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Archive for 24 octubre 2009

Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad

“SABALSAGARAY CURUTCHET, BLANCA STELA. DENUNCIA. EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 3 Y 4 DE LA LEY Nº 15.848”, FICHA 97-397/2004.

Ponente:  Doctor Jorge Omar Chediak González. Montevideo, Uruguay, 19 de Octubre de 2009.

Descargar texto íntegro de la Sentencia

 

Uruguay: la nulidad de la Ley de Caducidad, más cerca tras fallo

 de la Suprema Corte.

Infolatam/Efe
Montevideo, 20 de octubre de 2009

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura. Es “un punto de partida”, dijo Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman,

Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que el lunes declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.

Es “un punto de partida”, dijo a Efe Macarena Gelman, víctima de la represión de la dictadura uruguaya, que, en confabulación con la argentina, acabó en 1976 con la vida de sus progenitores y la entregó en adopción a la familia de un policía. “Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley”, dijo Gelman.

El fallo se produjo a seis días de que los uruguayos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido criticado por los opositores a la nulidad por entender que hay intereses electorales de por medio.

Esta consulta es “una oportunidad histórica para revisar una situación que ha sido cuestionada desde el ámbito nacional e internacional”, dijo la nieta del premio Cervantes. Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto, sin embargo, “para el futuro puede tener mucha importancia”, afirmó en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze.

Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray. “La Corte, en definitiva, es la que interpreta y determina si una ley es constitucional o no es constitucional”, dijo Guianze.

Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la norma, que impidió, desde su aprobación en 1986 y su refrendo en 1989 en un plebiscito, el enjuiciamiento de los militares y policías que participaron en la represión de los opositores a la dictadura. La decisión de los jueces se suma a la postura contraria a la ley ya manifestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo y marca de facto el fin de la Ley de Caducidad, al facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma.

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Del poemario Mi guerra civil, de Jean Ortiz

 

Sonaban clarines y tambores ;

montera en mano

los <<paseados>> iban por delante

de las patibularias cuadrillas

 

Los sacaban, decían, a pasear,

sin capote de paseo,

sin solemnidad.

 

Entraban en un ruedo infinito

reses de las ganaderías carcelarias

y de los campos plebeyos.

 

Los matadores de la <<Santa Cruzada>>

descabellaban, voraces, carne republicana.

Salían de lóbregos corrales

nutridas <<sacas>> obreras.

 

Matorrales y baldíos ofrendaban

sacrificaderos anónimos,

para borrar de la historia

a aquellos seres bravos.

 

En fosas de mala conciencia

yacen aún muchos miles.

En silencio.

Premeditadamente silenciados.

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Juanin y Bedoya 

Del poemario Mi guerra civil, de Jean Ortiz.

Guerrillero: española y universal palabra.

Desde las cumbres de los Picos de Europa.

en acecho hacia el océano

esperabas espejismos.

 

Por el mar no desembarcó nunca nadie.

 

Quince años emboscado.

presunto <<bandolero>>,

alimaña rastreada

por el monte insurgente,

perseverando hasta muy solo,

cuando el buho se cansó de cantar.

 

Dicen que tuviste amores

en las cuevas de Tresviso,

amores para morir a la vera de un molino,

una noche lluviosa de abril 57.

 

Era día de mercado en Potes;

con miedo entrañable

vieron los del pueblo

como soberbio te irguieron

contra la centenaria pared.

 

En el cementerio una tumba reza: <<Juanín>>

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