exprese su clara condena al constante insulto al que son sometidas las familias de todos los asesinados del franquismo cada vez que algún representante institucional del Estado califica como “sentencias” lo que son viles asesinatos que el derecho penal internacional no duda en calificar, en cambio, como “crimen de guerra” (“Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, artículo 8.2. c, iv del Estatuto de Roma relativo a los crímenes de guerra). Todos tenemos presente otros actos de Estado como el de Kevin Rudd en el Parlamento de Australia ante los familiares de las Stolen Generations o el de Willy Brandt en Varsovia ante las víctimas del nazismo y pedir perdón forma parte del conjunto de deberes de “verdad, justicia y reparación” que deben ser cumplidos en su totalidad.

d) Requerimos que el Jefe de Estado reconozca y condene el genocidio llevado a cabo por Franco y los generales golpistas contra el pueblo español, localidad a localidad que iba cayendo bajo su control. Que se posicione públicamente a favor de la persecución penal de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, imprescriptibles, y cualesquiera otros ante los tribunales de justicia.

e) Requerimos que el Jefe del Estado explique qué conocimiento tuvo entre el 22 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978, antes de la entrada en vigor de su inviolabilidad penal en el orden interno, de la consumación permanente, día a día, de las víctimas adultas e infantiles del delito contra la humanidad de desaparición forzada de personas.

f) Requerimos que explique qué conocimiento tuvo, a partir de entonces, de la aplicación ilegal de la ley de amnistía para impedir los juicios penales y, en especial, del incumplimiento de los sucesivos tratados internacionales en materia de derechos humanos rubricados por el mismo en ejercicio de sus funciones constitucionales.

 g) Requerimos que, como Jefe del Estado y dentro del ejercicio de sus funciones constitucionales en asuntos de Estado promueva el normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos y de los deberes de “verdad justicia y reparación” a favor de todas las víctimas del franquismo y del posterior periodo de impunidad. La “investigación oficial efectiva e independiente” de todos los crímenes del franquismo que nos reclama la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que en nuestro país nuestro sistema de justicia continúa vulnerando. Empezando por las circunstancias de la muerte de esos 349 niños encontrados en la fosa de Málaga, parte del exterminio infantil llevado a cabo por el franquismo en centros de detención ilegal, bombardeo de población civil y asesinatos de menores también llevados a cabo.

 h) Requerimos que, como Jefe del Estado, cumpla con su obligación de revelar a todas las familias de los desaparecidos del fraquismo el paradero de los seres queridos que les fueron arrebatados por los agentes del Estado o con su directa aquiescencia y la digna restitución de sus restos mortales o la identidad y paradero de aquellos que continuen con vida.

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Nunca más una Navidad con fosas comunes y ‘niños perdidos’ en España.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 25 de diciembre de 2009.

            Desgraciadamente este artículo no tratará sobre ninguna película de Tim Burton con esqueletos parlantes, crítica a las costumbres sociales y buenos propósitos navideños… No hablaré aquí de ninguna pesadilla antes, durante o después de Navidad, sino de una pesadilla que dura todo el año – desde hace ya demasiados, además – y que tampoco se desvanece con las primeras luces del alba.

             Mientras en el día de hoy, 24 de diciembre, y mañana 25, día de Navidad, la mayoría de personas podrá reunirse en torno a una misma mesa y compartir unos momentos familiares íntimos y preciados, para muchas otras, en cambio, está seguirá siendo otra Navidad más vinculada a la fosa sin nombre a la que, tras tantos años, continúa todavía encadenada la vida en común de numerosas familias en nuestro país: privadas de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos desaparecidos, esos mismos seres queridos a los que el resto sí que podremos abrazar o llorar su pérdida visitándoles en su lugar de reposo.

            Por eso no me resulta posible olvidarme y dejarme llevar sin más por el ritual costumbrista de los adornos navideños, el discurso, la copiosa cena, los brindis y todo lo demás, que estará hoy presente en tantos hogares. No sin detenerme mínimamente al menos en el sentido recuerdo de todas esas personas y su inalienable derecho humano a la vida familiar del que, sin embargo, las autoridades de nuestro Estado continúan sin acordarse ni hoy, ni el resto del año.

            Y no sé si en su tradicional discurso de esta noche el Jefe del Estado que está a punto de presidir la Unión Europea pero que no ha movido un sólo dedo en todo este 2009 para buscar a los ‘niños perdidos’ del franquismo – que se ha lavado las manos encomendando a las familias que vayan de fosa en fosa, de escenario del genocidio franquista a escenario del genocidio franquista, a identificar restos mortales de víctimas salvajemente exterminadas, en una especie de tour del horror, con el corazón en un puño mientras temen y desean encontrar a su propio ser querido –  tendrá alguna buena palabra, sin más contenidos, o ni siquiera eso.

            Pero lo que sí que sé, es que su obligación y responsabilidad legal ante todo este drama cerrado en falso, junto a la de las restantes altas autoridades es, indiscutidamente, la de hacer que el aparato del Estado busque a las decenas de miles de desaparecidos que sigue habiendo en cientos de fosas en nuestro país y que les sean devueltos, con dignidad, a los que aún les esperan de forma tan dolorosa, impactante y prolongada. Como también tengo claro que las auto-amnistías no tienen validez jurídica alguna para las situaciones de lesa humanidad – y menos que ninguna otra para las de desaparición forzada –, que son además imprescriptibles, y que la exenciones de responsabilidad e inviolavilidades introducidas por nuestra Constitución sólo entraron en vigor a partir de Diciembre de 1978, y por eso, algún día, habrá que esperar que además de darnos discursos en Navidad el actual Jefe del Estado nos explique el grado de conocimiento que tuvo o debió tener durante su mandato como Jefe del Estado de plenos poderes – entre el 22 de noviembre de 1975 y hasta el 6 de diciembre de 1978, sin más refrendo real que el de Franco que lo puso ahí – respecto de todas esas desapariciones que durante tales tres años se siguieron consumando, día a día, en nuestro país. Incluidos los ‘niños perdidos’, y todas sus madres, por entonces aún vivas, a las que se acabó dejando morir sin permitirles volver a saber nada de sus pequeños tras muchas otras navidades como estas, ya en democracia.

            En todo caso suficiente con tales cuestiones tan políticamente incorrectas, e incomodantes, para algunos de los que sí que van a poder tener felizmente a todos sus seres queridos consigo esta noche, o, por lo menos, saber dónde están dignamente enterrados los que les falten. Que, afortunadamente, la pajita más corta no les ha tocado a ellos y ya se sabe que el mundo no es perfecto, no es cuestión de amargarse las navidades…

            Así que, como es de rigor, a las Vicepresidentas de Gobierno responsables de leyes de la memoria infames, a todos los miembros del Consejo de Ministros que las aprobaron y que, afortunadamente para ellos, no tienen a su propio padre ni a ningún otro familiar en ninguna fosa común –  ni a ningún hermano desaparecido sin la más mínima mención en su articulado -,  a los magistrados que todavía no se han retractado de su juramento de lealtad a Franco y por cuyas manos habrá de pasar la decisión jurídica imparcial de asuntos de importancia en la lucha contra la impunidad, a los Defensores del Pueblo auto-desaparecidos ellos mismos, y al Rey de España, que lo es por tanto también de todas sus fosas comunes, a todos ellos, Feliz Navidad.

           Que la disfruten, ellos que pueden, junto a todos sus seres queridos, por mucho que hayan permitido que ese mismo derecho humano se les vaya a seguir negando en el día de hoy, de mañana, a tantas y tantas familias.

            Y que en el año entrante rectifiquen y cumplan finalmente, una por una, con todas sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos hacia estas familias, para que nunca jamás vuelva a haber una Navidad con fosas comunes y ‘niños perdidos’ en España. Que ese es su alto deber como autoridades del Estado, no el de las familias ni el de ninguna asociación.

            Pero, sobre todo, que los días pasen rápidos y compasivos para todos los que aún esperan; que su sobrecogedora soledad y su dolor encuentre toda la paz y el consuelo posible en estas fechas y que sepan que tienen el cariño y el recuerdo permanente en la distancia de muchos, por muy poco que sea ante todo este drama inmenso de las fosas y los desaparecidos.

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Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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22919_matanzabajajoz

Del poemario Mi guerra civil, de Jean Ortiz

 

Sonaban clarines y tambores ;

montera en mano

los <<paseados>> iban por delante

de las patibularias cuadrillas

 

Los sacaban, decían, a pasear,

sin capote de paseo,

sin solemnidad.

 

Entraban en un ruedo infinito

reses de las ganaderías carcelarias

y de los campos plebeyos.

 

Los matadores de la <<Santa Cruzada>>

descabellaban, voraces, carne republicana.

Salían de lóbregos corrales

nutridas <<sacas>> obreras.

 

Matorrales y baldíos ofrendaban

sacrificaderos anónimos,

para borrar de la historia

a aquellos seres bravos.

 

En fosas de mala conciencia

yacen aún muchos miles.

En silencio.

Premeditadamente silenciados.

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 Guerrilleros en las X Jornadas 3 de Octubre de 2009_foto de Juan Navarro

Demandan una profunda reforma de la “Ley de la Memoria” y la creación de una Comisión Nacional de búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo.

 

Los asistentes a las X Jornadas “El Maquis” en Santa Cruz de Moya (Cuenca) pedimos al Gobierno y autoridades españolas:

 

1- La profunda reforma de la “Ley de la Memoria” para cumplir con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de los desaparecidos del franquismo.

 

2- En particular, con especial urgencia, la puesta en marcha de una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo, de una Base Nacional de Datos Genéticos y la búsqueda de los “niños perdidos” del franquismo, en muchas ocasiones robados a familias de guerrilleros españoles como forma de represalia.

 

3- La protección legal de todos los lugares de la represión franquista como “lugares de la memoria” del genocidio de los Defensores de la Segunda República Española y la promoción ante la UNESCO de varios de estos lugares como “Patrimonio de la Humanidad”. La propia elaboración de un mapa integrado de todos los lugares de la memoria de la represión franquista. Así mismo todos los documentos y archivos de la represión deben ser igualmente protegidos y garantizada su plena accesibilidad al conjunto de la ciudadanía.

 

4- El reconocimiento y homenaje desde la “Ley de la Memoria” de la “memoria de de género” y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia – detenciones ilegales por razón de parentesco, violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en la esfera de la maternidad, violaciones y abusos sexuales y torturas en las cárceles denunciadas por el Consejo de Europa -.

 

5- La nulidad radical de todas las “sentencias” de muerte del franquismo y su expreso reconocimiento como asesinatos de Estado de lesa humanidad y la aplicación en España, a favor de sus familiares, de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los deberes de reparación a las víctimas de violaciones manifiestas de los Derechos Humanos.

 

6- El reconocimiento expreso en la Ley de la Memoria de todos los hombres y mujeres del Maquis, puntos de apoyo y enlaces como miembros del Ejército Popular y Defensores de la Constitución española con todos sus Derechos, la inclusión de su relato en todos los niveles de la enseñanza y la proclamación parlamentaria del Día del Guerrillero español como día de Homenaje y recuerdo Nacional. 

 

Santa Cruz de Moya, Cuenca, 4 de octubre de 2009, Día del Guerrillero español antifascista.

En la fotografía, de izquierda a derecha, Francisco Molina Delgado, punto de apoyo, José Navarro Pascual “Andrés”, guerrillero, Venerando Prados Garrido “Larry”, guerrillero, el pasado 3 de octubre en Santa Cruz de Moya, fotografía de Juan Navarro)

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En esta entrada han quedado activados los comentarios a disposición de aquellas personas que quieran suscribir la iniciativa, bastando con dejar nombre y apellidos, lugar de residencia y un correo electrónico de contacto. Todo apoyo en difusión de este manifiesto a otros webs o países –  con especial atención a la Unión Europea dada la próxima Presidencia española pèro no sólo – ,  será igualmente bienvenido.

 

Iniciativa por la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo al Juez Baltasar Garzón y a los familiares de los desaparecidos del franquismo.

 

Los abajo firmantes,

 

conscientes de que los derechos humanos constituyen el núcleo del Parlamento Europeo y que el Premio Sájarov es una de las herramientas más visibles y de calado internacional en su promoción, así como de reconocimiento institucional por parte de la Unión Europea y sus Estados miembro.

conscientes de la finalidad de dicho galardón internacional como reconocimiento a quienes con valor y sacrificio enfrentan situaciones de graves violaciones de derechos humanos por parte de Gobiernos y autoridades. Como instrumento de cambio para que dichos Gobiernos y autoridades cesen en sus abusos de poder y en tales violaciones.

conscientes de que tal es la actual situación de impunidad de los “crímenes contra la humanidad”, crímenes de guerra, contra la paz y actos de genocidio perpetrados por el franquismo en España, así como de la posterior grave violación de los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos del franquismo por parte del Gobierno de la nación y altas autoridades, de manera contraria a los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos; en particular en cuanto al trato inhumano cruel y degradante que supone el abandono de estos 150.000 desparecidos en ausencia de una “investigación oficial efectiva e independiente”.

conscientes de la comprometida tarea realizada frente a todo ello por D. Baltasar Garzón Real, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional y por los familiares de los desaparecidos del franquismo en España en su conmovedora y firme búsqueda de sus seres queridos desaparecidos a lo largo de los últimos treinta años de democracia y frente a todo tipo de incomprensiones, trabas y dificultades e incumplimiento de los deberes básicos de humanidad por parte del Estado español y que resultarían exigibles a cualquier Estado de conformidad con las costumbres propias de las naciones civilizadas.

conscientes de las inadmisibles actuaciones penales iniciadas en los pasados meses contra D. Baltasar Garzón Real, por su intento de emprender dicha “investigación oficial efectiva e independiente” en el caso de los desaparecidos del franquismo tal y como ha sido exigida en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a todos los poderes del Estado; del reciente comunicado de la prestigiosa Comisión Internacional de Juristas denunciando la inobservancia de distintas salvaguardas e instrumentos internacionales propias de todo Estado de Derecho.

conscientes de vivir en un país, el de los miles de niños perdidos y los cientos de fosas clandestinas, en el que sólo se ha llamado a declarar como imputado al único juez que ha tratado de hacer valer el derecho penal internacional y de los derechos humanos ante dichos crímenes, y en el que jamás se ha llamado a declarar, en cambio, a ni uno sólo de los responsables de las más de 150.000 desapariciones forzadas.

conscientes del infinito e irreparable dolor de estas familias tras toda una vida a la espera y de la urgente situación de muchos de ellos dada su avanzada edad en su legítimo anhelo de conocer la suerte de sus seres queridos arrebatados; de la imprescindible necesidad de recuperar en España la normal vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de protección a las victimas de desaparición forzada, que jamás debió faltar; del incalculable valor de la contribución de D. Baltasar Garzón Real y de los familiares de los desaparecidos para la consecución de dicho bien social.

conscientes del antecedente marcado por el propio Parlamento Europeo en idéntico sentido ante el caso de la lucha a la impunidad de los desaparecidos de la Dictadura militar argentina, con la concesión, en 1992, del premio Sájarov a las Madres de la Plaza de Mayo.

Proponemos al Parlamento Europeo la candidatura conjunta de D. Baltasar Garzón Real y de los familiares de los desaparecidos del franquismo para el premio Sájarov en su próxima edición de 2011, para que la misma sea tomada en consideración y respaldada en su caso de conformidad a sus bases.

Pedimos al Gobierno de España y al conjunto de autoridades nacionales

que se reformulen de raíz el conjunto de las actuales políticas “de la memoria” para reestablecer la normal vigencia también en España de los derechos humanos de todas las víctimas del franquismo y observar los deberes de verdad justicia y reparación tal y como han sido formulados por la ONU;

que sean archivadas de forma inmediata las actuaciones penales emprendidas contra D. Baltasar Garzón Real.

que nuestras autoridades nacionales respalden y promuevan la presente candidatura conjunta.

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ARMH Milagros Reyes Sedano

La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas

Por: DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ

Público, 01/09/2009 04:00

El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: “Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: “Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori“.

“Inhumano y cruel”

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que “el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar”. “Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos”, agrega.

Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir “a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.

En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por “inconstitucional” las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. “Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición”, sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que “los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino “de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado”.

No obstante, Rodríguez Arias considera que “estos crímenes no fueron, sino que son”, ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

 

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