PABLO GARCÍA , El País. – Madrid – 08/07/2009
Más de 60 asociaciones de Memoria Histórica presentaron ayer en La Moncloa un escrito en el que piden al Gobierno que modifique la actual ley en su apartado sobre desaparecidos del franquismo. Miguel Ángel Rodríguez, uno de sus redactores, resume así sus pretensiones: «Que sea el Estado, y no las familias, el que asuma las labores de identificación y exhumación de las víctimas».
La legislación vigente, aprobada el 31 de octubre de 2007, dice que las Administraciones subvencionarán y colaborarán en las tareas de localización de las fosas comunes, «tareas que casi siempre recaen en los familiares. Así, el Estado se lava las manos», destaca Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha.
El manifiesto, titulado Por un normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en España para el caso de los desaparecidos y que define la Ley de Memoria Histórica como una «ley de la vergüenza histórica», resalta que España es el segundo país del mundo en número de muertos cuyo paradero se desconoce (150.000 personas), «tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot».
Para propiciar una investigación «oficial, efectiva e independiente» en el asunto de las fosas -pero también, según el texto, en el caso de los «niños perdidos», es decir, críos separados de sus familias republicanas durante y tras la Guerra Civil-, el documento entregado ayer en la sede de la Presidencia del Gobierno propone crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. «Sería algo similar a los comités surgidos en los países latinoamericanos a finales de los años ochenta, tras las dictaduras militares», explica Rodríguez.
La nota enumera hasta cuatro supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos en las que incurriría la ley. La crítica más dura de todas es la que acusa a la norma de seguir el modelo «previsto por Franco» en la Orden de mayo de 1940, «ya que no recoge ni una sola de las obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia y reparación».
En diciembre pasado, Zapatero se comprometió a reunirse en 2009 con las asociaciones para valorar conjuntamente la ley. Aunque tal encuentro no ha tenido aún lugar, estos grupos aseguraron ayer «confiar» en la palabra del jefe del Gobierno.
En el pais de los niños perdidos 