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Posts Tagged ‘sentencias de muerte del franquismo’

Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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“En este día todos deberíamos recordar a esos ‘condenados a muerte’ del franquismo y redoblar esfuerzos para que nuestras autoridades respeten los derechos humanos de sus familiares”

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias (Barcelona, 1977) es investigador de Derecho Penal Internacional de la UCLM (Universidad de Castilla-La Mancha) y autor de las primeras investigaciones jurídicas en España abordando la cuestión de los desaparecidos del franquismo como “crímenes contra la humanidad” no prescritos y no sólo como cuestión de “memoria”, dando lugar con las mismas a actuaciones de la Audiencia Nacional. Rodríguez Arias cuenta en su haber cuatro premios nacionales e internacionales de investigación.

 

El 10 de octubre celebramos el día internacional contra la pena de muerte. Déjeme preguntarle por penas de muerte, por los fusilamientos franquistas. Usted ha señalado que tanto desaparecidos como los no desaparecidos de los consejos de guerra son en el fondo fusilamientos, sólo que en este segundo caso se tomó la molestia de una escenificación teatral de juicio-farsa para enmascarar el crimen. La cifra de 350.000 ejecuciones en total, sumando ambos conceptos, no es una cifra exagerada según parece. ¿Se han reconocido estos crímenes? ¿Quiénes colaboraron en esos juicios farsa? ¿Cómo puede el Estado reparar tanta abyección e ignominia? Los ciudadanos de derecha, cuando se les explica, suelen lamentarse un poco y dos segundos más tarde suelen decir: era una guerra y luego, claro, cuando se vence ya se sabe… ¿Tiene alguna opinión sobre esta, digamos, reflexión político-histórica?

 

Y para situaciones de guerra estaban pensadas Convenciones como la de Ginebra de 27 de julio de 1929, o las Convenciones de la Haya de 1898 y 1907 y en ningún caso permitían nada de lo que se hizo; lo de justificar esos cientos de miles de crímenes prohibidos por las leyes de la guerra como consecuencia inevitable de la guerra es parte de la perversión e inversión de valores de decencia humana inoculada por el franquismo durante décadas en nuestra sociedad y que es preciso revertir contestando con hechos e instrumentos objetivos; que parte de la derecha del país aún no haya renegado frontal y claramente del franquismo y sus atrocidades no deja de contrastar con países como Alemania donde democracia cristiana y liberales se desmarcaron de Hitler que sólo resulta venerado por los neonazis, marginados social y políticamente, en España todavía no se puede decir lo mismo y en parte de la derecha democrática se sigue pretendiendo justificar o comprender lo injustificable , y se olvida que entre todos esos fusilados de Franco también están muchos demócratas conservadores que defendieron la legalidad Republicana, como la gran mayoría de miembros de la Guardia Civil de la República con los que Franco se ensañó especialmente ya que 5 de sus 6 generales se mantuvieron leales a la República. Merecen ser recordados y honrados como cualquier otro defensor de la República española y no creo, en todo caso, que sea una cuestión de ideología sino, por encima de todo, una vez más, de dar normal cumplimiento a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Que Franco llamase “sentencia de muerte” a 200.000 asesinatos sistemáticos de Estado de lesa humanidad de defensores de la República española – mientras, como Hitler, en la noche y la niebla asesinaba a otros 150.000 más – no quiere decir que debamos seguir convalidando todo ello como hace nuestra ley de la memoria, que habla de sentencias con graves defectos de fondo y forma pero las sigue llamando “sentencias”. El día internacional contra la pena de muerte que como dices hoy conmemoramos es un buen momento para recordar que las heridas de los fusilamientos franquistas siguen abiertas en nuestra sociedad y que nuestro Estado tiene ineludibles compromisos de solidaridad, justicia y verdad con sus familiares, tratados durante décadas como si se tratase de familiares de criminales, no de defensores de la Constitución y República española.

 

Creo que este es un día en el que todos deberíamos recordar a todos esos “condenados a muerte” del franquismo y redoblar nuestros esfuerzos para que nuestras autoridades respeten los derechos humanos de sus familiares.

 

Nota:

 

1 Esta respuesta es parte de una entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias sobre desaparecidos del franquismo que rebelión editará la próxima semana.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=93051

 

 

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Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente, Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Salas, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa, conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.

Como las trece rosas otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo bajo el intento de enmascaramiento y legitimación como juicios-farsa, o murieron en circunstancias aún no esclarecidas en prisión como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y al igual que en el caso de los más de 150.000 desaparecidos de las fosas, y los miles de “niños perdidos”, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos a la “verdad, justicia y reparación”.

Por todo ello los abajo firmantes instamos en esta fecha al Gobierno de España

a) Impulsar la apertura de los juicios penales contra estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como tales no prescritos, en observancia de su deber de cumplir con una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.

b) Otorgar a estas víctimas, y muy especialmente a sus familias, el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1-La nulidad de todas las “sentencias” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos de lesa humanidad, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad, parte del exterminio de los defensores de la Segunda República llevado a cabo por el franquismo, y no pueden ser consideradas ni tan siquiera “derecho”.

2-Una disculpa pública por parte del Estado español por los asesinatos de Estado y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la democracia, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3-La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4-La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en la enseñanza de las normas internacionales y en el material didáctico a todos los niveles.

5-La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron crueles masacres de seres humanos.

Ciudad Real, 5 de Agosto de 2009.

Listado de organizaciones que han respaldado el comunicado, por orden alfabético.

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

Associació Cultural MEMÒRIA I JUSTÍCIA D’ELX I COMARCA.

Asociación « Mémoires Partagées ».

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

Confederación General del Trabajo.

Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid.

Foro por la Memoria de Guadalajara.

Fòrum per la Memòria del País Valencià.

Unidad Cívica por la República.

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Escobar visitado por el President Companys

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Diario Lanza, 8 de Junio de 2009.

   El General “olvidado”, o el “muy católico” General son algunos de los sobrenombres con los que, muy raramente, se hace referencia a Antonio Escobar Huerta  (“La guerra del general Escobar” de Olaizola,  premio Planeta de 1983, y “Entre la cruz y la República” de Arasa, entre las pocas obras que lo abordan), guardia civil, hombre de honor, defensor de la República Española y la Constitución a la que había jurado lealtad; aunque en julio de 1936, mantener la propia palabra y la lealtad a la Constitución, representase una auténtica temeridad, cuando no una condena cierta a muerte, en todos aquellos lugares en los que los golpistas se hicieron con el control.

Lo que no pasó en Barcelona precisamente porque, en el momento de mayor incertidumbre, la Benemérita mandada por Aranguren y Escobar se mantuvo leal a las instituciones democráticas decantando la situación de la Ciudad Condal del lado de la legalidad. Cuenta el anecdotario que el propio President Companys suspiró aliviado cuando, al ver aproximarse a los hombres de Escobar, armados y en formación, al edificio de la Generalitat de Cataluña, éste les ordenó saludar a la institución y continuó su marcha a la toma de los emplazamientos dónde los golpistas se habían hecho fuertes y se enfrentaban a los milicianos de Durruti. No sería ésta su única responsabilidad decisiva, encargado inmediatamente a continuación por el propio Vicente Rojo de la encarnizada defensa del sector de la Casa de Campo – vital en las horas más dramáticas de la batalla de Madrid – cuando su caida era tan previsible que hasta algún corresponsal inglés que acompañaba las columnas de los golpistas se aventuró a enviar a Londres una precipitada crónica que sería publicada al día siguiente, sobre cómo se había producido ya la entrada de falangistas y requetés en la capital… con tres años de adelanto.

Honrado, íntegro, comprometido con la defensa de la República española hasta decir basta en todo lo que se le conoce hasta la fecha, resulta difícil recoger en estas líneas el alcance de lo que a Escobar le supuso cumplir con su deber con el Gobierno legítimo: desgarrado por el dolor de ver a uno de sus propios hijos pasarse al bando de Franco, de saberlo más tarde caido en la batalla de Belchite, blanco él mismo de recelos y desconfianzas de los sectores más radicales –  repudiado por sectores de la izquierda tanto como lo sería desde el primer momento de la contienda por la extrema derecha – y hasta objeto de un fallido atentado que no se ha llegado a esclarecer si fue perpetrado por quintacolumnistas infiltrados en la República. Herido en varias ocasiones el Presidente Azaña en persona le autorizó un peregrinaje a la Virgen de Lourdes, todavía convaleciente, que fue la comidilla de la retaguardia republicana, y de las malas lenguas que decían que aprovecharía el permiso para escapar a Francia ante lo crítico de la situación. No fue así, sino que regresó para pasar asumir el mando del ejercito de Extremadura, uno de los pocos operativos que aún le quedaban a la República, emprendiendo a inicios del 39 –  ya perdida la batalla del Ebro – la que sería la última ofensiva, a la desesperada, de la Segunda República Española, en el sector de Valsequillo-Peñarroya, intentando desviar, con ello, el avance principal franquista y ganar el tiempo que no se llegó a tener para organizar una segunda línea defensiva en Cataluña.

Tras la captura de Almadén y la ruptura definitiva del frente de Extremadura, caida ya Barcelona y perpetrado el autogolpe casadista en Madrid, Antonio Escobar Huerta, el último General de la República española en territorio nacional, rindió su mando ante Yagüe y sus legionarios en el antiguo casino de Ciudad Real el 26 de marzo de 1939. Leal a la República hasta el final, pudo haber escapado en una avioneta a Portugal pero decidió permanecer junto a sus hombres, convencido de no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber de guardia civil y decidido a correr su misma suerte: el propio Franco intervino en persona para asegurarse de que fuese pertinentemente fusilado.

Y esa “España mejor”, democrática, constitucional, que Escobar defendió con su vida hasta sus últimas consecuencias, aún no ha sido capaz de decir que el cargo acusatorio de “rebelión” por el que fue condenado por los “rebeldes” no tiene validez jurídica alguna; que su “Consejo de Guerra” fue una farsa predeterminada en su resultado antes de empezar, y que su ejecución, sin haber cometido crimen capital alguno, fue un simple y vil asesinato: parte del exterminio general llevado a cabo por la dictadura. Una mala ley “de la memoria” – hecha con más cálculo y miedo a los votos del que Escobar y los suyos mostraron a las balas de los sublevados cuando había que jugarse la vida defendiendo nuestra Constitución – ha dejado pasar la oportunidad de declarar la nulidad jurídica, de pleno derecho, de todo ello y de restaurar el honor de  todas estas personas irrepetibles. Pero mejor no entrar en tales comparaciones entre unos y otros – la actuación de los hacedores de nuestra “olvidadiza” ley con la de los defensores de nuestra República perdida –  que las comparaciones, a veces, pueden resultar demasiado odiosas.

Antonio Escobar Huerta murió crucifijo en mano y mandando su propio pelotón de ejecución, el amanecer del 8 de febrero de 1940 en los fosos del castillo de Montjuic. Ninguna calle en Ciudad Real, Barcelona o Madrid, ni tan siquiera en Ceuta – su ciudad natal –, lleva su nombre, ninguna estatua conmemorativa recuerda entre nosotros a este guardia civil que mantuvo su palabra y cumplió con su deber más allá de lo que a nadie se le puede exigir. Ninguna izquierda democrática, ninguna derecha democrática, ha entendido todavía oportuno reivindicar la memoria de este hombre de honor que mantuvo su juramento de defender nuestra Constitución a tan alto precio. Peor para ellos. Para todos nosotros en realidad.

<<El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve >>.

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