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Posts Tagged ‘asesinatos de Estado’

¿Cuándo aplicaremos también la jurisprudencia del caso de los juristas nazis en Nuremberg y la de los tiradores del muro de Berlín para enjuiciar a los “jueces” y “autoridades” franquistas y a los miembros de los piquetes de ejecución?

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Nueva Tribuna, 3 de Octubrede 2010.

Este pasado lunes, 27 de septiembre, recordábamos en España – ni mucho menos todos lo hacíamos, y nuestras instituciones, tampoco – el 35º aniversario de las últimas ejecuciones franquistas habidas en nuestro país.

Casi 40 años, entre 1939 y 1975, de auténticos asesinatos a sangre fría a cuya mera teatralización judicial –decidido de antemano el resultado en el año 1939, tanto como en el 1975 – el franquismo le ha venido sacando unos réditos que, ni Franco mismo habría llegado a imaginarse, por muy “atado y bien atado” que el mismo esperase haberlo dejado todo.

La de las más de 190.000 ejecuciones, y “fallecimientos” en prisión, reconocidas por el propio régimen a las alturas de 1950 (lo que quiere decir que, con toda probabilidad, fueron más), es posiblemente la atrocidad que mejor les salió, para desgracia de todas esas víctimas y sus familias. Esa era justamente su intención.

La “feliz” idea de molestase en llamar “sentencias” a tales crímenes de Estado masivamente perpetrados contrasta con la calificación de “crímenes” de guerra, como llama el artículo 8 del Estatuto de Roma a la práctica de someter a juicio a prisioneros de guerra o personal civil protegido en ausencia de las más elementales garantías jurídicas. (Véanse más detalladamente al respecto los precedentes artículos: “No son sentencias, son crímenes de guerra”, http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34235, y “Aunque la injusticia se vista de seda…o de ilegitimidad”, http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=37175).

Pero como ante la “legalidad” del nazismo, no subyace otra cosa, en realidad, que el conflicto de fondo denunciado por Gustav Radbruch, entre lo que los monstruos de turno encaramados a las instituciones quieran llamar derecho, vaciado de toda relación con la justicia, y reducido a un mero instrumento de su voluntad criminal, (y así, las “leyes” raciales y todo lo demás, mecánicamente aplicadas por los juristas posteriormente enjuiciados en Nuremberg en los conocidos como Nachfolgeprozesse), y el imperativo de que el derecho sea mínimamente reconocible con la idea de justicia. Porque si no llega un punto en el que todo ello deja de ser derecho.

En el cargo acusatorio formulado por el fiscal de los Nachfogeprozesse, Telford Taylor, contra 16 jueces, fiscales y altas autoridades judiciales y del Ministerio de Justicia – incluido el propio Ministro de Justicia –, hablaría directamente de la comisión de “asesinatos judiciales” y otros crímenes valiéndose del mero cascarón vacío de las formalidades del proceso legal para la persecución, el sometimiento a esclavitud y el exterminio: “judicial murder and other atrocities which they committed by destroying law and justice in Germany, and by then utilising the emptied forms of legal process for persecution, enslavement, and extermination on a vast scale“.

Josef Altstötter, Wilhelm von Ammon, Karl Engert, Günther Joel, Herbert Klemm, Ernst Lautz, Wolfgang Mettgenberg, Rudolf Oeschey, Hans Petersen, Oswald Rothaug, Curt Rothenberger, y Franz Schlegelberger fueron condenados en  virtud de todo ello a penas que oscilaron entre los 5 años de prisión y la cadena perpetua como fue, por ejemplo, el caso de Herbert Klemm (arriba en la fotografía), Secretario de Estado de Justicia. Carl Westphal se suicidó justo antes del inicio del juicio, mientras que Paul Barnickel, abogado de Estado, y otros tres acusados más serían, en cambio, finalmente absueltos.

No se trata de ninguna teoría, por mucho que escrito este artículo desde España pueda parecerlo. Eso es únicamente porque aquí reina todavía la más completa impunidad, nada más.

Y no hay que dejar de subrayar, como además, en el caso español, que la ilegalidad de todo ello resulta mucho más evidente si cabe, ya que aquí no cabe recurrir tan sólo al argumentario de Radbruch sobre la ilegalidad de determinadas “leyes” porque, además de eso mismo, aquí el fascismo no llegó al poder por las urnas, y una banda armada criminal sublevada contra la Constitución tampoco tiene potestad legal de emanar norma alguna. La nulidad radical de todo el aparataje “legal” franquista resulta ya incontestable al margen de tribunales y procedimientos idénticos a los denunciados por el gran jurista alemán.

De modo que, de verdad, ¿qué está pasando con el caso de los jueces, fiscales y autoridades franquistas?

Tenemos a parte de los dirigentes del PSOE e incluso a una (muy) pequeña parte del movimiento memorialista dando por buena la declaración de “ilegitimidad” de tales “sentencias” que hace la ley de la memoria. Con “defectos” de forma y fondo y lo que se quiera, pero tratándose todavía en España los crímenes de Estado como si, de verdad, fueran “sentencias”, y no crímenes. Lo de llamar a las sentencias “ilegitimas”, o “antipáticas”, que viene a desplegar más o menos los mismos efectos jurídicos, difícilmente puede dar más vergüenza de la que da. Más aún tras acabar de citar el caso de los olvidados juicios penales en Nuremberg a los “jueces” nazis, pero allá cada cual si de verdad le parece ética y jurídicamente sostenible. Es una aberración.

Tenemos a otra parte de la izquierda y del movimiento memorialista que entiende que las sentencias de muerte son nulas de pleno derecho, pero que otras “sentencias” “menores” (trabajos forzados, “multas expropiatorias”, por llamar a estas últimas de alguna manera, depuraciones de los puestos de trabajo, etc) no lo serían.

Pero nada de eso eran “tribunales” ni “sentencias”. Que los casos de asesinatos judiciales fueran los más graves no implica que la imposición de trabajos forzados y todo lo demás no fueran igualmente gravísimas violaciones de los derechos humanos que no pueden seguir siendo reconocidas como “derecho”; ni que esas otras víctimas tengan menos derecho a todas las formas de “verdad, justicia y reparación”. Sin quitarles razón en cuanto a las mayores dificultades de sacar adelante la totalidad de todo ello (nada de lo demás tampoco es fácil dentro de las actuales circunstancias de nuestro país), creo que tal posicionamiento merecería una reflexión por parte de tales compañeros.

Y, finalmente, otra parte del movimiento memorialista considera, más acertadamente en mi opinión, que las “sentencias” deben ser anuladas en su totalidad –todas ellas, simplemente porque no lo son, ya que ninguna banda armada pueda dictar sentencias, menos aún como castigo a los “imputados” por el delito de haber defendido la legalidad– aunque tienden a olvidarse, algunos sí otros no, de que los “tribunales” no son tribunales, ni las “leyes” en virtud de los cuales éstos se crearon, tampoco son leyes. Algunos se olvidan de que esas agrupaciones criminales transitorias, ante las que comparecieron las personas que defendieron nuestras libertades, no pueden seguir siendo llamadas “tribunales” por mucho que fuesen todos vestidos de toga. Si, como suele decirse, el hábito no hace al monje, al juez, tampoco.

¿Dejaremos algún día de considerarles “jueces” y “tribunales”, se vistiesen como se vistiesen, para perpetrar sus fechorías y seremos capaces de enjuiciarles como a los jueces y responsables judiciales del nazismo?

Pero lo que, incluso entre éstos últimos, se deja sin pedir es el enjuiciamiento penal de los “jueces” franquistas, miembros de los denominados “Consejos de Guerra”, y también de los jueces franquistas que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP), y otros. Enjuiciamiento de unos y otros jueces, por su respectiva responsabilidad en pretendidas “sentencias” dictadas contra quienes se limitaron a ejercer derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros, o bien dictadas de forma directamente contraria a las normas sobre trato de prisioneros y población civil protegida en virtud de las Convenciones de Ginebra de 1929 y de la Haya de 1898 y 1907.

Por eso creo que, en el fondo, incluso entre las organizaciones de la memoria continúa pesando, de forma inconsciente e involuntaria pero pesando, la consideración de tales “sentencias” como sentencias de las de verdad, y no como actos criminales, y de ahí esas reacciones y esa tímida forma de enfocar esta cuestión, de ahí que hasta el más pintado las haya llamado sentencias sin las comillas, de ahí que no se actúe completamente en consecuencia, y no se promuevan dichos juicios penales y el resto de medidas de verdad, justicia y reparación. De ahí también que, junto a todo lo anterior ya expresado, tampoco se haya producido el recurso a resortes internacionales elementales, a los que resulta inverosímil que aún no se haya producido. El primero de todos el Relator Especial de Naciones Unidas contra las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”.

Porque en el fondo, inconscientemente, no se piensa que en el caso de los “asesinatos judiciales” del franquismo estemos ante “ejecuciones extrajudiciales”, se piensa que estamos ante ejecuciones producto de un “juicio”, de lo dictado por un “tribunal”. Pero eso no eran “juicios”. No eran “tribunales”. Y el erróneo enfoque que nos ha impedido tomar plena conciencia sobre esto último nos ha impedido tomar debida conciencia de todo lo demás. Considerar a los “asesinatos judiciales” del franquismo ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello se ve confirmado además si se observa el mandato otorgado al “Relator Especial de Naciones Unidas contra las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, lo que, de hecho, daría lugar a poder actuar también ante los siguientes supuestos, que el lector reconocerá con toda facilidad:

“a) Violaciones del derecho a la vida en relación con la pena de muerte. El Relator Especial interviene cuando se impone la pena capital tras un juicio que no fue imparcia,l o en caso de infracciones al derecho de apelación o al derecho de solicitar conmutación de pena o indulto. También interviene si la persona condenada es menor de edad, enferma o discapacitada mental, una mujer embarazada o una madre que ha dado a luz recientemente”.

Con adicional, especial, incidencia todavía respecto de ejecuciones extrajudiciales en prisiones como en el centro de detención ilegal de Valdenoceda y tantas otras…o respecto al exterminio infantil a los que, según distintos testimonios, las monjitas-guardianas dejaron morir debido a las terribles condiciones de detención:

“c) Muertes durante la detención debidas a torturas, descuido o uso de la fuerza, o condiciones de privación de la libertad que entrañan peligro de muerte.

Más todavía:

“f) Violaciones del derecho a la vida durante conflictos armados, especialmente entre la población civil y otros no combatientes, en forma contraria al Derecho humanitario internacional (…)”

“h) Genocidio.

i) Incumplimiento de la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio contra los responsables.

j) Incumplimiento de la obligación de ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de violaciones del derecho a la vida”.

Obligaciones nunca jamás llevadas a cabo en nuestro país.

Y por ello mismo – y muy a pesar de la amplia aplicabilidad de todo ello para nuestro caso – y si atendemos a los últimos resúmenes estadísticos anuales del Relator, ni un solo caso le ha sido presentado todavía, cuando debiéramos ser el país de Europa, y casi del mundo, que más trabajo le diésemos. Porque, lamentablemente, motivos no nos faltan.

Adjunto aquí copia del modelo de cuestionario traducido al castellano – una sencilla carta que cabe enviar por correo electrónico o por carta – para que cualquier familiar de “asesinados judicialmente”, de “fallecimientos” en prisión, de violaciones del derecho a la vida no investigadas por nuestras autoridades – también, por cierto, de desapariciones forzadas seguidas de ejecución extrajudicial y fosa común – , pueda dirigirse al Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, actualmente el Sr. Phillip Alston.

En todo caso, así las cosas, cuando en el mejor de los casos nos limitamos a pedir la nulidad de todas las “sentencias”, y nos olvidamos de pedir la persecución penal de sus autores en virtud de dicha jurisprudencia, o la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas ante la nula voluntad de investigar tales crímenes por parte de nuestras actuales autoridades – bastante tiene el Sr Fiscal General del Estado con tratar de engañar a nuestra ciudadanía diciendo que la ley de la memoria anula lo que no anula – hablar de las 5 formas restantes de reparación parece evidente que nos queda un poco lejos. Y me refiero a medidas que van desde las indemnizaciones debidas, al deber de homenajear por parte de las instituciones, de petición de perdón, poner nombres de calles, a nombres de colegios y espacios oficiales, incorporar la memoria de estas personas a los libros de texto a todos los niveles, declarar un día oficial de homenaje y recuerdo, etc.

Creo que cada vez se hace más necesaria una reflexión global del movimiento memorialista sobre el caso de los “asesinatos judiciales”, y el que debería ser el alcance de nuestra acción conjunta frente al mismo. Espacios como “Juicio a los jueces y autoridades franquistas y a los piquetes de ejecución“ activado en facebook ( http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=163487190332164&ref=ts) en el aniversario de los últimos fusilamientos, y cualesquiera otros foros, deben ser una ayuda para contribuir a ello.

La nulidad de las “sentencias” es lo primero, pero no lo único. De ninguna manera. Y no podemos seguir dejando fuera nada de todo lo que trato de apuntar aquí en relación a asesinatos y crímenes judiciales.

Quizá este próximo 10 de octubre, día internacional contra la pena de muerte – fecha hasta ahora completamente desatendida en nuestro país, tanto como lo estuvo hasta hace dos años el 31 de agosto, día internacional contra las desapariciones forzadas – pueda ser un buen momento para recordar esos 190.000 casos en los que el régimen pretendió llamarlos pena de muerte, nuestra democracia aún los considera como tales, pero no lo son.

(Continuará con la parte II, relativa a la responsabilidad de autoridades del Consejo de Ministros y tiradores de los pelotones de fusilamiento y miembros de los piquetes de ejecución a la luz de la jurisprudencia internacional en el caso de los tiradores del muro de Berlín, que también “se limitaban” a obedecer las órdenes de disparar).

 

Anexo: Para saber más, ante la desinformación generada por las autoridades del PSOE.

COMO HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN AL RELATOR ESPECIAL ONU PARA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS O PEDIR SU INTERVENCIÓN

Cualquier persona o grupo, organización no gubernamental, organismo intergubernamental o gobierno que tenga conocimiento fidedigno de la realización de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria que pueden incluirse en una o varias de las categorías descritas en la página … de este folleto puede hacer llegar la información pertinente al Relator Especial 19/. Es necesario facilitar la siguiente información:

a) información sobre el incidente: fecha, lugar, descripción de las circunstancias en que el incidente se produjo; en los casos de supuestas violaciones del derecho a la vida en conexión con la pena de muerte se facilitará información  sobre la falta de garantías de un juicio imparcial; en los casos de violaciones inminentes del derecho a la vida se expondrán las razones por las que se teme que la vida de las  personas se encuentre en peligro; en los casos de violaciones inminentes en conexión con la pena capital, además de la información indicada, se dará cuenta de los  recursos interpuestos;

b) información sobre las víctimas del incidente; número de  víctimas si se conoce, así como su nombre, edad, sexo,  profesión y actividades si guardan relación con la violación  (inminente) del derecho a la vida;

c) información sobre los presuntos autores: explicación, si se conoce, de las razones por las que se sospeche de ellos; si los autores no son agentes del Estado, se facilitarán detalles de la posible relación de esas fuerzas o individuos con el Estado (por ejemplo cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, información sobre la escala  jerárquica, connivencia del Estado con sus operaciones o tolerancia de las mismas, etc.);

d) información sobre la fuente de la denuncia: nombre y dirección completa de la organización o del individuo que  formula la denuncia ante el Relator Especial.

De conocerse, podría facilitarse también la siguiente información, de interés para el Relator Especial:

a) Información adicional sobre las víctimas del incidente que pueda contribuir a identificarlas, por ejemplo, lugar o residencia de origen.

b) Información adicional sobre los supuestos autores:  nombre, dependencia o servicio al que pertenecen, categoría y funciones.

c) Información sobre las medidas adoptadas por las víctimas o sus familiares y, en particular, sobre las reclamaciones presentadas, sus autores y los órganos ante los que se han presentado. Si se ha decidido no formular ninguna  reclamación, explicación de las causas de esta decisión.

d) Información sobre las medidas adoptadas por las autoridades para investigar la supuesta violación del derecho a la vida y para proteger a las personas amenazadas e impedir la repetición de incidentes similares, en  particular: si se han presentado reclamaciones, las medidas adoptadas por los órganos competentes a su recepción; la evolución y la situación de las investigaciones en el  momento de presentarse la denuncia; si los resultados de las  investigaciones no son satisfactorios, explicación de las causas.

El Relator Especial agradecería recibir asimismo información más general con referencia al derecho a la vida, por ejemplo sobre la reciente evolución legislativa en relación con la pena capital o las leyes de amnistía, o información fidedigna sobre el tratamiento de la impunidad. Esa información le permitirá una mejor evaluación de la situación en general del derecho a la vida en los diferentes países.

Toda información de interés para el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias deberá enviarse por correo o por fax a la siguiente dirección:

Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Alto Comisionado/Centro de Derechos Humanos
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
1211 Ginebra 10
Fax: 41 22 917 9006

 

MODELO DE CUESTIONARIO

Informaciones generales:

El Relator Especial puede adoptar medidas en los siguientes casos:

a) Violaciones del derecho a la vida en relación con la pena de muerte. El Relator Especial interviene cuando se impone la pena capital tras un juicio que no fue imparcial o en caso de infracciones al derecho de apelación o al derecho de solicitar conmutación de pena o indulto. También interviene si la persona condenada es menor de edad, enferma o discapacitada mental, una mujer embarazada o una madre que ha dado a luz recientemente.

b) Amenazas de muerte y temor de inminentes ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios del Estado, grupos paramilitares, particulares, o grupos que cooperan con los gobiernos o son tolerados por éste, así como por personas no identificadas que pueden estar vinculadas a las categorías mencionadas.

c) Muertes durante la detención debidas a torturas, descuido o uso de la fuerza, o condiciones de privación de la libertad que entrañan peligro de muerte.

d) Muertes como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o personas que actúan en acuerdo directo o indirecto con el Estado cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

e) Muertes como consecuencia de ataques por fuerzas de seguridad del Estado, por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas, que cooperan con el Gobierno o son toleradas por éste.

f) Violaciones del derecho a la vida durante conflictos armados, especialmente entre la población civil y otros no combatientes, en forma contraria al Derecho humanitario internacional.

g) Expulsión, devolución o retorno de personas a un país o lugar en que sus vidas están en peligro, así como cierre de las fronteras nacionales para impedir que las personas que buscan asilo dejen el país en que sus vidas están en peligro.

h) Genocidio.

i) Incumplimiento de la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio contra los responsables.

j) Incumplimiento de la obligación de ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de violaciones del derecho a la vida.

La información sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en relación con las categorías mencionadas puede enviarse a la dirección siguiente:

Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
c/o Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos
CH- 1211 Ginebra 10 Suiza
Fax: (+41 22)917 9006

o ser enviada por correo electrónico: urgent-action@ohchr.org

Nota: Si desea que determinados datos de la presente información se consideren confidenciales, sírvase escribir la palabra “CONFIDENCIAL” junto a dichos datos. Pueden adjuntarse hojas adicionales si el espacio no es suficiente.

I. Identidad de la persona víctima del incidente:
Nota: si mas de dos personas están implicadas, se ruega rellenar un cuestionario para cada persona.

1. Apellido:…………………………………………………………………………………………………………
2. Nombre:………………………………………………………………………………………………………….

3. Sexo: __ masculino __ femenino
4. Fecha de nacimiento o edad:……………………………………………………………………………..
5. Nacionalidad(es):……………………………………………………………………………………………..
6. Estado civil:…………………………………………………………………………………………………….
7.Documento de identidad:…………………………………………………………………………………. Nº.:………………………………………………………………………………………………………..
Expedido por:………………………………………………………………………………………….
En fecha:…………………………………………………………………………………………………
8. Profesión y/ o actividad (por ejemplo sindicalista, política, religiosa, humanitaria/de solidaridad/trabajo en favor de los derechos humanos, etc.): ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..
9. Dirección habitual:………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..
10. Si hay una conexión entre el incidente presente y otros incidentes/ personas, sírvase indicarla: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

II. Información sobre el incidente:

1. Fecha:………………………………………………………………………………………
2. Lugar:……………………………………………………………………………………….
3. Hora:………………………………………………………………………………………..

4. Sírvase describir las circunstancias del incidente, teniendo en cuenta las categorías siguientes: (a) pena de muerte, sírvase detallar (por ejemplo: juicio imparcial, acusaciones, apelación, la ejecución es inminente, etc.)
(b) temor a una violación inminente del derecho a la vida (amenazas de muerte, expulsión o devolución inminente de una persona a un país en que su vida esté en peligro, etc.)
(c) otro (muerte durante la detención, muerte como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por funcionarios, muerte como consecuencia de ataques por fuerzas de seguridad del Estado, por grupos paramilitares, escuadrones de muerte u otras fuerzas, incumplimiento de la obligación del Estado de investigar, etc.): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

III. Fuerzas a las que se considera responsables de los hechos:

(a) si cree que agentes del Estado son los responsables, sírvase detallar (fuerzas militares, policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, su unidad, rango y función, etc.) y sírvase señalar por qué cree que sean responsables; sea tan preciso como sea posible:

(b) si las fuerzas o los agentes no han podido ser identificados, indique la razón por la que cree que se trata de agentes del Estado o personas vinculadas a ellos: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(c) si el incidente tuvo lugar en presencia de testigos, proporcione sus nombres. Si los testigos no se identificaron o no desean dar sus nombres, indique si se trata de familiares, vecinos, testigos circunstanciales, etc.; si existen otras pruebas, sírvase indicarlas: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

IV. Recursos judiciales o de otra índole iniciadas por la víctima o su familia:

(a) En caso de un recurso judicial, sírvase indicar quien lo inició, cuándo y ante qué tribunal: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(b) Otras actuaciones: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

V. Medidas adoptadas por las autoridades:

(a) Indicar si se han realizado o no investigaciones por las autoridades estatales; en caso afirmativo, ¿qué tipo de investigaciones? Indique el estado y progreso de tales investigaciones; ¿qué otras medidas han sido adoptadas? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(b) Si la víctima o su familia han presentado denuncias, ¿cómo han sido tratadas por las autoridades? ¿Cuál ha sido el resultado de tales procesos? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

VI. Identidad de la persona que proporciona la presente información:

1. Apellido:…………………………………………………………………………………………………….

2. Nombre:………………………………………………………………………………..

3. Identidad: individuo, grupo, organización no gubernamental, organización inter-gubernamental. Sírvase detallar: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..

4. Dirección (teléfono, fax, correo electrónico): ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

5. Indique si desea que los datos sobre su identidad se consideren de carácter confidencial: ……………………….

Fecha:

Firma del informante:

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Gustav Radbruch 1878-1950

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

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Hoy, 5 de agosto de 2009, se cumplen 70 años del asesinato de Estado de Ana López Gallego, Victoria Muñoz García, Martina Barroso García, Virtudes González García, Luisa Rodríguez de la Fuente, Elena Gil Olaya, Dionisia Manzanero Salas, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguado, Pilar Bueno Ibáñez, Blanca Brisac Vázquez, Adelina García Casillas y Julia Conesa Conesa, conocidas como las 13 rosas, varias de ellas menores de edad, y de otros 43 miembros más de las Juventudes Socialistas Unificadas.

Como las trece rosas otras más de 190.000 personas fueron sistemáticamente asesinadas por el franquismo bajo el intento de enmascaramiento y legitimación como juicios-farsa, o murieron en circunstancias aún no esclarecidas en prisión como parte de la persecución de los defensores de la República española. Y al igual que en el caso de los más de 150.000 desaparecidos de las fosas, y los miles de “niños perdidos”, tanto ellos como sus familias continúan privados hoy, tras treinta años de Estado constitucional, de sus derechos a la “verdad, justicia y reparación”.

Por todo ello los abajo firmantes instamos en esta fecha al Gobierno de España

a) Impulsar la apertura de los juicios penales contra estos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como tales no prescritos, en observancia de su deber de cumplir con una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a que se pudiera dar lugar.

b) Otorgar a estas víctimas, y muy especialmente a sus familias, el pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, dando cumplimiento a las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:

1-La nulidad de todas las “sentencias” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos de lesa humanidad, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las victimas y de sus familiares. Las ejecuciones fueron crímenes de lesa humanidad, parte del exterminio de los defensores de la Segunda República llevado a cabo por el franquismo, y no pueden ser consideradas ni tan siquiera “derecho”.

2-Una disculpa pública por parte del Estado español por los asesinatos de Estado y por los precedentes 30 años de abandono de las familias tras la democracia, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades.

3-La proclamación parlamentaria de un día nacional de homenaje y recuerdo a los ejecutados del franquismo y a sus familias, así como la denominación, en sus respectivos lugares de residencia, de calles y edificios públicos con sus nombres como forma de permanente homenaje y recuerdo, siguiendo los precedentes en la materia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4-La inclusión de una exposición precisa de todas estas violaciones manifiestas de los derechos humanos y crímenes de Estado en la enseñanza de las normas internacionales y en el material didáctico a todos los niveles.

5-La derogación de la inaceptable convalidación jurídica de todas estas muertes operada por la ley de la memoria, que otorga el rango de resolución jurídica con defectos de forma y fondo a lo que fueron crueles masacres de seres humanos.

Ciudad Real, 5 de Agosto de 2009.

Listado de organizaciones que han respaldado el comunicado, por orden alfabético.

Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.

Associació Cultural MEMÒRIA I JUSTÍCIA D’ELX I COMARCA.

Asociación « Mémoires Partagées ».

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia.

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA)

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya.

Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca.

Confederación General del Trabajo.

Familiares y Amigos de víctimas de los fusilamientos franquistas en Madrid.

Foro por la Memoria de Guadalajara.

Fòrum per la Memòria del País Valencià.

Unidad Cívica por la República.

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Griñán deposita un ramo de flores junto al busto de Blas Infante, en el patio del Parlamento andaluz

Público, MARÍA SERRANO – Sevilla – 11/08/2009 08:00

El presidente andaluz se escuda en la Ley de Memoria, que la declara ilegítima.

“Hay que decir claramente que Blas Infante fue asesinado, no sentenciado”. Así salió del paso ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ante la denuncia de los grupos nacionalistas de no haber hecho nada por anular la sentencia que justifica el fusilamiento de Blas Infante, hace ahora 73 años. “El peor infierno es la vengaza inútil”, dijo parafraseando a la hija del ideólogo del andalucismo, María de los Ángeles Infante, en el homenaje celebrado ayer en la Cámara autonómica.

Infante fue condenado por un tribunal de responsabilidad política cuatro años después de que los falangistas lo asesinaran a tiros en el kilómetro cuatro de la carretera de Carmona (Sevilla). El fallo justificaba el crimen por considerarlo traidor de la patria. El artículo 3 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales de 2007, declara ilegítimos todos los tribunales creados durante la época de Franco, y, por tanto, las sentencias dictadas por estas instancias.

Los nacionalistas acusan a la Junta de no hacer nada por reparar su figura

Ésta es la razón que alegó ayer Griñán para no tramitar la anulación del fallo, como solicitaron PA e IU poco antes de aprobarse la citada ley. A instancia de estos dos partidos, el Parlamento sacó adelante por unanimidad una resolución en la que se exigía al Gobierno de la Junta tramitar la anulación de la sentencia a Infante en el Tribunal Supremo.

¿Está la Junta entonces atada de pies y manos? Según Miguel Ángel Rodríguez, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha, el Gobierno andaluz no podría hacer nada. “La Ley de Memoria Histórica no incluye términos jurídicos fundamentales como nulabilidad o anulación en delitos cometidos de forma sistemática por un Estado; por tanto, la Junta de Andalucía no podría llevar a cabo la nulabidad de la sentencia de Blas Infante”, explica.

No obstante, este experto en memoria histórica indica que el primer fallo que se comete con las sentencias del franquismo es “creer que están anuladas cuando aún se encuentran dentro del marco legal, al considerarse sentencias judiciales con forma y fondo y una base jurídica que no puede tener en ningún caso un asesinato”. La sentencia condenatoria de Infante, dictada el 4 de mayo de 1940, obligó a la familia al pago de una multa de 2.000 pesetas. El pasado domingo, en un acto convocado por nacionalistas, su nieto Estanislao Naranjo Infante rompió simbólicamente una copia y acusó a la Junta de no haber hecho nada por reparar la memoria de su abuelo.

Homenaje en el Parlamento

Pese a la polémica, en el homenaje celebrado ayer en el Parlamento, el presidente andaluz Chaves no acudió el pasado año condenó a los asesinos que perpetraron el crimen de Infante en un tiempo de “violencia incivil“. Griñán añadió, además, que el busto ahora en el patio del Parlamento se encuentra en un lugar mucho más acorde que el anterior. En el hueco de una escalera.

Sin embargo, el líder del PP andaluz, Javier Arenas, consideró “indigno” el acto, que estuvo “acompañado por el millón de parados de Andalucía”, criticó irónicamente. El coordinador de Izquierda Unida, Diego Valderas, lamentó por su parte que el Parlamento acogiera un homenaje a Blas Infante “al margen” del pueblo andaluz, y echó en falta la oportunidad de Griñán para pronunciar un discurso sobre los retos y desafíos que tiene la Andalucía de hoy.

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Homenaje de Leon Gieco a Claudio “Pocho” Lepratti, asesinado por la policía de Rosario mientras subido al techo del comedor infantil en el cual trabajaba gritaba “No disparen, aquí solo hay niños comiendo”.

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“Les perseguirán nuestras memorias para siempre”

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