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Posts Tagged ‘nulidad de las sentencias franquistas’

Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente, Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Salas, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa, conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.

Como las trece rosas otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo bajo el intento de enmascaramiento y legitimación como juicios-farsa, o murieron en circunstancias aún no esclarecidas en prisión como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y al igual que en el caso de los más de 150.000 desaparecidos de las fosas, y los miles de “niños perdidos”, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos a la “verdad, justicia y reparación”.

Por todo ello los abajo firmantes instamos en esta fecha al Gobierno de España

a) Impulsar la apertura de los juicios penales contra estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como tales no prescritos, en observancia de su deber de cumplir con una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.

b) Otorgar a estas víctimas, y muy especialmente a sus familias, el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1-La nulidad de todas las “sentencias” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos de lesa humanidad, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad, parte del exterminio de los defensores de la Segunda República llevado a cabo por el franquismo, y no pueden ser consideradas ni tan siquiera “derecho”.

2-Una disculpa pública por parte del Estado español por los asesinatos de Estado y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la democracia, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3-La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4-La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en la enseñanza de las normas internacionales y en el material didáctico a todos los niveles.

5-La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron crueles masacres de seres humanos.

Ciudad Real, 5 de Agosto de 2009.

Listado de organizaciones que han respaldado el comunicado, por orden alfabético.

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

Associació Cultural MEMÒRIA I JUSTÍCIA D’ELX I COMARCA.

Asociación « Mémoires Partagées ».

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

Confederación General del Trabajo.

Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid.

Foro por la Memoria de Guadalajara.

Fòrum per la Memòria del País Valencià.

Unidad Cívica por la República.

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Griñán deposita un ramo de flores junto al busto de Blas Infante, en el patio del Parlamento andaluz

Público, MARÍA SERRANO – Sevilla – 11/08/2009 08:00

El presidente andaluz se escuda en la Ley de Memoria, que la declara ilegítima.

“Hay que decir claramente que Blas Infante fue asesinado, no sentenciado”. Así salió del paso ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la denuncia de los grupos nacionalistas de no haber hecho nada por anular la sentencia que justifica el fusilamiento de Blas Infante, hace ahora 73 años. “El peor infierno es la vengaza inútil”, dijo parafraseando a la hija del ideólogo del andalucismo, María de los Ángeles Infante, en el homenaje celebrado ayer en la Cámara autonómica.

Infante fue condenado por un tribunal de responsabilidad política cuatro años después de que los falangistas lo asesinaran a tiros en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona (Sevilla). El fallo justificaba el crimen por considerarlo traidor de la patria. El artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales de 2007, declara ilegítimos todos los tribunales creados durante la época de Franco, y, por tanto, las sentencias dictadas por estas instancias.

Los nacionalistas acusan a la Junta de no hacer nada por reparar su figura

Ésta es la razón que alegó ayer Griñán para no tramitar la anulación del fallo, como solicitaron PA e IU poco antes de aprobarse la citada ley. A instancia de estos dos partidos, el Parlamento sacó adelante por unanimidad una resolución en la que se exigía al Gobierno de la Junta tramitar la anulación de la sentencia a Infante en el Tribunal Supremo.

¿Está la Junta entonces atada de pies y manos? Según Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, el Gobierno andaluz no podría hacer nada. “La Ley de Memoria Histórica no incluye términos jurídicos fundamentales como nulabilidad o anulación en delitos cometidos de forma sistemática por un Estado; por tanto, la Junta de Andalucía no podría llevar a cabo la nulabidad de la sentencia de Blas Infante”, explica.

No obstante, este experto en memoria histórica indica que el primer fallo que se comete con las sentencias del franquismo es “creer que están anuladas cuando aún se encuentran dentro del marco legal, al considerarse sentencias judiciales con forma y fondo y una base jurídica que no puede tener en ningún caso un asesinato”. La sentencia condenatoria de Infante, dictada el 4 de mayo de 1940, obligó a la familia al pago de una multa de 2.000 pesetas. El pasado domingo, en un acto convocado por nacionalistas, su nieto Estanislao Naranjo Infante rompió simbólicamente una copia y acusó a la Junta de no haber hecho nada por reparar la memoria de su abuelo.

Homenaje en el Parlamento

Pese a la polémica, en el homenaje celebrado ayer en el Parlamento, el presidente andaluz Chaves no acudió el pasado año condenó a los asesinos que perpetraron el crimen de Infante en un tiempo de “violencia incivil“. Griñán añadió, además, que el busto ahora en el patio del Parlamento se encuentra en un lugar mucho más acorde que el anterior. En el hueco de una escalera.

Sin embargo, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, consideró “indigno” el acto, que estuvo “acompañado por el millón de parados de Andalucía”, criticó irónicamente. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, lamentó por su parte que el Parlamento acogiera un homenaje a Blas Infante “al margen” del pueblo andaluz, y echó en falta la oportunidad de Griñán para pronunciar un discurso sobre los retos y desafíos que tiene la Andalucía de hoy.

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Escobar visitado por el President Companys

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Diario Lanza, 8 de Junio de 2009.

   El General “olvidado”, o el “muy católico” General son algunos de los sobrenombres con los que, muy raramente, se hace referencia a Antonio Escobar Huerta  (“La guerra del general Escobar” de Olaizola,  premio Planeta de 1983, y “Entre la cruz y la República” de Arasa, entre las pocas obras que lo abordan), guardia civil, hombre de honor, defensor de la República Española y la Constitución a la que había jurado lealtad; aunque en julio de 1936, mantener la propia palabra y la lealtad a la Constitución, representase una auténtica temeridad, cuando no una condena cierta a muerte, en todos aquellos lugares en los que los golpistas se hicieron con el control.

Lo que no pasó en Barcelona precisamente porque, en el momento de mayor incertidumbre, la Benemérita mandada por Aranguren y Escobar se mantuvo leal a las instituciones democráticas decantando la situación de la Ciudad Condal del lado de la legalidad. Cuenta el anecdotario que el propio President Companys suspiró aliviado cuando, al ver aproximarse a los hombres de Escobar, armados y en formación, al edificio de la Generalitat de Cataluña, éste les ordenó saludar a la institución y continuó su marcha a la toma de los emplazamientos dónde los golpistas se habían hecho fuertes y se enfrentaban a los milicianos de Durruti. No sería ésta su única responsabilidad decisiva, encargado inmediatamente a continuación por el propio Vicente Rojo de la encarnizada defensa del sector de la Casa de Campo – vital en las horas más dramáticas de la batalla de Madrid – cuando su caida era tan previsible que hasta algún corresponsal inglés que acompañaba las columnas de los golpistas se aventuró a enviar a Londres una precipitada crónica que sería publicada al día siguiente, sobre cómo se había producido ya la entrada de falangistas y requetés en la capital… con tres años de adelanto.

Honrado, íntegro, comprometido con la defensa de la República española hasta decir basta en todo lo que se le conoce hasta la fecha, resulta difícil recoger en estas líneas el alcance de lo que a Escobar le supuso cumplir con su deber con el Gobierno legítimo: desgarrado por el dolor de ver a uno de sus propios hijos pasarse al bando de Franco, de saberlo más tarde caido en la batalla de Belchite, blanco él mismo de recelos y desconfianzas de los sectores más radicales –  repudiado por sectores de la izquierda tanto como lo sería desde el primer momento de la contienda por la extrema derecha – y hasta objeto de un fallido atentado que no se ha llegado a esclarecer si fue perpetrado por quintacolumnistas infiltrados en la República. Herido en varias ocasiones el Presidente Azaña en persona le autorizó un peregrinaje a la Virgen de Lourdes, todavía convaleciente, que fue la comidilla de la retaguardia republicana, y de las malas lenguas que decían que aprovecharía el permiso para escapar a Francia ante lo crítico de la situación. No fue así, sino que regresó para pasar asumir el mando del ejercito de Extremadura, uno de los pocos operativos que aún le quedaban a la República, emprendiendo a inicios del 39 –  ya perdida la batalla del Ebro – la que sería la última ofensiva, a la desesperada, de la Segunda República Española, en el sector de Valsequillo-Peñarroya, intentando desviar, con ello, el avance principal franquista y ganar el tiempo que no se llegó a tener para organizar una segunda línea defensiva en Cataluña.

Tras la captura de Almadén y la ruptura definitiva del frente de Extremadura, caida ya Barcelona y perpetrado el autogolpe casadista en Madrid, Antonio Escobar Huerta, el último General de la República española en territorio nacional, rindió su mando ante Yagüe y sus legionarios en el antiguo casino de Ciudad Real el 26 de marzo de 1939. Leal a la República hasta el final, pudo haber escapado en una avioneta a Portugal pero decidió permanecer junto a sus hombres, convencido de no haber hecho otra cosa que cumplir con su deber de guardia civil y decidido a correr su misma suerte: el propio Franco intervino en persona para asegurarse de que fuese pertinentemente fusilado.

Y esa “España mejor”, democrática, constitucional, que Escobar defendió con su vida hasta sus últimas consecuencias, aún no ha sido capaz de decir que el cargo acusatorio de “rebelión” por el que fue condenado por los “rebeldes” no tiene validez jurídica alguna; que su “Consejo de Guerra” fue una farsa predeterminada en su resultado antes de empezar, y que su ejecución, sin haber cometido crimen capital alguno, fue un simple y vil asesinato: parte del exterminio general llevado a cabo por la dictadura. Una mala ley “de la memoria” – hecha con más cálculo y miedo a los votos del que Escobar y los suyos mostraron a las balas de los sublevados cuando había que jugarse la vida defendiendo nuestra Constitución – ha dejado pasar la oportunidad de declarar la nulidad jurídica, de pleno derecho, de todo ello y de restaurar el honor de  todas estas personas irrepetibles. Pero mejor no entrar en tales comparaciones entre unos y otros – la actuación de los hacedores de nuestra “olvidadiza” ley con la de los defensores de nuestra República perdida –  que las comparaciones, a veces, pueden resultar demasiado odiosas.

Antonio Escobar Huerta murió crucifijo en mano y mandando su propio pelotón de ejecución, el amanecer del 8 de febrero de 1940 en los fosos del castillo de Montjuic. Ninguna calle en Ciudad Real, Barcelona o Madrid, ni tan siquiera en Ceuta – su ciudad natal –, lleva su nombre, ninguna estatua conmemorativa recuerda entre nosotros a este guardia civil que mantuvo su palabra y cumplió con su deber más allá de lo que a nadie se le puede exigir. Ninguna izquierda democrática, ninguna derecha democrática, ha entendido todavía oportuno reivindicar la memoria de este hombre de honor que mantuvo su juramento de defender nuestra Constitución a tan alto precio. Peor para ellos. Para todos nosotros en realidad.

<<El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve >>.

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Homenaje en el 73 aniversario de su muerte

Carmen Rengel, El Correo de Andalucía, 11 de Agosto de 2009.

Griñán zanjó ayer la polémica con quienes piden a la Junta que batalle por anular la sentencia de muerte de Blas Infante. El presidente defendió que “fue asesinado, no sentenciado” y que ya la Ley de Memoria recoge la “ilegitimidad” de toda condena de los fascistas. Los nacionalistas creen que ese “parapeto” oculta su “inmovilismo”.

El debate sobre la nulidad de la condena a muerte de Blas Infante, padre de la patria andaluza, se hizo presente ayer en el Parlamento, en el acto oficial con el que se recordaba el 73 aniversario de su fusilamiento, en la noche del 10 al 11 de agosto de 1936. Los nacionalistas (PA, CUT-BAI, SAT) han reclamado a la Junta de Andalucía que cumpla con el mandato que le dio el Parlamento en octubre de 2007 para que exija ante la Justicia que aquella sentencia desaparezca, sea nula, pues hace referencia a delitos que nunca existieron, como la defensa del andalucismo.

Todos los partidos aprobaron aquella proposición, a iniciativa de IU, que pedía al Gobierno andaluz que actuara “con la mayor urgencia posible”. Pasados dos años no se ha dado un paso, pero el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, explicó ayer que se debe a que el trámite ya no tiene razón de ser. “Infante, hay que decirlo claramente, fue asesinado, no sentenciado (…) En teoría no hay una sentencia, sino un crimen, ya que fue asesinado y después se creó una especie de tribunal de responsabilidades políticas” que, cuatro años después de su muerte, lo condenó a la pena capital. Su asesinato, se entiende, anula cualquier juicio perverso que viniera después.

Es más: Griñán recordó que el artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada dos meses después que la proposición de la Cámara andaluza, ya declara la “ilegitimidad” de estos tribunales, “así como todos los actos que dictaron para convalidar los atropellos y barbaridades que se hicieron durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura. Deberán ser las familias, matizó, las que “persigan y obtengan del Ministerio de Justicia” una reparación mayor, si así lo desean. La Ley de Memoria, por tanto, eximiría a la Junta de pedir esta anulación, entiende Griñán.

Estas explicaciones no convencen a los andalucistas, que ven en sus palabras una “interpretación política y no jurídica” que evita “el efecto reparador de la nulidad”, explica Pilar González, secretaria general. Eso entiende también el profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la UCLM y autor de El caso de los niños perdidos del franquismo. El experto sostiene que la ley “sigue llamando derecho a aquellos asesinatos” y, por eso, una cincuentena de asociaciones de memoria han exigido al Gobierno que plantee la cuestión de la anulación. “Jurídicamente, hay cosas vigentes o nulas, y la sentencia de Infante no se ha anulado. La ilegitimidad sólo es un sucedáneo, porque no es una categoría jurídica. Eso quiere decir que su condena, como todas, está aún en vigor. Además, la norma declara ilegítimas las condenas “por vicios de forma y fondo”, lo que es reconocer el asesinato como una resolución jurídica. La única forma de anular la condena es así, anulándola”, concluye. Rodríguez Arias aboga por hacer cumplir la resolución 60/147 de Naciones Unidas, que exige la “nulidad” de los juicios en casos de crímenes de lesa humanidad.

La polémica sobre la sentencia no ensombreció el homenaje del Parlamento, en las Cinco Llagas. Hubo ofrenda floral ante el busto de Blas Infante –que estrenaba ubicación ante el Salón de Plenos–, discursos de sus biznietos, de su hija María de los Ángeles y de la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves. Hubo, además, un himno interpretado por la Banda Municipal de Cantillana y cantado por la inmensa minoría de los presentes.

Pero lo importante, más que el protocolo, fueron las palabras. A Infante se le reivindicó como un hombre de paz frente a violentos como los etarras que han cercado Mallorca. “No vengo a encender odios, que son pasiones de muerte”, leía María, su biznieta. Su hija lo recordó defendiendo un ideal “desde el amor a la tierra y la conciencia de pueblo”, pero también, “indudablemente, desde la paz”.
Coves resaltó que hoy, 73 años después de su muerte, el padre de la patria andaluza “emite un mensaje de condena a la intolerancia, de rechazo a la violencia y, sobre todo, lanza un grito de libertad”. Por eso el 10 de agosto es el día en que se celebra “la derrota” de los “enemigos de la libertad”. “El peor infierno es la violencia inútil y criminal”, culminó el presidente Griñán.

María de los Ángeles Infante se encargó de remarcar la vigencia del pensamiento de su padre, rescatando textos en los que ya advertía de que “la crisis actual [en 1921] antes que política y económica es de humanidad”, en los que denostaba la “indignidad” de los poderosos “en el país del hambre”. Aquella visión cercana al que menos tenía, al jornalero, se convirtió en un “dolor fecundo” y un “ansia de liberación” para el pueblo andaluz en unos años “de dura realidad”. Infante, dijo su hija, tenía tan integrada la importancia de su labor que hasta asumía la muerte como consecuencia. “Si en la lucha nos sorprende la muerte, que tengamos la íntima satisfacción del deber cumplido”. Fue 19 años antes de su asesinato.

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