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La justicia española es la única que deja impunes los crímenes de una dictadura. Argentina, Chile, Brasil o Alemania marcan la vía jurídica para investigar las desapariciones forzadas

Por: DIEGO BARCALA / ERIK LÓPEZ

Público, 01/09/2009 04:00

El terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Sólo el magistrado que desató en 1998 el proceso a Pinochet, Baltasar Garzón, hizo el año pasado un intento fallido de juzgar al frasquismo. En su instrucción, registró 114.000 desapariciones forzadas. Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: “Los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica porqué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: “Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori“.

“Inhumano y cruel”

El investigador de Derecho internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias añade que “el Gobierno viola los derechos humanos de los familiares de las víctimas al no investigar”. “Es inhumano y cruel que se torture a las familias de estas víctimas que quieren saber donde están enterrados sus seres queridos”, agrega.

Rodríguez Arias cree que, tras el portazo a Garzón en la Audiencia Nacional, la única opción de los familiares es acudir “a buscar justicia fuera de España, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar el franquismo tienen dos bases: los crímenes han prescrito y la Ley de Amnistia de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.

En 2003, la Corte Suprema de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

La justicia argentina anuló por “inconstitucional” las leyes creadas por la dictadura para evitar a la justicia.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes.

La Justicia brasileña actual ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política. “Sin embargo, algunos sostienen que la ley de Amnistía es lo más grandioso de la Transición”, sentencia Martín Pallín.

Por su parte, Rodríguez Arias insiste en que “los crímenes contra la humanidad no prescriben. Otra cosa es que luego cumplan sus penas. Además, según el investigador, no sólo se trata de delitos cometidos en el fragor de la Guerra Civil, sino “de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado”.

No obstante, Rodríguez Arias considera que “estos crímenes no fueron, sino que son”, ya que sus víctimas aun sufren las consecuencias.

 

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Griñán deposita un ramo de flores junto al busto de Blas Infante, en el patio del Parlamento andaluz

Público, MARÍA SERRANO – Sevilla – 11/08/2009 08:00

El presidente andaluz se escuda en la Ley de Memoria, que la declara ilegítima.

“Hay que decir claramente que Blas Infante fue asesinado, no sentenciado”. Así salió del paso ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la denuncia de los grupos nacionalistas de no haber hecho nada por anular la sentencia que justifica el fusilamiento de Blas Infante, hace ahora 73 años. “El peor infierno es la vengaza inútil”, dijo parafraseando a la hija del ideólogo del andalucismo, María de los Ángeles Infante, en el homenaje celebrado ayer en la Cámara autonómica.

Infante fue condenado por un tribunal de responsabilidad política cuatro años después de que los falangistas lo asesinaran a tiros en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona (Sevilla). El fallo justificaba el crimen por considerarlo traidor de la patria. El artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales de 2007, declara ilegítimos todos los tribunales creados durante la época de Franco, y, por tanto, las sentencias dictadas por estas instancias.

Los nacionalistas acusan a la Junta de no hacer nada por reparar su figura

Ésta es la razón que alegó ayer Griñán para no tramitar la anulación del fallo, como solicitaron PA e IU poco antes de aprobarse la citada ley. A instancia de estos dos partidos, el Parlamento sacó adelante por unanimidad una resolución en la que se exigía al Gobierno de la Junta tramitar la anulación de la sentencia a Infante en el Tribunal Supremo.

¿Está la Junta entonces atada de pies y manos? Según Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, el Gobierno andaluz no podría hacer nada. “La Ley de Memoria Histórica no incluye términos jurídicos fundamentales como nulabilidad o anulación en delitos cometidos de forma sistemática por un Estado; por tanto, la Junta de Andalucía no podría llevar a cabo la nulabidad de la sentencia de Blas Infante”, explica.

No obstante, este experto en memoria histórica indica que el primer fallo que se comete con las sentencias del franquismo es “creer que están anuladas cuando aún se encuentran dentro del marco legal, al considerarse sentencias judiciales con forma y fondo y una base jurídica que no puede tener en ningún caso un asesinato”. La sentencia condenatoria de Infante, dictada el 4 de mayo de 1940, obligó a la familia al pago de una multa de 2.000 pesetas. El pasado domingo, en un acto convocado por nacionalistas, su nieto Estanislao Naranjo Infante rompió simbólicamente una copia y acusó a la Junta de no haber hecho nada por reparar la memoria de su abuelo.

Homenaje en el Parlamento

Pese a la polémica, en el homenaje celebrado ayer en el Parlamento, el presidente andaluz Chaves no acudió el pasado año condenó a los asesinos que perpetraron el crimen de Infante en un tiempo de “violencia incivil“. Griñán añadió, además, que el busto ahora en el patio del Parlamento se encuentra en un lugar mucho más acorde que el anterior. En el hueco de una escalera.

Sin embargo, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, consideró “indigno” el acto, que estuvo “acompañado por el millón de parados de Andalucía”, criticó irónicamente. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, lamentó por su parte que el Parlamento acogiera un homenaje a Blas Infante “al margen” del pueblo andaluz, y echó en falta la oportunidad de Griñán para pronunciar un discurso sobre los retos y desafíos que tiene la Andalucía de hoy.

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