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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 20 de Noviembre de 2009.

Transcurrido ya un año desde que Baltasar Garzón recogiese en su auto el caso de los niños perdidos del franquismo –  más de tres desde que el Consejo de Europa lo denunciase como parte de su Balance de crímenes de la dictadura franquista – y tras el reciente acto público negacionista respecto la existencia de trabajos forzados en el Valle de los Caidos llevado a cabo en la Universidad San Pablo CEU, resulta evidente lo necesario de seguir dando a conocer, con todo detalle, el estremecedor alcance de lo sucedido en presidios, campos de trabajo y todo tipo de centros penitenciarios del franquismo… así como la concreta relación que pudo tener la Iglesia Católica de España con todo ese, al parecer, “turismo penal alternativo”. Particularmente en cuanto a todo lo sucedido en los centros penitenciarios de detención de mujeres y jóvenes.

La Iglesia católica proveyó el personal de “numerosos establecimientos penitenciarios”.

O tal y como se recoge en el punto 77 de dicho Balance de crímenes denunciado por el Consejo de Europa: “La Iglesia Católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos (…).También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”.

¿Con qué cargos penales?.
Ahora bien, situación de detención de tales mujeres y sus pequeños en tales “establecimientos penitenciarios” provistos con personal religioso, según dicha denuncia… ¿con qué cargos?.

Porque de no existir tales cargos, o de resultar manifiestamente infundados – ser familia de algún defensor de la República española, haber intentado huir del país… – nos encontraríamos ante una situación de colaboración en un número indeterminado de detenciones ilegales.

¿Qué funciones penitenciarias son esas de una confesión religiosa?.
Ejercicio de anómalas funciones penitenciarias por parte de dicho mismo personal – incluso llegando a utilizar conventos y otros edificios de la Iglesia como centros de detención, como han señalado otros estudios –… ¿en virtud de qué?, cuándo la única participación reconocible al personal religioso de cualquier confesión en centros penitenciarios lo es a los efectos de dar asistencia religiosa, en caso de ser solicitada por parte de los detenidos.

¿En qué condiciones de detención se tuvo a esas madres y sus pequeños?.
¿Y en qué condiciones de detención, higiene, alimentación – cuidados médicos adicionales exigidos por las leyes internacionales desde Ginebra, desde antes incluso, respecto dicha población civil especialmente vulnerable, madres y bebés – administró dicho personal tales centros?.

Porque de no reunirse esas mínimas condiciones de detención nos podríamos encontrar, igualmente, en el terreno de análisis de distintos posibles supuestos del legado de Nuremberg y otros instrumentos internacionales.

¿Carácter sistemático o actuaciones puntuales?.
“Malos tratos físicos y psicológicos”, señala el Consejo de Europa, por parte del “personal religioso”, ¿en qué concretos centros?, ¿por parte de qué concretas personas?, ¿se trató igualmente de actuaciones puntuales o de actuaciones generalizadas o sistemáticas hacia estas mujeres y sus pequeños?… una u otra respuesta nos llevaría a hablar, en su caso, de muy distintos tipos de responsabilidad.

¿Dónde están los registros de madres y niños presos?.
Y además, ¿qué mujeres, qué niños, qué jóvenes, pasaron por dichos centros inexplicablemente provistos de personal religioso-penitenciario por la IglesiaCatólica?.

Porque otra obligación por parte de la autoridad penitenciaria, sea esta – anómalamente – religiosa o no, es la de llevar un detallado registro de presos, defunciones, puestas en libertad, traslados – y, en su caso a dónde -;  más aún de separarse a menores de edad respecto de los restantes miembros de su propia familia… y más aún cuando varios historiadores han denunciado igualmente que tales registros simplemente no existen, y eso, jurídicamente, tampoco es posible; no sin encarar nuevas y adicionales esferas de responsabilidad.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido la Conferencia Episcopal Española?.
Todo ello, punto por punto, de haberse producido tal y como denuncia el Consejo de Europa, situaría a la Iglesia Católica, de propia mano, en el delicado terreno de las “relaciones de sujección especial”, espacio de protección reforzada de los derechos fundamentales de los detenidos… ¿con qué grado de conocimiento de la Conferencia Episcopal se hizo?, ¿con qué diligencia se interesaron dichas autoridades superiores jerarquicas por la supervisión de la adecuada situación de todas esas presas – de los pequeños presos -, en estos centros vigilados por ese, su, personal subordinado en el ejercicio de dichas poco comprensibles funciones en colaboración con Franco?.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido el mando superior, el Vaticano?.
Más aún, ¿con qué grado de conocimiento de las autoridades últimas, las de Roma, superiores jerárquicos máximos en el vértice de la organización y, simultáneamente además – aunque esto ha sido completamente olvidado – autoridades de un Estado, el Vaticano, susceptible por tanto de rendir cuentas ante los distintos intrumentos internacionales de Derechos Humanos?, ¿hasta qué punto “sabían”, “debían haber previsto” o “trataron de impedir o sancionar” ese tipo de conductas como reclama el elemental principio de “responsabilidad por el mando” consagrado en los juicios de Nuremberg y que no sólo se aplica a estructuras militares sino a toda estructura jerarquizada como lo es la Iglesia Católica?.

¿Qué reparaciones ha habido para estas madres presas?.

Y, sobre todo, ¿qué reparaciones morales y materiales han ofrecido, en su caso, a todas esas personas sus ex-carceleros?, ¿qué justicia?, ¿cual es la verdad detrás de todos estos hechos y cuándo podrá tenerla a su alcance cualquier ciudadano, si es que alguna vez  somos capaces de mirarla de frente como sociedad salida de un genocidio, el franquista, que aún no somos capaces ni de llamar por su nombre?.

Una denuncia que no puede seguir siendo desatendida más tiempo.
La denuncia del Consejo de Europa, organismo de amplio prestigio internacional en materia de derechos humanos en cuyo seno se haya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su pieza más visible, resulta de la suficiente gravedad en sus implicaciones humanas, jurídicas e internacionales como para que no pueda seguir siendo desatendida más tiempo; menos aún cuando, junto a todo ello, dicha denuncia nos sitúa en el terreno colindante con actuaciones aún más graves, si ello es posible, cuando – en su punto 72 – se definiría precisamente el caso de los niños perdidos del franquismo como el de “hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.

¿Hubo personal religioso en las cárceles dónde desaparecieron bebés?.
¿En qué centros penitenciarios se hallaban, en particular, esas mujeres “presas” cuyos hijos les fueron arrebatados – y que el Consejo de Europa no especifica tampoco si están entre los “numerosos establecimientos penitenciarios” provistos de personal por la Iglesia o en algún otro establecimiento no provisto por dicho personal – ?; Y, de haberse verificado casos de desaparición infantil también entre los primeros, ¿hasta qué punto dicho personal religioso pudo haber tenido conocimiento y responsabilidad, como guardianes de estos, por lo sucedido en su seno?, ¿hasta que punto pudo o debió impedir que se separase a estas madres de sus pequeños?, ¿hasta qué punto pudieron o debieron tener conocimiento sus superiores jerárquicos en España de todo ello?, ¿y los de Roma?.

“Investigación oficial” también del Estado Vaticano.
Un año después de las actuaciones del auto de la Audiencia Nacional nos sigue faltando una investigación “oficial, efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado Vaticano tal y como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Monjitas-guardianas”
Pero los estremecedores testimonios del horror narrados por algunas supervivientes, los cuerpecitos de niños pequeños muertos de malnutrición y enfermedad, la cruel actuación de algunas “monjitas-guardianas” – qué completamente anómalo dicho termino, y de que forma tan anómala también nos hemos habituado a él sin reparar en sus fundamentales implicaciones jurídicas de fondo – reclaman una respuesta . Y la debería reclamar también el propio Estado Vaticano, activando por propia iniciativa dicha investigación, en consonancia con sus otras actuaciones radicalmente distintas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en otros países.

Un debate incompleto sobre la “educación para la ciudadanía”
Mientras tanto, y al calor también del vigente debate igualmente promovido por la propia Iglesia Católica de España, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos sin la injerencia –  al parecer tiránica – del Estado por pretender obligarles a estudiar la asignatura de educación para la ciudadanía, no he podido dejar de sorprenderme, día a día y mientras desarrollaba mi propia investigación jurídica, por el silencio de nuestros obispos sobre todo ello.

El silencio sobre si el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia conciencia se aplicaba, también, a todas estas madres presas, maltratadas y olvidadas: sobre cual fue la concreta actuación de nuestra Iglesia en aquel entonces, cuando según el punto 73 de dicho mismo Balance “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como <inadecuada> para su formación”.

Aunque seguramente el análisis de esto último, de todo ello en realidad, se lo habrán reservado ya los organizadores del acto para la siguiente ocasión de reflexión en la CEU.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho penal internacional de la UCLM y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional, así como de las primeras investigaciones jurídicas en nuestro país, publicadas en Jueces para la Democracia, calificando los casos de las fosas de Franco como crímenes de lesa humanidad.

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REACCIONES JURÍDICAS | SEGÚN TRATADOS DE DD HH SE DEBERÍA INICIAR UNA “INVESTIGACIÓN OFICIAL” POR PARTE DEL ESTADO VATICANO.

La anómala presencia de personal eclesiástico en cárceles de mujeres y niños obliga a esclarecer su implicación en lo sucedido en esos centros.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS (Profesor de Derecho Penal Internacional de la Univ. de Castilla-La Mancha, autor de El caso de los niños perdidos del franquismo que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional)

Diagonal, Viernes 30 de octubre de 2009.  Número 112.
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“La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…), jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes, cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Así se expresaba, junto a todos los demás puntos denunciados, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista en marzo de 2006. Nada se ha hecho por esclarecer dichas anómalas funciones penitenciarias por parte de agentes de la Iglesia Católica. Anómalas pues la única participación de una confesión religiosa, en este caso la Iglesia Católica, lejos de la situación denunciada por el Consejo –con expresa mención de las prisiones de mujeres– debería haber sido la de dar libre asistencia espiritual a las prisioneras –de querer ser ejercido este derecho por ellas– tal y como se reconoce en las convenciones internacionales.

Pero nunca se debe ampliar a la colaboración en funciones de detención o custodia alguna por parte de las denominadas monjas-guardianas, ni nada que se le parezca. Sabemos también por los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas, y otras investigaciones periodísticas más recientes, como Los niños perdidos del franquismo, de la utilización de edificios e instalaciones de la Iglesia, como algún convento, para funciones carcelarias. Incluso de condiciones materiales de hacinamiento, muchas veces durmiendo en el propio suelo, y de ausencia de higiene. También denuncian estas investigaciones periodísticas las condiciones de insuficiencia alimenticia y de asistencia médica, y la elevada mortandad infantil que ha llevado a hablar a algunos autores de “infanticidio”.

Esto último motivado por la falta de los alimentos y de los cuidados médicos  exigidos, condiciones amparadas en las leyes de humanidad consagradas en el derecho internacional. El horror vivido por esas madres y sus pequeños, recogido en inhumanas escenas por tales testimonios, no debe ser nunca olvidado. Sin embargo, la Ley de la Memoria no tiene memoria de género, no menciona siquiera el caso de los niños perdidos, olvidándose de los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia nuestros desaparecidos en vida y sus familias.

Todo ello sitúa a la Iglesia Católica en un terreno escabroso, por incumplir los especiales deberes de diligencia –y esferas de responsabilidad– de las llamadas “relaciones de sujeción especial” en el ámbito penitenciario, como se llama en Derecho a la situación de dependencia y vulnerabilidad de cualquier detenido respecto a guardianes y autoridades del centro, que deben velar por sus condiciones de vida. Un ámbito jurídico fuertemente reglado y protegido por la jurisprudencia e instrumentos internacionales, especialmente por la importante jurisprudencia evolutiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello iría desde la responsabilidad por las condiciones de detención, alimentación y cuidados médicos, a llevar un obligado registro, detallado y actualizado, de las madres y niños detenidos en cada centro, con participación de personal religioso-penitenciario; así como registro detallado de su posterior traslado, fallecimiento o puesta en libertad.

Unos libros de registro cuya existencia es obligatoria, so pena de incurrir en adicionales esferas de responsabilidad de no existir, como varios historiadores denuncian que también fue el caso en varios de esos centros de detención, respecto a los menores encarcelados, sin quedar constancia, por tanto, de qué niños entraban en tales cárceles, qué niños fallecían o eran trasladados y, en su caso, a dónde.

La Iglesia en las cárceles
Más aún en un terreno colindante –éste de la participación de agentes de la Iglesia Católica de España en la detención carcelaria de madres y menores– con el de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo con los hijos de las defensoras de la II República y otros colectivos de mujeres. Como deja de manifiesto el texto del Consejo de Europa: “Los ‘niños perdidos’ son también parte de las víctimas del Franquismo, se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afectas al régimen”.

Lo que sumado a la revelación de otros testimonios personales y documentos escritos que apuntan directamente a alguna forma de participación de curas o monjas en varias desapariciones infantiles –me refiero a las investigaciones antes mencionadas pero también a otras más recientes como las publicadas por DIAGONAL hace tan sólo unos días– tornaría de toda importancia la investigación de tales registros, de los testimonios. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera deber ipso facto emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” por propia iniciativa del Estado, ante la mera noticia de la existencia de desapariciones en circunstancias no esclarecidas.

Todo lo anterior habida cuenta, en especial, de que los miembros de la Iglesia Católica forman parte de una estructura claramente jerarquizada y de conformidad con la fundamental doctrina de la “responsabilidad por el mando”, surgida en los juicios de Nuremberg. El “mando” es el responsable de la actuación de sus subordinados no sólo si éste sabía, también si tenía motivos para saber, en unas circunstancias determinadas, que dicho subordinado estaba cometiendo, o iba a cometer, actuaciones contrarias a la legalidad, en especial si no tomaron todas las medidas necesarias para impedirlo o sancionarlo. En este sentido se articula el punto 27 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en este caso el mando último ostenta a su vez la condición de alta autoridad de un Estado, el Vaticano, sujeto igualmente a dichos deberes internacionales y a responsabilidad internacional, como nuestro propio Estado español, en caso de incumplirlos.

Por ello mismo cabría esperar una “investigación oficial efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado vaticano, en tanto que fueron agentes jerárquicamente subordinados a una y otra autoridad, los que aparecen implicados en las cárceles. Una investigación que sería congruente además con la aplaudible preocupación humanitaria mostrada por ambos Estados en la promoción y protección de los derechos humanos ante otras situaciones de desaparición en América Latina. Y sin olvidar en este caso, la especial urgencia para la protección debida de todas estas familias, que todavía padecen los efectos de una separación forzada de sus miembros –a pesar de sus lazos biológicos– gravemente afectadas por tanto en su derecho humano a la vida familiar y víctimas durante largos años de un sufrimiento inhumano.

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Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Iglesia-Catolica-de-Espana-el.html

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Foto: Cedida por el Archivo de Internos de Auxilio Social.
 MEMORIA HISTÓRICA | DIAGONAL APORTA LA PRIMERA CARTOGRAFÍA DEL ROBO DE NIÑOS A MADRES SIN FILIACIÓN POLÍTICA DURANTE EL FRANQUISMO
 María José Esteso Poves / Madrid
Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia”. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, quien fue presidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las prisioneras políticas tras la guerra, sino que continuó hasta bien entrados los años ’80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”.

Estos hechos y situaciones muy similares son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid por segunda vez el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (paginas 50-74) señala como “víctimas del Franquismo”. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. Fue el periodista el que impulsó en 1996 la creación de la asociación ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzzle: “El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena”, dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.

Curas, monjas, médicos…
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía estas situaciones. Y ni hablar de reclamaciones.

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento, y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Llegó a Alicante desde la inclusa de Murcia. Fue allí y no le dieron nada; en el registro le indicaron que tenía que esperar 50 años. En 1999 volvió y el juez del registro le volvió a negar los datos, insistió y le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Se marchó entonces a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.

“Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, reconoce Hernández Martínez. Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que tuvieron hijos y fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara su presidenta a DIAGONAL.

Los testimonios hablan de doctores que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en O’Donnell y Santa Cristina (maternidades situadas en la misma calle). Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana, Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo firmado por el doctor Villa era de otitis. En el registro de la Comunidad le dijeron: “Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis”, posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria.

Al hilo de esta noticia, una familia ha acudido a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua Maternidad de O’Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O’Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto por otitis y ya estaba enterrada. El ginecólogo que habría atendido a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.

El abogado José María Stampa Braun emprendió un juicio en 1974 que acusaba a Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y al médico Enrique Marín Bonachera por un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro Contreras. Para esa tarea se rodearía de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elízaga, quien habría trabajado tanto en O’Donnell como en Santa Cristina, según fuentes médicas. Actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.

Otro lugar marcado en Madrid sería la clínica San Ramón (paseo de la Habana, 143). Allí fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, aún vivo, y sor María Balbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, habrían actuado de forma coordinada en el tráfico de bebés.

La trama de Mercedes de Grass
En Bilbao, la trama sería manejada por Mercedes Herrán de Grass, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos… En es- que después se les retiraban los bebés, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada entonces a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios fue igual.

“Estaba todo atado”
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. Pedido Sequitín, adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre era obrero en Cádiz, pero la tía de éste en Madrid tenía relación directa con la Asociación para la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Le pidió una niña para su sobrino y éste le dio un poder notarial para hacer toda la gestión firmado por el notario Alfonso del Moral y de Luna. Según Amelia, la niña de entonces cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que “estaba todo atado”. Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro y Ignacio Villa Elízaga. “Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles iba a conocer la verdad”, señala.

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. “A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos”, explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta.

En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O’Donnell, en los años ’70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás, según Virtudes Hernández. La mayoría de los adoptados eran de Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. Enrique Vila, abogado de Valencia se ha querellado contra la clínica. En Valencia estuvieron Cruz Martínez y Virtudes Hernández: “Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de esa clínica nos llevó a su casa, donde tenía encima de un armario torres de cuadernos con cientos de datos en páginas ya amarillas”.

Documentos, jeroglíficos

No había que dejar rastro. Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran “desconocidos”. Se suplantó a la madre biológica por la adoptiva, y quedaba registrada como parturienta. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia, y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también. Muchas veces ni siquiera coinciden las fechas. Pero como en una investigación cualquiera, todo tiene un sentido. Muchos afectados ya saben descifrar el jeroglífico. Virtudes Hernández, gracias a que tacharon mal su verdadero nombre en uno de los legajos, ha podido tirar del hilo 50 años después.

 

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 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html

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