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Posts Tagged ‘crímenes contra la humanidad del franquismo’


Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Según parece lo de ahora con el 20 N es  poco menos que cuando las huestes de Cartago se acercaban, implacables, a las murallas de las atemorizadas ciudades romanas: “Aníbal ad portas”, “Aníbal está a las puertas”…

O así se pretende.

Toca que todos lo olvidemos todo y dejemos de lado todo, nada importa: “Rubalcaba Presidente!” “Rubalcaba Presidente… que viene Rajoy”… colofón habitual, y cierre precipitado, a cualquier conversación crítica sobre las graves violaciones de derechos humanos que  el Gobierno socialista ha cometido con las víctimas del genocidio franquista y que no se le ve ni intención de rectificar.

Todos tenemos que ayudar a que Rubalcaba y los suyos conserven sus menguantes sillas – y los sueldazos y prebendas que van con ellas –…digo, todos tenemos que ayudar a defender las mismísimas murallas del progreso y de esa democracia, de la buena ,de la que Zapatero, Rubalcaba y los suyos han tenido a bien servirnos unas cuantas raciones, ya se sabe:, “¡Rajoy ad portas!, ¡Rubalcaba Presidente!”.

No hay tiempo para debates sobre que es lo que hemos hecho en materia de derechos humanos con las víctimas del franquismo – o sobre como hemos cercenado brutalmente el principio de justicia universal, con los métodos expeditivos y opacidad habituales de los últimos tiempos – .

¡Ahora no toca debatir esas cosas!. Bueno antes tampoco tocaba.

Ni se nos dejó debatir ni la ley de la memoria ni la reforma express y de tapadillo de la justicia universal, la reforma constitucional de nuestro Estado Social… Pero, bueno, ya tocará, esta hornada nuestra de dirigentes que irá al 20 N ya dejará los reformazos y dejará de hacer lo que le de la gana en nuestro nombre – pero sin nosotros –  cuando…esto…”Rubalcaba Presidente!, Rajoy ad portas!”

Porque si Rubalcaba-Zapatero, esos dos pro hombres del socialismo y los derechos humanos, pierden estrepitosamente el 20 N, – y recogen lo que han sembrado -, nuestro PSOE de los 100 años dejará de existir para siempre, ¿no se habían enterado?.

Lo siento pero no. Simplemente no.

Uno puede tener más o menos aguante con las cosas de la “real politik” lamentables… que han sido unas cuantas.

Pero con las violaciones flagrantes de los derechos humanos: no.

Nunca.

Y si es con la violación de los derechos humanos de miles de seres humanos abandonados a su suerte tras toda una vida de sufrimientos, como en este caso, mucho menos. En algún punto tiene que haber un límite y un mínimo de justicia y Estado de derecho para estas personas.

“Rajoy ad portas” o quien sea para justificarlo.

Para justificarlo y para volver a hurtarnos el debate sobre lo que se ha hecho con las víctimas del franquismo, y sobre todas las mentiras para engañar a un país que de derechos humanos nunca se les ha contado demasiado, bien podrá.

Porque los derechos humanos son la base de la propia democracia, de cualquier noción de progreso social; y si se acepta su grave violación por parte de quien sea – y con la justificación o pretexto que sea – estaremos cayendo por una profunda pendiente, y no ya sólo como partido, como personas, como sociedad.

Porque los derechos humanos se defienden, siempre, y ante quien sea, al precio que sea.

O por lo menos los militantes socialistas que para eso lo somos. Para defender los derechos humanos, los valores democráticos y de justicia social.

Y sentemos de una vez, al menos, cuatro puntos claros, cristalinos, que de verdad en la vida me he encontrado de frente una práctica jurídica tan indecente y deleznable – tan cerril y con un coro de ayudantes que jamás han abierto siquiera un libro de derecho internacional pero tan dispuestos a justificar lo injustificable – como todo lo que me he ido encontrando vergüenza tras vergüenza , con todo este circo de la “ley de la memoria” y la injustificable actuación que hemos tenido con los desaparecidos del franquismo:

1-“El mero hecho de que las autoridades sean informadas del asesinato de un individuo da lugar, ipso facto, a la obligación, bajo el artículo 2 de la Convención, a llevar a cabo una investigación efectiva acerca de las circunstancias que rodearon la muerte (…) dicha obligación resulta igualmente aplicable en casos en los que una persona ha desaparecido en circunstancias que puedan ser consideradas como de temor por su vida. A este respecto, debe ser aceptado que cuanto más tiempo pase sin noticia alguna por parte de la persona que ha desaparecido, mayor resulta la probabilidad de que él o ella han muerto”.Caso Seker contra Turquía, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2006, párrs 67 y 69.

2-“(las autoridades) no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los familiares para plantear una denuncia oficial o asumir la responsabilidad por el impulso de cualesquiera procedimientos de investigación”. Caso “Kelly y otros contra el Reino Unido”, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2001, párr. 94.

3- “10.2. Los miembros de la familia de las personas desaparecidas deben ser reconocidos como víctimas independientes de la desaparición forzada y les debe ser garantizado el “derecho a la verdad”, es decir, el derecho a ser informado del destino de los familiares desaparecidos.”Resolución 1463 del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre las desapariciones forzadas, 2 años antes de la ley de memoria del Gobierno Zapatero.

4- “Artículo 25.2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2006. Nuestra “ley de la memoria” es de 26 de Diciembre de 2007. Ni se les menciona.

Qué inmenso dolor, qué inmensa violación de los derechos humanos de tantas personas…y qué pocas palabras para describirlo.

Si cualquier compañero como el que me dijo no hace mucho en Facebook – en una de las páginas del candidato Rubalcaba, por cierto – que esto eran “cosillas” viese con sus ojos todo ese dolor –  la situación en la que hemos dejado a esas personas , a estas alturas podiamos haber encontrado a docenas de niños y restituido los restos mortales de decenas de miles de exterminados –  no se atrevería a repetirlo.

En cambio nos hemos pasado 8 años enteros, 2 legislaturas, negándonos a cumplir ninguna de esos derechos básicos de la persona y de muchos otros derechos humanos en juego, “sentenciados” “saqueados” “crímenes contra la humanidad” de género que ni se mencionan en la ley. No tiene fin.

Pero vamos, todo eso “eran cosillas” para ese compañero, y para alguna otra…y decir eso es, simplemente, la “banalidad del mal”; tal y como la definió Hannah Arendt letra a letra: la capacidad de mirar para otro lado y callar, dejar hacer, justificar…sin muchos que callasen, consientesen y apoyasen no se podrían violar de semejante manera los derechos humanos de nadie… y si este compañero no entiende lo que estoy diciendo de Hanna Arendt, etc, que lo busque el libro cuando tenga tiempo…otra “cosilla” más para su lista.

Hannah era, por cierto, otra compañera nuestra que tampoco se cruzó de brazos ante violaciones de los deberes más básicos de humanidad, no le andaría mal leerla…

Y todas estas “cosillas” son tan graves que de hecho aun hay una quinta “cosilla” más que también todos los compañeros deberían tener derecho a conocer:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”. Resolución 1463 del Consejo de Europa sobre las desapariciones forzadas, de 3 de octubre de 2005, dos años antes de la “Ley de la memoria”.

Y luego puede que algunos pretendan que lo que son, y lo que no son, derechos humanos en Europa no se define, – tan clarito como se lo he explicado – en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino que debiera definirse en Ferraz, en Moncloa…bien ese es su problema.

Como digo, a día de hoy –  y desde hace más de medio siglo alguno no se ha debido enterar todavía -,  lo normal es que lo defina el Convenio Europeo y las resoluciones y sentencias internacionales en materia de derechos humanos.

Esto no es un debate teológico sobre el sexo de los ángeles.Esta todo perfectamente definido y negro sobre blanco en materia de deberes del Estado y sus responsables.

Y tales cosas debieron haber sido observadas por nuestro Estado en el plano interno desde el “minuto 0”, desde la misma entrada en vigor de la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles o del artículo 10.2 de la Constitución. Antes en realidad.

Pero, punto y a parte, al margen de lo que no se hizo (mal) hace treinta años lo que está claro es que obstinarse en no hacerlo en los últimos 10 años, metidos ya en pleno 2011, e inmediatamente después de todas esas sentencias y resoluciones… es otra cosa todavía peor. Es incontestablemente ilegal, pero de responsabilidad internacional de Estado perfectamente fundamentable ya… y hasta de responsabilidad personal penal de determinadas autoridades ante la justicia si tuviésemos los deberes hechos en nuestra legislación interna con la Resolución 1463. Tan tremendo como eso.

Y José Luis Rodríguez Zapatero nos gobierna desde 2003, casi de forma subsiguiente a tales sentencias y resoluciones, bastantes más  todavía que las refrendan en realidad. Siempre en el mismo sentido: el Estado debe buscar a los desaparecidos con todos sus medios disponibles. Debe restituirlos a las familias, debe investigar las desapariciones…

Y ahora díganme que Rajoy hará también esto o lo otro cuando gobierne – entre niño y niño que se coma al parecer –, o díganme que Adolfo Suárez no hizo nada. Antes o despues se entenderá la verdadera dimensión de las ilegalidades en materia de derechos humanos que aquí se ha perpetrado contra todas esas personas…

Que me parece igual de mal, pero esto que ha venido pasando desde, 2005, 2006, 2007…miren las fechas que les doy…tiene como responsable principal e inexcusable al Gobierno Zapatero.

Lo siento.

De modo que podemos decir que la realidad es que, en particular, el Ministro Rubalcaba, al igual que el Ministro Alonso –que ha sido el otro Ministro socialista a partir de 2005 tras la aprobación de la Resolución Europea o de 2006 con la nueva Convención ONU, pero Alonso no se ha sometido así mismo voluntariamente a nuestro escrutinio ciudadano en campaña –, ha desatendido algunas de sus obligaciones básicas que cualquier Ministro de un Estado de Derecho tiene reconocidas en materia de derechos humanos.

Tanto que si la citada resolución 1463 del Consejo de Europa de 2005 hubiese sido recogida en nuestro derecho interno iba a costarle algo más que unos votos… “pena de cárcel …”.

Pero ahora él o alguno de quienes a pesar de todo esto tan grave le siguen apoyando, acuden al movimiento memorialista a pedir el voto: “Rajoy ad portas”, que viene Rajoy.

Que hayan perdido por completo el rumbo en demasiadas cosas ya no debe importarnos: ¡Rajoy ad portas!, votemos a Rubalcaba que es el único voto útil, según ellos, visto que tenemos una legislación electoral profundamente injusta…

Que no cuenten conmigo.

Con el comportamiento que Rubalcaba ha tenido con los niños perdidos del franquismo me basta y me sobra para valorar a este candidato socialista.

Hagan un ejercicio de ponerse en su lugar por un momento. Son Ustedes por un momento Ministros del Interior, saben que hay perfecta constancia de cientos, de miles, de desapariciones forzadas infantiles en España, y eso son crímenes contra la humanidad. Saben que hay constancia de miles de fosas clandestinas con decenas de miles de exterminados dentro, más de 2000 fosas hasta la fecha.

Hay familias rotas, sufriendo día a día por nos saber donde están sus seres queridos salvajemente masacrados o donde están sus hijos, hermanos, niños desaparecidos que siguen vivos en su gran mayoría (son nuestros desaparecidos en vida) y Uds. tratan de buscarles sin medios con procedimientos interminables, sin que, nadie, como último agravio, sea capaz de reconocerles como lo que son: víctimas también ellos del crimen contra la humanidad de desaparición, porque así expresamente les reconoce el Estatuto ONU de este tipo de delitos.

Ustedes, como digo, son Ministro del Interior, a sus órdenes, y bajo su responsabilidad de Estado, la policía nacional, guardia civil, laboratorios, medios estatales, etc, etc, etc…

Y entonces van Ustedes y no mueven una hoja de papel, dejan pasar, miran para otro lado. La Constitución española dice que como miembros del Gobierno es su responsabilidad cumplir y hacer cumplir a otros los derechos fundamentales…pero según parece hay otros “considerandos”.

Según la mismísima Convención de la Haya de 1898, hace más de un siglo, por derecho o no por derecho (que en el caso de los desaparecidos del franquismo no lo podía ser más), en todo caso, hay unas obligaciones básicas de humanidad, unas “costumbres propias a todas las naciones civilizadas” entre las que están el digno entierro de los difuntos, la protección de madres y niños…pero eso también le da igual…

¿Se imaginan Uds. así mismos actuando de esa manera, echando esos actos sobre su conciencia como ser humano?

¿Si fuese alguien de su entorno…calificarían Uds. a quien actuase así?

Y lo peor es que al final tanto tentarse la ropa y tanto paripé para acabar quemando las naves con una cosa lamentable como la de la reforma constitucional que le ha estallado en la cara o la mentira de que no había crisis…

De modo que ahora Rubalcaba – sin siquiera rectificar y pedir perdón y decirnos como va a hacer ahora como candidato lo que antes como Ministro no quiso hacer, ni porque habríamos de creerle ahora – viene y nos pide el voto.

Lo siento. Mi conciencia no me permite apoyarle a Ud. Sr. Rubalcaba, porque Ud. no ha apoyado a todas esas familias con el mero, normal, cumplimiento de sus deberes de Estado.

Y cada cual verá. Porque en este movimiento memorialista nuestro no nos faltarán a quienes todo esto no les importe lo suficiente como para seguir votando a Rubalcaba….

Por mi parte, en cambio, creo que el 20 N debería ser una fiesta del movimiento memorialista y de todas las personas que han luchado dentro de los tribunales, o los Ministerios, o concentrados a las puertas de unos y otros – siempre solos manifestación tras manifestación – para decirle a Rubalcaba y Zapatero – que siempre estaban del otro lado – que NO han actuado bien.

Les aseguro que si lo hacemos bien esta vez si que nos escucharían. Creo que de hecho sería la primera vez que lo hicieran de verdad.

Esa será la mejor recogida de firmas del movimiento memorialista contra la impunidad del Franquismo. No digo que sea la última, digo la mejor forma de mostrar nuestro rechazo ese día.

Será también el mejor manifiesto.

El más efectivo y el que más tiempo se tardará en olvidar si conseguimos movilizarnos a nosotros mismos y a todo nuestro entorno.

Creo que merecería la pena crear una estructura de coordinación nacional y una campaña en toda regla para ir el 20 N a decirle a Rubalcaba y a Zapatero, en las urnas, lo que pensamos en el movimiento memorialista de todo esto.

A sacarles la tarjeta roja que ellos, miembros del Gobierno que ha maltratado a las familias de los desaparecidos, merecen.

No considero que sea únicamente una cuestión de dignidad básica del movimiento memorialista – si te pisan el cuello lo normal es no dar después las gracias además…si es que quieres que te tengan algún respeto alguna vez – sino una forma de establecer un nuevo entendimiento con el que le tome el relevo a Rubalcaba después.

Cuanto más elevada sea a factura que se pase ahora, mucho mejor entendimiento tendremos la siguiente vez que se les ocurra toda esta frivolidad con los derechos humanos de las víctimas del genocidio franquista.

De modo que, es mi sincera convicción, y así la expreso, que el movimiento memorialista debe pensar en el 20 N como parte de una estrategia más amplia. Creo que el 20 N ha llegado el momento de que de verdad empecemos a demostrar un par de cosas en este país, y me refiero en muy distintos sentidos.

Soy socialista. He votado socialista siempre. Por primera vez en mi vida no lo voy a hacer. No depositaré mi voto a favor del Ministro que no movió ni un solo dedo para buscar a los niños perdidos cuando pudo.

Creo en un PSOE republicano bastante mejor que este. No en ningún PSOE perfecto, ni remotamente.

Pero si en un PSOE que, con todos sus errores, respete de forma sincera los derechos humanos, que me parece lo mínimo para un PSOE digno. Al menos eso.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 20 de Noviembre de 2009.

Transcurrido ya un año desde que Baltasar Garzón recogiese en su auto el caso de los niños perdidos del franquismo –  más de tres desde que el Consejo de Europa lo denunciase como parte de su Balance de crímenes de la dictadura franquista – y tras el reciente acto público negacionista respecto la existencia de trabajos forzados en el Valle de los Caidos llevado a cabo en la Universidad San Pablo CEU, resulta evidente lo necesario de seguir dando a conocer, con todo detalle, el estremecedor alcance de lo sucedido en presidios, campos de trabajo y todo tipo de centros penitenciarios del franquismo… así como la concreta relación que pudo tener la Iglesia Católica de España con todo ese, al parecer, “turismo penal alternativo”. Particularmente en cuanto a todo lo sucedido en los centros penitenciarios de detención de mujeres y jóvenes.

La Iglesia católica proveyó el personal de “numerosos establecimientos penitenciarios”.

O tal y como se recoge en el punto 77 de dicho Balance de crímenes denunciado por el Consejo de Europa: “La Iglesia Católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos (…).También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”.

¿Con qué cargos penales?.
Ahora bien, situación de detención de tales mujeres y sus pequeños en tales “establecimientos penitenciarios” provistos con personal religioso, según dicha denuncia… ¿con qué cargos?.

Porque de no existir tales cargos, o de resultar manifiestamente infundados – ser familia de algún defensor de la República española, haber intentado huir del país… – nos encontraríamos ante una situación de colaboración en un número indeterminado de detenciones ilegales.

¿Qué funciones penitenciarias son esas de una confesión religiosa?.
Ejercicio de anómalas funciones penitenciarias por parte de dicho mismo personal – incluso llegando a utilizar conventos y otros edificios de la Iglesia como centros de detención, como han señalado otros estudios –… ¿en virtud de qué?, cuándo la única participación reconocible al personal religioso de cualquier confesión en centros penitenciarios lo es a los efectos de dar asistencia religiosa, en caso de ser solicitada por parte de los detenidos.

¿En qué condiciones de detención se tuvo a esas madres y sus pequeños?.
¿Y en qué condiciones de detención, higiene, alimentación – cuidados médicos adicionales exigidos por las leyes internacionales desde Ginebra, desde antes incluso, respecto dicha población civil especialmente vulnerable, madres y bebés – administró dicho personal tales centros?.

Porque de no reunirse esas mínimas condiciones de detención nos podríamos encontrar, igualmente, en el terreno de análisis de distintos posibles supuestos del legado de Nuremberg y otros instrumentos internacionales.

¿Carácter sistemático o actuaciones puntuales?.
“Malos tratos físicos y psicológicos”, señala el Consejo de Europa, por parte del “personal religioso”, ¿en qué concretos centros?, ¿por parte de qué concretas personas?, ¿se trató igualmente de actuaciones puntuales o de actuaciones generalizadas o sistemáticas hacia estas mujeres y sus pequeños?… una u otra respuesta nos llevaría a hablar, en su caso, de muy distintos tipos de responsabilidad.

¿Dónde están los registros de madres y niños presos?.
Y además, ¿qué mujeres, qué niños, qué jóvenes, pasaron por dichos centros inexplicablemente provistos de personal religioso-penitenciario por la IglesiaCatólica?.

Porque otra obligación por parte de la autoridad penitenciaria, sea esta – anómalamente – religiosa o no, es la de llevar un detallado registro de presos, defunciones, puestas en libertad, traslados – y, en su caso a dónde -;  más aún de separarse a menores de edad respecto de los restantes miembros de su propia familia… y más aún cuando varios historiadores han denunciado igualmente que tales registros simplemente no existen, y eso, jurídicamente, tampoco es posible; no sin encarar nuevas y adicionales esferas de responsabilidad.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido la Conferencia Episcopal Española?.
Todo ello, punto por punto, de haberse producido tal y como denuncia el Consejo de Europa, situaría a la Iglesia Católica, de propia mano, en el delicado terreno de las “relaciones de sujección especial”, espacio de protección reforzada de los derechos fundamentales de los detenidos… ¿con qué grado de conocimiento de la Conferencia Episcopal se hizo?, ¿con qué diligencia se interesaron dichas autoridades superiores jerarquicas por la supervisión de la adecuada situación de todas esas presas – de los pequeños presos -, en estos centros vigilados por ese, su, personal subordinado en el ejercicio de dichas poco comprensibles funciones en colaboración con Franco?.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido el mando superior, el Vaticano?.
Más aún, ¿con qué grado de conocimiento de las autoridades últimas, las de Roma, superiores jerárquicos máximos en el vértice de la organización y, simultáneamente además – aunque esto ha sido completamente olvidado – autoridades de un Estado, el Vaticano, susceptible por tanto de rendir cuentas ante los distintos intrumentos internacionales de Derechos Humanos?, ¿hasta qué punto “sabían”, “debían haber previsto” o “trataron de impedir o sancionar” ese tipo de conductas como reclama el elemental principio de “responsabilidad por el mando” consagrado en los juicios de Nuremberg y que no sólo se aplica a estructuras militares sino a toda estructura jerarquizada como lo es la Iglesia Católica?.

¿Qué reparaciones ha habido para estas madres presas?.

Y, sobre todo, ¿qué reparaciones morales y materiales han ofrecido, en su caso, a todas esas personas sus ex-carceleros?, ¿qué justicia?, ¿cual es la verdad detrás de todos estos hechos y cuándo podrá tenerla a su alcance cualquier ciudadano, si es que alguna vez  somos capaces de mirarla de frente como sociedad salida de un genocidio, el franquista, que aún no somos capaces ni de llamar por su nombre?.

Una denuncia que no puede seguir siendo desatendida más tiempo.
La denuncia del Consejo de Europa, organismo de amplio prestigio internacional en materia de derechos humanos en cuyo seno se haya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su pieza más visible, resulta de la suficiente gravedad en sus implicaciones humanas, jurídicas e internacionales como para que no pueda seguir siendo desatendida más tiempo; menos aún cuando, junto a todo ello, dicha denuncia nos sitúa en el terreno colindante con actuaciones aún más graves, si ello es posible, cuando – en su punto 72 – se definiría precisamente el caso de los niños perdidos del franquismo como el de “hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.

¿Hubo personal religioso en las cárceles dónde desaparecieron bebés?.
¿En qué centros penitenciarios se hallaban, en particular, esas mujeres “presas” cuyos hijos les fueron arrebatados – y que el Consejo de Europa no especifica tampoco si están entre los “numerosos establecimientos penitenciarios” provistos de personal por la Iglesia o en algún otro establecimiento no provisto por dicho personal – ?; Y, de haberse verificado casos de desaparición infantil también entre los primeros, ¿hasta qué punto dicho personal religioso pudo haber tenido conocimiento y responsabilidad, como guardianes de estos, por lo sucedido en su seno?, ¿hasta que punto pudo o debió impedir que se separase a estas madres de sus pequeños?, ¿hasta qué punto pudieron o debieron tener conocimiento sus superiores jerárquicos en España de todo ello?, ¿y los de Roma?.

“Investigación oficial” también del Estado Vaticano.
Un año después de las actuaciones del auto de la Audiencia Nacional nos sigue faltando una investigación “oficial, efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado Vaticano tal y como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Monjitas-guardianas”
Pero los estremecedores testimonios del horror narrados por algunas supervivientes, los cuerpecitos de niños pequeños muertos de malnutrición y enfermedad, la cruel actuación de algunas “monjitas-guardianas” – qué completamente anómalo dicho termino, y de que forma tan anómala también nos hemos habituado a él sin reparar en sus fundamentales implicaciones jurídicas de fondo – reclaman una respuesta . Y la debería reclamar también el propio Estado Vaticano, activando por propia iniciativa dicha investigación, en consonancia con sus otras actuaciones radicalmente distintas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en otros países.

Un debate incompleto sobre la “educación para la ciudadanía”
Mientras tanto, y al calor también del vigente debate igualmente promovido por la propia Iglesia Católica de España, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos sin la injerencia –  al parecer tiránica – del Estado por pretender obligarles a estudiar la asignatura de educación para la ciudadanía, no he podido dejar de sorprenderme, día a día y mientras desarrollaba mi propia investigación jurídica, por el silencio de nuestros obispos sobre todo ello.

El silencio sobre si el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia conciencia se aplicaba, también, a todas estas madres presas, maltratadas y olvidadas: sobre cual fue la concreta actuación de nuestra Iglesia en aquel entonces, cuando según el punto 73 de dicho mismo Balance “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como <inadecuada> para su formación”.

Aunque seguramente el análisis de esto último, de todo ello en realidad, se lo habrán reservado ya los organizadores del acto para la siguiente ocasión de reflexión en la CEU.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho penal internacional de la UCLM y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional, así como de las primeras investigaciones jurídicas en nuestro país, publicadas en Jueces para la Democracia, calificando los casos de las fosas de Franco como crímenes de lesa humanidad.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 1 de noviembre de 2009.

 

En el día de hoy, primero de noviembre, otro años más, casi todas las personas que quieran llevar unas sencillas flores a sus seres queridos fallecidos podrán hacerlo.

 

Los familiares de los 150.000 desaparecidos en fosas clandestinas, no.

 

Los familiares de los desaparecidos en combate en batallas como las del Ebro y que continúan insepultos – sus restos en ocasiones a simple vista del caminante –, tampoco.

 

Los familiares de los miles de niños perdidos del franquismo, desaparecidos en vida – a los que nadie ha empezado a buscar siquiera – seguirán sin poder reunirse en torno a la misma mesa con sus seres queridos en ese día señalado de recogimiento familiar, como sí que harán, en cambio, tantas otras familias.

 

¿Qué se le va hacer? en el Estado heredero de la bandera retocada del dictador y de sus cientos de fosas que nadie quiso tocar, el derecho se detiene unos centímetros antes de llegar a los lugares donde yacen amontonados, por decenas de miles, buena parte de una generación de españoles comprometidos con los valores democráticos y de progreso social.

 

Como con los móviles: en cada fosa clandestina nuestro Estado de Derecho está apagado o fuera de cobertura.

 

Resulta que tenemos un casi pleno Estado Democrático, en el que lo único que no podemos votar es al Jefe del Estado, y un casi pleno Estado de Derecho del que tan sólo nos hemos despistado un poco con los derechos humanos de dos, a lo sumo tres, centenares de miles de personas durante poco más de treinta años. Y fosas, tenemos muchas fosas, apareciendo por todas partes.

 

Y por eso también nos hemos olvidado del “derecho humano a la vida familiar” que asiste a todas estas personas en días como hoy en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que no encuentra aplicación en nuestro país – como todos los demás derechos afectados – sin mayor argumento o justificación.

 

Así que nada, al igual que en todas las navidades, en las fechas del cumpleaños del ser querido desaparecido, los aniversarios, la fatídica fecha del día en que los genocidas de turno del pueblo se lo llevaron…como el resto de días del año, en realidad, y a cada momento que los recuerdos les asaltan, en el día de hoy los familiares de los desaparecidos tendrán un poquito más de sufrimiento y “trato inhumano” dado el admirable proceder de nuestro Estado Social y Democrático de fosas comunes, perdón, de Derecho.

 

Lo que en si mismo viola también la prohibición del artículo 3 del Convenio Europeo de que ningún Estado miembro tolere de brazos cruzados la prolongación de dichos padecimientos en situaciones de desaparición como, por el contrario, se lleva haciendo en nuestro país desde hace años.

 

Que no hay que andar pidiendo tantos derechos humanos. Hasta aquí se puede y ya está. Y “nos pasamos por las narices” – perdónenme, que esas cosas no se pueden escribir… aunque sean verdad – las más elementales normas de humanidad, todo lo que diga Naciones Unidas y todos los instrumentos de derechos humanos en materia de desaparecidos que obligan a que sea el Estado el que busque a estas personas, a revelar la verdad, a hacer justicia, a darles una verdadera reparación a sus familiares y rehabilitar sus nombres; y me refiero a todos los instrumentos internacionales en la materia, porque, lamentablemente, los estamos incumpliendo a sabiendas uno por uno y hasta el último de ellos, tal y como suena.

 

Claro que en el plano internacional el trabajo continúa y ayer mismo, sábado 31, saltó la noticia del renovado interés del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ante la situación de tres víctimas del franquismo.

 

Y conste que no pierdo la esperanza de que algún día el Jefe del Estado del país subcampeón del mundo en desaparecidos – nos ganó la “final” Pol Pot en la modalidad de genocidio en fosa común, y los responsables de las Stolen Generations australianas en la de robo de bebés indefensos –, nuestro auto-desaparecido Defensor del Pueblo, nuestros tribunales que nos miran como si les estuviésemos contando un capítulo de Expediente X cada vez que invocamos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…alguien, en definitiva, entienda que lo que está pasando en España con las fosas, los niños perdidos y sus familias, es algo más que antijurídico, es la clásica bestialidad española – más propia de otros tiempos – al margen de la humanidad, del derecho, del proceder de cualquier país civilizado y hasta del propio sentido común de nuestras casi plenamente democráticas instituciones.  Mucho más casi, que plenamente, democráticas desde el silencioso testimonio de las fosas, el dolor de las familias y la arbitrariedad con la que se sigue actuando con ellas.

 

Porque junto al inmenso drama de todas estas personas esas fosas son también el candente recuerdo, cotidiano, de lo que seguimos sin ser como país, como sociedad salida de un genocidio aterrador al que todavía no somos capaces de mirar de frente y, ni siquiera, de llamarlo por su nombre.

 

Mientras todo eso ocurre, este primero de noviembre, y todos los demás, no creo que haya sitio mejor donde llevar nuestras flores y nuestro desamparo que a las puertas de palacio del Rey y las altas autoridades del Estado: como son éstas las que tienen la obligación de saber dónde están todos esos seres queridos desaparecidos que se las lleven de nuestra parte.

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Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Del poemario Mi guerra civil, de Jean Ortiz

 

Sonaban clarines y tambores ;

montera en mano

los <<paseados>> iban por delante

de las patibularias cuadrillas

 

Los sacaban, decían, a pasear,

sin capote de paseo,

sin solemnidad.

 

Entraban en un ruedo infinito

reses de las ganaderías carcelarias

y de los campos plebeyos.

 

Los matadores de la <<Santa Cruzada>>

descabellaban, voraces, carne republicana.

Salían de lóbregos corrales

nutridas <<sacas>> obreras.

 

Matorrales y baldíos ofrendaban

sacrificaderos anónimos,

para borrar de la historia

a aquellos seres bravos.

 

En fosas de mala conciencia

yacen aún muchos miles.

En silencio.

Premeditadamente silenciados.

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Charlamos con Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para la investigación de estos hechos.

Héctor Rojo Letón (Redacción)

Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Es un delito que se sigue consumando cada día que pasa”, explica Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para su investigación y que los procesos que se han abierto hasta ahora han utilizado. Incluso puede servir si llegara al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (DD HH). “El derecho de los desaparecidos y sus familias ha dejado de valer en este país por los actos de nuestras autoridades”, explica este especialista en derecho internacional, que denuncia que el Estado español incumple los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de DD HH y que este “tema tabú” del robo de niños ni siquiera fue recogido en la última Ley de Memoria. “Al Franquismo se le debe acusar de cometer crímenes de lesa humanidad por ello, y al actual Gobierno, por la violación de derechos humanos al no investigar estas desapariciones”, denuncia Rodríguez.

Esta violación de derechos se centraría en dos aspectos: “El trato inhumano, por el profundo sufrimiento, incertidumbre, la desesperación por la suerte de sus seres queridos arrebatados y la esperanza de poder encontrarlos y a la vez pensar que no va a ser así. La Ley de Memoria ni siquiera menciona el caso de los niños perdidos, cuando en Argentina se han creado unidades policiales especiales. Por otro lado está el derecho a la vida familiar, en cuanto se vulnera el derecho a la reunificación familiar, que de una forma criminal e ilegal el Franquismo vulneró durante décadas”, explica este jurista.

Por último, el investigador de la UCLM reivindica que estas denuncias no significan “abrir viejas heridas, sino cerrarlas”. “Tras la aparición de la Sociedad de Naciones, sólo la Camboya de Pol Pot supera al Franquismo en desaparecidos en fosas comunes: 150.000 personas”, denuncia.

Rodríguez asimila esta situación a la que se juzgó en la Cámara de DD HH para Bosnia Herzegovina y en la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia respecto del caso Srebrenica. Entonces el magistrado Almiro Rodríguez afirmó que Srebrenica es también el “nombre de un síndrome postraumático, el síndrome experimentado por las mujeres, niños y ancianos que no murieron y que, desde julio de 1995, hace ya seis años, no tienen noticia de sus maridos, hijos, padres, hermanos, tíos o abuelos. Millares de vidas que, seis años después, continúan mutiladas, privadas del afecto y el amor de sus seres queridos”. En esta situación, los gobernantes posteriores a los crímenes de Milosevic, pero que tampoco iniciaron ninguna investigación, fueron declarados responsables de violar los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos.

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Foto: Cedida por el Archivo de Internos de Auxilio Social.
 MEMORIA HISTÓRICA | DIAGONAL APORTA LA PRIMERA CARTOGRAFÍA DEL ROBO DE NIÑOS A MADRES SIN FILIACIÓN POLÍTICA DURANTE EL FRANQUISMO
 María José Esteso Poves / Madrid
Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia”. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, quien fue presidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las prisioneras políticas tras la guerra, sino que continuó hasta bien entrados los años ’80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”.

Estos hechos y situaciones muy similares son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid por segunda vez el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (paginas 50-74) señala como “víctimas del Franquismo”. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. Fue el periodista el que impulsó en 1996 la creación de la asociación ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzzle: “El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena”, dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.

Curas, monjas, médicos…
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía estas situaciones. Y ni hablar de reclamaciones.

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento, y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Llegó a Alicante desde la inclusa de Murcia. Fue allí y no le dieron nada; en el registro le indicaron que tenía que esperar 50 años. En 1999 volvió y el juez del registro le volvió a negar los datos, insistió y le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Se marchó entonces a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.

“Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, reconoce Hernández Martínez. Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que tuvieron hijos y fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara su presidenta a DIAGONAL.

Los testimonios hablan de doctores que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en O’Donnell y Santa Cristina (maternidades situadas en la misma calle). Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana, Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo firmado por el doctor Villa era de otitis. En el registro de la Comunidad le dijeron: “Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis”, posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria.

Al hilo de esta noticia, una familia ha acudido a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua Maternidad de O’Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O’Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto por otitis y ya estaba enterrada. El ginecólogo que habría atendido a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.

El abogado José María Stampa Braun emprendió un juicio en 1974 que acusaba a Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y al médico Enrique Marín Bonachera por un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro Contreras. Para esa tarea se rodearía de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elízaga, quien habría trabajado tanto en O’Donnell como en Santa Cristina, según fuentes médicas. Actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.

Otro lugar marcado en Madrid sería la clínica San Ramón (paseo de la Habana, 143). Allí fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, aún vivo, y sor María Balbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, habrían actuado de forma coordinada en el tráfico de bebés.

La trama de Mercedes de Grass
En Bilbao, la trama sería manejada por Mercedes Herrán de Grass, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos… En es- que después se les retiraban los bebés, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada entonces a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios fue igual.

“Estaba todo atado”
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. Pedido Sequitín, adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre era obrero en Cádiz, pero la tía de éste en Madrid tenía relación directa con la Asociación para la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Le pidió una niña para su sobrino y éste le dio un poder notarial para hacer toda la gestión firmado por el notario Alfonso del Moral y de Luna. Según Amelia, la niña de entonces cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que “estaba todo atado”. Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro y Ignacio Villa Elízaga. “Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles iba a conocer la verdad”, señala.

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. “A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos”, explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta.

En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O’Donnell, en los años ’70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás, según Virtudes Hernández. La mayoría de los adoptados eran de Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. Enrique Vila, abogado de Valencia se ha querellado contra la clínica. En Valencia estuvieron Cruz Martínez y Virtudes Hernández: “Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de esa clínica nos llevó a su casa, donde tenía encima de un armario torres de cuadernos con cientos de datos en páginas ya amarillas”.

Documentos, jeroglíficos

No había que dejar rastro. Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran “desconocidos”. Se suplantó a la madre biológica por la adoptiva, y quedaba registrada como parturienta. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia, y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también. Muchas veces ni siquiera coinciden las fechas. Pero como en una investigación cualquiera, todo tiene un sentido. Muchos afectados ya saben descifrar el jeroglífico. Virtudes Hernández, gracias a que tacharon mal su verdadero nombre en uno de los legajos, ha podido tirar del hilo 50 años después.

 

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“LA OTITIS, NUNCA UNA CAUSA DE MUERTE”
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 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html

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