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Fosa comun, homenaje a los ocho de Benagéger Marta Ferrer

El acuerdo de Europa obliga a los Estados a investigar las desapariciones forzosas mientras la norma española lo deja en manos de sus familiares

Levante-EMV, Valencia 05/04/2009

Jueces y fiscales europeos pertenecientes a la asociación Medel (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades,) que aglutina a una veintena de organizaciones entre las que se encuentran las progresistas Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, acusan al Gobierno español de incumplir el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos al no investigar por propia iniciativa las desapariciones forzosas durante el franquismo. Así se desprende de las conclusiones a las que llegó la asociación tras unas jornadas celebradas la semana pasada en Madrid, coincidiendo con el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil española.

Los magistrados europeos de Medel, que instaron al Gobierno a crear una comisión de búsqueda de esas víctimas y especialmente de los niños desaparecidos durante el franquismo, apoyaron sus conclusiones en los últimos trabajos del profesor del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-la Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El investigador, y autor del libro Los casos de los niños perdidos del franquismo, destaca en una de sus últimas publicaciones que la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. En éstos se recoge la obligación del Estado de investigar “ipso facto” los casos de desapariciones forzosas de los que se tenga noticia, y a hacerlo “por propia iniciativa de sus autoridades” que deben emprender “una investigación oficial, efectiva e independiente”, reza el convenio.

Sin embargo, el artículo 13 de la Ley de Memoria Histórica deja la localización y recuperación de las víctimas en manos de sus propios familiares o las entidades que actúen en su nombre. Algo que han censurado los magistrados y fiscales de Medel, que recordaron al Gobierno que el citado convenio ha sido además reafirmado por jurisprudencia constante del Tribuna Europeo de Derechos Humanos. Rodríguez cita en su investigación hasta una veintena de sentencias en este sentido.

Para el investigador, el caso español tiene además varias peculiaridades que lo agravan y hacen más necesario si cabe que el Gobierno tome la iniciativa en este asunto. En primer lugar, por el hecho de que se produjeran miles de desapariciones de niños, que se prolongaron hasta mediados de los años cincuenta, y que son personas de las que hay razonables expectativas de vida y a las que se les podría ayudar a reunirse con sus familiares o a conocer al menos su historia. Sin embargo, la Ley de la Memoria, señala Rodríguez, ni siquera hace referencia a estos niños robados de sus madres por su ideología en las cárceles o las colonias infantiles.

Pero además, estas desapariciones se produjeron con la participación de los agentes del Estado instaurado con la Guerra Civil, que robaron estos niños a sus madres y se encargaron de modificar los registros civiles, razón de más, apunta el investigador, para que un Gobierno democrático quisiera ayudar a conocer qué ocurrió con los más de 130.000 desaparecidos durante la dictadura, como sí han hecho otros países tras sus dictaduras.

“Auto-restitutio” familiar
Sin embargo, el Gobierno deja en manos de los familiares o de las asociaciones la búsqueda de sus víctimas, limitándose a subvencionar los gastos de las exhumaciones. “Una subvención para desenterrar a sus propios muertos de allí donde el Estado los asesinó de forma atroz y masiva”, señala Rodríguez en su trabajo en el que censura también que “a las alturas de 2007 dicha suerte de ‘auto-restitutio’ familiar haya sido estimda por nuestras autoridades democráticas como un mejor modelo a seguir”.

A esto se une la dificultad de familiares y asociaciones para iniciar este proceso. Tras la inhibición del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de la causa abierta por los desaparecidos del franquismo, hace unos días el caso llegó al juzgado de instrucción número 12 de Valencia. Sin embargo, para abrir diligencias este juzgado necesita casos concreetos que investigar porque los familiares que sabían de niños robados en el franquismo han muerto en su mayoría y muchos de aquellos niños son hoy personas de más de 70 años que en muchos casos no saben o no quieren saber. Será el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia la que tendrá que emplearse a fondo para recuperar casos concretos que investigar si no quiere que la causa se cierre en falso.

Pero además, según Rodríguez, el hecho de que el Estado delegue “impropiamente” las exhumaciones en manos de los familiares compromete la validez probatoria de los restos que se puedan encontrar en fosas comunes, que “son el escenario de un crimen”.

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Una de las últimas sentencias de las fosas chechenas, de especial relevancia respecto el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por “trato inhumano” a los familiares, contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por no proceder las autoridades a una “investigación oficial efectiva e independiente”.

Descargar completa la sentencia AKHMADOVA AND AKHMADOV v. RUSSIA de 6 de abril de 2009 

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 2008-11-08

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

(mangel.rodriguez@uclm.es)

Universidad de Castilla-La Mancha.

 

 

En esta España marcada por cuarenta años de fascismo, sólo cabe descubrir a los muertos y enterrarlos de nuevo. Recuperar la dignidad que les llevó a oponerse a la barbarie de un golpe militar no merece el esfuerzo de aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión es clara, los españoles durante los años de la dictadura no teníamos derechos humanos, sólo éramos súbditos y además extraterrestres.

 

José Antonio Martín Pallín, “La sombra de Franco es alargada”.

 

I. Contra la impunidad también en España: miles de crímenes de lesa humanidad de desaparición forzada de personas en abierta consumación permanente treinta años después. II. El artículo 13 de la ley “de la memoria” como reedición del modelo franquista de auto-restitución familiar de la Orden de 1 de Mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”. III. El auténtico problema de “memoria”: las autoridades democráticas españolas olvidan su deber de llevar a cabo una investigación oficial efectiva, conducente al esclarecimiento de los hechos, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. a) Vulneración del artículo 2 del Convenio Europeo por la constatada ausencia, de facto, de una investigación oficial efectiva respecto los miles de casos de desaparición forzada del franquismo. b) Vulneración del artículo 2 del Convenio Europeo por consagrar ahora la definitiva ausencia, de iure, de una investigación oficial efectiva: la deficiente regulación legislativa del deber de proteger la vida. c) Obstaculización en la práctica de un recurso efectivo por omisión de las funciones del Estado: la consustancial afectación del artículo 13 del Convenio Europeo. IV. Conclusiones: la reestablecida democracia española en la encrucijada de la legalidad internacional de los derechos humanos ante el caso de los desaparecidos del franquismo.

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D8EAB51D-1A64-968D-590B126F3FE01FDDMiguel Ángel rodríguez arias • Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM.

Raquel Santamarta. La Tribuna. 14/06/2009.

Miguel Ángel Rodríguez sabe de lo que habla. De hecho, su artículo La nueva ley de la memoria y la violación de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo ha provocado la reciente solicitud por parte de los magistrados europeos de Medel de que se revise la norma aprobada por el Estado español. Su meta se centra en que se cree una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos que borre la huella de horror que dejó la Dictadura y que aún persiste en la sociedad.
 

Ha demostrado que la Ley de la Memoria Histórica vulnera aspectos fundamentales.

En el apartado de los desaparecidos del régimen, el Gobierno socialista copia una ley de Franco de mayo de 1940. Es la orden sobre exhumación e inhumación de cadáveres asesinados por los ‘rojos’. El sistema de búsqueda de desaparecidos de nuestra Ley de Memoria Histórica es el que Franco puso en marcha en mayo de 1940. Partiendo de esa base, he demostrado que viola dos artículos porque cuando se producen desapariciones forzadas, una obligación fundamental del Estado es proceder a una investigación oficial efectiva independiente. Eso lo establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una veintena de sentencias.

 

Subraya que hay falta de responsabilidad por parte del Estado. ¿Qué debería hacer?

Debe de poner en marcha una Comisión Nacional de Búsqueda, cumpliendo así los tratados de Derechos Humanos. El Estado social, democrático y constitucional español debe estar a la altura de su nombre. Es una obligación hacia las familias y ha de alcanzar a todos aquellos casos de desapariciones de los que se tenga noticia, haya o no querellas planteadas. Nos encontramos con una situación tan impactante y anómala, que la sociedad no es consciente de que España es el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos tras el régimen de Pol Pot (Camboya).

 ¿De cuántos desaparecidos estamos hablando?

En España tenemos más desaparecidos que en toda Hispanoamérica junta, sumándole la ex Yugoslavia. Sólo en Andalucía hay más desaparecidos que en Chile y Argentina juntos, unas 54.000 personas. Cuesta entender cómo es posible que se siga permitiendo que esta situación perdure en el tiempo. El tener a 150.000 personas en fosas comunes significa tener a otros tantos familiares sufriendo en la incertidumbre. Esto se conoce en el Derecho Internacional como el ‘síndrome de Srebrenica’. En Srebrenica, un caso internacionalmente conocido, se registraron más de 6.000 ejecutados, pero en Castilla-La Mancha seguimos teniendo más de 7.000.

La Ley de la Memoria no menciona a los niños perdidos del franquismo.

 Es mucho más grave y dramático porque se siguió robando niños hasta bien entrados los años 50. Hoy son gente que ronda los 60 y que vive en la mentira. Son como los casos de las Abuelas de Plaza de Mayo, en Argentina, sólo que allí se secuestraron 800 niños, mientras que según las estimaciones que baraja Baltasar Garzón en el auto de la Audiencia Nacional, la dictadura franquista robó 30.000 niños. Lobatón en Quién sabe dónde localizó a pequeños perdidos. Hay familias que han pagado detectives y personas que han pagado de su bolsillo pruebas de ADN, pero eso es una obligación del Estado. Hay madres que denunciaron esto y se han muerto esperando una respuesta. Es el caso de Emilia Girón que falleció a finales de 2008. Le dijeron que lo iban a llevar a bautizar a las monjitas y hasta hoy. Era la hermana de un guerrillero maqui conocido como el ‘león del Bierzo’, aunque ella no había tenido nunca una participación política. Les quitaban a sus hijos porque, a juicio del régimen, tenían que ser educados por familias ‘más adecuadas’.

 ¿En qué se amparaban para hacer algo así?

Se basaban en la doctrina sobre la salvación de la pureza racial de la hispanidad, de inspiración nazi, del jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de Franco, el coronel Vallejo-Nájera. Hay estudios publicados en los que se refleja la necesidad de separar a estos niños de las familias republicanas para impedir que prosiguiera el contagio del comunismo, que iba a llevar a la degeneración mental de la españolidad. Algo que hoy es impensable. Hacían investigaciones forzadas con prisioneros.

 ¿Qué significa que un juez como Baltasar Garzón decida enjuiciar el franquismo y acuda para ello a su artículo sobre Las fosas de Franco, primero, y a su libro El caso de los niños perdidos del franquismo, después?

Supone marcar una diferencia. Uno cuando se prepara en Derecho Penal Internacional quiere contribuir a combatir crímenes contra la humanidad y el objetivo de mi investigación era demostrar que el franquismo, también los cometió. Me he ido directamente a las fuentes de Nürnberg para recordar cosas que se querían mantener olvidadas. Es bonito ver que consigues abrir una vía y que estás en punta de lanza. (Más información en la edición impresa).

Fuente: http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Local/20090614/castillala/mancha/desaparecieron/mas/personas/srebrenica/DA7D2BC0-1A64-968D-59DE3B1AADE96370

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Nuestra ley de la “memoria histórica” es la ley de una “vergüenza histórica”.

El modelo de búsqueda, localización y exhumación de los desaparecidos del franquismo vigente hoy en España es el de la Orden de Franco de Mayo de 1940 – que nuestra ley “de la memoria” copia – no el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el de Naciones Unidas.

Por ello, como si España estuviese fuera de Europa, o de las Naciones Unidas, en vez de una “investigación oficial efectiva e independiente”, sin tardanza, y por iniciativa de nuestras autoridades nacionales – no de las familias –, como exige el Tribunal Europeo, tenemos una ley que es un laberinto jurídico, que no recoge ni una sola de las obligaciones internacionales del Estado en materia de “verdad, justicia y reparación” y que no garantiza, en modo alguno, los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos.

Tras treinta años de democracia y Estado de Derecho España no ha cumplido, todavía, ni una sola de sus obligaciones en la materia, a pesar de seguir siendo en la actualidad el segundo país del mundo en cifras de desaparecidos, tan sólo superadas las 150.000 víctimas de nuestras fosas clandestinas – y el indeterminado número de niños robados por la dictadura – por las cifras del régimen de Pol Pot en Camboya.

Lamentamos que en la elaboración de la ley nuestras autoridades hayan preferido seguir el sistema de garantía de derechos y libertades previsto por Franco al del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o al de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, negando con ello, de forma contraria a la legalidad internacional, la normal aplicación en nuestro territorio de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a todas estas víctimas. Sentimos también que España no haya recogido las exigencias de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Res. 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992) ni  se haya hecho eco de las contundentes observaciones finales adoptadas por el Comité de Derechos Humanos del pasado 30 de octubre de 2008,

Lamentamos que, con ello mismo, nuestras autoridades democráticas – no ya la sangrienta dictadura franquista precedente – vengan haciéndose responsables de la prolongación de la incertidumbre y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos, lo que es constitutivo de un trato cruel e inhumano prohibido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7) y por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículos 1 y 16); todo ello mientras se continúan desatendiendo obligaciones esenciales, recientemente reiteradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos. Las necesidades específicas de colectivos de familiares de desaparecidos en grandes fosas deben ser igualmente reconocidas.

Lamentamos que nuestro Gobierno no haya emprendido, todavía, medida alguna ante el caso de los “niños perdidos” del franquismo –  que la llamada ley “de la memoria” ni siquiera menciona – a pesar de tratarse de desaparecidos aún en vida, buscados por sus familias y para los que cada día que sigue pasando sin actuación de nuestras autoridades resulta, además, en una adicional privación de su “derecho a la vida familiar” conforme el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 8), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23), obstruyéndose así la reagrupación de estas familias desgarradas por la dictadura.

A la vista de todo ello, los firmantes del presente comunicado pedimos al Gobierno de España que cumpla con su obligación de dar normal aplicación en el país al Convenio Europeo de Derechos Humanos, y a todas las normas internacionales que le obligan, y atienda a su deber, moral y jurídico, de ofrecer “verdad, justicia y reparación” respecto los desaparecidos del franquismo y sus familiares, comenzando por modificar la vigente ley y articulando un sistema de búsqueda, exhumación e identificación de los casos de las fosas – y de localización de los “niños perdidos” – mediante una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos participada por representantes de la fiscalía y la judicatura, del Gobierno de la nación, de los cuerpos policiales y las instituciones de derechos humanos así como de las asociaciones, entre otros, conforme los estándares internacionales.

Madrid, 7 de julio de 2009.

Listado de organizaciones que han respaldado el comunicado, por orden alfabético.

1- Agrupación de familiares y amigos de los republicanos muertos y represaliados en la prisión de Valdenoceda.

2-Agrupación de familiares de las personas asesinadas en los montes de la Pedraja. (Burgos)

3- Ahaztuak 1936-1977.

4-Asamblea Republicana de Vigo

5-Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

6- Asociación Catalana de Juristas Demócratas

7-Asociación Comarcal de MH del Condado de Huelva

8-Asociación contra el Silencio y el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga.

9- Associació Cultural Memòria i Justicia d’Elx i Comarca”.

10-Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra

11-Asociación de Familiares de Ejecutados en el Cementerio de Ocaña (AFECO).

12-Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra

13-Asociación de familiares la barranca, rioja

14-Asociación Dignidad y Memoria. Marchena (Sevilla)

15-Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)

16-Asociación Memoria Histórica de Cádiz PCE-A.

17-Asociació Memoria Histórica Baix llobregat

18-Asociación Pablo Iglesias de Almansa

19-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

20-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

21-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA).

22-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas.

23-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

24- Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX)

25-Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Mérida.

26-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

27-Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

28-Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

29-Asociación pola Memoria Histórica de O Grove

30-Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro

31-Asociacion por la Recuperacion de la Memoria Historica Social y Politica de Puerto Real (Cádiz)

32-Asoicación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca.

33-Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, Aragón (A.R.I.C.O.)

34-Asociacion Republicana Irunesa “Nicolas Guerendiain”

35-Asociación Viguesa Pola Memoria do 36

36-Colectivo Republicano de  Redondela

37-Collectiu Republicà del Baix Llobregat

38-Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas.

39-Associació pro-memòria als immolats per la llibertat a catalunya

40-Confederación General del Trabajo.

41-Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid

42- Federación de Foros por la Memoria de España.

43-Foro por la Memoria de Andalucía

44-Foro por la Memoria de Argentina

45-Foro por la Memoria de Cádiz

46-Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid

47-Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

48-Foro por la Memoria de Granada

49-Foro por la Memoria de Guadalajara

50-Foro por la Memoria de Huelva

51-Foro por la Memoria de Jaen

52-Foro por la Memoria de La Rioja

53-Foro por la Memoria de Santaella

54-Foro por la Memoria de Segovia

55-Foro por la Memoria de Toledo

56-Foro por la Memoria del Valle del Tietar y la Vera

57-Foro por la Memoria Histórica de Málaga

58- Fòrum per la Memòria del País Valencià

59-Foro por La Recuperación de La Memoria, Puerto de Santa María (Cádiz)

60- La Gavilla Verde

61- Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucia (CGT.A).

62- Grup per la Recerca de la Memoria Històrica de Castelló.

63-Grupo pro revisión del caso Granado-Delgado.

64- Héroes de la República y la Libertad.

65- Izquierda Anticapitalista.

66-Memòria i Justícia d\’Elx i Comarca

67- Memoria, Libertad y Cultura Democrática (Sevilla)

68- Mémoires partagées.

79- Mémoire de l\’Espagne républicaine 82.

70- Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo).

71- RadioBCN, Estación Mediterránea ABF, Difusión de Noticias sobre Memoria Histórica.

72- Salamanca Memoria y Justicia.

73- Todos los rostros.

74- Unidad Cívica por la República.

http://www.desaparecidosdelfranquismo.blogspot.com/

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Miguel Ángel Rodríguez Arias

El Plural/Diario Lanza, 14 de Abril de 2009

Dedicado a Vicente Ricardo Badillo, del Batallón Méjico, y a todos los defensores de la República española.

Nuestro país es el único Estado de Derecho de la Unión Europea en el que continúan existiendo entre 136.000 y 152.000 desaparecidos en varios cientos de fosas comunes, clandestinas, diseminadas a lo ancho y largo todo su territorio; y ello sin contabilizar, todavía, el caso de los niños robados por el franquismo de los que ni siquiera existen cifras fiables.

A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos. Nos dirán que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, “lamentablemente”, no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa –  tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) – entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales – le acaben de decir a nuestro Gobierno que su ley “de la memoria” viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga – a estas alturas ya casi consabida – letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.

No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una “investigación oficial efectiva e independiente” de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir – como en el caso español – indicios de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas – menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados – sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.

A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley “de la memoria” le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro “original” modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Equipo Nizkor.

 Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos – ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público –; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre como combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa… Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día Nacional de Homenaje y Recuerdo a los Desaparecidos del Franquismo y a sus familias – o incorporar también el relato de estos “crímenes contra la humanidad”, con todas las letras y en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades – debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.

De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España – excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de Mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese –; cuando la situación de todas estas víctimas, en sus fosas clandestinas, avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.

Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son. Y más allá de dicha base política y social, el mismo “voto útil” resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.

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