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Archive for the ‘Entrevistas y declaraciones’ Category

L’HUMANITÉ. International – Article paru le 22 avril 2010

Miguel Angel Rodriguez Arias, universitaire, initiateur de l’avant-projet de loi 
Vérité, justice et réparation pour les victimes 
du génocide franquiste.

En Espagne, le sort de 153 000 disparus est une constance. Une existence. Trente-cinq ans après la fin de la dictature, le pays compte plus de disparus que toute l’Amérique latine. Avec 50 000 disparitions, la seule région de l’Andalousie dépasse le nombre de celles qui ont eu lieu au Chili et en Argentine durant les dictatures militaires. À ce jour, le seul pays à dénombrer plus de disparus que l’Espagne est le Cambodge de Pol Pot. Ces disparitions ne relèvent pas du passé mais du présent. Car elles supposent une violation parallèle des droits de l’homme pour les familles de ces victimes. Elles vivent enchaînées à une fosse commune. Chaque Noël, chaque anniversaire induisent les mêmes questions  : où pleurer  ? Que s’est-il réellement passé  ? Concernant les enfants volés entre 1939 et 1969, que le juge Baltasar Garzon a estimés 
à 30 000, le gouvernement les mentionne à peine dans 
sa loi de mémoire. C’est une honte. Une de plus.

Les juges et les procureurs espagnols ne font rien pour rechercher les disparus. Des milliers de familles patientent dans la douleur. Ce fait constitue un « traitement inhumain » et une violation du droit de l’homme à la vie familiale. Tel était le cas durant la dictature franquiste. Il l’est encore aujourd’hui. L’Espagne, qui préside actuellement l’UE, viole la convention européenne des droits de l’homme, à savoir les articles 3 et 8, tel que l’a clairement été spécifié par la jurisprudence internationale sur le cas des fosses de Srebrenica. Sauf qu’ici il ne s’agit pas de 7 000 mais de 153 000 disparus. Sans parler des enfants volés. Franco n’a pas uniquement été l’instigateur d’un coup d’État. Il a cherché à annihiler, en 1936 et pour toujours, les bases biologiques du républicanisme. Des décennies après sa mort, plus de 2 000 fosses clandestines sont le témoin silencieux de ce fait. L’Espagne est le dernier pays 
au monde au génocide nié. L’unique personne inculpée est le seul juge qui a justement voulu enquêter sur ces crimes. Les institutions monarchiques espagnoles ont perdu là l’ultime crédibilité qui leur restait comme État de droit.

http://www.humanite.fr/2010-04-22_International_Garzon-Le-dernier-genocide-nie

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Miguel Ángel Rodríguez Arias: “Es increible que Garzón sea el primer enjuiciado en la causa contra el franquismo”.

Cadena SER: Sábado 13 de Febrero 2010.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/victimas-franquismo-perfilan-proyecto-ley-reparar-dano-dictadura/csrcsrpor/20100213csrcsrnac_4/Tes

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Charlamos con Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para la investigación de estos hechos.

Héctor Rojo Letón (Redacción)

Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Es un delito que se sigue consumando cada día que pasa”, explica Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para su investigación y que los procesos que se han abierto hasta ahora han utilizado. Incluso puede servir si llegara al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (DD HH). “El derecho de los desaparecidos y sus familias ha dejado de valer en este país por los actos de nuestras autoridades”, explica este especialista en derecho internacional, que denuncia que el Estado español incumple los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de DD HH y que este “tema tabú” del robo de niños ni siquiera fue recogido en la última Ley de Memoria. “Al Franquismo se le debe acusar de cometer crímenes de lesa humanidad por ello, y al actual Gobierno, por la violación de derechos humanos al no investigar estas desapariciones”, denuncia Rodríguez.

Esta violación de derechos se centraría en dos aspectos: “El trato inhumano, por el profundo sufrimiento, incertidumbre, la desesperación por la suerte de sus seres queridos arrebatados y la esperanza de poder encontrarlos y a la vez pensar que no va a ser así. La Ley de Memoria ni siquiera menciona el caso de los niños perdidos, cuando en Argentina se han creado unidades policiales especiales. Por otro lado está el derecho a la vida familiar, en cuanto se vulnera el derecho a la reunificación familiar, que de una forma criminal e ilegal el Franquismo vulneró durante décadas”, explica este jurista.

Por último, el investigador de la UCLM reivindica que estas denuncias no significan “abrir viejas heridas, sino cerrarlas”. “Tras la aparición de la Sociedad de Naciones, sólo la Camboya de Pol Pot supera al Franquismo en desaparecidos en fosas comunes: 150.000 personas”, denuncia.

Rodríguez asimila esta situación a la que se juzgó en la Cámara de DD HH para Bosnia Herzegovina y en la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia respecto del caso Srebrenica. Entonces el magistrado Almiro Rodríguez afirmó que Srebrenica es también el “nombre de un síndrome postraumático, el síndrome experimentado por las mujeres, niños y ancianos que no murieron y que, desde julio de 1995, hace ya seis años, no tienen noticia de sus maridos, hijos, padres, hermanos, tíos o abuelos. Millares de vidas que, seis años después, continúan mutiladas, privadas del afecto y el amor de sus seres queridos”. En esta situación, los gobernantes posteriores a los crímenes de Milosevic, pero que tampoco iniciaron ninguna investigación, fueron declarados responsables de violar los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos.

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Foto: Cedida por el Archivo de Internos de Auxilio Social.
 MEMORIA HISTÓRICA | DIAGONAL APORTA LA PRIMERA CARTOGRAFÍA DEL ROBO DE NIÑOS A MADRES SIN FILIACIÓN POLÍTICA DURANTE EL FRANQUISMO
 María José Esteso Poves / Madrid
Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia”. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, quien fue presidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las prisioneras políticas tras la guerra, sino que continuó hasta bien entrados los años ’80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”.

Estos hechos y situaciones muy similares son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid por segunda vez el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (paginas 50-74) señala como “víctimas del Franquismo”. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. Fue el periodista el que impulsó en 1996 la creación de la asociación ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzzle: “El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena”, dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.

Curas, monjas, médicos…
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía estas situaciones. Y ni hablar de reclamaciones.

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento, y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Llegó a Alicante desde la inclusa de Murcia. Fue allí y no le dieron nada; en el registro le indicaron que tenía que esperar 50 años. En 1999 volvió y el juez del registro le volvió a negar los datos, insistió y le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Se marchó entonces a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.

“Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, reconoce Hernández Martínez. Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que tuvieron hijos y fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara su presidenta a DIAGONAL.

Los testimonios hablan de doctores que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en O’Donnell y Santa Cristina (maternidades situadas en la misma calle). Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana, Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo firmado por el doctor Villa era de otitis. En el registro de la Comunidad le dijeron: “Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis”, posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria.

Al hilo de esta noticia, una familia ha acudido a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua Maternidad de O’Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O’Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto por otitis y ya estaba enterrada. El ginecólogo que habría atendido a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.

El abogado José María Stampa Braun emprendió un juicio en 1974 que acusaba a Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y al médico Enrique Marín Bonachera por un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro Contreras. Para esa tarea se rodearía de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elízaga, quien habría trabajado tanto en O’Donnell como en Santa Cristina, según fuentes médicas. Actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.

Otro lugar marcado en Madrid sería la clínica San Ramón (paseo de la Habana, 143). Allí fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, aún vivo, y sor María Balbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, habrían actuado de forma coordinada en el tráfico de bebés.

La trama de Mercedes de Grass
En Bilbao, la trama sería manejada por Mercedes Herrán de Grass, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos… En es- que después se les retiraban los bebés, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada entonces a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios fue igual.

“Estaba todo atado”
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. Pedido Sequitín, adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre era obrero en Cádiz, pero la tía de éste en Madrid tenía relación directa con la Asociación para la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Le pidió una niña para su sobrino y éste le dio un poder notarial para hacer toda la gestión firmado por el notario Alfonso del Moral y de Luna. Según Amelia, la niña de entonces cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que “estaba todo atado”. Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro y Ignacio Villa Elízaga. “Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles iba a conocer la verdad”, señala.

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. “A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos”, explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta.

En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O’Donnell, en los años ’70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás, según Virtudes Hernández. La mayoría de los adoptados eran de Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. Enrique Vila, abogado de Valencia se ha querellado contra la clínica. En Valencia estuvieron Cruz Martínez y Virtudes Hernández: “Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de esa clínica nos llevó a su casa, donde tenía encima de un armario torres de cuadernos con cientos de datos en páginas ya amarillas”.

Documentos, jeroglíficos

No había que dejar rastro. Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran “desconocidos”. Se suplantó a la madre biológica por la adoptiva, y quedaba registrada como parturienta. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia, y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también. Muchas veces ni siquiera coinciden las fechas. Pero como en una investigación cualquiera, todo tiene un sentido. Muchos afectados ya saben descifrar el jeroglífico. Virtudes Hernández, gracias a que tacharon mal su verdadero nombre en uno de los legajos, ha podido tirar del hilo 50 años después.

 

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Por Héctor Rojo Letón (Redacción)

Cómo bautizar un robo, según un capellán
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Un niño enterrado… en ningún sitio
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“LA OTITIS, NUNCA UNA CAUSA DE MUERTE”
Por M.J.E.P.

 

 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html

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“En este día todos deberíamos recordar a esos ‘condenados a muerte’ del franquismo y redoblar esfuerzos para que nuestras autoridades respeten los derechos humanos de sus familiares”

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias (Barcelona, 1977) es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como “crímenes contra la humanidad” no prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”, dando lugar con las mismas a actuaciones de la Audiencia Nacional. Rodríguez Arias cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación.

 

El 10 de octubre celebramos el día internacional contra la pena de muerte. Déjeme preguntarle por penas de muerte, por los fusilamientos franquistas. Usted ha señalado que tanto desaparecidos como los no desaparecidos de los consejos de guerra son en el fondo fusilamientos, sólo que en este segundo caso se tomó la molestia de una escenificación teatral de juicio-farsa para enmascarar el crimen. La cifra de 350.000 ejecuciones en total, sumando ambos conceptos, no es una cifra exagerada según parece. ¿Se han reconocido estos crímenes? ¿Quiénes colaboraron en esos juicios farsa? ¿Cómo puede el Estado reparar tanta abyección e ignominia? Los ciudadanos de derecha, cuando se les explica, suelen lamentarse un poco y dos segundos más tarde suelen decir: era una guerra y luego, claro, cuando se vence ya se sabe… ¿Tiene alguna opinión sobre esta, digamos, reflexión político-histórica?

 

Y para situaciones de guerra estaban pensadas Convenciones como la de Ginebra de 27 de julio de 1929, o las Convenciones de la Haya de 1898 y 1907 y en ningún caso permitían nada de lo que se hizo; lo de justificar esos cientos de miles de crímenes prohibidos por las leyes de la guerra como consecuencia inevitable de la guerra es parte de la perversión e inversión de valores de decencia humana inoculada por el franquismo durante décadas en nuestra sociedad y que es preciso revertir contestando con hechos e instrumentos objetivos; que parte de la derecha del país aún no haya renegado frontal y claramente del franquismo y sus atrocidades no deja de contrastar con países como Alemania donde democracia cristiana y liberales se desmarcaron de Hitler que sólo resulta venerado por los neonazis, marginados social y políticamente, en España todavía no se puede decir lo mismo y en parte de la derecha democrática se sigue pretendiendo justificar o comprender lo injustificable , y se olvida que entre todos esos fusilados de Franco también están muchos demócratas conservadores que defendieron la legalidad Republicana, como la gran mayoría de miembros de la Guardia Civil de la República con los que Franco se ensañó especialmente ya que 5 de sus 6 generales se mantuvieron leales a la República. Merecen ser recordados y honrados como cualquier otro defensor de la República española y no creo, en todo caso, que sea una cuestión de ideología sino, por encima de todo, una vez más, de dar normal cumplimiento a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Que Franco llamase “sentencia de muerte” a 200.000 asesinatos sistemáticos de Estado de lesa humanidad de defensores de la República española – mientras, como Hitler, en la noche y la niebla asesinaba a otros 150.000 más – no quiere decir que debamos seguir convalidando todo ello como hace nuestra ley de la memoria, que habla de sentencias con graves defectos de fondo y forma pero las sigue llamando “sentencias”. El día internacional contra la pena de muerte que como dices hoy conmemoramos es un buen momento para recordar que las heridas de los fusilamientos franquistas siguen abiertas en nuestra sociedad y que nuestro Estado tiene ineludibles compromisos de solidaridad, justicia y verdad con sus familiares, tratados durante décadas como si se tratase de familiares de criminales, no de defensores de la Constitución y República española.

 

Creo que este es un día en el que todos deberíamos recordar a todos esos “condenados a muerte” del franquismo y redoblar nuestros esfuerzos para que nuestras autoridades respeten los derechos humanos de sus familiares.

 

Nota:

 

1 Esta respuesta es parte de una entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias sobre desaparecidos del franquismo que rebelión editará la próxima semana.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93051

 

 

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 Parte 1: Alicia Alted Vigil.

 

 Parte 2: Miguel Ángel Rodríguez Arias.

 

Parte 3: José Martínez Cobo:

 

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