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REACCIONES JURÍDICAS | SEGÚN TRATADOS DE DD HH SE DEBERÍA INICIAR UNA “INVESTIGACIÓN OFICIAL” POR PARTE DEL ESTADO VATICANO.

La anómala presencia de personal eclesiástico en cárceles de mujeres y niños obliga a esclarecer su implicación en lo sucedido en esos centros.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS (Profesor de Derecho Penal Internacional de la Univ. de Castilla-La Mancha, autor de El caso de los niños perdidos del franquismo que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional)

Diagonal, Viernes 30 de octubre de 2009.  Número 112.
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“La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…), jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes, cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Así se expresaba, junto a todos los demás puntos denunciados, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista en marzo de 2006. Nada se ha hecho por esclarecer dichas anómalas funciones penitenciarias por parte de agentes de la Iglesia Católica. Anómalas pues la única participación de una confesión religiosa, en este caso la Iglesia Católica, lejos de la situación denunciada por el Consejo –con expresa mención de las prisiones de mujeres– debería haber sido la de dar libre asistencia espiritual a las prisioneras –de querer ser ejercido este derecho por ellas– tal y como se reconoce en las convenciones internacionales.

Pero nunca se debe ampliar a la colaboración en funciones de detención o custodia alguna por parte de las denominadas monjas-guardianas, ni nada que se le parezca. Sabemos también por los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas, y otras investigaciones periodísticas más recientes, como Los niños perdidos del franquismo, de la utilización de edificios e instalaciones de la Iglesia, como algún convento, para funciones carcelarias. Incluso de condiciones materiales de hacinamiento, muchas veces durmiendo en el propio suelo, y de ausencia de higiene. También denuncian estas investigaciones periodísticas las condiciones de insuficiencia alimenticia y de asistencia médica, y la elevada mortandad infantil que ha llevado a hablar a algunos autores de “infanticidio”.

Esto último motivado por la falta de los alimentos y de los cuidados médicos  exigidos, condiciones amparadas en las leyes de humanidad consagradas en el derecho internacional. El horror vivido por esas madres y sus pequeños, recogido en inhumanas escenas por tales testimonios, no debe ser nunca olvidado. Sin embargo, la Ley de la Memoria no tiene memoria de género, no menciona siquiera el caso de los niños perdidos, olvidándose de los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia nuestros desaparecidos en vida y sus familias.

Todo ello sitúa a la Iglesia Católica en un terreno escabroso, por incumplir los especiales deberes de diligencia –y esferas de responsabilidad– de las llamadas “relaciones de sujeción especial” en el ámbito penitenciario, como se llama en Derecho a la situación de dependencia y vulnerabilidad de cualquier detenido respecto a guardianes y autoridades del centro, que deben velar por sus condiciones de vida. Un ámbito jurídico fuertemente reglado y protegido por la jurisprudencia e instrumentos internacionales, especialmente por la importante jurisprudencia evolutiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello iría desde la responsabilidad por las condiciones de detención, alimentación y cuidados médicos, a llevar un obligado registro, detallado y actualizado, de las madres y niños detenidos en cada centro, con participación de personal religioso-penitenciario; así como registro detallado de su posterior traslado, fallecimiento o puesta en libertad.

Unos libros de registro cuya existencia es obligatoria, so pena de incurrir en adicionales esferas de responsabilidad de no existir, como varios historiadores denuncian que también fue el caso en varios de esos centros de detención, respecto a los menores encarcelados, sin quedar constancia, por tanto, de qué niños entraban en tales cárceles, qué niños fallecían o eran trasladados y, en su caso, a dónde.

La Iglesia en las cárceles
Más aún en un terreno colindante –éste de la participación de agentes de la Iglesia Católica de España en la detención carcelaria de madres y menores– con el de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo con los hijos de las defensoras de la II República y otros colectivos de mujeres. Como deja de manifiesto el texto del Consejo de Europa: “Los ‘niños perdidos’ son también parte de las víctimas del Franquismo, se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afectas al régimen”.

Lo que sumado a la revelación de otros testimonios personales y documentos escritos que apuntan directamente a alguna forma de participación de curas o monjas en varias desapariciones infantiles –me refiero a las investigaciones antes mencionadas pero también a otras más recientes como las publicadas por DIAGONAL hace tan sólo unos días– tornaría de toda importancia la investigación de tales registros, de los testimonios. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera deber ipso facto emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” por propia iniciativa del Estado, ante la mera noticia de la existencia de desapariciones en circunstancias no esclarecidas.

Todo lo anterior habida cuenta, en especial, de que los miembros de la Iglesia Católica forman parte de una estructura claramente jerarquizada y de conformidad con la fundamental doctrina de la “responsabilidad por el mando”, surgida en los juicios de Nuremberg. El “mando” es el responsable de la actuación de sus subordinados no sólo si éste sabía, también si tenía motivos para saber, en unas circunstancias determinadas, que dicho subordinado estaba cometiendo, o iba a cometer, actuaciones contrarias a la legalidad, en especial si no tomaron todas las medidas necesarias para impedirlo o sancionarlo. En este sentido se articula el punto 27 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en este caso el mando último ostenta a su vez la condición de alta autoridad de un Estado, el Vaticano, sujeto igualmente a dichos deberes internacionales y a responsabilidad internacional, como nuestro propio Estado español, en caso de incumplirlos.

Por ello mismo cabría esperar una “investigación oficial efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado vaticano, en tanto que fueron agentes jerárquicamente subordinados a una y otra autoridad, los que aparecen implicados en las cárceles. Una investigación que sería congruente además con la aplaudible preocupación humanitaria mostrada por ambos Estados en la promoción y protección de los derechos humanos ante otras situaciones de desaparición en América Latina. Y sin olvidar en este caso, la especial urgencia para la protección debida de todas estas familias, que todavía padecen los efectos de una separación forzada de sus miembros –a pesar de sus lazos biológicos– gravemente afectadas por tanto en su derecho humano a la vida familiar y víctimas durante largos años de un sufrimiento inhumano.

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Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Iglesia-Catolica-de-Espana-el.html

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Charlamos con Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para la investigación de estos hechos.

Héctor Rojo Letón (Redacción)

Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Es un delito que se sigue consumando cada día que pasa”, explica Miguel Ángel Rodríguez Arias, del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor del libro El caso de los niños perdidos del Franquismo (2008), donde intentaba abrir una vía legal para su investigación y que los procesos que se han abierto hasta ahora han utilizado. Incluso puede servir si llegara al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (DD HH). “El derecho de los desaparecidos y sus familias ha dejado de valer en este país por los actos de nuestras autoridades”, explica este especialista en derecho internacional, que denuncia que el Estado español incumple los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de DD HH y que este “tema tabú” del robo de niños ni siquiera fue recogido en la última Ley de Memoria. “Al Franquismo se le debe acusar de cometer crímenes de lesa humanidad por ello, y al actual Gobierno, por la violación de derechos humanos al no investigar estas desapariciones”, denuncia Rodríguez.

Esta violación de derechos se centraría en dos aspectos: “El trato inhumano, por el profundo sufrimiento, incertidumbre, la desesperación por la suerte de sus seres queridos arrebatados y la esperanza de poder encontrarlos y a la vez pensar que no va a ser así. La Ley de Memoria ni siquiera menciona el caso de los niños perdidos, cuando en Argentina se han creado unidades policiales especiales. Por otro lado está el derecho a la vida familiar, en cuanto se vulnera el derecho a la reunificación familiar, que de una forma criminal e ilegal el Franquismo vulneró durante décadas”, explica este jurista.

Por último, el investigador de la UCLM reivindica que estas denuncias no significan “abrir viejas heridas, sino cerrarlas”. “Tras la aparición de la Sociedad de Naciones, sólo la Camboya de Pol Pot supera al Franquismo en desaparecidos en fosas comunes: 150.000 personas”, denuncia.

Rodríguez asimila esta situación a la que se juzgó en la Cámara de DD HH para Bosnia Herzegovina y en la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia respecto del caso Srebrenica. Entonces el magistrado Almiro Rodríguez afirmó que Srebrenica es también el “nombre de un síndrome postraumático, el síndrome experimentado por las mujeres, niños y ancianos que no murieron y que, desde julio de 1995, hace ya seis años, no tienen noticia de sus maridos, hijos, padres, hermanos, tíos o abuelos. Millares de vidas que, seis años después, continúan mutiladas, privadas del afecto y el amor de sus seres queridos”. En esta situación, los gobernantes posteriores a los crímenes de Milosevic, pero que tampoco iniciaron ninguna investigación, fueron declarados responsables de violar los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos.

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Foto: Cedida por el Archivo de Internos de Auxilio Social.
 MEMORIA HISTÓRICA | DIAGONAL APORTA LA PRIMERA CARTOGRAFÍA DEL ROBO DE NIÑOS A MADRES SIN FILIACIÓN POLÍTICA DURANTE EL FRANQUISMO
 María José Esteso Poves / Madrid
Diagonal, Jueves 15 de octubre de 2009.  Número 111

“Las monjas de la inclusa de Burgos se subían al tren cargadas de capazos con recién nacidos que llevaban hasta la inclusa de Valencia”. Como una película en blanco y negro lo relata Cruz Martínez, quien fue presidenta de Derecho a Saber (ANDAS), una asociación que destapó el robo de niños durante el Franquismo.

El robo de niños no terminó con el que sufrieron las prisioneras políticas tras la guerra, sino que continuó hasta bien entrados los años ’80, en esta ocasión, a madres sin filiación política. Un médico que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz y que no quiere revelar su identidad señala a DIAGONAL: “Era sabido que existían ’chanchullos’ en los hospitales en esos años [los ’60 y ’70]. En la Fundación se sabía que entraba por una puerta una parturienta y que a la vez era registrada una mujer no embarazada en la zona de partos, incluso eran ingresadas en la zona privada y la familia adoptante pagaba todos los gastos. Una salía sin su bebé y la otra que no estaba embarazada quedaba registrada como la madre. En ese hospital apareció una vez una pareja de chilenos que querían un niño, a los tres días salieron con dos bebés. Y se marcharon a Francia. Los niños eran para enchufados, y había cierto secreto en las maniobras. Hubo gente que quiso denunciar y fue apartada”.

Estos hechos y situaciones muy similares son investigados en juzgados de Madrid, Zaragoza y Andalucía. El 9 de octubre fue convocado en Madrid por segunda vez el abogado Fernando Magán, que representa a varias organizaciones de memoria histórica que buscan a estos niños robados. A la causa de las madres republicanas se une ahora la de mujeres sin filiación que también sufrieron esos crímenes que el auto del juez Garzón (paginas 50-74) señala como “víctimas del Franquismo”. El auto, entre otros documentos, reproduce la carta de un capellán que participó en un secuestro de un bebé en 1952.

Hace años, en el programa de TVE de Paco Lobatón ¿Quién sabe dónde? se empezaron a colar estas historias. Fue el periodista el que impulsó en 1996 la creación de la asociación ANDAS, hoy inactiva, que tuvo más de 5.000 socios, todos afectados. Después, internet ha hecho el resto. Hoy existen varios foros donde los afectados cuentan la misma historia. Tras la muerte de Franco no han conseguido toda la documentación, pero los pocos legajos a los que han tenido acceso han permitido completar el puzzle: “El cura le dice a la monja de la inclusa, y luego de los hospitales, que tiene una pareja que quiere un niño y así se pone en marcha la cadena”, dice Cruz Martínez, que descubrió su identidad con más de 40 años.

Curas, monjas, médicos…
Todos los testimonios arrojan a la luz nombres y documentos sobre unas tramas que se enriquecieron y funcionaron de forma organizada en todo el Estado. Tramas integradas por curas, monjas, ginecólogos, notarios, enfermeras, matronas, abogados, encargados, secretarias y hasta conserjes. Se hacían listas de espera con bebés robados. No era gratis, los adoptantes pagaron hasta 200.000 pesetas de la época, un negocio boyante.

Ya se puede dibujar el mapa de las adopciones ilegales: de Bilbao a Cádiz, pasando por Madrid, Barcelona, Murcia, Zaragoza, Burgos, Tenerife, Melilla… Las pioneras en la búsqueda se dieron de bruces con una realidad dura: nadie se creía estas situaciones. Y ni hablar de reclamaciones.

A la que fue tesorera de ANDAS en Cataluña, Baleares y Valencia, Virtudes Hernández Martínez, sus amigos del colegio le dijeron que era adoptada. Con 15 años solicitó una partida de nacimiento, y tuvo la suerte de que una nota marginal indicaba su nombre real, tachado, y decía: “Entrego a mi hija porque no puedo mantenerla y me comprometo a no reclamarla”. Llegó a Alicante desde la inclusa de Murcia. Fue allí y no le dieron nada; en el registro le indicaron que tenía que esperar 50 años. En 1999 volvió y el juez del registro le volvió a negar los datos, insistió y le mostró un libro que cerró de golpe al ver que sus apellidos eran distintos. Se marchó entonces a la parroquia más cercana y consiguió que el cura accediera a buscar su partida de bautismo. Los apellidos que fotografió en su mente coincidían. Ahora tiene dos partidas de bautismo.

“Se trataba de desarraigarnos. Tuvimos bebés que viajaron de Canarias a Granada y de allí a Valencia para ser adoptados. Otros fueron a parar al extranjero. Se sigue diciendo en los registros de la Iglesia y en las diputaciones que no hay documentos una riada o un incendio sirven para no entregarlos, pero hay leyes que obligan a hacerlo”, reconoce Hernández Martínez. Por un lado, la Ley de Patrimonio Histórico 16/85, sobre la consulta de archivos dice que, en virtud de la protección de la madre tendrán que pasar entre 25 y 50 años. Sin embargo, la Orden del Ministerio de Justicia de 10 de noviembre de 1999 señala que, en función de la Convención de Naciones Unidas, la Declaración de DD HH, esa espera de 50 años vulnera el derecho fundamental de la persona.

Para la asociación Derecho a Saber, esta contradicción no es para proteger a las madres, “porque el 90% de los casos no dieron su consentimiento. Se quiere tapar a la Iglesia, curas y monjas que tuvieron hijos y fueron después el eslabón de un mercado de bebés”, declara su presidenta a DIAGONAL.

Los testimonios hablan de doctores que firmaron casos de fallecimiento de neonatos por otitis en O’Donnell y Santa Cristina (maternidades situadas en la misma calle). Ése es el caso de Beatriz Soriano Ruiz, nacida el 3 de enero de 1964, que fue dada por muerta sin que sus padres pudieran ver su cuerpo. Su hermana, Mar, ha comprobado recientemente por el parte de incubadoras que el diagnóstico facultativo firmado por el doctor Villa era de otitis. En el registro de la Comunidad le dijeron: “Es llamativo que en ese mismo día murieron seis niños más también por otitis”, posiblemente firmados por el mismo médico. Mar cuenta con datos que están en el juzgado e incluso cree que su hermana fue a parar a Austria.

Al hilo de esta noticia, una familia ha acudido a una asociación madrileña para denunciar otro supuesto robo de gemelos sucedido en la antigua Maternidad de O’Donnell en 1968. Tampoco les dejaron ver los cuerpos y la defunción fue por otitis.

Pilar Helguera Rodríguez nació el 12 de diciembre de 1957 en O’Donnell. A los tres días de nacer sana y ser llevada a una incubadora, a su padre le dijeron que había muerto por otitis y ya estaba enterrada. El ginecólogo que habría atendido a la madre, según su testimonio, fue José Botella Llusía, fundador y también director de la antigua maternidad.

El abogado José María Stampa Braun emprendió un juicio en 1974 que acusaba a Amalia Franco Granado, abogada de la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA) y al médico Enrique Marín Bonachera por un supuesto delito de sustracción de menores. La AEPA fue un organismo presidido y creado en 1969 por el fiscal general del Tribunal Supremo Gregorio Guijarro Contreras. Para esa tarea se rodearía de cargos afines al Opus, como Ignacio Villa Elízaga, quien habría trabajado tanto en O’Donnell como en Santa Cristina, según fuentes médicas. Actualmente es catedrático en la Universidad de Navarra.

Otro lugar marcado en Madrid sería la clínica San Ramón (paseo de la Habana, 143). Allí fueron cientos los niños dados en adopción ilegal. Los afectados crearon una asociación con casos de los años ’60, ’70 y ’80 que acusan como presunto cabecilla al tocólogo Eduardo Vela Vela, aún vivo, y sor María Balbuena. Además, O’Donnell, Santa Cristina y San Ramón, habrían actuado de forma coordinada en el tráfico de bebés.

La trama de Mercedes de Grass
En Bilbao, la trama sería manejada por Mercedes Herrán de Grass, gracias a una red de pisos asistidos por monjas, curas, ginecólogos… En es- que después se les retiraban los bebés, la mayoría sin su consentimiento. En el papeleo también participó, presuntamente, una secretaria, una abogada de Logroño y un notario de Bilbao. Isabel, nombre ficticio de una joven, fue obligada entonces a entregar su bebé. Otra chica fue engañada y amenazada por el cura de San Nicolás de Bari que, presuntamente, se encargaba de las adopciones, según explica Isabel. Varios testimonios aportados al juzgado por el abogado Magán amplían esta información. En las clínicas Indautxu y San Javier de Bilbao, según varios testimonios fue igual.

“Estaba todo atado”
En Andalucía también hay casos documentados, como el de Amelia M. Pedido Sequitín, adoptada como Amelia M.J.F. Nació en la clínica Santa Cristina de Madrid, el 9 de agosto de 1972. Su padre era obrero en Cádiz, pero la tía de éste en Madrid tenía relación directa con la Asociación para la Adopción y con las Hermanas de la Caridad. Le pidió una niña para su sobrino y éste le dio un poder notarial para hacer toda la gestión firmado por el notario Alfonso del Moral y de Luna. Según Amelia, la niña de entonces cuenta con cartas en las que su tía-abuela rechazó varias ofertas hasta encontrarla a ella. El padre antes de morir le dio los documentos diciendo que “estaba todo atado”. Los papeles están avalados por Gregorio Guijarro y Ignacio Villa Elízaga. “Mi padre me dio las escrituras porque había dejado dicho que ni siquiera con esos papeles iba a conocer la verdad”, señala.

María de los Ángeles Herrera González, de San Fernando (Cádiz), nació a los nueve meses el 10 de enero de 1975, en la clínica privada Fernando Zamacola de Cádiz. Pasadas 20 horas, un ginecólogo le dijo al padre que había muerto. “A fuerza de insistir le enseñaron algo envuelto en trapos”, explica su hermana, que ahora ha conseguido documentos y todos están firmados por el mismo ginecólogo, también político de Cádiz. El certificado de defunción del hospital dice que la niña nació con siete meses, pero en el registro no consta como muerta.

En esta comunidad existe también una denuncia en los juzgados contra un médico de la clínica O’Donnell, en los años ’70, por falsedad documental. La madre adoptiva fue inscrita como parturienta.

En Valencia, Santa Isabel
Valencia no se quedaba atrás, según Virtudes Hernández. La mayoría de los adoptados eran de Santa Isabel, gobernada durante años por sor Aurora Gallego, que quería instalar de nuevo el torno. Enrique Vila, abogado de Valencia se ha querellado contra la clínica. En Valencia estuvieron Cruz Martínez y Virtudes Hernández: “Fuimos a averiguar varios casos que llegaron a la asociación, una de las matronas de esa clínica nos llevó a su casa, donde tenía encima de un armario torres de cuadernos con cientos de datos en páginas ya amarillas”.

Documentos, jeroglíficos

No había que dejar rastro. Se asignaron números en lugar de nombres, se omitió a los padres biológicos: eran “desconocidos”. Se suplantó a la madre biológica por la adoptiva, y quedaba registrada como parturienta. Los documentos aparecen en los hospitales, casas cuna, registros civiles y en los archivos de la Iglesia, y aquí es donde surge el problema. Actas de entrada y salida, partes de incubadoras, bautismos, cualquier documento arroja algo de luz, su ausencia también. Muchas veces ni siquiera coinciden las fechas. Pero como en una investigación cualquiera, todo tiene un sentido. Muchos afectados ya saben descifrar el jeroglífico. Virtudes Hernández, gracias a que tacharon mal su verdadero nombre en uno de los legajos, ha podido tirar del hilo 50 años después.

 

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Cómo bautizar un robo, según un capellán
Documento mencionado en un auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para argumentar el robo de niños en el Franquismo.

Un niño enterrado… en ningún sitio
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“LA OTITIS, NUNCA UNA CAUSA DE MUERTE”
Por M.J.E.P.

 

 Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-madre-biologica-entraba-por-un.html

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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Clarin de Chile/Diagonal, 8 de Junio de 2009.

España, el país que con casi 150.000 personas en fosas clandestinas, y un número indeterminado de “niños perdidos”, se sitúa en cabeza del trágico ranking mundial de víctimas de desaparición forzada – superados tales números del franquismo tan sólo por el régimen de Pol Pot –, carece sin embargo, todavía hoy, de ninguno de los instrumentos internacionalmente previstos en materia de verdad, justicia y reparación a los desaparecidos y a sus familias. Tal como suena.

 

La dura crónica de todo lo que – aún con treinta años de retraso – se continúa omitiendo en nuestro país resulta ya demasiado sobrecogedora, demasiado extensa e incomprensible. Como si, una vez más, el derecho internacional de los derechos humanos, el mismo derecho penal internacional, volviese a acabarse en los Pirineos; al menos respecto de todo un amplio colectivo de ciudadanos con los apellidos y antecedentes familiares “equivocados”.

 

No se articularon, desde el principio, las políticas públicas de memoria y reparación siguiendo el modelo de Comisión de la Verdad, independiente, prevista con normalidad por el sistema ONU como espacio natural de debate y amplia participación, transparente – en algunas experiencias  retransmitidas sus sesiones por radio o televisión – que elevase sus propuestas legislativas a nuestras autoridades, función esencial ésta última atribuida a las Comisiones de la Verdad precisamente para que ningún estudioso ministerial, ni interministerial, se despiste; se prefirió crear, en cambio, una Comisión Interministerial de estudio. Aunque “interministerial” e “independiente” no signifique exactamente lo mismo. Aunque la lacónica idea de transparencia y accesibilidad a las actas, testimonios y demás documentación del año y medio de trabajos de  nuestra Comisión Interministerial sea constatable por el lector en la red (http://www.mpr.es/Documentos/memoria.htm). Aunque tras todo ese estudio, lamentablemente, se dejasen en el tintero por completo el caso de los “niños perdidos”, que la subsiguiente ley “de la memoria” ni siquiera menciona – ni siquiera lo menciona –; aunque de “memoria de género” tampoco se diga una sola palabra, ni de las vigentes responsabilidades de los empresarios del franquismo, las requisas coactivas de papel moneda de la República, las deportaciones forzadas de población civil protegida, su persecución… imagínense que en las sesiones de una Comisión de la Verdad, independiente, retransmitida por televisión, se hubiese acabado escuchando cientos de tales testimonios, y hasta debatiéndose de todas estas cosas, y se hubiese llegado al atrevimiento –  que a los independientes los carga el diablo – de elevar propuestas legislativas concretas respecto de todo ello en su informe final para la elaboración de una ley “de la memoria” diferente, y que, probablemente, hubiesemos tenido que llamar de otra manera.

 

Pero  total, para qué va a necesitar nuestra sociedad conocer la verdad para poder hacer “memoria”, si con el buen rollo institucional y un par de subvenciones nos sobra… la sombra de los Pirineos, efectivamente, es alargada.

 

Y, claro, así las cosas, mucho menos aún se iba a enjuiciar a los responsables de toda esa  inmensidad de desapariciones, justamente por aquello mismo del anómalo “efecto jurídico ultrapirenaico”: al parecer al norte de los Pirineos sí que rigen con normalidad los posicionamientos adoptados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde Papon contra Francia y Kolk Kislyiy contra Estonia en materia de persecución penal de los crímenes de ese periodo histórico – nuevamente reiterado, además, todo ello en recientísimos pronunciamientos de septiembre de 2008 y de este mismo enero de 2009 –, y que permitieron a los tribunales de dichos países aplicar el legado de Nuremberg a sus nacionales; al sur de los Pirineos, en cambio, esto tampoco es así. Y no lo es, precisamente, en virtud de la llamada doctrina “Scilingo” de un Tribunal Supremo bastante menos atento a dicha jurisprudencia del máximo órgano jurisdiccional europeo de derechos fundamentales de lo que lo ha estado respecto a los argumentos de la ultra derecha patria contra Baltasar Garzón, justamente el primer juez que ha intentado hacer valer en España esa misma jurisprudencia europea. Ver para creer.

 

Y no hay que quejarse tanto, que aunque los derechos fundamentales de los familiares de los desaparecidos se sigan violando de forma continuada, cada día que se sigue prolongando esta situación, – sin que hayamos cumplido ni una sola de nuestras obligaciones al respecto para tratar de imperdirlo – nuestra olvidadiza ley “de la memoria” ya se encarga de prever todo un bonito puzle de normas sin desarrollo…que ahora tampoco parece que las comunidades autónomas estén dispuestas a pagar.

 

Como si finalmente lo hicieran: el problema es el mal planteamiento de base de una ley contraria a varios derechos humanos recogidos en los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – veinte organizaciones de jueces y fiscales de toda Europa agrupadas en torno a MEDEL se lo han dicho a nuestro Gobierno –; el problema es que nuestra ley descarga las funciones estatales de búsqueda de los desaparecidos en sus familiares, subvencionados a su suerte, y no tiene nada que ver con los mínimos internacionales exigidos por la Corte Internamericana de Derechos Humanos, o el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respecto el deber de llevar a cabo una  “investigación oficial efectiva e independiente” sin tardanza, por propia iniciativa de las autoridades del Estado – no de ningún familiar – y en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia; un modelo patrio, sur-pirenaico, el actualmente vigente en nuestro país que, de hecho, está copiado-pegado de una orden de Franco de mayo de 1940 (BOE n.130 de 09/05/1940, pág. 3157), por mucho que pueda producir vergüenza hasta el mencionarlo. Y por eso no hay buen desarrollo que valga de dicha regulación, sino expulsar ese “redivivo” jurídico del pasado de nuestro ordenamiento modificando la ley – como se modifican tantas otras – y creando una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo con plena garantía de la participación de las asociaciones en su seno, como se le tuvo que recordar al Salvador con ocasión del caso de las “niñas perdidas” Serrano Cruz.

 

Pero, lamentablemente, antes parece previsible – nada deseo tanto como equivocarme – la inminencia de nuevas dosis de malabarismo dialectico-jurídico, de huida hacia adelante, “protocolizando” ahora dicha misma abdicación de funciones propias del Estado, que ninguna otra cosa. Según parece “el espectáculo debe continuar”, aunque el precio de todo esto lo continúen pagando todas esas familias, víctimas del “trato inhumano” de nuestro Estado y hasta de injerencia en su “derecho a la vida familiar” en virtud de otras cuantas más de esas sentencias “latosas” de allende los Pirineos y con las que – antes o despues – tendremos que acabar haciendo las cuentas como cualquier otro Estado de Europa.

 

¿Cómo podremos explicar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, los presentes momentos de impunidad y abandono de todos esos miles de personas, nosotros que estamos siendo testigos directos de todo esto, el día que obtengan pleno reconocimiento jurídico e institucional los derechos humanos de estas víctimas, y nuestro Estado tenga que pedir perdón y cumplir con todo lo que hoy incumple?, ¿cómo hablarles, ese día, del relato de estos crímenes contra la humanidad de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, y de la propia parcela de responsabilidad de unas autoridades ya democráticas que, durante décadas, toleraron la continuación de dicha situación sin activar por propia iniciativa ni uno sólo de los mecanismos del entero aparato de justicia?, ¿con qué palabras seremos capaces de escribir, y preservar para el futuro, esa otra “memoria histórica” de la vergüenza, el relato de todas esas madres y familiares – cientos, miles… –  cuya vida hemos permitido, seguimos permitiendo, que se vayan apagando, una por una, en el íntimo dolor y la soledad de un anhelado reencuentro familiar que ya nunca podrá llegar?.

 

Por favor, que impere de una vez la cordura – jurídica, institucional –, que impere de una vez la humanidad y la compasión, el Estado de Derecho, y se detenga, de una vez, toda esta situación que nos hace ya acreedores de nuestra propia parte de daño en el trágico devenir de estas decenas de miles de seres humanos. Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo, “investigación oficial efectiva e independiente”, ya.

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