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Miguel Ángel Rodríguez Arias.
El Plural, Domingo 14 de Febrero de 2010.
Como en una escenificación teatral, el dramatis personae está dispuesto. El juez díscolo, en el banquillo; los muy leales magistrados –al Caudillo, a Dios y a España, según parece–, prestos a la suspensión y al procesamiento. La extrema derecha afila los cuchillos.

No había remedio. Era evidente que, antes o después, alguna vez, alguien tenía que ser llevado ante la justicia en este país ante todos los crímenes de lesa humanidad, violaciones de los derechos humanos y demás aberraciones del genocidio franquista, el último genocidio negado del siglo XX.

Así que, tan carpetovetónicos y ufanos como siempre, hemos decidido llevar al juez que intentó juzgar a los verdugos.

Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos del Callejón del Gato dan el esperpento: España –el colapso en cadena de nuestro entero sistema de justicia ante los crímenes del franquismo– como deformación grotesca de la civilización europea, ya se sabe, Max Estrella dixit.

Deformemos, por tanto, también nosotros, con Don Ramón, la expresión en el mismo espejo que nos viene deformando las caras desde la transición ejemplar de las 150.000 personas en fosas clandestinas, los asesinatos y robos convalidados –vaya, se dice que aquello tambien eran juicios– y los miles de ‘niños perdidos’; la transición ejemplar de las elecciones a Cortes Constituyentes con la Izquierda Republicana del Presidente Azaña y la Unión Republicana del Ministro Giner de los Ríos, prohibidas… que una cosa era legalizar a unos comunistas muy simpáticos en las elecciones de 1977, y otra muy distinta a los partidos republicanos, acaso más conservadores ellos… pero demasiado republicanos al parecer. Mira que si de verdad se llega a permitir elegir entre un Estado monárquico y otro republicano… era mucho más seguro elegir entre la monarquía y la nada para que en el país de la noble osadía y la Segunda República española el reestablecimiento monárquico decidido por Franco pudiese continuar…

A fin de cuentas a cualquier partido político le puede pasar lo de ser legalizado un poco más tarde de la cuenta y perderse una Constitución española; démosles por perfectamente representados por Falange y por el resto de grupúsculos de la extrema derecha a los que sí se permitió participar, en cambio, sin pega alguna; mientras Acción Republicana Democrática Española continuaba en su largo exilio forzado.

Todo de lo más legítimo y, vaya, seguro que más o menos lo que se entiende por principio de elecciones libres y justas en Naciones Unidas… y no digo entonces, no, que era todo tan difícil, sino ni siquiera ahora que, una vez pasado el apuro del 78, ya tenemos este magnífico Estado de Derecho monárquico, y esta judicatura tan juramentada con los viejos tiempos –efectivamente, la joya de la corona–. Y claro, la verdad que da que da fatiga ponerse a organizar referéndums constitucionales, en igualdad, paz y libertad, y dejando participar –a tiempo esta vez–, incluso a los partidos históricos del republicanismo español… aunque quizás así tendríamos una República democrática o, al menos, una Monarquía elegida de verdad ante alguna alternativa.

Por el momento nos tocará asistir, sin remedio, a la función: con la parte más visible de lo mucho que resta del franquismo entre nosotros denunciando a uno de los pocos jueces que ha intentado juzgar sus crímenes, la menos visible enjuiciando al juzgador, y las familias de las víctimas –de fosa en fosa– buscando a sus muertos… que nuestro Gobierno y autoridades ya se encargan solitas de omitir el ejercicio de sus más elementales responsabilidades de Estado y, con ello, de omitir en este campo la misma dignidad institucional de los puestos que ocupan. Pero eso sí, le han deseado buena suerte a Garzón en estas circunstancias y, sinceramente, yo con eso ya me quedo mucho más tranquilo. El Gobierno de España ya ha cumplido con su deber.

Así que nada, en vez de ponerse el mismo celo en la aplicación de la Ley de Partidos a las formaciones que hacen exaltación y apología del genocidio y la dictadura franquista –así el artículo 9.3, “promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas”, “apreciando la continuidad o repetición de las mismas en la trayectoria de un partido (…)así como las actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos”, añade el 9.4–, se desarrollará ante nuestros atónitos ojos, y los del mundo entero, el caso Falange contra Garzón, aunque mucho me temo que a nuestro juez valiente le va a tocar un poco más de esa doctrina del embudo de lo justo y de lo democrático que tan bien conocen ya por desgracia los partidos republicanos y todas las víctimas del franquismo.

Y todo vuelta a empezar…

Si en Luces de bohemia el sentido trágico de la vida española sólo podía darse con una estética sistemáticamente deformada, estoy seguro que en el día después de levantarse el telón en el juicio contra Garzón Valle Inclán mismo no se referiría ya a los espejos cóncavos del Callejón del Gato, sino a los que inevitablemente dejó aquel dictador “de lo atado y bien atado” en algún lugar de la Zarzuela.

PICA LAGARTOS: ¡El mundo es una Controversia!; DON LATINO: ¡un esperpento!; EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado!”.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 3 de enero de 2010.

“Cuando haya sangre en las calles, compra propiedades”, ya lo decía el Barón de Rothschild allá por el año 1757.

Aunque a nuestros victoriosos cruzados patrios que, efectivamente, hicieron correr la sangre por las calles de toda España, ni siquiera les hizo falta comprar nada. Simplemente cometieron la práctica totalidad de los crímenes contra la humanidad, de guerra y contra la paz que existen y, después, despojaron a sus víctimas de cuantos bienes se les antojó.

Mejor dicho, utilizaron los resortes del nuevo “Estado”, la absoluta impunidad que el mismo les brindaba, para robar, durante años, a las familias de quienes habían defendido nuestra República.

Al igual que los propios nazis, apropiaciones de inmuebles, de tierras, de instalaciones industriales, de obras de arte y otros bienes, requisas coactivas de papel moneda, imposición arbitraria de tipos de cambio abusivos en zonas fronterizas y explotación empresarial de mano de obra esclava, fueron buena parte de sus hazañas redentoras de la cristiandad.

Todo ello a pesar de que ya desde el derecho de la Haya de 1907 estuviese prohibido someter a la población civil a saqueo, y se estableciese, además, que la propiedad privada debía ser en todo caso respetada, sin que pudiese ser confiscada ni objeto de pillaje.

A pesar de que no sólo es imprescriptible el enjuiciamiento de los verdugos, sino  también lo es el derecho de las víctimas a la restitución y la reparación de los perjuicios causados. O tal y como señalan los principios ONU de protección de los Derechos Humanos mediante la lucha a la impunidad: “la amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación (…) y no menoscabarán el derecho a saber”. Lo que no sólo es aplicable a la restitución del patrimonio histórico de partidos y sindicatos, como sí que hemos hecho, sino también al patrimonio de las familias perseguidas. Fuera de España casos como el de la Ley de restitución de tierras a los descendientes de sus legítimos propietarios hecha por el Presidente Mandela en Sudáfrica tras el apartheid – incluida la expropiación a las familias blancas que se beneficiaron del robo a partir de 1913 y la creación del tribunal especial de reivindicación de tierras –, son otro buen recordatorio.

Sin olvidar tampoco la expresa prohibición de la cesión de penados “a particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado” derivada del Convenio OIT contra el trabajo forzado – ratificado por España en 1931 – ; ni el propio antecedente del juicio a los empresarios de Hitler en Nuremberg y todos los posteriores procesos judiciales en Alemania relativos al pago de indemnizaciones, como fue el caso de las empresas del Cartel IG Farben, responsable de campos de trabajo como el de la filial IG Auschwitz.

A los empresarios de Franco, en cambio, el negocio les salió redondo y nadie les ha pedido, todavía, responsabilidades por las distintas violaciones de derechos humanos de los “esclavos de Franco” – prisioneros de guerra con derechos, según la Convención de Ginebra de 1929 – y de cuya explotación sacaron, ilegalmente, buen provecho, tal y como queda de manifiesto en el punto 67 del Balance de Crímenes denunciado por el Consejo de Europa en 2006. También recogida, en su punto 71, la “privación de bienes” por parte de la legislación franquista en contra de los “considerados republicanos”.

Como dice irónicamente Jean Ortiz en uno de sus poemas de Mi guerra civil, “El carro de mi abuelo se lo robaron…/y no se lo devolvieron”.

Y ya sabemos por el drama abierto de los desaparecidos, de las fosas clandestinas, de los niños perdidos, – a los que ninguna institución busca todavía, por mucha vergüenza que dé hasta el mencionarlo – lo muy poco que le ha importado al actual Gobierno del PSOE cumplir en este tema con nada de lo que haya dicho Naciones Unidas, ni el Convenio Europeo, ni nada que se le parezca. Mientras tanto, ya se sabe, en la España post genocidio los crímenes económicos del franquismo, como todos los demás, van a misa. Con la imprescindible ayuda del velo de impunidad tejido por nuestras autoridades. Qué duro resulta constatar también esto último.

La España post genocidio que viene de ser Ruanda o la antigua Yugoslavia,  con todas las consecuencias familiares, sociales, económicas, políticas, culturales, que aún perduran entre nosotros, todavía no es capaz de soportar su propio reflejo, ni mirar de frente a los miles de muertos insepultos que salen a la luz con tan sólo rasgar unos centímetros de tierra o de memoria.

“Verdad, justicia y reparación”, por tanto, también a los registros de la propiedad, hasta lo más oscuro de los balances contables de los empresarios de Franco, porque los responsables del franquismo, al igual que los del nazismo, fueron en primer lugar genocidas, sí, pero también fueron ladrones. Y nuestro Estado de Derecho no puede reconocer validez jurídica alguna a ninguno de sus crímenes, ni a su posterior saqueo del país. No podemos seguir llamando “derecho” al botín de guerra.

El disfrute de las rentas de todo ello debe dejar de engrosar las cuentas de las familias de los genocidas para pasar a los descendientes de sus legítimos propietarios: víctimas robadas y exterminadas por haber sido defensores de la Constitución y la República española, dejadas de lado por nuestra transición ejemplar de las fosas clandestinas y, finalmente, desamparadas por las ilegalidades internacionales de un Gobierno que ha defraudado todas nuestras esperanzas de justicia y derechos humanos para estas personas. ¿Por qué?.

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Nunca más una Navidad con fosas comunes y ‘niños perdidos’ en España.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 25 de diciembre de 2009.

            Desgraciadamente este artículo no tratará sobre ninguna película de Tim Burton con esqueletos parlantes, crítica a las costumbres sociales y buenos propósitos navideños… No hablaré aquí de ninguna pesadilla antes, durante o después de Navidad, sino de una pesadilla que dura todo el año – desde hace ya demasiados, además – y que tampoco se desvanece con las primeras luces del alba.

             Mientras en el día de hoy, 24 de diciembre, y mañana 25, día de Navidad, la mayoría de personas podrá reunirse en torno a una misma mesa y compartir unos momentos familiares íntimos y preciados, para muchas otras, en cambio, está seguirá siendo otra Navidad más vinculada a la fosa sin nombre a la que, tras tantos años, continúa todavía encadenada la vida en común de numerosas familias en nuestro país: privadas de conocer la suerte y paradero de sus seres queridos desaparecidos, esos mismos seres queridos a los que el resto sí que podremos abrazar o llorar su pérdida visitándoles en su lugar de reposo.

            Por eso no me resulta posible olvidarme y dejarme llevar sin más por el ritual costumbrista de los adornos navideños, el discurso, la copiosa cena, los brindis y todo lo demás, que estará hoy presente en tantos hogares. No sin detenerme mínimamente al menos en el sentido recuerdo de todas esas personas y su inalienable derecho humano a la vida familiar del que, sin embargo, las autoridades de nuestro Estado continúan sin acordarse ni hoy, ni el resto del año.

            Y no sé si en su tradicional discurso de esta noche el Jefe del Estado que está a punto de presidir la Unión Europea pero que no ha movido un sólo dedo en todo este 2009 para buscar a los ‘niños perdidos’ del franquismo – que se ha lavado las manos encomendando a las familias que vayan de fosa en fosa, de escenario del genocidio franquista a escenario del genocidio franquista, a identificar restos mortales de víctimas salvajemente exterminadas, en una especie de tour del horror, con el corazón en un puño mientras temen y desean encontrar a su propio ser querido –  tendrá alguna buena palabra, sin más contenidos, o ni siquiera eso.

            Pero lo que sí que sé, es que su obligación y responsabilidad legal ante todo este drama cerrado en falso, junto a la de las restantes altas autoridades es, indiscutidamente, la de hacer que el aparato del Estado busque a las decenas de miles de desaparecidos que sigue habiendo en cientos de fosas en nuestro país y que les sean devueltos, con dignidad, a los que aún les esperan de forma tan dolorosa, impactante y prolongada. Como también tengo claro que las auto-amnistías no tienen validez jurídica alguna para las situaciones de lesa humanidad – y menos que ninguna otra para las de desaparición forzada –, que son además imprescriptibles, y que la exenciones de responsabilidad e inviolavilidades introducidas por nuestra Constitución sólo entraron en vigor a partir de Diciembre de 1978, y por eso, algún día, habrá que esperar que además de darnos discursos en Navidad el actual Jefe del Estado nos explique el grado de conocimiento que tuvo o debió tener durante su mandato como Jefe del Estado de plenos poderes – entre el 22 de noviembre de 1975 y hasta el 6 de diciembre de 1978, sin más refrendo real que el de Franco que lo puso ahí – respecto de todas esas desapariciones que durante tales tres años se siguieron consumando, día a día, en nuestro país. Incluidos los ‘niños perdidos’, y todas sus madres, por entonces aún vivas, a las que se acabó dejando morir sin permitirles volver a saber nada de sus pequeños tras muchas otras navidades como estas, ya en democracia.

            En todo caso suficiente con tales cuestiones tan políticamente incorrectas, e incomodantes, para algunos de los que sí que van a poder tener felizmente a todos sus seres queridos consigo esta noche, o, por lo menos, saber dónde están dignamente enterrados los que les falten. Que, afortunadamente, la pajita más corta no les ha tocado a ellos y ya se sabe que el mundo no es perfecto, no es cuestión de amargarse las navidades…

            Así que, como es de rigor, a las Vicepresidentas de Gobierno responsables de leyes de la memoria infames, a todos los miembros del Consejo de Ministros que las aprobaron y que, afortunadamente para ellos, no tienen a su propio padre ni a ningún otro familiar en ninguna fosa común –  ni a ningún hermano desaparecido sin la más mínima mención en su articulado -,  a los magistrados que todavía no se han retractado de su juramento de lealtad a Franco y por cuyas manos habrá de pasar la decisión jurídica imparcial de asuntos de importancia en la lucha contra la impunidad, a los Defensores del Pueblo auto-desaparecidos ellos mismos, y al Rey de España, que lo es por tanto también de todas sus fosas comunes, a todos ellos, Feliz Navidad.

           Que la disfruten, ellos que pueden, junto a todos sus seres queridos, por mucho que hayan permitido que ese mismo derecho humano se les vaya a seguir negando en el día de hoy, de mañana, a tantas y tantas familias.

            Y que en el año entrante rectifiquen y cumplan finalmente, una por una, con todas sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos hacia estas familias, para que nunca jamás vuelva a haber una Navidad con fosas comunes y ‘niños perdidos’ en España. Que ese es su alto deber como autoridades del Estado, no el de las familias ni el de ninguna asociación.

            Pero, sobre todo, que los días pasen rápidos y compasivos para todos los que aún esperan; que su sobrecogedora soledad y su dolor encuentre toda la paz y el consuelo posible en estas fechas y que sepan que tienen el cariño y el recuerdo permanente en la distancia de muchos, por muy poco que sea ante todo este drama inmenso de las fosas y los desaparecidos.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 20 de Noviembre de 2009.

Transcurrido ya un año desde que Baltasar Garzón recogiese en su auto el caso de los niños perdidos del franquismo –  más de tres desde que el Consejo de Europa lo denunciase como parte de su Balance de crímenes de la dictadura franquista – y tras el reciente acto público negacionista respecto la existencia de trabajos forzados en el Valle de los Caidos llevado a cabo en la Universidad San Pablo CEU, resulta evidente lo necesario de seguir dando a conocer, con todo detalle, el estremecedor alcance de lo sucedido en presidios, campos de trabajo y todo tipo de centros penitenciarios del franquismo… así como la concreta relación que pudo tener la Iglesia Católica de España con todo ese, al parecer, “turismo penal alternativo”. Particularmente en cuanto a todo lo sucedido en los centros penitenciarios de detención de mujeres y jóvenes.

La Iglesia católica proveyó el personal de “numerosos establecimientos penitenciarios”.

O tal y como se recoge en el punto 77 de dicho Balance de crímenes denunciado por el Consejo de Europa: “La Iglesia Católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos (…).También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”.

¿Con qué cargos penales?.
Ahora bien, situación de detención de tales mujeres y sus pequeños en tales “establecimientos penitenciarios” provistos con personal religioso, según dicha denuncia… ¿con qué cargos?.

Porque de no existir tales cargos, o de resultar manifiestamente infundados – ser familia de algún defensor de la República española, haber intentado huir del país… – nos encontraríamos ante una situación de colaboración en un número indeterminado de detenciones ilegales.

¿Qué funciones penitenciarias son esas de una confesión religiosa?.
Ejercicio de anómalas funciones penitenciarias por parte de dicho mismo personal – incluso llegando a utilizar conventos y otros edificios de la Iglesia como centros de detención, como han señalado otros estudios –… ¿en virtud de qué?, cuándo la única participación reconocible al personal religioso de cualquier confesión en centros penitenciarios lo es a los efectos de dar asistencia religiosa, en caso de ser solicitada por parte de los detenidos.

¿En qué condiciones de detención se tuvo a esas madres y sus pequeños?.
¿Y en qué condiciones de detención, higiene, alimentación – cuidados médicos adicionales exigidos por las leyes internacionales desde Ginebra, desde antes incluso, respecto dicha población civil especialmente vulnerable, madres y bebés – administró dicho personal tales centros?.

Porque de no reunirse esas mínimas condiciones de detención nos podríamos encontrar, igualmente, en el terreno de análisis de distintos posibles supuestos del legado de Nuremberg y otros instrumentos internacionales.

¿Carácter sistemático o actuaciones puntuales?.
“Malos tratos físicos y psicológicos”, señala el Consejo de Europa, por parte del “personal religioso”, ¿en qué concretos centros?, ¿por parte de qué concretas personas?, ¿se trató igualmente de actuaciones puntuales o de actuaciones generalizadas o sistemáticas hacia estas mujeres y sus pequeños?… una u otra respuesta nos llevaría a hablar, en su caso, de muy distintos tipos de responsabilidad.

¿Dónde están los registros de madres y niños presos?.
Y además, ¿qué mujeres, qué niños, qué jóvenes, pasaron por dichos centros inexplicablemente provistos de personal religioso-penitenciario por la IglesiaCatólica?.

Porque otra obligación por parte de la autoridad penitenciaria, sea esta – anómalamente – religiosa o no, es la de llevar un detallado registro de presos, defunciones, puestas en libertad, traslados – y, en su caso a dónde -;  más aún de separarse a menores de edad respecto de los restantes miembros de su propia familia… y más aún cuando varios historiadores han denunciado igualmente que tales registros simplemente no existen, y eso, jurídicamente, tampoco es posible; no sin encarar nuevas y adicionales esferas de responsabilidad.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido la Conferencia Episcopal Española?.
Todo ello, punto por punto, de haberse producido tal y como denuncia el Consejo de Europa, situaría a la Iglesia Católica, de propia mano, en el delicado terreno de las “relaciones de sujección especial”, espacio de protección reforzada de los derechos fundamentales de los detenidos… ¿con qué grado de conocimiento de la Conferencia Episcopal se hizo?, ¿con qué diligencia se interesaron dichas autoridades superiores jerarquicas por la supervisión de la adecuada situación de todas esas presas – de los pequeños presos -, en estos centros vigilados por ese, su, personal subordinado en el ejercicio de dichas poco comprensibles funciones en colaboración con Franco?.

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido el mando superior, el Vaticano?.
Más aún, ¿con qué grado de conocimiento de las autoridades últimas, las de Roma, superiores jerárquicos máximos en el vértice de la organización y, simultáneamente además – aunque esto ha sido completamente olvidado – autoridades de un Estado, el Vaticano, susceptible por tanto de rendir cuentas ante los distintos intrumentos internacionales de Derechos Humanos?, ¿hasta qué punto “sabían”, “debían haber previsto” o “trataron de impedir o sancionar” ese tipo de conductas como reclama el elemental principio de “responsabilidad por el mando” consagrado en los juicios de Nuremberg y que no sólo se aplica a estructuras militares sino a toda estructura jerarquizada como lo es la Iglesia Católica?.

¿Qué reparaciones ha habido para estas madres presas?.

Y, sobre todo, ¿qué reparaciones morales y materiales han ofrecido, en su caso, a todas esas personas sus ex-carceleros?, ¿qué justicia?, ¿cual es la verdad detrás de todos estos hechos y cuándo podrá tenerla a su alcance cualquier ciudadano, si es que alguna vez  somos capaces de mirarla de frente como sociedad salida de un genocidio, el franquista, que aún no somos capaces ni de llamar por su nombre?.

Una denuncia que no puede seguir siendo desatendida más tiempo.
La denuncia del Consejo de Europa, organismo de amplio prestigio internacional en materia de derechos humanos en cuyo seno se haya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su pieza más visible, resulta de la suficiente gravedad en sus implicaciones humanas, jurídicas e internacionales como para que no pueda seguir siendo desatendida más tiempo; menos aún cuando, junto a todo ello, dicha denuncia nos sitúa en el terreno colindante con actuaciones aún más graves, si ello es posible, cuando – en su punto 72 – se definiría precisamente el caso de los niños perdidos del franquismo como el de “hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.

¿Hubo personal religioso en las cárceles dónde desaparecieron bebés?.
¿En qué centros penitenciarios se hallaban, en particular, esas mujeres “presas” cuyos hijos les fueron arrebatados – y que el Consejo de Europa no especifica tampoco si están entre los “numerosos establecimientos penitenciarios” provistos de personal por la Iglesia o en algún otro establecimiento no provisto por dicho personal – ?; Y, de haberse verificado casos de desaparición infantil también entre los primeros, ¿hasta qué punto dicho personal religioso pudo haber tenido conocimiento y responsabilidad, como guardianes de estos, por lo sucedido en su seno?, ¿hasta que punto pudo o debió impedir que se separase a estas madres de sus pequeños?, ¿hasta qué punto pudieron o debieron tener conocimiento sus superiores jerárquicos en España de todo ello?, ¿y los de Roma?.

“Investigación oficial” también del Estado Vaticano.
Un año después de las actuaciones del auto de la Audiencia Nacional nos sigue faltando una investigación “oficial, efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado Vaticano tal y como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Monjitas-guardianas”
Pero los estremecedores testimonios del horror narrados por algunas supervivientes, los cuerpecitos de niños pequeños muertos de malnutrición y enfermedad, la cruel actuación de algunas “monjitas-guardianas” – qué completamente anómalo dicho termino, y de que forma tan anómala también nos hemos habituado a él sin reparar en sus fundamentales implicaciones jurídicas de fondo – reclaman una respuesta . Y la debería reclamar también el propio Estado Vaticano, activando por propia iniciativa dicha investigación, en consonancia con sus otras actuaciones radicalmente distintas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en otros países.

Un debate incompleto sobre la “educación para la ciudadanía”
Mientras tanto, y al calor también del vigente debate igualmente promovido por la propia Iglesia Católica de España, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos sin la injerencia –  al parecer tiránica – del Estado por pretender obligarles a estudiar la asignatura de educación para la ciudadanía, no he podido dejar de sorprenderme, día a día y mientras desarrollaba mi propia investigación jurídica, por el silencio de nuestros obispos sobre todo ello.

El silencio sobre si el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia conciencia se aplicaba, también, a todas estas madres presas, maltratadas y olvidadas: sobre cual fue la concreta actuación de nuestra Iglesia en aquel entonces, cuando según el punto 73 de dicho mismo Balance “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como <inadecuada> para su formación”.

Aunque seguramente el análisis de esto último, de todo ello en realidad, se lo habrán reservado ya los organizadores del acto para la siguiente ocasión de reflexión en la CEU.

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho penal internacional de la UCLM y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional, así como de las primeras investigaciones jurídicas en nuestro país, publicadas en Jueces para la Democracia, calificando los casos de las fosas de Franco como crímenes de lesa humanidad.

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Monumento  Nacional al Guerrillero español_Santa Cruz de Moya_Foto Juan Navarro

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 5 de Noviembre de 2005.

 

Los ‘del monte’, los maquis, los últimos defensores de la República española, en muchos casos también brigadistas internacionales en la liberación del nazismo de Francia, de toda Europa. Hace tan sólo unos días se celebraron las X Jornadas “El maquis” en Santa Cruz de Moya (Cuenca) coincidiendo con el día del guerrillero español; como todos los años, rodeados nuestros guerrilleros del cariño y reconocimiento personal de los asistentes; como todos los años, ausente toda representación institucional de nuestras autoridades nacionales en dicho homenaje.

 

No deja de sorprender – de estremecer más bien – el profundo olvido de la epopeya de estos hombres y mujeres dignos y valientes por parte de nuestro reestablecido Estado democrático; considerados como ‘bandoleros’ hasta nada menos que el año 2001, no reconocidos sus rangos militares y derechos como combatientes de la República ni tan siquiera hoy.

 

Un Estado que sigue sin tener una calle, un mínimo espacio en los libros de texto de nuestros estudiantes, para nombres como los de ‘Grande’, ‘Bedoya’, ‘Chaval’, ‘Larry’, ‘Andrés’, la novena brigada, la AGLA, y tantos y tantos otros. Que se ha permitido olvidar a hombres irrepetibles como ‘Girón’, incontables sus hazañas, incluida la de escapar con bien, junto a sus cuatro compañeros, de su enfrentamiento con los doscientos guardias civiles que les tenían cercados, como todavía cuentan con admiración los mayores del lugar. A hombres como Juan Fernández Ayala, “Juanín”, el último guerrillero que, acosado en los Picos de Europa, no podía “desertarle” a su República y, consciente de la suerte que correría, se despidió para siempre y se fue a morir al monte un mes de mayo de 1957, tras veinte años de guerra contra el franquismo, desgastando en la soledad de la sierra el recuerdo de los días de una España de progreso cada vez más lejana.

 

¿Cómo es eso posible? ¿cómo es posible que nuestro país no honre y recuerde a todos estos hombres y mujeres que lo dieron todo, y más, por nuestra libertad y nuestro futuro?.

 

Amarga y desmemoriada “memoria histórica” la nuestra, la que nos han querido imponer de espaldas al derecho internacional, a los mismos deberes de humanidad: agua sin vaso cuando hay agua, vaso sin agua cuando hay sed…la misma sensación desgarrada pegada a la garganta que Otero.

 

Más de cinco mil nombres de guerrilleros ignorados; varios miles más de “enlaces” y “puntos de apoyo” que afrontaron igualmente represalias atroces por parte de la Guardia Civil de Franco, de contrapartidas y falangistas. Incontables sus familiares represaliados por la saña de no poder apresarles.

 

No contabilizados, tampoco, los niños perdidos igualmente arrebatados a sus familias – uno de los tres grandes colectivos objeto de desaparición forzada infantil por parte del Estado español -, como la del propio Manuel Girón a cuya hermana, Emilia, recientemente fallecida a las puertas de la justicia española a la espera de que alguien le devolviese a su pequeño, le hicieron pagar con una vida de sufrimiento y separación familiar la valentía del ‘león del Bierzo’.

 

Todo ello olvidado, sepultado bajo un distanciamiento equidistante, amnésico, fruto del silencio aprendido.

 

Según parece hemos sido capaces de inaugurar grados de desentendimiento incluso dentro del mismo olvido.

 

Todo ello a pesar de su conmovedor compromiso, de su sacrificio sin fin en la dureza desamparada del monte, en su lucha por la superviviencia cotidiana, por persistir, por mantener con su presencia sobre el terreno alguna esperanza abierta para el reestablecimiento de una España democrática; por muy insostenible que resultase su situación, por muchos padecimientos que hubiese que afrontar, por muchos compañeros que acabasen cayendo en el camino para terminar engrosando la cifra de los desaparecidos en fosas comunes, cuando no expuestos sus cadáveres acribillados con escarnio como trofeos humanos en la plaza del pueblo.

 

Pero nuestros guerrilleros siguieron luchando, sabían, lo siguen diciendo hoy, que el pueblo estaba con ellos, sabían de la esperanza que durante los años más feroces representaron para la sociedad española, aterrorizada y reducida, que, una vez, se había atrevido a soñar con la República.

 

Y es así como, poco a poco, tras toda una vida de lucha, fueron dejando morir a nuestros “imprescindibles” en el olvido, sin que ninguno de nuestros gobernantes se diese cuenta, ni lo haya hecho todavía, de por qué lo son, y hasta qué punto; sin que jamás ni una sola de nuestras instituciones nacionales les diera mínimamente las gracias ni les reconociera nada, ni tan siquiera su condición de ex combatientes de la República que, en la derrota militar, en el exilio o en el olvido, ellos siempre llevaron con orgullo.

 

¿Qué se le va a hacer?, sin duda alguna nuestros representantes, reservando sus fuerzas para más altas tareas de Estado, no han podido encontrar un hueco en sus apretadas agendas de los últimos treinta años para honrarles como se haría en cualquier otro país democrático.

 

Nuestros guerrilleros aguardan en algún lugar, con los niños perdidos, con las miles de mujeres víctimas de crímenes contra la humanidad de género, con todos los represaliados, expoliados, olvidados, para los que tampoco ha habido reconocimiento ni reparación institucional alguna en el país que decidió esconder su propio genocidio bajo la alfombra.

 

Siguen al margen de una ley de la que no se puede formar parte y a la que se opusieron con todas sus fuerzas desde el inicio de su gestación; todavía 70 años después recordándonos, hasta el final, de qué lado no está la dignidad.

 

Y, en el fondo, casi resulta normal que las cosas fueran así; imagínense: los últimos en plantarle cara sobre el terreno, con todo en contra, al franquismo más salvaje, pasando por el aro de las políticas de punto final – de medias tintas no, sin tintero y gravemente vulneratorias de varios derechos humanos – del actual Gobierno del PSOE. Las carcajadas aún se deben poder escuchar entre las peñas. Los ‘del monte’ siguen sin ley, como siempre, defendiendo lo que es necesario.

 

Sierra y libertad.

 

Y gracias, que es lo único que está a mi alcance decir en estas líneas por muy poco que sea.

 

 

(En la fotografía el Monumento nacional al Guerrillero español antifranquista, Santa Cruz de Moya, Cuenca, fotografía de Juan Navarro)

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 1 de noviembre de 2009.

 

En el día de hoy, primero de noviembre, otro años más, casi todas las personas que quieran llevar unas sencillas flores a sus seres queridos fallecidos podrán hacerlo.

 

Los familiares de los 150.000 desaparecidos en fosas clandestinas, no.

 

Los familiares de los desaparecidos en combate en batallas como las del Ebro y que continúan insepultos – sus restos en ocasiones a simple vista del caminante –, tampoco.

 

Los familiares de los miles de niños perdidos del franquismo, desaparecidos en vida – a los que nadie ha empezado a buscar siquiera – seguirán sin poder reunirse en torno a la misma mesa con sus seres queridos en ese día señalado de recogimiento familiar, como sí que harán, en cambio, tantas otras familias.

 

¿Qué se le va hacer? en el Estado heredero de la bandera retocada del dictador y de sus cientos de fosas que nadie quiso tocar, el derecho se detiene unos centímetros antes de llegar a los lugares donde yacen amontonados, por decenas de miles, buena parte de una generación de españoles comprometidos con los valores democráticos y de progreso social.

 

Como con los móviles: en cada fosa clandestina nuestro Estado de Derecho está apagado o fuera de cobertura.

 

Resulta que tenemos un casi pleno Estado Democrático, en el que lo único que no podemos votar es al Jefe del Estado, y un casi pleno Estado de Derecho del que tan sólo nos hemos despistado un poco con los derechos humanos de dos, a lo sumo tres, centenares de miles de personas durante poco más de treinta años. Y fosas, tenemos muchas fosas, apareciendo por todas partes.

 

Y por eso también nos hemos olvidado del “derecho humano a la vida familiar” que asiste a todas estas personas en días como hoy en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que no encuentra aplicación en nuestro país – como todos los demás derechos afectados – sin mayor argumento o justificación.

 

Así que nada, al igual que en todas las navidades, en las fechas del cumpleaños del ser querido desaparecido, los aniversarios, la fatídica fecha del día en que los genocidas de turno del pueblo se lo llevaron…como el resto de días del año, en realidad, y a cada momento que los recuerdos les asaltan, en el día de hoy los familiares de los desaparecidos tendrán un poquito más de sufrimiento y “trato inhumano” dado el admirable proceder de nuestro Estado Social y Democrático de fosas comunes, perdón, de Derecho.

 

Lo que en si mismo viola también la prohibición del artículo 3 del Convenio Europeo de que ningún Estado miembro tolere de brazos cruzados la prolongación de dichos padecimientos en situaciones de desaparición como, por el contrario, se lleva haciendo en nuestro país desde hace años.

 

Que no hay que andar pidiendo tantos derechos humanos. Hasta aquí se puede y ya está. Y “nos pasamos por las narices” – perdónenme, que esas cosas no se pueden escribir… aunque sean verdad – las más elementales normas de humanidad, todo lo que diga Naciones Unidas y todos los instrumentos de derechos humanos en materia de desaparecidos que obligan a que sea el Estado el que busque a estas personas, a revelar la verdad, a hacer justicia, a darles una verdadera reparación a sus familiares y rehabilitar sus nombres; y me refiero a todos los instrumentos internacionales en la materia, porque, lamentablemente, los estamos incumpliendo a sabiendas uno por uno y hasta el último de ellos, tal y como suena.

 

Claro que en el plano internacional el trabajo continúa y ayer mismo, sábado 31, saltó la noticia del renovado interés del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ante la situación de tres víctimas del franquismo.

 

Y conste que no pierdo la esperanza de que algún día el Jefe del Estado del país subcampeón del mundo en desaparecidos – nos ganó la “final” Pol Pot en la modalidad de genocidio en fosa común, y los responsables de las Stolen Generations australianas en la de robo de bebés indefensos –, nuestro auto-desaparecido Defensor del Pueblo, nuestros tribunales que nos miran como si les estuviésemos contando un capítulo de Expediente X cada vez que invocamos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…alguien, en definitiva, entienda que lo que está pasando en España con las fosas, los niños perdidos y sus familias, es algo más que antijurídico, es la clásica bestialidad española – más propia de otros tiempos – al margen de la humanidad, del derecho, del proceder de cualquier país civilizado y hasta del propio sentido común de nuestras casi plenamente democráticas instituciones.  Mucho más casi, que plenamente, democráticas desde el silencioso testimonio de las fosas, el dolor de las familias y la arbitrariedad con la que se sigue actuando con ellas.

 

Porque junto al inmenso drama de todas estas personas esas fosas son también el candente recuerdo, cotidiano, de lo que seguimos sin ser como país, como sociedad salida de un genocidio aterrador al que todavía no somos capaces de mirar de frente y, ni siquiera, de llamarlo por su nombre.

 

Mientras todo eso ocurre, este primero de noviembre, y todos los demás, no creo que haya sitio mejor donde llevar nuestras flores y nuestro desamparo que a las puertas de palacio del Rey y las altas autoridades del Estado: como son éstas las que tienen la obligación de saber dónde están todos esos seres queridos desaparecidos que se las lleven de nuestra parte.

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Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Parlamento Europeo

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural/Lanza 21 de Agosto de 2009.

       Surgida de entre las ruinas postbélicas de un continente arrasado, y tras el nunca más de los juicios de Nuremberg, la idea de una Europa unida se cimentó – como el propio sistema ONU – desde la afirmación de los derechos humanos de los individuos como inviolables frente a cualquier invocación de la “razón de Estado”. La observancia de los derechos humanos primaría, pues, por encima de cualesquiera chalaneos o conveniencias políticas del momento en nombre de la patria, del partido… y de cualquier otra cosa; su contenido esencial no le sería negado a los miembros de ningún colectivo, bajo ningún pretexto: éste sería cumplido, y se haría cumplir, sin excepción, como base misma y legitimación de la entera vida política democrática. Porque de “estados de excepción” y de justificaciones sobre cuando resultaba aceptable excluir a un colectivo de las exigencias mínimas de humanidad ya se había tenido bastante durante la pesadilla precedente: el Convenio Europeo de Derechos Humanos representaría la garantía última en el marco de Europa del catálogo de mínimos consagrado en la Declaración Universal de 1948, reforzado entre nosotros, además, mediante un sistema de control jurisdiccional internacional obligatorio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

        Por eso mismo resulta tan inaceptable la actual situación de los desaparecidos del franquismo, y sus familias, en España – contabilizados por decenas de miles – y el amplio argumentario que ha pretendido, y pretende todavía, anteponer todo tipo de “razones de Estado” a lo que debiera ser un normal cumplimiento del contenido mínimo de los artículos 2, 3, 8, 13 y 14 de dicho Convenio, tal y como se reitera en la jurisprudencia de dicho Tribunal.

 

Y por eso mismo, al igual que en la primera Serbia democrática post Milosevic – condenada ante la Cámara de Derechos Humanos de Bosnia Herzegovina sobre la base de dicho mismo Convenio Europeo –, en nuestro país se siguen violando hoy, día tras día, los derechos humanos de los desaparecidos y de sus familias; víctimas éstas últimas del “trato cruel e inhumano” de nuestras autoridades que les han condenado a esperar de por vida a sus seres queridos arrebatados, a vivir a la sombra de un “síndrome Srebrenica” que en el caso español no sé sabe ni respecto a cuantas localidades – escenario de las atroces matanzas de los victoriosos cruzados – habría que renombrar.

 

Como al Gobierno Serbio, a nuestro Gobierno socialista de las políticas Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su madre, a su hermano brutalmente asesinados… es increíble pero exáctamente eso es lo que se ha hecho, y se continúa haciendo, en España) el Convenio Europeo de Derechos Humanos – instrumento conservador y de mínimos donde los haya – también parece quedarle demasiado grande. Quién lo diría. ¿Qué otras cosas le quedan demasiado grandes en materia de derechos humanos a este Gobierno?, ¿por qué?, ¿qué pensarían históricos del partido ya fallecidos y – lo más importante todavía – qué piensan otros responsables igualmente callados como si también lo estuviesen ante todo este entusiasta copia-pega de Franco y su metodología, franquista, de tutela de los derechos humanos en el caso de los desaparecidos?. Qué silencio atronador el de las filas socialistas, cuando es de la grave violación de derechos humanos, y de un trato inhumano a personas de muy avanzada edad, indefensas, de lo que se trata.

 

Y el caso es que pareciera que uno no se hace socialista para hacer lo que diga su Gobierno sino para defender ideales tan irrenunciables como los derechos humanos, la solidaridad con los que sufren, la justicia… incluso a pesar de lo que su propio Gobierno socialista diga. Aquello que decía Pablo Iglesias que había que llevar a todas partes… con permiso de los que ahora acaban de cargarse también la justicia universal…Impacta el legado concreto en materia de derechos humanos y justicia universal (la misma que resistió 25 años, incluidos los precedentes 8 años de Gobierno Aznar) que van a dejar tras de si nuestros actuales gobernantes, ¿alguien ha iniciado algún tipo de reflexión al respecto en el seno del PSOE tras el reciente comunicado de Amnistía Internacional y del Human Rights Watch?. Porque sea cual sea la coyuntura lo mínimo que podemos esperar de un Gobierno socialdemócrata es que defienda los derechos humanos, más aún los de aquellos que no pueden defenderse por si mismos, y habían hecho de España su última esperanza. ¿Qué les parecería la eliminación de la justicia universal a los miles de brigadistas internacionales que vinieron a España a dejarse la vida, únicamente impulsados por esa misma idea de solidaridad humana cuando las víctimas indefensas a proteger eran las españolas?.

 

Y luego nos molestaremos porque el Comité Internacional de Derechos Humanos nos acaba de decir que desde 1996 no se han producido avances en materias sustanciales de derechos humanos en España. Desde 1996. El Comité Internacional de Derechos Humanos, no Génova.

 

Algo demasiado importante se ha debido perder en el camino de nuestra (re)construcción Europea – y en algún otro lugar – cuando estamos otra vez con éstas ante el drama de los desaparecidos de Franco. Ante algo tan básico como el hecho de que el contenido esencial de los derechos humanos de varias decenas de miles de personas “no se toca”: el contenido esencial de los derechos humanos se cumple y se hace cumplir con toda normalidad, lo estime o no oportuno para su agenda política quien sea. Sólo un centímetro más allá de haber garantizado su efectivo y normal cumplimiento puede y debe tener lugar la política y las “razones de Estado”; si es de política democrática de lo que estamos hablando y no de una vuelta a empezar en nuestro continente.

 

Dice la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Que al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, se sitúa a la persona en el centro de su actuación.

 

La situación de los desaparecidos del franquismo y sus familias desafía todo ello, además de resultar de demasiada urgencia, de demasiada gravedad, para tanto intento de andar haciéndole regates, a sabiendas, a toda la legalidad internacional en la materia. Simplemente porque a muchas de estas personas apenas les queda ya tiempo para volver a ver a sus pequeños, para recuperar a sus seres queridos por última vez antes de morir. Y eso es lo primero que nuestro Gobierno del PSOE les está negando en nuestro país, junto a otras cosas igualmente irrenunciables ampliamente reconocidas por el derecho internacional, ¿cómo es eso posible?, más aún ¿cómo es eso posible sin crítica interna alguna ni un amplio debate sobre lo que se está haciendo en todo este tema?.

 

       Un Gobierno socialdemócrata de una España de derecho, democrática y constitucional – a la altura ambos de su propio nombre – que reestablezca dentro de su territorio el normal cumplimiento de los derechos humanos del Convenio Europeo que jamás debió faltar es algo posible y debido.

 

       Como también lo es una Presidencia española de la Unión Europea que impulse con más razón – consciente de su responsabilidad moral, aún segundo país del mundo en número de desaparecidos, tanto como del desprestigio internacional del reciente caso de desapariciones de los vuelos de la CIA en Europa – una iniciativa internacional y diplomática de la misma UE en pro de la ratificación del nuevo Convenio ONU contra las distintas formas de desaparición forzada, y en particular contra la todavía desatendida lacra de la desaparición forzada infantil en el planeta.

 

Cumplido en España el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los deberes de “verdad, justicia y reparación” una tal contribución de la reestablecida democracia española en defensa de otros miles de pequeños hoy amenazados – y para la reunificación de sus familias de los ya desaparecidos – sería la mejor forma de homenajear y honrar la memoria de nuestras propias víctimas, en lugar de una Presidencia española de bombo y platillo… con más de 150.000 desaparecidos en el armario. Los errores se pueden rectificar y reparar poniendo el esfuerzo necesario, los grandes errores también, incluso los terribles. Muchos depositamos nuestra confianza en ZP cuando prometió no fallarnos, y de lo que aquí estamos hablando es de cumplir con los derechos humanos de unas víctimas a las que en la vida se lo han quitado todo, y lo único que les queda ya es que el Estado les devuelva a los seres queridos que les arrebató.

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Clarin de Chile/Diagonal, 8 de Junio de 2009.

España, el país que con casi 150.000 personas en fosas clandestinas, y un número indeterminado de “niños perdidos”, se sitúa en cabeza del trágico ranking mundial de víctimas de desaparición forzada – superados tales números del franquismo tan sólo por el régimen de Pol Pot –, carece sin embargo, todavía hoy, de ninguno de los instrumentos internacionalmente previstos en materia de verdad, justicia y reparación a los desaparecidos y a sus familias. Tal como suena.

 

La dura crónica de todo lo que – aún con treinta años de retraso – se continúa omitiendo en nuestro país resulta ya demasiado sobrecogedora, demasiado extensa e incomprensible. Como si, una vez más, el derecho internacional de los derechos humanos, el mismo derecho penal internacional, volviese a acabarse en los Pirineos; al menos respecto de todo un amplio colectivo de ciudadanos con los apellidos y antecedentes familiares “equivocados”.

 

No se articularon, desde el principio, las políticas públicas de memoria y reparación siguiendo el modelo de Comisión de la Verdad, independiente, prevista con normalidad por el sistema ONU como espacio natural de debate y amplia participación, transparente – en algunas experiencias  retransmitidas sus sesiones por radio o televisión – que elevase sus propuestas legislativas a nuestras autoridades, función esencial ésta última atribuida a las Comisiones de la Verdad precisamente para que ningún estudioso ministerial, ni interministerial, se despiste; se prefirió crear, en cambio, una Comisión Interministerial de estudio. Aunque “interministerial” e “independiente” no signifique exactamente lo mismo. Aunque la lacónica idea de transparencia y accesibilidad a las actas, testimonios y demás documentación del año y medio de trabajos de  nuestra Comisión Interministerial sea constatable por el lector en la red (http://www.mpr.es/Documentos/memoria.htm). Aunque tras todo ese estudio, lamentablemente, se dejasen en el tintero por completo el caso de los “niños perdidos”, que la subsiguiente ley “de la memoria” ni siquiera menciona – ni siquiera lo menciona –; aunque de “memoria de género” tampoco se diga una sola palabra, ni de las vigentes responsabilidades de los empresarios del franquismo, las requisas coactivas de papel moneda de la República, las deportaciones forzadas de población civil protegida, su persecución… imagínense que en las sesiones de una Comisión de la Verdad, independiente, retransmitida por televisión, se hubiese acabado escuchando cientos de tales testimonios, y hasta debatiéndose de todas estas cosas, y se hubiese llegado al atrevimiento –  que a los independientes los carga el diablo – de elevar propuestas legislativas concretas respecto de todo ello en su informe final para la elaboración de una ley “de la memoria” diferente, y que, probablemente, hubiesemos tenido que llamar de otra manera.

 

Pero  total, para qué va a necesitar nuestra sociedad conocer la verdad para poder hacer “memoria”, si con el buen rollo institucional y un par de subvenciones nos sobra… la sombra de los Pirineos, efectivamente, es alargada.

 

Y, claro, así las cosas, mucho menos aún se iba a enjuiciar a los responsables de toda esa  inmensidad de desapariciones, justamente por aquello mismo del anómalo “efecto jurídico ultrapirenaico”: al parecer al norte de los Pirineos sí que rigen con normalidad los posicionamientos adoptados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde Papon contra Francia y Kolk Kislyiy contra Estonia en materia de persecución penal de los crímenes de ese periodo histórico – nuevamente reiterado, además, todo ello en recientísimos pronunciamientos de septiembre de 2008 y de este mismo enero de 2009 –, y que permitieron a los tribunales de dichos países aplicar el legado de Nuremberg a sus nacionales; al sur de los Pirineos, en cambio, esto tampoco es así. Y no lo es, precisamente, en virtud de la llamada doctrina “Scilingo” de un Tribunal Supremo bastante menos atento a dicha jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional europeo de derechos fundamentales de lo que lo ha estado respecto a los argumentos de la ultra derecha patria contra Baltasar Garzón, justamente el primer juez que ha intentado hacer valer en España esa misma jurisprudencia europea. Ver para creer.

 

Y no hay que quejarse tanto, que aunque los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos se sigan violando de forma continuada, cada día que se sigue prolongando esta situación, – sin que hayamos cumplido ni una sola de nuestras obligaciones al respecto para tratar de imperdirlo – nuestra olvidadiza ley “de la memoria” ya se encarga de prever todo un bonito puzle de normas sin desarrollo…que ahora tampoco parece que las comunidades autónomas estén dispuestas a pagar.

 

Como si finalmente lo hicieran: el problema es el mal planteamiento de base de una ley contraria a varios derechos humanos recogidos en los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – veinte organizaciones de jueces y fiscales de toda Europa agrupadas en torno a MEDEL se lo han dicho a nuestro Gobierno –; el problema es que nuestra ley descarga las funciones estatales de búsqueda de los desaparecidos en sus familiares, subvencionados a su suerte, y no tiene nada que ver con los mínimos internacionales exigidos por la Corte Internamericana de Derechos Humanos, o el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto el deber de llevar a cabo una  “investigación oficial efectiva e independiente” sin tardanza, por propia iniciativa de las autoridades del Estado – no de ningún familiar – y en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia; un modelo patrio, sur-pirenaico, el actualmente vigente en nuestro país que, de hecho, está copiado-pegado de una orden de Franco de mayo de 1940 (BOE n.130 de 09/05/1940, pág. 3157), por mucho que pueda producir vergüenza hasta el mencionarlo. Y por eso no hay buen desarrollo que valga de dicha regulación, sino expulsar ese “redivivo” jurídico del pasado de nuestro ordenamiento modificando la ley – como se modifican tantas otras – y creando una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo con plena garantía de la participación de las asociaciones en su seno, como se le tuvo que recordar al Salvador con ocasión del caso de las “niñas perdidas” Serrano Cruz.

 

Pero, lamentablemente, antes parece previsible – nada deseo tanto como equivocarme – la inminencia de nuevas dosis de malabarismo dialectico-jurídico, de huida hacia adelante, “protocolizando” ahora dicha misma abdicación de funciones propias del Estado, que ninguna otra cosa. Según parece “el espectáculo debe continuar”, aunque el precio de todo esto lo continúen pagando todas esas familias, víctimas del “trato inhumano” de nuestro Estado y hasta de injerencia en su “derecho a la vida familiar” en virtud de otras cuantas más de esas sentencias “latosas” de allende los Pirineos y con las que – antes o despues – tendremos que acabar haciendo las cuentas como cualquier otro Estado de Europa.

 

¿Cómo podremos explicar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, los presentes momentos de impunidad y abandono de todos esos miles de personas, nosotros que estamos siendo testigos directos de todo esto, el día que obtengan pleno reconocimiento jurídico e institucional los derechos humanos de estas víctimas, y nuestro Estado tenga que pedir perdón y cumplir con todo lo que hoy incumple?, ¿cómo hablarles, ese día, del relato de estos crímenes contra la humanidad de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, y de la propia parcela de responsabilidad de unas autoridades ya democráticas que, durante décadas, toleraron la continuación de dicha situación sin activar por propia iniciativa ni uno sólo de los mecanismos del entero aparato de justicia?, ¿con qué palabras seremos capaces de escribir, y preservar para el futuro, esa otra “memoria histórica” de la vergüenza, el relato de todas esas madres y familiares – cientos, miles… –  cuya vida hemos permitido, seguimos permitiendo, que se vayan apagando, una por una, en el íntimo dolor y la soledad de un anhelado reencuentro familiar que ya nunca podrá llegar?.

 

Por favor, que impere de una vez la cordura – jurídica, institucional –, que impere de una vez la humanidad y la compasión, el Estado de Derecho, y se detenga, de una vez, toda esta situación que nos hace ya acreedores de nuestra propia parte de daño en el trágico devenir de estas decenas de miles de seres humanos. Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo, “investigación oficial efectiva e independiente”, ya.

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El Plural entrevista al investigador que inspiró la denuncia de Garzón sobre los niños perdidos del franquismo.

MARISU MORENO, El Plural, 2 de Diciembre de 2008.

    Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura de Derecho penal internacional. Es uno de los expertos consultados por el juez Baltasar Garzón en su intento de procesar el franquismo. Su última investigación -recogida en el libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, publicado en octubre de 2008 por la Editorial Tirant Lo Blanch-, aparece citada expresamente en el Auto de Garzón en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales. El magistrado de la Audiencia Nacional fundamenta con este trabajo la necesidad de investigar legalmente las desapariciones de los hijos de presas republicanas durante la dictadura de Franco.

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¿A quién corresponde hacer justicia a las víctimas de la represión franquista: a los historiadores, a los jueces o a ambos?
Tanto las directrices de reparación a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, como los principios de lucha a la impunidad elaborados por la Comisión de Derechos Humanos señalan la necesidad de utilizar distintos medios de reparación que se complementan entre sí: la desaparición forzada es una violación compleja y grave de los derechos humanos y el deber de recordar, la memoria histórica, es únicamente uno de esos elementos, pero no excluye el derecho de las víctimas a la justicia, o el derecho a la verdad de las familias, respecto el paradero e identificación de sus seres queridos. En ese sentido la única exclusión de enfoques es la que se ha pretendido hacer, y se sigue pretendiendo, por parte de nuestras autoridades. Sustituir “el todo” por una de sus partes. Pero en materia de crímenes internacionales la responsabilidad del Estado es la de cumplir con todas las formas de reparación y justicia hacia las víctimas, y no sólo la que pueda preferirse. Estamos hablando de derechos humanos no de un menú a la carta.

¿Qué papel jugó la Iglesia en la desaparición de niños?
Eso aún debe ser esclarecido mediante la misma “investigación oficial efectiva” que sigue aún pendiente también en el caso de los desaparecidos de las fosas comunes. Según el punto 77 del “Balance de crímenes de la Dictadura franquista” de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y leo literalmente: “La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…) también jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”.

Preocupa en todo caso determinar que clase de colaboración prestó el personal religioso ante la detención de madres y niños pequeños, ya que hablamos de madres y niños víctimas de detenciones ilegales por parte del Estado; preocupa más aún, visto que el régimen de Franco hizo desaparecer además un número indeterminado de menores, sin quedar claro en qué centros pudieron ser arrebatados a sus madres ni qué clase de personal estaba al cargo de los mismos mientras esto ocurría. Se debe aclarar qué menores y madres pasaron por estos centros y qué sucedió dentro de los mismos. Esa investigación oficial es imprescindible y urgente.

Es éste quizá el capítulo menos conocido de la represión franquista ¿es comparable con los casos de desapariciones de niños en Argentina?


Sin duda, en el caso argentino, muy conocido por la incansable tarea reivindicadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, se robaron unos 800 niños, y en el caso español podríamos estar ante miles de casos. Al igual que en Argentina cabe esperar que la mayoría de todos esos niños perdidos también siguen vivos, pero el Gobierno argentino lleva veinte años buscando todos los que puede y ha creado varios organismos estatales para localizar a los desaparecidos como una Comisión de Búsqueda y por el Derecho a la Identidad y una Base Nacional de Datos Genéticos para cruzar gratuitamente las muestras con una fiabilidad superior al 99%; en cambio el Gobierno español todavía no ha empezado a buscar a los desaparecidos del franquismo. Y los que han querido dejar en alguna parte sus muestras por si alguna vez se localiza a su ser querido lo han tenido que pagar de su bolsillo.

¿Cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención?
Tanto los casos de robos de niños de las madres presas, como los robos de menores de entornos maquis o los secuestros de los niños de las colonias infantiles de Victoria Kent, enviados por la República a Francia y a otros países, me resultan igual de inhumanos, no sabría distinguir. En lo personal escuchar el testimonio de Emilia Girón cuyo hijo se llevaron “a bautizar” nada mas dar a luz y no se lo devolvieron… tantísimo dolor de una madre que sigue ahí tras toda una vida, día a día, esperando a que el Estado, nuestro Estado social y Democrático de Derecho, le devuelva a su hijo; el testimonio de los hermanos del desaparecido que llevan toda la vida sabiendo que en algún lugar tienen un hermano pero no saben donde está…Emilia era la hermana de un conocido guerrillero y por lo tanto no tenía derecho alguno, ni tan siquiera a la carne de su carne. Repugna pensar en quienes cometieron este tipo de hechos y quienes les dieron cobertura, en la impunidad, me vienen otra vez a la cabeza aquellos versos de Otero de “si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos…”, más propios de la dictadura. Esta investigación que me ha acompañado durante tres años ha sido durísima y sólo puedo tener palabras de agradecimiento para las personas que me han acompañado y la han hecho posible en todos los sentidos comenzando por la propia editorial Tirant Lo Blanch que me prestó un lugar para llamar a todo esto “crimen contra la humanidad” cuando sólo se hablaba de “memoria”. Pero sobre todo para la gente que se comprometió con la defensa de nuestra democracia amenazada debiendo pagar por ello tan sobre cogedor precio.

¿La inhibición de Garzón a favor de los juzgados territoriales supone el fin del intento de procesar el régimen franquista?
En absoluto. Una cosa que los Gobiernos y autoridades no han comprendido nunca en un primer momento – en ninguno de los países donde se han perpetrado desapariciones forzadas de personas no hablo solo de España – es que las familias en realidad no pueden hacer ninguna otra cosa que buscar a sus seres queridos porque son su bien más preciado. ¿Quién de nosotros podría hacer otra cosa que buscar con todas sus fuerzas, como sea, a nuestro propio hijo, mujer, hermano, padre si mañana se lo llevasen agentes del Estado sin volver a dar razón de su paradero?, ¿Cuándo pararíamos de buscar nosotros a nuestros propios seres queridos dijese lo que dijese Rouco o quien sea?. En un terreno de tan lenta evolución y formación como es el derecho internacional en las últimas décadas las familias de los desaparecidos, da igual en que país, han sido una fuerza motriz que ha removido cielo y tierra en todas las instancias internacionales desde sus humildes lugares de origen, frente al poder del Estado y en situaciones verdaderamente aterradoras, para salvar lo que les es más querido en la vida. Es algo tan humano como el amor hacia sus seres queridos el que lo mueve todo, su inmenso dolor, su desesperación por no poder verles aunque deseen con toda el alma recuperarles en su vida. Quien hable de revanchas o venganzas históricas desconoce por completo la situación de estas personas y lo que les impulsa. Porque ni siquiera limito esto a los defensores de la República, es aplicable a los familiares de cualquier desaparecido que todavía pudiera serlo. Comprender la verdad de todo esto sobrecoge el alma de una forma difícil de explicar. No les sirve, ni les va a servir, ningún certificado en un papel, quieren a sus seres queridos o sus restos mortales para poder darles un trato digno y saber donde llorarles; y en el caso de los niños perdidos saben que probablemente aún siguen vivos y eso les va a espolear mas. Cualquier Gobierno que no tenga esto claro, se está equivocando.

¿Qué te parece el papel que ha jugado la Fiscalía en todo este asunto?
De las distintas cuestiones jurídicas que cuesta trabajo entender, y no son pocas, la que acaso más llama mi atención es la cerrazón para no calificar “crimen contra la humanidad” a lo que jurídicamente reúne, sobradamente, todos los requisitos para ello. Si al menos se pudiese identificar algún tratado internacional que afirmase lo contrario, que introdujese algún elemento de ambigüedad interpretativa, podría entenderse que se pudiese optar por dicha óptica. Pero no es así. Tanto empeño en evitar el uso del término “crimen contra la humanidad” recuerda el extraño empeño ante otras “palabras tabú” recientes como “crisis económica”. Pero ello no impide que sigamos teniendo “crímenes contra la humanidad” impunes, como tampoco ha impedido la realidad de la “crisis”.

¿Qué te parece la Ley de Amnistía?
La ley de amnistía fue un elemento necesario en su momento, de igual modo que también fue necesario a la comunidad internacional algún tipo de negociación con Milosevic para pacificar la situación en la antigua Yugoslavia; lo cual no impidió que transcurrido un tiempo razonable de estabilización de la situación la misma comunidad internacional fuese la que sentase a Milosevic, y a otros responsables, en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Porque los crímenes contra la humanidad nunca prescriben y no pueden ser objeto de amnistías y antes o después llega el momento de rendir cuentas a la justicia. El Comité de Derechos Humanos acaba de decirle a España hace tan sólo tres semanas que la ley de amnistía no puede ser una ley de punto y final que impida la lucha contra la impunidad, aunque la fiscalía de la Audiencia Nacional no se haya dado por aludida.

¿La Ley de Memoria histórica se ha quedado corta?
La ley de la memoria viola todos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, reparación a sus victimas y lucha a su impunidad. No lo puedo expresar con más claridad. Además el artículo 13 de la ley de la memoria es un “copia-pega” del modelo franquista de la Orden de 1 de Mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”. Pero como desde 1979 España ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos el “copia-pega” en cuestión viola los artículos 2 y 13 del mismo; en mi último trabajo publicado en Jueces para la Democracia señalo una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo demuestra.

Junto a esto no sé como calificar que la ley de la memoria se olvide del caso de los niños perdidos, que ni siquiera menciona. Ni siquiera lo menciona. Ni a ellos ni a sus pobres madres represaliadas por la dictadura con el robo de sus pequeños. Tampoco hay memoria de género para ellas.

¿Cómo se podría combatir la impunidad que parecen tener en este país los crímenes del franquismo?
Dando normal aplicación a los tratados internacionales y a los derechos humanos. No es que no existan, o que España no los haya ratificado, o se desconozcan. Es que se está pretendiendo mantener una política contra viento y marea en la que, sin que se entienda muy bien por qué, sigue persistiendo parte del PSOE que ya se ha quedado solo en todo esto. Hasta Izquierda Unida con la que pactó inicialmente para sacar adelante la ley habla ahora de una ley “de la impunidad”, más que de una “ley de la memoria”. Y todavía falta que, a un par de años vista, puedan empezar a llegar resoluciones de la esfera internacional. Nada de esto es correcto, y tengo confianza en una pronta reconsideración, a fondo, de la ley “de la memoria” por parte de nuestras autoridades.

La derecha alude a los crímenes del otro bando… ¿son comparables?
Eso mismo es lo que Franco hizo durante décadas para intentar justificar lo injustificable, y no puedo sino lamentar que una determinada parte de la derecha olvide que la derecha democrática también defendió la República y también fue represaliada por el franquismo. Hay innumerables ejemplos de personas admirables y de profundas creencias católicas y de ideas conservadoras que defendieron la República que era defender la Constitución y el gobierno democráticamente electo. Para mi el general Vicente Rojo es el primer exponente de todos ellos.

El “no los imitéis” de Indalecio Prieto – uno de los párrafos más conmovedores que se puedan leer todavía décadas después – está ahí, los denodados esfuerzos de Irujo o Azaña también; todos ellos máximos responsables de la República, por reestablecer la situación cuando el Estado tuvo que privarse de la única parte de las fuerzas de orden público de las que aún disponía para hacer frente a la otra parte que se había vuelto contra él; tales ejemplos dejan a la vista en su profunda miseria moral y humana, las declaraciones y llamadas públicas al genocidio y la violación de máximos responsables del otro lado como Queipo de Llano o Mola. Por eso jurídicamente no son en absoluto comparables, porque de la ausencia de un designio planificado, exterminador, desde las altas instancias del aparato de poder, o no, se deriva que, con el derecho internacional en la mano, se pueda hablar de crímenes de lesa humanidad de los golpistas pero no de la República. No creo que nuestra derecha democrática tenga ninguna necesidad de salir a la defensa del franquismo de igual modo que la derecha democrática alemana no tiene ninguna necesidad de salir a la defensa del nazismo.

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