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Posts Tagged ‘Derechos humanos de los familiares de los desaparecidos’

“Ya no podrás conocer a Papa, falleció el 24, pero Mama te seguirá buscando el resto de su vida…. Naciste el 17 de octubre de 1970 en Sevilla.”
Mensaje de Inmaculada B. D. el pasado 28 de octubre de 2011, en el grupo español “NIÑOS ROBADOS @”.

“La madre de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz falleció con la esperanza de que sus hijas estuvieran con vida y de que algún día su familia se pudiera reunir nuevamente; murió sin que el Estado hubiera determinado lo sucedido a sus dos hijas y establecido su paradero. La imposibilidad de averiguar el destino de sus hijas y la constante sensación de poder encontrarlas con vida le provocó un sentimiento de culpabilidad e impotencia. La frustración de no contar con la ayuda y colaboración de las autoridades estatales para determinar lo sucedido con Ernestina y Erlinda y, en su caso, castigar a los responsables, así como determinar el paradero de aquellas y lograr el reencuentro familiar, ha provocado graves afectaciones en la integridad física y psicológica de los familiares”.
Serrano Cruz contra el Salvador, Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 21 de marzo de 2005, párr. 114.

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Ambas citas forman parte de los múltiples materiales jurídicos y testimonios presentados en la Acción Urgente ante el Relator Especial ONU para la Prevención de la Tortura y los Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes, para pedir su intervención en el caso de los desaparecidos del franquismo. (Las víctimas del franquismo llevan su causa a Naciones Unidas reclamando una “acción urgente, http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/2011-11-02/las-victimas-del-franquismo-llevan-su-causa-a-la-onu/2011110220185600364.html).

Testimonios que ilustran una auténtica historia de horror todavía en desarrollo delante de nuestros ojos. Toda una auténtica “memoria histórica B”, o la verdadera “memoria histórica A”, la real y monstruosa en todo su significado y consecuencias; la que aún no ha sido contada a la ciudadanía española.

Es la historia de un grupo de Gobernantes que podían y debían cumplir y hacer cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos de este país. Tal y como habían jurado.

La historia de cómo unos personajes llamados Zapatero, Rubalcaba, De la Vega, les robaron sus derechos humanos más esenciales a miles de familiares de los desaparecidos. Derechos a los que esos personajes no tenían derecho ni de toser. Derechos que no emanaban ni eran una graciosa concesión de este también gracioso Gobierno al parecer, no, sino que eran derechos fruto de un Convenio Europeo de de Derechos Humanos de hace ya más de 60 años. Un Convenio cuya única, automática, obligación legal de este poder ejecutivo era darle cumplimiento. Sin ponerle, ni quitarle, una coma.

Cumplirlos y hacerlos cumplir. Articular su cumplimiento correcto y efectivo. Nada más. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no era de zapatero ni de Rubalcaba ni del resto de miembros del Consejo de Ministros, y sólo era necesario, en realidad, que no impidieran que ese Convenio y todos sus derechos llegase a las víctimas.

No “falsificar” esos derechos, que es lo que han hecho, ni sustituirlos por otros “derechos” alucionógenos, imaginados por esa “panda”– el inexistente “derecho a tener que ir de fosa en fosa buscando a tus muertos”, el inexistente “derecho a buscarte abogados, detectives y hasta análisis genéticos para buscar al hermano y tener que entrevistarte con monjitas-monstruo a las que abofetearías por participar en la desaparición de tu hermano para sacar unas buenas miles de pesetas piadosas de la época…”–.

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Y ello, absurdamente, cuando resulta que el Convenio Europeo sí que reconocía los auténticos derechos de los familiares de desaparecidos, los de verdad, y se los reconocía además, mucho antes de que Zapatero alcanzase el Gobierno, a todo ciudadano, en cualquier lugar de Europa, bajo cualquier Gobierno: el “derecho a una investigación, oficial, efectiva e independiente por parte del Estado, ipso facto, en cuanto se comunique a las autoridades la existencia de la desaparición”. El “derecho a la protección por parte del Estado de la vida familiar”. El “derecho a un recurso efectivo, real, fundamentado en la previa actividad probatoria de fruto de la investigación diligente del Estado” aludida. El derecho, muy especialmente – casi lo más grave de todo – “a no ser sometido a ninguna forma de trato inhumano, cruel o degradante” por parte del Estado, ni por acción ni por omisión, ni nada de nada de nada.

Argentina lo hizo hace ya más de 25 años mientras por aquí andamos así, Guatemala, Salvador, Honduras vinieron detrás: una Base Nacional de Datos Genéticos, pública y con todas las garantías, una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, una fiscalía especializada, unidades de policía judicial que busquen a los desaparecidos…y los familiares y asociaciones, Abuelas de mayo, Nietos, Madres, directamente aludidas en las leyes como parte del órgano colegial, participando democráticamente y con las garantías debidas ejerciendo un control democrático ciudadano, en las comisiones y organismos de investigación oficial….no abandonados a su suerte, de fosa en fosa.

Imagínense como cambia el “cuento”.

Y digo “cuento”, nunca mejor dicho, porque un auténtico “cuento”, una de las mayores y más canallas mentiras de lo que llevamos de democracia es lo que han protagonizado tales protagonistas y otros ayudantes secundarios de la impunidad al querer engañar a un país entero con algo falso de toda falsedad, e insostenible desde cualquier punto de vista de Pirineos para arriba. Porque esas “autoridades” llevan 8 años tratando de sostener, con toda su artillería mediática, por tierra, mar y aire, que a los desaparecidos los tienen que buscar sus familias y las asociaciones de víctimas.

Y eso no es verdad. Ni nunca lo será.

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Y lo indigno de que hayamos tenido semejante Gobierno que en vez de formar e informar a los ciudadanos sobre el alcance y el contenido de los derechos humanos, como específica forma de prevención y garantía de no repetición, se ha dedicado a tratar de sacar provecho mediático de ese mismo desconocimiento sobre el contenido esencial de derechos humanos del que es co-responsable…no se hacen a la idea como se ve desde mi punto de vista técnico, con el conocimiento de las obligaciones y responsabilidades de mínimos que un Estado tiene en materia de promover los derechos humanos, cuando informar verazmente de ellos y educar a la ciudadanía en una cultura de los derechos humanos es lo primero de lo primero…

Y, no me cabe la menor duda, antes o después la pura y simple verdad saldrá a la luz o cuando les termine dando la real gana, Rubalcaba y compañía lo terminarán admitiendo: a los desaparecidos los tiene que buscar el Estado y lo que esos “gobernantes” han estado haciendo encaramados al vértice del aparato del Estado es simplemente, inhumano. Y recalco lo de inhumano, que es el motivo último por el que no me resulta éticamente posible en conciencia votar a Rubalcaba. Inhumano, no sólo canallesco, que también, en cuanto a la parte del engaño intencionado el dar “gato por liebre” respecto el robo de los legítimos derechos humanos de todos esos miles de personas.

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Y digo exactamente “inhumano” porque resulta que no emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” además de ser una flagrante violación de las obligaciones del Estado es, ante todo, someter al entorno familiar a un sufrimiento mental y una angustia – derivada de la incertidumbre y el desconocimiento de la verdad de lo acaecido con su ser querido – constitutiva de “trato inhumano” conforme el artículo 3 del Convenio Europeo; sufrimiento éste reconocido como diferenciable, adicional, fruto de la prolongación de la situación de desaparición tolerada por las autoridades, respecto del propio sufrimiento “inevitable” a la propia ejecución del ser querido.

Y eso tampoco es de antes de ayer, no.

Lo dijo ya el Comité Internacional de Derechos Humanos en el caso Quinteros Almeyda. En 1983. En un caso de niños perdidos en Argentina precisamente, que lo cambió todo en aquel país. Lo recogió después la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Bámaca Velasquez contra Guatemala, lo recogió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Kurt contra Turquía, y desde allí todo lo demás, Serrano Cruz, Molina Theissen, Tas, Timurtas, y más todavía, en una misma línea, férrea, de los organismos de derechos humanos a ambas orillas hermanas de nuestro Atlántico.

Y, por supuesto, Srebrenica, que, literalmente, marcó un espaldarazo internacional a muchas más cosas todavía en relación a las familias de esos desaparecidos cuyas autoridades no querían buscar además de la propia cuestión del trato inhumano.

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Y en la que acaso sea una de las formulaciones más sencillas y accesibles de entender a los fines expositivos de un artículo divulgativo como este, en la condena a Rusia por “trato inhumano” a los familiares de los desaparecidos en el caso Luluyev se podía leer:

“La Corte reitera que la cuestión de cuando un familiar puede demandar ser víctima de un tratamiento contrario al artículo 3 dependerá de la concurrencia de factores especiales que dan al sufrimiento del recurrente una dimensión y carácter distinto de la desazón emocional que puede ser entendido como inevitablemente causado a los a los parientes de una víctima de una violación grave de los derechos humanos. Los elementos relevantes incluirán la proximidad de la relación familiar – habrá de darse un peso cierto al vínculo paterno-filial en dicho contexto – las particulares circunstancias de la relación, la medida en la que el miembro de la familia presenció los hechos, la implicación del miembro de la familia en el intento de obtener información sobre la persona desaparecida y la forma en la que las autoridades respondieron a tales investigaciones (…) Más allá de ello la Corte quiere enfatizar que la esencia de una tal violación no reside principalmente en el hecho de la “desaparición” del miembro de familia sino más bien concierne a la reacción y actitud de las autoridades ante la situación cuando es suscitada su atención sobre ello.

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Ello mientras que en el caso de Chipre contra Turquía se pasaría a anteponer, específicamente, el especial valor de la propia circunstancia del “contexto generalizado de las desapariciones”, en medio de una situación vivida como de auténtico terror social:

“debe tomarse en consideración que las operaciones militares resultaron en una considerable pérdida de vidas con arrestos a gran escala, detenciones y desapariciones forzadas de sus familiares. La vivencia del conjunto de toda esa situación permanece viva en la mente de los familiares de todas esas personas de cuyo paradero jamás han respondido las autoridades. En ellos permanece la agonía de no saber si los miembros de sus familias fueron asesinados en el conflicto o continúan todavía bajo alguna forma de detención o, en el caso de que hubiesen sido detenidos, fueron detenidos hasta su muerte (…). La facilitación de todo ese tipo de información es la responsabilidad de las autoridades del Estado denunciado. Esa responsabilidad no ha sido cumplida. Para la Corte ese silencio de las autoridades a la vista de todos los esfuerzos de los familiares de los desaparecidos alcanza un nivel de gravedad que sólo puede ser categorizado como “trato inhumano, cruel o degradante” en el sentido del articulo 3. Por todas esas razones expuestas la Corte concluye que durante todo ese periodo de tiempo examinado ha existido una violación continuada del artículo 3 de la Convención respecto los familiares de los desaparecidos griego-chipriotas”.

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Y, como si no fuese suficientemente firme tras dos décadas de consolidcación jurisprudencial de forma unánime, todavía vendría un ulterior reforzamiento porparte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido sin cesar en reforzar todo ello todavía más, a la luz de avalancha de casos de las fosas chechenas que, finalmente, llegaron al Tribunal Europeo en 2008 y 2009.

De modo que en Lyanova y Aliyeva contra Rusia, la familia sufrió en el desconocimiento de la suerte paradero del desaparecido debido a la ausencia de una investigación oficial y efectiva, durante más de 8 años. Y Rusia fue condenada por violar el artículo 3 del Convenio Europeo, prohibición de toda forma de trato inhumano cruel o degradante, respecto de los familiares.

Y en Akhmadova y Akhmadov contra Rusia, la familia sufrió en el desconocimiento de la suerte del desaparecido debido a la ausencia de una investigación oficial y efectiva, durante más de 5 años. Y Rusia fue condenada por violar el artículo 3 del Convenio Europeo, prohibición de toda forma de trato inhumano cruel o degradante, respecto de los familiares.

Y en Takhayeva y otros contra Rusia, la familia sufrió en el desconocimiento de la suerte del desaparecido debido a la ausencia de una investigación oficial y efectiva, durante más de 4 años. Y Rusia fue condenada también por violar el artículo 3 del Convenio Europeo, prohibición de toda forma de trato inhumano cruel o degradante, respecto de los familiares.

Cifras de años de duración de la desaparición todas ellas, 4, 5, 8 años…que no tienen parangón con el completo abandono de los deberes de “investigación oficial efectiva e independiente” por parte de las autoridades españolas durante décadas para que venga ahora el Gobierno Zapatero con cuatro chascarrillos copiados de una orden de Franco de primero de mayo de 1940 sobre exhumaciones, y de espaldas a todo el derecho internacional y los ponga en una “ley”… no hombre, no.

Por todo ello, por lo extraordinariamente claro y grave que es todo esto, sé que ni vencerán, ni convencerán.

Y sé que por más que huyan hacia delante y vayan echándose sobre su conciencia la muerte de más gente que morirá sin poder saber donde están sus niños perdidos, algún día no tendrán más margen de huida y les tocará, de todas formas, reconocer eso mismo que, erre que erre, llevan ya 8 años de Gobierno negándose a reconocer – y que Rubalcaba en particular lleva ya varios meses negándose a rectificar también –.

Reconocer que a los desaparecidos los tenía que haber buscado el Estado, pedir perdón a las víctimas con la cara colorada, y todo el lote que es lo que les tocará de todas formas. Pero muy tarde ya para parte de toda esa gente que, ahora mismo, sufre de forma inhumana.

Soy socialista desde que comencé a tomar conciencia política, pero yo no puedo votar a quienes no sólo someten a “trato inhumano cruel y degradante” a todas esas miles de personas sino que, todavía, ni siquiera son capaces de rectificar. Porque – que nadie se confunda –, quienes tampoco son capaces de rectificar ni siquiera ahora vuelven a demostrar, por si no había quedado suficientemente claro, que incluso ahora siguen anteponiendo otros cálculos políticos a un sufrimiento que es urgente y prioritario atajar para ayer, desde ya.

Y por eso antepongo esta objeción de conciencia a votar a Rubalcaba – como no votaré a ninguna otra opción que no se comprometa con estos derechos humanos y con hacer cesar inmediatamente esa urgente situación – porque aquí estamos hablando de “trato inhumano cruel y degradante” de miles de seres humanos. “Trato inhumano cruel y degradante”, los organismos de derechos humanos lo dejan muy claro. Y “trato inhumano, cruel y degradante” de miles de familias.

Y eso es algo tan grave que no debería ni hacer falta aportar ni argumentar nada más.

Alfredo Pérez Rubalcaba mismo debería ser el primer socialista que saliese, mañana mismo, y en su calidad de candidato a dar la cara y rectificar toda esta locura envenenada que continua atenazando sin compasión a todas esas familias.

Y de no ser así, mañana mismo debería alzarse la voz de más compañeros comprometidos con los derechos humanos, dando la cara de verdad no solo en las conversaciones de café, que reclamasen el cese de toda esa situación y el normal cumplimiento, y de una vez, de los derechos que el Convenio Europeo de Derechos Humanos regateados hasta ahora a todas esas familias.

Qué menos que eso.

Y ya sé que debo ser poco menos que un irresponsable, un “pepero” y no sé cuantas cosas más que va y se le ocurre insistir en reclamar en primer lugar y por delante de cualquier otra cosa que se rectifique de forma seria, ya, respecto de tales violaciones que son muy graves, muy concretas, y que afectan a derechos humanos nucleares de muchas personas.

Menos mal sí, que, efectivamente, no tengo nada que pensar ante semejante situación atroz.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Según parece lo de ahora con el 20 N es  poco menos que cuando las huestes de Cartago se acercaban, implacables, a las murallas de las atemorizadas ciudades romanas: “Aníbal ad portas”, “Aníbal está a las puertas”…

O así se pretende.

Toca que todos lo olvidemos todo y dejemos de lado todo, nada importa: “Rubalcaba Presidente!” “Rubalcaba Presidente… que viene Rajoy”… colofón habitual, y cierre precipitado, a cualquier conversación crítica sobre las graves violaciones de derechos humanos que  el Gobierno socialista ha cometido con las víctimas del genocidio franquista y que no se le ve ni intención de rectificar.

Todos tenemos que ayudar a que Rubalcaba y los suyos conserven sus menguantes sillas – y los sueldazos y prebendas que van con ellas –…digo, todos tenemos que ayudar a defender las mismísimas murallas del progreso y de esa democracia, de la buena ,de la que Zapatero, Rubalcaba y los suyos han tenido a bien servirnos unas cuantas raciones, ya se sabe:, “¡Rajoy ad portas!, ¡Rubalcaba Presidente!”.

No hay tiempo para debates sobre que es lo que hemos hecho en materia de derechos humanos con las víctimas del franquismo – o sobre como hemos cercenado brutalmente el principio de justicia universal, con los métodos expeditivos y opacidad habituales de los últimos tiempos – .

¡Ahora no toca debatir esas cosas!. Bueno antes tampoco tocaba.

Ni se nos dejó debatir ni la ley de la memoria ni la reforma express y de tapadillo de la justicia universal, la reforma constitucional de nuestro Estado Social… Pero, bueno, ya tocará, esta hornada nuestra de dirigentes que irá al 20 N ya dejará los reformazos y dejará de hacer lo que le de la gana en nuestro nombre – pero sin nosotros –  cuando…esto…”Rubalcaba Presidente!, Rajoy ad portas!”

Porque si Rubalcaba-Zapatero, esos dos pro hombres del socialismo y los derechos humanos, pierden estrepitosamente el 20 N, – y recogen lo que han sembrado -, nuestro PSOE de los 100 años dejará de existir para siempre, ¿no se habían enterado?.

Lo siento pero no. Simplemente no.

Uno puede tener más o menos aguante con las cosas de la “real politik” lamentables… que han sido unas cuantas.

Pero con las violaciones flagrantes de los derechos humanos: no.

Nunca.

Y si es con la violación de los derechos humanos de miles de seres humanos abandonados a su suerte tras toda una vida de sufrimientos, como en este caso, mucho menos. En algún punto tiene que haber un límite y un mínimo de justicia y Estado de derecho para estas personas.

“Rajoy ad portas” o quien sea para justificarlo.

Para justificarlo y para volver a hurtarnos el debate sobre lo que se ha hecho con las víctimas del franquismo, y sobre todas las mentiras para engañar a un país que de derechos humanos nunca se les ha contado demasiado, bien podrá.

Porque los derechos humanos son la base de la propia democracia, de cualquier noción de progreso social; y si se acepta su grave violación por parte de quien sea – y con la justificación o pretexto que sea – estaremos cayendo por una profunda pendiente, y no ya sólo como partido, como personas, como sociedad.

Porque los derechos humanos se defienden, siempre, y ante quien sea, al precio que sea.

O por lo menos los militantes socialistas que para eso lo somos. Para defender los derechos humanos, los valores democráticos y de justicia social.

Y sentemos de una vez, al menos, cuatro puntos claros, cristalinos, que de verdad en la vida me he encontrado de frente una práctica jurídica tan indecente y deleznable – tan cerril y con un coro de ayudantes que jamás han abierto siquiera un libro de derecho internacional pero tan dispuestos a justificar lo injustificable – como todo lo que me he ido encontrando vergüenza tras vergüenza , con todo este circo de la “ley de la memoria” y la injustificable actuación que hemos tenido con los desaparecidos del franquismo:

1-“El mero hecho de que las autoridades sean informadas del asesinato de un individuo da lugar, ipso facto, a la obligación, bajo el artículo 2 de la Convención, a llevar a cabo una investigación efectiva acerca de las circunstancias que rodearon la muerte (…) dicha obligación resulta igualmente aplicable en casos en los que una persona ha desaparecido en circunstancias que puedan ser consideradas como de temor por su vida. A este respecto, debe ser aceptado que cuanto más tiempo pase sin noticia alguna por parte de la persona que ha desaparecido, mayor resulta la probabilidad de que él o ella han muerto”.Caso Seker contra Turquía, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de mayo de 2006, párrs 67 y 69.

2-“(las autoridades) no pueden dejar esta cuestión a la iniciativa de los familiares para plantear una denuncia oficial o asumir la responsabilidad por el impulso de cualesquiera procedimientos de investigación”. Caso “Kelly y otros contra el Reino Unido”, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 4 de mayo de 2001, párr. 94.

3- “10.2. Los miembros de la familia de las personas desaparecidas deben ser reconocidos como víctimas independientes de la desaparición forzada y les debe ser garantizado el “derecho a la verdad”, es decir, el derecho a ser informado del destino de los familiares desaparecidos.”Resolución 1463 del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre las desapariciones forzadas, 2 años antes de la ley de memoria del Gobierno Zapatero.

4- “Artículo 25.2. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el inciso a) del párrafo 1 del presente artículo y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales aplicables.Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Diciembre de 2006. Nuestra “ley de la memoria” es de 26 de Diciembre de 2007. Ni se les menciona.

Qué inmenso dolor, qué inmensa violación de los derechos humanos de tantas personas…y qué pocas palabras para describirlo.

Si cualquier compañero como el que me dijo no hace mucho en Facebook – en una de las páginas del candidato Rubalcaba, por cierto – que esto eran “cosillas” viese con sus ojos todo ese dolor –  la situación en la que hemos dejado a esas personas , a estas alturas podiamos haber encontrado a docenas de niños y restituido los restos mortales de decenas de miles de exterminados –  no se atrevería a repetirlo.

En cambio nos hemos pasado 8 años enteros, 2 legislaturas, negándonos a cumplir ninguna de esos derechos básicos de la persona y de muchos otros derechos humanos en juego, “sentenciados” “saqueados” “crímenes contra la humanidad” de género que ni se mencionan en la ley. No tiene fin.

Pero vamos, todo eso “eran cosillas” para ese compañero, y para alguna otra…y decir eso es, simplemente, la “banalidad del mal”; tal y como la definió Hannah Arendt letra a letra: la capacidad de mirar para otro lado y callar, dejar hacer, justificar…sin muchos que callasen, consientesen y apoyasen no se podrían violar de semejante manera los derechos humanos de nadie… y si este compañero no entiende lo que estoy diciendo de Hanna Arendt, etc, que lo busque el libro cuando tenga tiempo…otra “cosilla” más para su lista.

Hannah era, por cierto, otra compañera nuestra que tampoco se cruzó de brazos ante violaciones de los deberes más básicos de humanidad, no le andaría mal leerla…

Y todas estas “cosillas” son tan graves que de hecho aun hay una quinta “cosilla” más que también todos los compañeros deberían tener derecho a conocer:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”. Resolución 1463 del Consejo de Europa sobre las desapariciones forzadas, de 3 de octubre de 2005, dos años antes de la “Ley de la memoria”.

Y luego puede que algunos pretendan que lo que son, y lo que no son, derechos humanos en Europa no se define, – tan clarito como se lo he explicado – en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino que debiera definirse en Ferraz, en Moncloa…bien ese es su problema.

Como digo, a día de hoy –  y desde hace más de medio siglo alguno no se ha debido enterar todavía -,  lo normal es que lo defina el Convenio Europeo y las resoluciones y sentencias internacionales en materia de derechos humanos.

Esto no es un debate teológico sobre el sexo de los ángeles.Esta todo perfectamente definido y negro sobre blanco en materia de deberes del Estado y sus responsables.

Y tales cosas debieron haber sido observadas por nuestro Estado en el plano interno desde el “minuto 0”, desde la misma entrada en vigor de la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles o del artículo 10.2 de la Constitución. Antes en realidad.

Pero, punto y a parte, al margen de lo que no se hizo (mal) hace treinta años lo que está claro es que obstinarse en no hacerlo en los últimos 10 años, metidos ya en pleno 2011, e inmediatamente después de todas esas sentencias y resoluciones… es otra cosa todavía peor. Es incontestablemente ilegal, pero de responsabilidad internacional de Estado perfectamente fundamentable ya… y hasta de responsabilidad personal penal de determinadas autoridades ante la justicia si tuviésemos los deberes hechos en nuestra legislación interna con la Resolución 1463. Tan tremendo como eso.

Y José Luis Rodríguez Zapatero nos gobierna desde 2003, casi de forma subsiguiente a tales sentencias y resoluciones, bastantes más  todavía que las refrendan en realidad. Siempre en el mismo sentido: el Estado debe buscar a los desaparecidos con todos sus medios disponibles. Debe restituirlos a las familias, debe investigar las desapariciones…

Y ahora díganme que Rajoy hará también esto o lo otro cuando gobierne – entre niño y niño que se coma al parecer –, o díganme que Adolfo Suárez no hizo nada. Antes o despues se entenderá la verdadera dimensión de las ilegalidades en materia de derechos humanos que aquí se ha perpetrado contra todas esas personas…

Que me parece igual de mal, pero esto que ha venido pasando desde, 2005, 2006, 2007…miren las fechas que les doy…tiene como responsable principal e inexcusable al Gobierno Zapatero.

Lo siento.

De modo que podemos decir que la realidad es que, en particular, el Ministro Rubalcaba, al igual que el Ministro Alonso –que ha sido el otro Ministro socialista a partir de 2005 tras la aprobación de la Resolución Europea o de 2006 con la nueva Convención ONU, pero Alonso no se ha sometido así mismo voluntariamente a nuestro escrutinio ciudadano en campaña –, ha desatendido algunas de sus obligaciones básicas que cualquier Ministro de un Estado de Derecho tiene reconocidas en materia de derechos humanos.

Tanto que si la citada resolución 1463 del Consejo de Europa de 2005 hubiese sido recogida en nuestro derecho interno iba a costarle algo más que unos votos… “pena de cárcel …”.

Pero ahora él o alguno de quienes a pesar de todo esto tan grave le siguen apoyando, acuden al movimiento memorialista a pedir el voto: “Rajoy ad portas”, que viene Rajoy.

Que hayan perdido por completo el rumbo en demasiadas cosas ya no debe importarnos: ¡Rajoy ad portas!, votemos a Rubalcaba que es el único voto útil, según ellos, visto que tenemos una legislación electoral profundamente injusta…

Que no cuenten conmigo.

Con el comportamiento que Rubalcaba ha tenido con los niños perdidos del franquismo me basta y me sobra para valorar a este candidato socialista.

Hagan un ejercicio de ponerse en su lugar por un momento. Son Ustedes por un momento Ministros del Interior, saben que hay perfecta constancia de cientos, de miles, de desapariciones forzadas infantiles en España, y eso son crímenes contra la humanidad. Saben que hay constancia de miles de fosas clandestinas con decenas de miles de exterminados dentro, más de 2000 fosas hasta la fecha.

Hay familias rotas, sufriendo día a día por nos saber donde están sus seres queridos salvajemente masacrados o donde están sus hijos, hermanos, niños desaparecidos que siguen vivos en su gran mayoría (son nuestros desaparecidos en vida) y Uds. tratan de buscarles sin medios con procedimientos interminables, sin que, nadie, como último agravio, sea capaz de reconocerles como lo que son: víctimas también ellos del crimen contra la humanidad de desaparición, porque así expresamente les reconoce el Estatuto ONU de este tipo de delitos.

Ustedes, como digo, son Ministro del Interior, a sus órdenes, y bajo su responsabilidad de Estado, la policía nacional, guardia civil, laboratorios, medios estatales, etc, etc, etc…

Y entonces van Ustedes y no mueven una hoja de papel, dejan pasar, miran para otro lado. La Constitución española dice que como miembros del Gobierno es su responsabilidad cumplir y hacer cumplir a otros los derechos fundamentales…pero según parece hay otros “considerandos”.

Según la mismísima Convención de la Haya de 1898, hace más de un siglo, por derecho o no por derecho (que en el caso de los desaparecidos del franquismo no lo podía ser más), en todo caso, hay unas obligaciones básicas de humanidad, unas “costumbres propias a todas las naciones civilizadas” entre las que están el digno entierro de los difuntos, la protección de madres y niños…pero eso también le da igual…

¿Se imaginan Uds. así mismos actuando de esa manera, echando esos actos sobre su conciencia como ser humano?

¿Si fuese alguien de su entorno…calificarían Uds. a quien actuase así?

Y lo peor es que al final tanto tentarse la ropa y tanto paripé para acabar quemando las naves con una cosa lamentable como la de la reforma constitucional que le ha estallado en la cara o la mentira de que no había crisis…

De modo que ahora Rubalcaba – sin siquiera rectificar y pedir perdón y decirnos como va a hacer ahora como candidato lo que antes como Ministro no quiso hacer, ni porque habríamos de creerle ahora – viene y nos pide el voto.

Lo siento. Mi conciencia no me permite apoyarle a Ud. Sr. Rubalcaba, porque Ud. no ha apoyado a todas esas familias con el mero, normal, cumplimiento de sus deberes de Estado.

Y cada cual verá. Porque en este movimiento memorialista nuestro no nos faltarán a quienes todo esto no les importe lo suficiente como para seguir votando a Rubalcaba….

Por mi parte, en cambio, creo que el 20 N debería ser una fiesta del movimiento memorialista y de todas las personas que han luchado dentro de los tribunales, o los Ministerios, o concentrados a las puertas de unos y otros – siempre solos manifestación tras manifestación – para decirle a Rubalcaba y Zapatero – que siempre estaban del otro lado – que NO han actuado bien.

Les aseguro que si lo hacemos bien esta vez si que nos escucharían. Creo que de hecho sería la primera vez que lo hicieran de verdad.

Esa será la mejor recogida de firmas del movimiento memorialista contra la impunidad del Franquismo. No digo que sea la última, digo la mejor forma de mostrar nuestro rechazo ese día.

Será también el mejor manifiesto.

El más efectivo y el que más tiempo se tardará en olvidar si conseguimos movilizarnos a nosotros mismos y a todo nuestro entorno.

Creo que merecería la pena crear una estructura de coordinación nacional y una campaña en toda regla para ir el 20 N a decirle a Rubalcaba y a Zapatero, en las urnas, lo que pensamos en el movimiento memorialista de todo esto.

A sacarles la tarjeta roja que ellos, miembros del Gobierno que ha maltratado a las familias de los desaparecidos, merecen.

No considero que sea únicamente una cuestión de dignidad básica del movimiento memorialista – si te pisan el cuello lo normal es no dar después las gracias además…si es que quieres que te tengan algún respeto alguna vez – sino una forma de establecer un nuevo entendimiento con el que le tome el relevo a Rubalcaba después.

Cuanto más elevada sea a factura que se pase ahora, mucho mejor entendimiento tendremos la siguiente vez que se les ocurra toda esta frivolidad con los derechos humanos de las víctimas del genocidio franquista.

De modo que, es mi sincera convicción, y así la expreso, que el movimiento memorialista debe pensar en el 20 N como parte de una estrategia más amplia. Creo que el 20 N ha llegado el momento de que de verdad empecemos a demostrar un par de cosas en este país, y me refiero en muy distintos sentidos.

Soy socialista. He votado socialista siempre. Por primera vez en mi vida no lo voy a hacer. No depositaré mi voto a favor del Ministro que no movió ni un solo dedo para buscar a los niños perdidos cuando pudo.

Creo en un PSOE republicano bastante mejor que este. No en ningún PSOE perfecto, ni remotamente.

Pero si en un PSOE que, con todos sus errores, respete de forma sincera los derechos humanos, que me parece lo mínimo para un PSOE digno. Al menos eso.

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El derecho de toda víctima de crímenes internacionales a “la revelación pública y completa de la verdad” en su sociedad y la responsabilidad de nuestros medios informativos en el maquillaje de gravísimos abusos gubernamentales.

 Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Pocas cosas me parecen una manipulación  de mayor calado que la forma en la que todavía se siguen tratando de maquillar las desapariciones forzadas infantiles del franquismo,  crímenes de lesa humanidad, condenadas en marzo de 2006 por el Consejo de Europa en su totalidad, tamién los miles de víctimas de sus inicios en 1939. Las que ahora, una y otra vez, se pretende obviar. Niños perdidos “A” y niños perdidos “B” al parecer, unos más indigestos que otros como ya apunté en algún otro artículo.

Que con todo lo que ha llovido en el plano internacional en las últimas décadas en materia de crimen de desaparición forzada en este país castizo nuestro aún andemos así, de verdad que impacta la conciencia y la inteligencia.

Y cuando hablo de todo lo que ha llovido, me refiero a ello con conocimiento de causa: hablo de las resoluciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de naciones Unidas y la Corte Interamericana desde inicios de los 80, de la Declaración contra las desapariciones de 1992, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Convención de 2007, de la jurisprudencia de Nuremberg mucho antes…según parece da igual, seguimos siendo así de civilizados como nación.

Es que ni siquiera estamos ante crímenes contra la humanidad “normales” que ya sería motivo sobrado para llamar las cosas por su nombre, sino que el artículo 7.2.b) de Convenio Internacional contra las desapariciones forzadas define claramente:  “ b ) Sin perjuicio de otros procedimientos penales, circunstancias agravantes, especialmente en caso de deceso de la persona desaparecida, o para quienes sean culpables de la desaparición forzada de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidades u otras personas particularmente vulnerables  “

Y eso partiendo de que, como digo: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable” (artículo 5).

Y ni siquiera me molestaré en explicar que penalmente se roba con fuerza o con violencia, una cartera, una radio, un vehículo si se quiere…y muchas cosas más. Pero no se “roba” personas. Las personas se secuestran, se detienen ilegalmente, o, como en este caso, se las hace desaparecer:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” (artículo 2)

/ todavía el artículo 25 de la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas: “1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;”

Me van a disculpar, pero esto del “robo de niños” es una tomadura de pelo.

¿No se entiende en buen castellano lo que dice la Convención Internacional?, lo digo porque estouy citando la traducción oficial de Naciones Unidas a nuestra lengua. ¿No surge dicho contenido con normalidad de todo lo que, de hecho, ya se había reconocido mucho antes?, ¿no ha firmado España esa convención y no está ya en vigor?

Y por supuesto el deber del Estado no es el de investigar a los desaparecidos a partir de 1969 – que curioso, en Nuremberg se enjuició a Keitel por desapariciones producidas desde el 7 de Diciembre de 1941 con la orden “Noche y Niebla”, pero en España, al parecer, nos tendremos que conformar con dejar fuera de la aplicabilidad de Nuremberg la ley que artículo la desaparición infantil de Franco de 4 de Diciembre de 1941 (Ley sobre inscripción de niños “repatriados” y “abandonados” – comillas propias – BOE n. 350 de 16/12/1941), tan sólo tres días antes.

El deber del Estado sería emprender una “investigación oficial efectiva e independiente”, simplemente porque así lo llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no hay muchas más vueltas que darle a la cuestión; y hacerlo para ayer además,  – bueno para ayer no, para hace 30 años desde que recuperamos la “democracia” y el “Estado de derecho” – investigar todas las desapariciones infantiles del franquismo por igual, las primeras, las segundas, las terceras y todas las que haga falta, incluida la participación escandalosa de la Iglesia Católica en estos crímenes contra la humanidad.

Eso y comenzar a aplicar el Estatuto ONU para víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, que incluye el debido reconocimiento social de tales víctimas.

Porque cuando el redactor de turno habla de “robo” de niños en vez de carteras y se le olvida llamar a las cosas por su nombre y añadir aquello de los “presuntos crímenes contra la humanidad” está colaborando ya a robarles a esos niños y sus familias parte de su consideración debida como víctimas de crímenes internacionales y ocultando su condición.

Por todo eso me temo que al hablar de “robo de niños” se desinforma y se sigue desinformando a la ciudadanía.

“Robo de niños”: aparece en la columna, en la tertulia, o en el informativo de las 15:00, aunque el “robo” de niños como figura jurídica no exista. Se roban las carteras, o los televisores, no los niños.

“Robo de niños”: y ya no estamos ante “desapariciones de lesa humanidad” y por tanto de Derecho penal internacional, sino ante “robos” ordinarios.

“Robo de niños”: y no estamos ante una conducta de Estado, sino ante “robo” de particulares.

“Robo de niños”: y hablar de “robo”, que quieren que les diga, no suena lo mismo que hablar de “lesa humanidad”, respecto prescripciones, amnistías ilegales que se nos quieran poner encima de la mesa…

“Robo de niños”: y ya no hay familias a las que de tratarse de “crímenes contra la humanidad” – en vez de una inexistente figura de “robo” de niños – habría que aplicarles el Estatuto ONU para víctimas de violaciones internacionales de los derechos humanos….

Aunque en el fondo sí que es verdad que algún “robo” si que se da en todo este tema lamentablemente, aunque no sea de niños…porque cada vez que un periodista habla de “robo de niños” está contribuyendo de manera adicional y de su puño y letra a que se nos roben otras cosas y que los derechos humanos de esas personas y la gravedad real de las violaciones cometidas quede un poco más lejos…

Que quieren que les diga pero me parece una falta de respeto de las grandes hacia las víctimas, que lo son de crímenes de lesa humanidad, que ya es bastante, y tienen que soportar además que, día sí, día también, se les regatee el reconocimiento social de esa condición…que resulta que es una de las formas de reparación debida, y así se les niega hasta eso también…

Porque una de las formas de reparación a la que las víctimas tienen derecho es a “la revelación pública y completa de la verdad”, con el único límite de que “esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones”

Y así durante meses me parecía mal, pero no me sorprendía, la forma en la que “El Socialista”, boletín interno de la militancia del PSOE, cantaba las alabanzas de eso de la nueva ley de la memoria ejemplar que haría que las familias tuviesen que buscarse la vida de fosa en fosa buscando a los suyos – copiado a Franco, que violaba 4 artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero en “El Socialista” esos pequeños matices críticos los pasaron por alto… –.

Lo que me dejaba mucho más impactado era la forma en la que medios de comunicación de los considerados serios e independientes…hacían la misma alabanza que el Socialista a una ley que violaba esos derechos humanos y copiada de Franco y casi sin recoger prácticamente nada de nada de todo eso de que la ley, copiada a Franco, violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia del Tribuna Europeo y esos detallitos … Recuerdo que lo comentaba en alguna conferencia fuera de nuestro país, y hasta enseñaba algún artículo periodístico de un conocido medio nacional que había leído en el avión para que lo viesen por si mismos, y se quedaban sorprendidos…y así hasta la fecha.

Pero nada de eso puede ser, porque sencillamente no es así y desvirtúa demasiadas cosas que no se deberían desvirtuar.

Sinceramente creo que con demasiada frecuencia perdemos de vista en nuestro país, militantes de uno u otro partido o colectivo social, periodistas de una u otra línea editorial, todos, que los derechos humanos son una responsabilidad de todos. Que la vigencia y valor de derechos humanos comienza por cada uno de nosotros. El que está dispuesto a mirar para otro lado o incluso justificar una violación de los derechos humanos por una coyuntura – e especial si esa violación no nos afecta directamente, más tentador – o el que no lo está.

O como dice otra de esas resoluciones internacionales que debieran ser más normales al sur de los Pirineos pero que, lamentablemente, no lo son tanto, la “Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, la responsabilidad primordial del cumplimiento de los derechos humanos es del Estado pero corresponde también a toda persona, colectivo o persona física o jurídica, profesionales, funcionarios, voluntarios, a todos, el derecho y la responsabilidad de hacer efectiva su vigencia.

(http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.res.53.144.sp)

 

Esto se ahonda un poco más en el caso de los periodistas con el consabido manifiesto por el Periodismo y los derechos humanos:

 

 “La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco ético del periodismo.”

“Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones.”

La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo

(http://www.manifiestoperiodismoyderechoshumanos.com/ )

Pero, imagínense, hasta a las propias instituciones del Estado les da por completo igual el deber oficial y vinculante de investigar esas desapariciones y tener el mínimo respeto por las víctimas de llamarlo por su nombre como importe lo más mínimo recomendaciones ONU, manifiestos bien intencionados, ni gaitas, sobre la responsabilidad del periodista ante las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales.

Por supuesto el problema debe ser que todo esto que estoy diciendo es muy poco objetivo, y en vez de ceñirme y tener por norte civilizado (sin tirar cohetes) los acuerdos de mínimos de todos esos tratados internacionales de derechos humanos, debería ser objetivamente fiel a una u otra línea editorial de apoyo o crítica al Gobierno, como si esto tuviese algo que ver.

Eso debe ser lo civilizado de verdad, anteponer el carnet en el caso de los militantes silenciosos, o la línea editorial o no sé cuantas cosas más, todo lo que haga falta, a los pobres derechos humanos.

De modo que adelante, sigamos construyendo entre todos, esa sociedad que antepone todo o niega los derechos humanos del otro, o los que no nos van cómodos con la coyuntura electoral o la línea editorial, en vez de intentar volver a establecer un respeto real por los derechos humanos como mínimo común denominador y decir entre todos que todo esto que se está haciendo con los niños desaparecidos y las víctimas del genocidio franquista ya pasa de castaño oscuro y sumados todos sus detalles es una autentica canallada.

Y escribo esto en el día de hoy que hemos conocido el brutal asesinato de Marcela Yarce y Rocío González, dos periodistas mexicanas por ser eso, periodistas y por cumplir con su trabajo.

¿No es posible publicar tratar de una forma informativa seria el hecho de que nuestro Gobierno está dejando sin investigar miles de desapariciones infantiles del franquismo – no hay ningún otro precedente internacional de semejante escala salvo el caso de las desapariciones de niños aborígenes en Australia desde 1910 hasta los 70 – ¿no es posible decir alto y claro que dichas desapariciones son presuntos crímenes contra la humanidad según todo el derecho internacional y que con dicha conducta omisiva nuestras instituciones están cometiendo ya una adicional violación de los derechos humanos de esas familias?

Mientras algo tan básico siga siendo así mucho me temo que los niños no será lo único que seguiremos teniendo perdido en este país.

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La negación de una investigación oficial en España a las víctimas de Franco y la presunta responsabilidad criminal de miembros del Gobierno Zapatero a la luz de la Resolución 1463 del Consejo de Europa.

 

Miguel Angel Rodriguez Arias.

Nueva Tribuna/Rebelion 15/09/2009

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

En tales claros términos se expresaba la Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas. Resolución aprobada dos años después de la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y todavía sin aplicación hoy en nuestro país, ya en 2010.

No sé, quizá es una impresión mía, pero como España es el segundo país del mundo en desaparecidos en fosas clandestinas –por no hablar de los “niños perdidos”– y el primero de entre los países del Consejo de Europa muy por delante de Rusia o Turquía pudiera parecer que las autoridades españolas debían ser las primeras en darse por aludidas e introducir las modificaciones pertinentes en nuestro código penal para que, entre otras cosas, el artículo 408 contemplase una tal específica modalidad agravada del delito de omisión del deber de perseguir delitos: el delito de no perseguir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y contra la paz diferenciado del resto de delitos y tomado en serio, conexamente inamnistiable, conexamente imprescriptible … porque si supuestamente blindamos tales delitos internacionales pero no el delito de omisión de perseguirlos puede salir algún Ministro en televisión diciendo que nuestra justicia ya ha cumplido con las víctimas de Franco… y no es que a estas alturas me inmute siquiera con semejante despropósito… aunque sí que preferiría que donde lo dijese el Sr. Ministro fuese ante un tribunal de estar plenamente vigente en nuestro país la Resolución 1463… como si la consciente omisión de investigar toda desaparición forzada fuese un delito de la extraordinaria gravedad que justamente es…

Claro que ¿se imaginan que el legislador mayoritario en 2005 al tiempo de la Resolución 1463, el PSOE, hubiese implementado dicho llamamiento para que los Estados reforzasen legislativamente la omisión del deber de investigar desapariciones forzadas de modo que, un par de años después, en 2007, hubiese podido llevar a alguno de los integrantes de su propio Gobierno ante los tribunales en virtud de la omisión sistemática de toda investigación que determina en la práctica la “ley de la memoria?

Esa misma ley de impunidad que en Oporriño, en el TS y en otros tribunales citan jueces y magistrados para inhibirse de su deber de investigar…

Porque la obligación de nuestro Gobierno al legislar en esta materia era justamente la contraria, como también ha señalado el Tribunal Europeo a Grecia y a otros Estados en relación al articulo 2 del Convenio Europeo: el deber de legislar sí, pero legislar adecuadamente, no de cualquier manera, no siguiendo cualquier ocurrencia, legislar para garantizar la plena aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos…

No legislar para garantizar su completo incumplimiento, que es lo que viene a hacer la “ley de la memoria”, auténtica maquinaria de generar responsabilidad internacional de Estado.

De modo que con los ecos de la también reciente resolución argentina, allende los mares, abriendo camino a tales investigaciones, allí, de lo que los ayudantes de la impunidad no nos dejan investigar aquí, lo que en todo caso queda en evidencia, una y otra vez, también desde el punto de vista de la aludida Resolución 1463, es que la forma en la que el Gobierno de la nación está gestionando todo esto es de una extraordinaria gravedad, desentendiéndose de los deberes de “investigación oficial” y delegando en las familias las tareas de búsqueda y exhumación.

Mayor gravedad todavía de la que ya barajábamos no “únicamente” en la esfera de la violación de los derechos humanos sino también en la esfera penal como también apunté en mi investigación de los niños perdidos.

La resolución 1463 del Consejo de Europa lo deja claro. El delito de no investigar es el delito de la impunidad, de daño a las familias y a nuestra entera sociedad.

Y por eso con la resolución 1463 en la mano hay que empezar a decir claro también que nos encontramos ante un presunto crimen de Estado.

El otro crimen de Estado que aún permanece silenciado como tal y prácticamente ajeno de toda denuncia pública, incluso por parte del movimiento memorialista que no duda en condenar las bochornosas actuaciones del Tribunal Supremo pero que aún sigue considerando, al menos parte del mismo, al Gobierno socialista como una suerte de aliado confundido. No lo es. Este concreto Gobierno al menos no lo es.

Lo ha demostrado hasta la saciedad. Entre otras cosas porque perfectamente consciente de sus gravísimas obligaciones internacionales, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Resolución 1463, de los recientes duros posicionamientos por parte del Grupo de Desaparecidos, del Comité de Derechos Humanos, de lo reclamado por Méjico y otros países, etc, etc, etc, este Gobierno ha decidido respetar la impunidad. Se dedica a vulnerar gravemente derechos humanos y a tomarle el pelo al país con cuatro chascarrillos repetidos una y otra vez y publicados en alguno de los potentes medios afines. Ni la justicia o la humanidad, ni el Estado de Derecho importan, tan sólo lo plausiblemente articulable en un mensaje para el común de la ciudadanía.

Pero la verdadera dimensión del caso de las fosas del franquismo, y de los niños perdidos es inevitablemente tozuda, dada la extraordinaria gravedad de todo lo que se ha perpetrado y la actuación del Gobierno Zapatero nos enfrenta a nuestros peores demonios. Otra vez un nuevo escenario de posible responsabilidad criminal de miembros de un Gobierno socialista. En este caso como consecuencia de una legislación, llamada “de la memoria”, llevada en su redacción y consecuencias mucho más allá de cualquier línea roja jurídica que cualquier militante del PSOE pueda pensar.

Es duro pero hay que decirlo. Y si se empieza a decir alto y claro y a las puertas de Ferraz mucho mejor, visto que la prepotencia suele acarrear efectos secundarios de sordera.

Y en periodo electoral hay actuaciones simbólicas claramente entendibles por la ciudadanía a nivel nacional que seguro que funcionan mejor que ningún otorrino. Como suele decirse mano de santo para que los que deliberadamente violan derechos humanos con sus políticas, hasta pueden estar incurriendo, presuntamente, en crímenes de Estado.

Y por eso opino que las concentraciones de todas las semanas con las velas y las fotografías en la Puerta del Sol son muy valiosas, pero que a las puertas de Ferraz, hasta que nuestro Gobierno del PSOE decida actuar como si respetase de verdad los derechos humanos, estarían muchísimo mejor. Y si puede ser con algunos militantes del PSOE arropándoles a título individual mejor todavía. “Militancia pura y dura”, pero en un sentido muy distinto al expresado hace poco precisamente por el ex Presidente González. Militancia pura y dura para que cualquier Gobierno democrático se atenga a unos mínimos legales y de humanidad como es su deber.

Porque ningún partido es un fin en si mismo es un medio para servir a algo más elevado, los derechos humanos, las libertades, el progreso y bienestar social. Y por eso mismo no todo vale. Y denunciar aquellas situaciones que incumplen brutalmente todo esto también es militar en un partido y en unas ideas.

Porque desde el sentido común, desde el derecho, y desde el corazón, a estas alturas cada vez son más los militantes socialistas que saben que está profundamente mal lo que nuestro Gobierno está haciendo con las víctimas del genocidio franquista y su tragedia infinita.

Y luego si nuestro Gobierno del PSOE quiere que siga dando subvenciones en cumplimiento de su política de privatización y desjudialización de las fosas comunes, como acaba de hacer hace unas semanas en pleno periodo vacacional.

Que siga dando continuidad al sistema creado por la Orden de Franco de primero de mayo de 1940, “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”.

Que aquí lo determinante es el deber de una “investigación oficial efectiva e independiente” de cada fosa para localizar a los desaparecidos, esclarecer los hechos, y perseguir penalmente a los responsables, como ha explicado hasta la saciedad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y decidir no activar dicha investigación oficial, derivarla sistemáticamente a la esfera privada –sin ser el Estado el que investigue con diligencia y con todos sus medios– ya sabíamos que suponía una forma encubierta de abandono de tales víctimas, de trato inhumano, cruel y degradante a las familias, violación del deber del Estado de proteger la vida en su sentido procesal, violación del derecho humano a la vida familiar y violación de las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho humano a un recurso efectivo. Responsabilidad internacional de Estado en materia de derechos humanos ante los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

O como diría la Corte Interamericana de Derechos Humano, en la histórica sentencia Velásquez Rodríguez contra Honduras, de 29 de julio de 1988, y que ha obligado después a numerosos Estados americanos a crear dicho doble aparataje estatal Comisión de Búsqueda-Base Nacional de Datos Genéticos: la mera persistencia de las desapariciones “supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención”.

Porque frente a dicho erre que erre de impulsar subvenciones y políticas auto- exhumatorias persiste el deber de crear una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y, también, de una Base Nacional de Datos Genéticos en el seno del aparato del Estado participados por fiscalía, policía, etc, –para que así además de ser exhumados no se nos queden sus restos en tantos almacenes perdidos… Es abundantísima la jurisprudencia e instrumentos internacionales que apuntan en el sentido justo contrario a lo que el Gobierno Zapatero está perpetrando. De modo que toda esta situación ya era así de ilegal y de grave.

Pero resulta que la resolución 1463 lo califica, además, como presunto crimen de miembros del Gobierno de cualquier Estado miembro que incurra en ello, no ya “tan sólo”, escenario de presuntos ilícitos de prevaricación judicial. La inquietante óptica que nos ofrece la misma sobre las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado y sus concretos gobernantes, apunta mucho más allá y al margen de que –todavía– no haya sido implementada en nuestro derecho interno debería ser motivo de reflexión. Y de denuncia. Y mucho más entre la propia militancia del PSOE.

Porque el PSOE no viola los derechos humanos. El PSOE los defiende o debería hacerlo.

Los derechos humanos están, con otras palabras, en el mismo código genético de lucha y solidaridad que le imprimió Pablo Iglesias y portaron tantos militantes después. Y esto es así lo hayan olvidado o no los concretos responsables gubernamentales de que esa resolución del Consejo de Europa de 2005, y su otra posterior denuncia internacional de marzo de 2006 sobre el caso español, hubiese encontrado una acogida muy distinta en la posterior “ley de la memoria” de 2007.

Hablo de aquello que sigue poniendo en los carnets de “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas, ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que les anima, sino para difundirlas, para llevarlas a todas partes…”. Lo de “a todas partes menos a las fosas clandestinas, menos a las víctimas del genocidio, omitid el deber de perseguir tales delitos, que las víctimas no puedan tener justicia jamás en este país” no está escrito en ninguna parte.

Y sé que para algunos invocar a gente como Pablo Iglesias o Juan Negrín, o invocar a tantos de nuestros compañeros que se dejaron la vida en los campos de combate o en los pelotones de fusilamiento, invocar su defensa estremecedora de nuestra anhelada República perdida, invocar su dignidad infinita que continúa quemando en nuestros corazones 70 años después, se ha convertido en algo como hablar de los Reyes Magos: con los que está bien contar para que nos traigan un poco de ilusión de vez en cuando, pero, en realidad, sólo es cosa de niños…

Para otros no es así. No son, no somos, capaces de entender nuestra condición de socialistas sin ellos, sin su integridad que debiera ser un ejemplo para la nuestra o de quienes se dicen de los nuestros. Ni de aceptar que se trate de semejante manera el genocidio franquista sea cuales sean las consecuencias.

Por mucho que nuestros actuales gobernantes hayan estado sordos y ciegos también al significado último de todo esto para sus propias bases, incurriendo en un comportamiento muy poco ejemplar para su propio partido, para las creencias y los corazones de muchos de sus militantes.

Que alguna Vicepresidenta del Gobierno responsable de la “ley de la memoria” ni tan siquiera milite en el PSOE a lo mejor ha podido tener también algo que ver.

De modo que a un Gobierno al que ya ha demostrado darle bastante igual su militancia de base de hoy, demuestra ahora importarle bastante menos todavía la militancia de base de hace 70 años, esa que se dejó la vida defendiendo la democracia en este país. Y sus familias.

Verdaderamente pueden estar muy orgullosos, del primero al último de ellos, de lo que están haciendo valientemente con todas estas personas indefensas tras toda una vida de sufrimiento y vejación.

Bien podrán, serviles y cobardes hasta decir basta cuando se trata de mantener sus políticas de Gobierno ante otros actores económicos menos desvalidos.

Ahí si que rectifican lo que haga falta con toda celeridad y no como con las miles de fosas clandestinas y los pobres restos de los seres queridos de los que aún aguardan los mismos o una anulación de pleno derecho.

En cualquier caso, si la Resolución 1463 del Consejo de Europa consiguiese ser implementada en nuestro país varios de los miembros del Gobierno Zapatero podrían enfrentar procesos penales como cualquier otro presunto autor de hechos delictivos en los concretos términos que dicha Resolución expresa. Por las distintas razones apuntadas, y que a buen seguro el lector comprenderá por si mismo, difícilmente lo será.

Y si, como cabe esperar, dicha Resolución no consiguiese ser implementada en nuestro país o lo fuese muy tardíamente de modo que la irretroactividad penal o la prescripción entrasen en juego – jamás respecto el crimen de las fosas, sólo respecto la omisión del deber de investigarlo en su actual configuración como delito ordinario, que hay que cambiar – el mal menor sería su comparecencia ante una Comisión de la Verdad de los Crímenes del Franquismo que, antes o después, cabe esperar como complemento de una Fiscalía Especial contra los crímenes del franquismo y del posterior periodo de impunidad, ya que la primera sólo empieza donde termina la segunda, y ambas son necesarias en ese inmenso escenario de impunidad. En esa inmensa fosa común, llamada España.

Mientras tanto afortunadamente ahora Argentina nos acaba de ganar bastante más que 4 a 1 en cuanto a lucha a la impunidad, y cada vez estamos más cerca del Tribunal Europeo y de otras instancias de Naciones Unidas. A los criminales de Estado de las fosas, y a los presuntos criminales de Estado de la omisión, cada vez les quedan menos opciones y con un poco de suerte llegará el día en el que serán calificados y recordados por nuestra sociedad exactamente como merecen: como los artífices de un periodo negro de vergüenza e impunidad.

Y, sí, ya sé que para algunos militantes del PSOE será algo terrible todo esto que digo aquí como si la Resolución 1463 me la hubiese inventado yo.

A mi lo que me parece verdaderamente terrible es la actuación antijurídica e inhumana que sigue teniendo nuestro Gobierno, cinco años después de ser aprobada la misma, y sin encontrar un solo respaldo internacional al galimatías que se han empeñado en montar con este tema. Ni uno solo.

Y también me parece terrible su silencio, el clamoroso silencio de esos mismos militantes a los que todo esto les parecerá del todo irresponsable y muy mal, pero que ante las violaciones de los derechos humanos y el presunto crimen de Estado, mantendrán prietas las filas con quienes, de bandazo en bandazo, ni tan siquiera saben ya hacia donde nos llevan. Por lo pronto a perpetrar algo que nos avergonzará a todos los socialistas durante años y a estrellarse de frente contra la Resolución 1463 del Consejo de Europa. Qué inmensa decepción:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

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desaparecidos

Diario Lanza.

 29/08/2009 – 20:27 Escrito por J. I. Sanz.

 

“Están en algún sitio, concertados / desconcertados, sordos / buscándose / buscándonos / bloqueados por los signos y las dudas / contemplando las verjas de las plazas / los timbres de las puertas / las viejas azoteas / ordenando sus sueños sus olvidos / quizá convalecientes de su muerte privada”.

Ya lo dice Mario Benedetti en su poema ‘Desaparecidos’: están en algún sitio pero nadie sabe dónde. Y menos en Ciudad Real, donde al menos 1.694 personas desaparecidas por la represión franquista tras la Guerra Civil, aún siguen esperando, de momento en vano, que les encuentren. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, una significativa fecha que sirve para que nadie les olvide, a ellos y a sus familiares, que son quienes sufren directamente, y en privado, el dolor por la pérdida de sus parientes.

En Castilla-La Mancha, el número total de desaparecidos de manera forzada, la mayor parte de ellos durante los primeros años de la dictadura franquista, alcanza el número de 7.067 personas, sin contar Guadalajara, ya que el Foro por la Memoria Histórica de esta provincia todavía no ha podido concretar el número de personas desaparecidas. Por lo demás, en Toledo son 3.970 los desaparecidos; en Ciudad Real, 1.694; en Albacete, 1.026; y en Cuenca, 377. La región es, en la actualidad, la sexta comunidad autónoma en la que más desaparecidos hay.

Todos ellos están identificados en la investigación que el juez Baltasar Garzón comenzó hace ahora un año. Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional de la UCLM, es autor de numerosos estudios sobre la materia, alguno de los cuáles fueron utilizados por el propio juez para comenzar las investigaciones sobre los desaparecidos en España durante el franquismo.

‘Las fosas de Franco y la diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas’, publicado en la revista ‘Jueces para la democracia’, supone un avance significativo en la consideración que se da a las ejecuciones y desapariciones a las que el régimen franquista sometió al bando perdedor en la Guerra Civil: “Son crímenes de lesa humanidad -afirma Rodríguez Arias- y nadie ha hecho nada en España por resarcir a los desaparecidos y a sus familiares”.

Hay tres tipos de desaparición forzada, pero las más comunes son las desapariciones en fosa común tras una ejecución; y la desaparición de niños a los que se les suplanta la identidad. Dentro del primer caso, el auto de Garzón ha permitido confeccionar una lista que llega hasta las 143.353 personas, todas ellas identificadas, aunque pueden ser muchas más ya que el número de desapariciones ha ido aumentando según avanzaban las investigaciones.

En el caso de los niños, que eran arrebatados a aquellas madres que habían defendido la República durante la Guerra Civil y entregados a familias afines al movimiento franquista, Garzón da constancia de unos 30.000 infantes que fueron apartados de sus padres y que crecieron y vivieron, algunos incluso murieron, sin llegar a saber cuál era su auténtica procedencia.
En Ciudad Real hay constancia de un caso reconocido. Se trata de Vicenta “Flores” Álvarez Garrido, una mujer que en la actualidad tiene unos 76 años y que ha estado toda su vida luchando por volver a las raíces de sus verdaderos orígenes.
Su padre, el capitán Melecio Álvarez Garrido, comisario principal de la 82 Brigada Mixta del Ejercito republicano, temiendo por su vida, había dejado a la niña Vicenta con Dolores Luzón, una amiga a la que encomendó su guarda.

Vicenta no pudo hacer nada para escapar del destino que los franquistas habían previsto para ella. Fue introducida en un tren, llamado de los niños perdidos, con apenas seis años, y llevada a Madrid, donde unas monjas le cambiaron los apellidos y le suplantaron la identidad.
La ‘nueva’ niña Vicenta, a la que habían rebautizado con los apellidos Flores Ruiz, pasó por cuatro familias de acogida diferentes hasta que, finalmente, encontró cobijo en un matrimonio de labriegos naturales de Herencia.

Ella nunca comprendió porque le habían dado un nuevo nombre, una circunstancia que no entendía ya que sabía muy bien quién era su padre y lo proclamaba con orgullo.
El capitán Álvarez Garrido fue fusilado en Paterna el 24 de octubre de 1940, tras un juicio que fue una auténtica farsa. Tenía 43 años. Vicenta tenía entonces sólo 7 años. Hasta comienzos de la década de los noventa del siglo pasado no supo realmente qué había sido de su padre.

El caso de Vicenta es una muestra del sufrimiento de esos niños que fueron separados de sus padres y que se convirtió en un doble drama: la tragedia de los niños a los que les fue impuesta una nueva identidad y que crecerían sin saber nada de sus verdaderos padres; y la de los padres que vieron cómo les quitaban a sus hijos y no podían hacer nada para volver a reunirse con ellos. Algunas madres llegarían a morir sin saber, casi sesenta años después, qué fue del destino de sus hijos.
Es el caso de Emilia Girón, hermana del guerrillero apodado ‘El León del Bierzo’, Manuel Girón. Unas monjas se llevaron a su hijo con la excusa de bautizarlo. Nunca más supo de él. Emilia murió hace dos años con la misma sensación de desesperanza con la que vivió desde que le arrebataron de sus manos a su segundo hijo. Aún sigue buscándole otro de sus hijos.

Son casos desgarradores que dan fe de la tragedia que vivieron cientos de miles de personas que “desaparecieron” de la faz de la tierra por el mero hecho de tener una ideología diferente a la del bando ganador. Estos casos son conocidos gracias al trabajo de Montserrat Armengou, Ricard Vinyes y Ricard Belis, que se vio reflejado en un libro y en un documental de título homónimo: ‘Los niños perdidos del franquismo’.

Pero en Ciudad Real, nadie parece haberse preocupado por el sufrimiento de las miles de familias que viven todos los días, desde hace sesenta años, con un vacío en el corazón, el de sus seres allegados que un buen día “fueron desaparecidos” y de los que nunca más volvieron a saber.
Como dice el investigador ciudarrealeño: “Las heridas de la Guerra Civil no están cerradas mientras no se devuelva a los desaparecidos a sus familias”, y afirma que el trato que reciben por parte del Estado español es “injusto, ilegal e inhumano”.

“Están en algún sitio / nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro / allá en el sur del alma / es posible que hayan extraviado la brújula / y hoy vaguen preguntando /  preguntando / dónde carajo queda el buen amor / porque vienen del odio”, finaliza el poema de Benedetti.
Sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Mientras, ellos y sus familiares siguen esperando que alguien les encuentre y les devuelva la dignidad.

Dos trabajos que han sido pioneros en España
Miguel Ángel Rodríguez Arias lleva muchos años investigando los crímenes que se cometieron en los primeros años de la posguerra española. Gracias a su trabajo ‘Las fosas de Franco y la Diligencia debida del Estado ante el crimen de Desaparición forzada de personas’, pudo determinar que aquellas ‘desapariciones’ tenían que ser consideradas como crímenes de lesa humanidad, y debían ser juzgados como tales.  Tras algo más de 30 años de democracia en España, parece que se alzó entre todos los dirigentes una suerte de telón opaco que impedía echar la vista atrás y recordar lo que sucedió durante la dictadura para denunciar a aquellos que cometieron crímenes. 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero que trató de hacer algo al aprobar la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007. Parecía que, por fin, tras varios gobiernos de diferente signo político, alguien se fijaba en las víctimas, tanto los que murieron y/o desaparecieron como sus familiares. Pero las cosas no se han hecho bien. Según un nuevo estudio de Rodríguez Arias, titulado ‘La nueva ley “de la memoria” y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo’, el investigador apunta a que “es el propio Estado el que está vulnerando los derechos humanos” de los desaparecidos y de sus familiares al alejarse de lo que prescribe ese Convenio Europeo de 1950.

Así, Europa dice que debe ser el propio Estado quién haga las oportunas investigaciones de quiénes son los desaparecidos, dónde están las fosas comunes y tiene el deber de exhumar para entregar los cuerpos a sus respectivos familiares. Además, deben buscar a los “niños perdidos” del franquismo. En España, en lo que puede ser considerado “un trato inhumano y cruel para con las familias”, en palabras de Rodríguez Arias, el Estado deja en manos de los familiares todo el trabajo de encontrar las fosas y de exhumar los cadáveres, con lo que da cobertura legal a una situación de violación de los derechos humanos.

Además, como explica el profesor ciudarrealeño, esta ley “copia una Orden de Franco del 1 de mayo de 1940” en lo que se refiere a la exhumación de cuerpos, que también dejaba en manos de las familias; y “que en vez de conceder subvenciones daba exenciones fiscales” a los familiares a la hora de desenterrar y volver a enterrar a sus seres queridos.

 

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Our law of “Historic Memory” is a law of “Historic Shame”.

The pattern used in Spain and in force nowadays to search, find and exhume those disappeared under Franco’s regime is that of Franco’s Order dated May 1940 –copied by our “Memory” Law- not that of the European Court of Human Rights or that of the United Nations.

That is why, as if Spain were not part of Europe, or the United Nations, instead of a prompt “official, effective and independent investigation ” and led by our national authorities – not by the relatives of those disappeared-, as requested by the European Court, we have a law which is a legal maze, failing to include even one of the State’s international obligations on “truth, justice and reparation” and failing to guarantee, at all, the fundamental rights of the relatives of those disappeared.

After thirty years of democracy and the Rule of Law, Spain has not yet complied with any of its obligations in this field, despite the fact that it continues to be, nowadays, the second country in terms of the number of people disappeared. The 150,000 victims of our clandestine graves – and the undetermined number of children stolen by the dictatorship – are only outnumbered by those of Pol Pot’s regime in Cambodia.

We regret that when the law was drawn up, our authorities preferred choosing the system to guarantee rights and freedoms planned by Franco than that of the European Court of Human Rights, or that of the Inter-American Court on Human Rights. By so doing, they denied, in contradiction with international law, the proper enforcement in our territory of articles 2 and 13 of the European Convention on Human Rights to all these victims. We also regret that Spain has not met the demands of the Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992 or complied with the emphatic concluding observations and recommendations adopted by the Human Rights Committee on 30th October 2008.

We regret that, with this, our democratic authorities – not the previous bloody dictatorship of Franco – have continued to be responsible for the continuation of the uncertainty and the suffering of the relatives of those disappeared, amounting to cruel and inhuman treatment banned under the European Convention on Human Rights (article 3), the International Covenant on Civil and Political Rights (article 7) and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (articles 1 and 16); all this while basic obligations continue to be neglected, as recently pointed out by the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee. The specific needs of groups of relatives of those disappeared in large graves must also be acknowledged.

We regret that our Government has not yet taken any measures in the face of the case of the “stolen children” of Franco’s regime – which the so-called “Memory” Law does not even mention – despite their being disappeared people that are still alive, searched by their families and for whom every passing day with our authorities failing to take action is, also, an additional loss of their “Right to respect for private and family life” under the European Convention on Human Rights (article 8), and the International Covenant on Civil and Political Rights (article 23), thus blocking the regrouping of these families broken by the dictatorship.

In light of all this, the undersigned organisations call on the Government of Spain to comply with its obligation to properly enforce in the country the European Convention on Human Rights, and all the international standards it is bound to enforce and fulfil its moral and legal obligation to offer “truth, justice and reparation” to all those disappeared under Franco’s regime and their relatives, beginning by changing the current law and developing a system to search, exhume and identify the cases of the graves – and the location of the “stolen children” – by means of a National Commission to Search those Disappeared which includes and involves representatives of the Prosecutor’s Office and members of the judiciary, the Government, the police force and human rights institutions, as well as organisations, in accordance with international standards.

See below the list of organisations signing this document, in alphabetical order.

1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.

2-Agrupación de familiares de las personas asesinadas en los montes de la Pedraja. (Burgos)

3- Ahaztuak 1936-1977.

4-Asamblea Republicana de Vigo

5-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

6- Asociación Catalana de Juristas Demócratas

7-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

8-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

9- Associació Cultural Memòria i Justicia d’Elx i Comarca”.

10-Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra

11-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).

12-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

13-Asociación de familiares la barranca, rioja

14-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

15-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

16-Asociación Memoria Histórica de Cádiz PCE-A.

17-Asociació Memoria Histórica Baix llobregat

18-Asociación Pablo Iglesias de Almansa

19-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

20-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

21-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).

22-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.

23-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

24- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX)

25-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.

26-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

27-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

28-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

29-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

30-Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro

31-Asociacion por la Recuperacion de la Memoria Historica Social y Politica de Puerto Real (Cádiz)

32-Asoicación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca.

33-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Aragón (A.R.I.C.O.)

34-Asociacion Republicana Irunesa “Nicolas Guerendiain”

35-Asociación Viguesa Pola Memoria do 36

36-Colectivo Republicano de  Redondela

37-Collectiu Republicà del Baix Llobregat

38-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.

39-Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a catalunya

40-Confederación General del Trabajo.

41-Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid

42- Federación de Foros por la Memoria de España.

43-Foro por la Memoria de Andalucía

44-Foro por la Memoria de Argentina

45-Foro por la Memoria de Cádiz

46-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

47-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

48-Foro por la Memoria de Granada

49-Foro por la Memoria de Guadalajara

50-Foro por la Memoria de Huelva

51-Foro por la Memoria de Jaen

52-Foro por la Memoria de La Rioja

53-Foro por la Memoria de Santaella

54-Foro por la Memoria de Segovia

55-Foro por la Memoria de Toledo

56-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

57-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

58- Fòrum per la Memòria del País Valencià

59-Foro por La Recuperación de La Memoria, Puerto de Santa María (Cádiz)

60- La Gavilla Verde

61- Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT.A).

62- Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.

63-Grupo pro revisión del caso Granado-Delgado.

64- Héroes de la República y la Libertad.

65- Izquierda Anticapitalista.

66-Memòria i Justícia d\’Elx i Comarca

67- Memoria, Libertad y Cultura Democrática (Sevilla)

68- Mémoires partagées.

69- Mémoire de l\’Espagne républicaine 82.

70- Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).

71- RadioBCN, Estación Mediterránea ABF, Difusión de Noticias sobre Memoria Histórica.

72- Salamanca Memoria y Justicia.

73- Todos los rostros.

74- Unidad Cívica por la República.

http://www.desaparecidosdelfranquismo.blogspot.com/

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Srebrenica año catorce_Gervasio Sanchez

Nuevas perspectivas de tutela de “las otras víctimas” a la luz del caso Srebrenica.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

(mangel.rodriguez@uclm.es)

Universidad de Castilla-La Mancha.

10.2. Los miembros de la familia de las personas desaparecidas deben ser reconocidos como víctimas independientes de la desaparición forzada y les debe ser garantizado el “derecho a la verdad”, es decir, el derecho a ser informado del destino de los familiares desaparecidos.

Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas

(25ª sesión).

Srebrenica es también el nombre de un síndrome postraumático, el síndrome experimentado por las mujeres, niños y ancianos que no murieron y que, desde julio de 1995, hace ya seis años, no tienen noticia de sus maridos, hijos, padres, hermanos, tíos o abuelos. Millares de vidas que, seis años después, continúan mutiladas, privadas del afecto y el amor de sus seres queridos, los cuales han quedado convertidos en meros fantasmas que regresan para rondarlas día tras día, noche tras noche.

Almiro Rodríguez, juicio al general serbio Radislav Krstiç.

 

I. De la originaria responsabilidad de la dictadura por la violación de los derechos de los desaparecidos a la adicional esfera de responsabilidad por la tolerancia de la violación continuada de los derechos de sus familiares: la doble sustanciación del caso Srebrenica. a) Desaparecidos y familiares como víctimas del crimen de desaparición forzada y de la posterior omisión del Estado. b) Carácter autónomo y continuado de la adicional violación de los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos, al margen de la sustanciación penal de las desapariciones: el espejo de Srebrenica. II. El contenido de las normas internacionales de derechos humanos como parte del contenido constitucionalmente declarado de los Derechos Fundamentales a la luz del artículo 10.2 CE y la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. III. Responsabilidad portrato inhumano” y violación delDerecho a la vida privada y familiar” de los allegados a la luz de los artículos 7 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos. a) El “trato inhumano” a los familiares de los desaparecidos en el artículo 7 PIDCP. b) El “Derecho a la vida privada y familiar” de los familiares de los desaparecidos en el artículo 17 PIDCP. IV. Responsabilidad por trato inhumano” y violación delDerecho a la vida privada y familiar” de los allegados a la luz de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los pronunciamientos del TEDH. a) El “trato inhumano” a los familiares de los desaparecidos en el artículo 3 CEDH. b) La cuestión del Derecho a la vida privada y familiar” de los familiares de los desaparecidos en la jurisprudencia del TEDH. V. Conclusiones: nuevas perspectiva de acción nacional-internacional ante la violación autónoma del “derecho a la vida familiar” y el “trato inhumano” a los familiares de los desaparecidos del franquismo.

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