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Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Los familiares de los desaparecidos no ocupan la misma posición que los familiares de víctimas de otros delitos. Por execrables que estos últimos delitos sean.

La razón es muy sencilla: la desaparición forzada fue específicamente diseñada con dicho propósito cuando esta atrocidad fue inventada “oficialmente” por los nazis con el Decreto “noche y niebla” dado por Hitler para el Mariscal Keitel en su invasión de la Europa del Este. “La otra” gran aportación nazi al horror, junto a las cámaras de gas.

La razón de los nazis para hacer desaparecer personas a gran escala no era una mera crueldad, infinita, o la simple voluntad de destruir a las que ellos consideraban grupos humanos inferiores, “vidas sin valor vital”. Para ello no necesitaban de la fórmula de la “desaparición”.

El recurso a la desaparición forzada surgió, ante todo, de un frío cálculo y una necesidad mucho más elaborada.  Como instrumento de paralización grupal y social. Con ese propósito fue concebido.

Y dentro de su propia lógica inhumana en el fondo no resulta difícil de explicar: matar a 10 a 100  civiles en la plaza del pueblo por cada nazi abatido por los guerrilleros de las inmensas zonas ocupadas del Este no era otra cosa que una represalia draconiana que no iba más allá. Se les abatía de manera cierta y visible, se les enterraba, y nuevos partisanos (hermanos, padres, esposas…) brotaban a continuación por cada víctima de tales ejecuciones extrajudiciales.

Para la estrategia nazi no traía cuenta. Y no era cuestión de detraer ingentes tropas de la cabeza de avance alemana en el frente Este para destinarlos a labores de control de población en los inmensos territorios de la retaguardia conquistada. Al revés, interesaba el máximo control de retaguardia posible al mínimo coste de tropas de ocupación.

Pero otra cosa muy distinta era hacer desaparecer a todo sospechoso, o sin serlo, “en la noche y la niebla”. No sólo ejecutarlo sin corte marcial – para sembrar el terror de la mano de la inseguridad y a los fines de “paralización social” – era preciso hacerlo además en medio de la noche, sin información alguna sobre su paradero o su inminente destino, sin prisiones oficiales. Simplemente se los llevaban de sus propios hogares sin certezas ni explicaciones; sierviéndose de la propia duda y la ansiedad de los propios familiares como elemento de tortura y de control.

Y de esa manera sí que se producía el efecto contrario. Paralizaba el entorno familiar-social de cada desaparecido.

Quizá si  se comportaban de modo ejemplar el desaparecido, que no se sabía ni donde estaba, ni bajo el control efectivo de que unidad, no sufriese represalias.

Quizá, incluso, con un poco más de “colaboración” del entorno familiar demostrarían que esa familia era gente pacífica que no se metía  en problemas y el ser querido prisionero sería mejor tratado.

Un desaparecido suponía la neutralización de 10, 15, 20 personas.

Familiares directos, pareja, familia política, amigos de toda la vida…una cuestión meramente matemática.

La familia desaparecida y prisionera con él, entre el presagio funesto de la perfecta conciencia interior en torno a la verdadera suerte de su ser querido, la culpa – sí la culpa, devoradora, más atroz si cabe – por no haber hecho lo suficiente para impedirlo, y la esperanza irracional de que de alguna manera el ser querido volviese.

Porque ese es, justamente, uno de los sentidos del rito de la constatación física de la muerte  de l ser querido y del enterramiento del cadáver del ser querido: formar la difícil convicción de su muerte, su pérdida inaceptable, y permitir la elaboración del luto.

Eso era la desaparición, o de eso se trataba. Una situación envenenada e inhumana desde todo punto de vista.

El mismo tipo de  lógica perversa, de optimización sistémica de la muerte y el dolor ajeno que dió lugar a la puesta en marcha de las cámaras de gas. Para los nazis una mera cuestión de logística industrializada, racional y calculada, al servicio de la muerte y la destrucción.

El problema es que, por así decir, los nazis olvidaron ponerle mecanismo de “apagado” al “invento”.

Tanto el sistema de la desaparición forzada empleado por los dirigentes fascistas durante el genocidio español y su “Totalkrieg” (guerra total) contra la población civil española, como aquel otro sistema nazi estaban planteados, únicamente, para abrir aquella situación desde el aparato criminal y organizado de poder; en ningún caso para cerrarla y ponerle fin.

Simplemente no contaban con tener que ponerle fin alguna vez frente a nadie… frente a nadie a quien unos y otros pudiesen considerar “persona” ni frente a nadie que les fuese a pedir cuentas después. Iban a triunfar y a depurar el mundo a su antojo.

Y así, a modo de auténticas “minas emocionales antipersona” (anti familia, anti sociedad…) dejadas tras de si a la estela del escenario bélico-delictivo que las motivo ese mismo dolor, angustia, parálisis emocional  – y cóctel de sentimientos enfrentados a la espera de la resolución del conflicto no resuelto  el paradero del desaparecido – continúa hoy en el caso de los desaparecidos españoles y en otros países que han sufrido la acción de criminales de guerra y contra la humanidad semejantes.

El familiar del desaparecido sigue siendo víctima permanente de una situación de ansiedad, de angustia, de luto no resuelto exáctamente como los criminales habían decidido que fuese. Con el insttumento delictivo de la desaparición forzada los verdugos consiguen seguir imponiendose a sus víctimas décadas después y hacerlas vivir con esa opresión familiar y angustia cotidiana por su desaparecido, por no saber su suerte, su paradero, cómo murió -cualquier detalle en realidad -; los verdugos las siguen sometiendo a una represalia perenne incuslo desde sus tumbas …o desde su cómoda jubilación disfrutando de las prebendas y ganancias del crimen.

Y por eso mismo también, en los primeros posicionamientos de la comunidad internacional se comenzó a entender que al hablar de “desapariciones forzadas de personas” no se podía obviar, ni simplificar, la posición de los familiares y el tambien existente – diferenciado y autónomo –  impacto en la esfera de sus propios derechos fundamentales; impacto, por descontado, adicional  al propio impacto en la vida y derechos humanos del propio desaparecido, se trate de niños perdidos o de desaparecidos ejecutados en una de las más de 2000 fosas clandestinas sin abrir que aun hieren la geografía de nuestro país.

Y por eso mismo también, se entienda o no se entienda, el mero hecho de “olvidar” que el delito de desaparición forzada no va dirigido contra una única víctima , el desaparecido, sino que va dirigido contra todo su entorno familiar y de sus seres queridos, es una gran parte del problema de la respuesta pública deficitaria del Estado, de cualquier Estado, ante elcrimen contra la humanidad de la desaparición forzada. “Olvido” en el plano nacional porque, como digo, en el internacional hace ya décadas que se reconoce perfectamente los dos tipos de víctima de este delito, directa e indirecta, pero víctimas ambas y amparadas ambas por el Estatuto internacional de víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos.

Y si me he detenido a recapitular todo lo anterior, hasta este punto, es para que, de una vez, tengamos bien presente de qué hablamos cuando hablamos de un crimen tan distinto de los demás como es este crimen contra la humanidad de desaparición forzada de personas.

Pero el verdadero problema que tenemos con el caso español no se trata, simplemente, de ninguna negligencia a la hora de formular una política de Estado.

Y, precisamente, seguir diciendo alto y claro todo esto en este día de hoy, Día Internacional contra las desapariciones forzadas, se hace más necesario que nunca.

Enésimo Día Internacional contra las desapariciones forzadas, en el que, por enésima vez también, ni el actual Jefe del Estado – ilegítimo y nunca votado democráticamente por el pueblo español mientras las opciones electorales republicanas se mantenían prohibidas  y en el exilio-  ni el actual Gobierno, responsable de todo lo que sigue, dirán nada.

Porque en un día como el de hoy, con la memoria de nuestros desaparecidos y los de cualquier lugar del mundo presentes, resulta aún más increíble  la forma en la que nuestro Estado, y en particular nuestro Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo responsable directo de “trato inhumano cruel y degradante” hacia el conjunto de los familiares de los desaparecidos del franquismo en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que nos saltamos a la torera y sin mucho remordimiento; por no decir del artículo 8 de dicho Convenio – “derecho humano a la vida familiar” – igualmente violado por parte de nuestro Gobierno.

Y lo digo – lo he dicho y he aportado en distintas publicaciones la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos – por la forma despreciable en la que se han tratado a todas esas personas, de forma calculada para hacer como que se hace… y arañar un puñado de votos.

Simplemente, el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero les ha robado  a esas familias algunos de sus derechos humanos más fundamentales reconocidos en dicho Convenio y en todos los instrumentos internacionales en la materia.

Por mucho que la realidad jurídica fuese muy distinta y visto que el Convenio Europeo de Derechos Humanos ocupaba un muy concreto rango jurídico constitucional por encima de las facultades ejecutivas de nuestro Presidente y que ni a este Gobierno, ni a ningún otro, le corresponde competencia alguna ni para toserle a dicho Convenio: al revés es su deber cumplirlo y hacerlo cumplir, impulsando, en su caso, la mejor legislación posible para que los tribunales ejerciesen esa división de poderes y aplicasen leyes acordes con normalidad a dicho Convenio.

El derecho humano a la vida familiar y la prohibición de trato inhumano en todas sus formas por parte del Estado no manan del Gobierno de España, manan del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en último término de la Declaración Universal, de los deberes de humanidad y las “costumbres propias de las naciones civilizadas” originarios de la Convención de la Haya… al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tan sólo le correspondía darle normal, mecánica, aplicación. No interponer trabas ilegales y que produzcan por sistema su completo incumplimiento jurídico por parte del conjunto del aparato estatal como es la “ley de la memoria”.

Y así se lo dijimos en el Ministerio de Justicia, con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la mano, cuando nos dijeron aquello mismo del “respeto a la división de poderes” y la no interferencia con la actuación de los tribunales que trató de esgrimir también el gobierno ruso en el Tribunal Europeo ante el vergonzoso proceder de alguno de sus propios tribunales en el caso de las desapariciones chechenas.

Incluida la jurisprudencia internacional del caso Srebrenica y la reciente condena internacional del Gobierno serbio post Milosevic justamente por dicho mismo incumplimiento: no proceder a poner en marcha una “investigación oficial efectiva e independiente” con todos los medios al alcance del Estado y de forma completa en todos los sentidos: contribuyendo por tanto a la prolongación de una situación de “sufrimiento inhumano” de los familiares a la espera de saber la suerte de su desaparecido (artículo 3), sino también una violación del derecho humano a la vida familiar. Y como tales se condenó al nuevo gobierno.

No por los crímenes con los que nada tenían ya que ver, sino por violar posteriormente, de forma adicional y distinta, los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos a los que el Estado les negó una “investigación oficial efectiva e independiente”, ¿les suena?….

Por eso no me sirve cuando algún militante o simpatizante socialista anteponiendo una mal entendida lealtad perruna a su deber y compromiso hacia los derechos humanos intenta pone rle paños calientes a todo esto.

De hecho no creo que se hagan una idea de la vergüenza que me da cada vez que leo a  un compañero socialista con todo eso de que la ley de la memoria “fue un primer paso” (en la dirección contraria al normal cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos en todo caso) o aquello otro de que nadie más había hecho nada hasta ahora que al menos “algo se ha hecho”.

Sí, algo se ha hecho con la intervención tardía del Estado: negarles derechos humanos normales y la asistencia real del Estado que les correspondía como víctimas de crímenes contra la humanidad a las familias de los desaparecidos. Dejar en sus fosas a miles de personas que ya estarían restituidas, a algunos niños perdidos que ya se habrían podido encontrar, si, simplemente, el Presidente Zapatero hubiese actuado con un mínimo respeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y hubiese creado con idéntica ocasión y votos, sin necesidad de ley orgánica una ley ordinaria ya hubiese servido, una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, una fiscalía especializada para los crímenes contra la humanidad del franquismo, etc.

De modo que sí, algo se ha hecho: se ha engañado de mala manera a un país entero  como no recuerdo otra ocasión igual desde el inicio de nuestra transición hacia la democracia , y se he hecho aprovechando el escaso conocimiento general ciudadano sobre el alcance de sus propios derechos humanos. Porque en caso contrario ya les habrían puesto a más de una Vicepresidente la cara colorada hace tiempo. Ah, sí, y se ha hecho por un puñado de miserables votos, se ha vendido a toda esa gente por un puñado de miserables votos.

Porque si lo que se ha hecho se hubiese hecho de verdad por todas esas familias difícilmente se habría hecho copiandole a Franco de tapadillo – ocultando el precedente legislativo franquista de 1940 del que bebe la ley en la Exposición de Motivoscuando eso es una exigencia constitucional – ni mucho menos se habría hecho violando todo lo que prevee en este tema el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Y, que quieren que les diga, por eso me da vergüenza que 4 “socialistas” hayan podido actuar así con todas esas familias y que muchos otros socialistas de base colaboren con su silencio en que todo esto siga así.

Porque, la verdad, cuesta trabajo leer públicamente a militante socialistas que digan que basta ya y que se cumpla con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y eso duele e impacta y no a partes iguales.

Algo sigue estando realmente mal dentro de nuestro partido si a estas alturas de la película los militantes no tenemos claro que la gracia de violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos no se la vamos a reir a ningún dirigente.  Y hasta de vez en cuando me encuentro a alguno dando la cara, como digo, por mera inercia perruna. Por todas esas familias, esos niños y todas esas personas tiradas en miles de fosas comunes y que se cumpla con los derechos humanos no, por inercia perruna al aparato sí…cada cual sabrá.

De modo que sí: José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno le han robado premeditadamente sus derechos humanos reconocidos a los familiares de los desaparecidos del franquismo y además consiguieron arañar esos votos que querían.  Todo un final feliz. Enhorabuena.

No sólo no impulsó una legislación que ayudase a dar normal cumplimiento interno y orientase la actuación del Estado a cumplir con esa exigencia de “investigación oficial efectiva e independiente” que se desprende incontestable de la jurisprudencia aplicativa de los artículos 2,3,8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sino que hizo justo lo contrario.

Crear una legislación que orientase toda la inercia y la actuación del Estado a desentenderse de dicho deber de investigar – y lo hizo además copiándole el sistema a Franco lo que a estas alturas casi me parece lo menor de todo, imagínense como está la cosa –.

Nuestro Gobierno creó una legislación – la “ley de la memoria histórica” – que, específicamente, arbitraba, y arbitra todavía hoy, un mecanismo sistemáticamente orientado a la violación de tales artículos. Comenzando por la negación de la mayor como misma raíz del proyecto: “ninguna investigación oficial efectiva e independiente” de esas desapariciones forzadas, que a esas víctimas de las fosas les vayan a buscar sus familiares.

Y digo de las fosas, porque la obligación de búsqueda de los niños, potencialmente vivos, es mayor si cabe – ambos crímenes contra la humanidad de desaparición forzada, pero el caso infantil crimen contra la humanidad “agravado” respecto del crimen contra la humanidad “base” de desaparición de adultos –. Pero a los niños perdidos ni se les menciona en toda esa “ley”. Ni se les menciona.

Es impensable que un Gobierno de un Estado miembro del Consejo de Europa legisle expresamente a sabiendas contra 4 artículos de distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Que haga justo lo contrario de lo que tiene obligación de hacer en razón del mismo: buscar a los desaparecidos con todos los medios del Estado, nada de que se encarguen las familias…es que hablo de vergüenza porque vergüenza, y sólo vergüenza, es lo único que puede dar esta forma de tratar a estas personas que en realidad tienen derecho a esperar bastante más por parte del Estado.

Que quieren que les diga, ¿no han sufrido bastante para que les andemos todavía tomando el pelo?

Y es mucho más impensable tomando en cuenta que ese país tiene además, tiene todavía,  más de 150.000 personas en fosas clandestinas y miles y miles de familias encadenadas a ese dolor y con esa herida abierta de modo que a nivel mundial sólo nos supera Camboya. Un auténtico país “de los niños perdidos” también con otros miles de desaparecidos en vida y con sus familias rotas.

Y el Estado aquí no busca a nadie, ni que lo parezca, porque Rodríguez Zapatero y sus Gobiernos decidieron actuar así.

Pero, sobre todo, es impensable que toda esta situación inhumana y bestial no ocupe hoy, Día Internacional de los desaparecidos, las portadas de los mismos medios informativos presuntamente “progresistas” que han dedicado ríos de tinta a glosarle las loas de semejante “ley”.

Y para mi, como socialista, me resulta impensable que en el día de hoy Rubalcaba calle.

Que en el día internacional de los desaparecidos, calle.

Que con esas más de 150.000 personas – y sus familias – metidas en fosas clandestinas y con todos esos miles de niños perdidos – y sus familias perdidas con ellos – Rubalcaba calle.

Que no sea el primero en pedir que se cumpla con normalidad, y de una vez, con normalidad, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el tema de los desaparecidos y lo lleve como parte de su programa.

Pero Rubalcaba, todavía, calla.

Por eso el día de hoy me parece también el mejor día para decir que eso no es aceptable.

Porque cuando se trata del candidato socialista que viene a tomar el relevo al responsable de toda esa actuación vergonzosa ante la inmensidad de ese drama abierto, simplemente no se puede callar. Ni otorgar.

¿Alguien que se diga de izquierdas podría dar un sólo voto a favor de semejante candidato si de verdad su intención fuese seguir dándole la espalda al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a todas esas familias?

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¿Se candidará Rubalcaba a la Presidencia del segundo país del mundo en número de fosas clandestinas dando normal cumplimiento al derecho internacional o ignorándolo?

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Nueva Tribuna, 17 de julio de 2011.

Alfredo Pérez Rubalcaba fue ratificado el pasado sábado por el Comité Federal del Partido Socialista como candidato a la Presidencia del Gobierno de España para las próximas elecciones generales.

Optará, por tanto, a la presidencia de un país, el nuestro, que tiene el sobrecogedor hito de ser el segundo país del mundo en cifras de victimas de desaparición forzada todavía en fosas clandestinas. Lo hace además en una semana en la que estamos a punto de recordar el 75 aniversario del inicio del genocidio franquista, el 18 de julio de 1936 y días después de que el Estado Holandés haya sido condenado por omitir sus responsabilidades más elementales en el caso del genocidio de Srebrenica.

La cuestión de la impunidad del genocidio franquista y de todos sus autores – en esta España institucional de charanga y pandereta, y corrupción, tan sólo se enjuició al juez…- es de una tal dimensiión mundial que en todo el planeta tan sólo nos supera en fosas clandestinas la Camboya de Pol Pot… que sólo en Andalucía tenemos más desaparecidos que en toda Hispanoamérica, que en víctimas de desaparición forzada infantil sólo nos resulta equiparable el caso de las decenas de miles de niños indígenas de las “stolen generations” australianas perpetrado desde 1910.

De esas magnitudes estamos hablando

La desaparición forzada es posiblemente el crimen contra la humanidad que reúne en estos momentos el corpus jurídico más sólido y completo; en si mismo supone una atrocidad aberrante donde las haya, y de unas consecuencias y un impacto humano en el propio entorno familiar de los desaparecidos que encoje el alma; que nos lleva las lágrimas a los ojos ante cada fosa, ante cada niño perdido que busca a su madre, a su hermano…. Como nos pasa ante cada asesinato judicial al que se sigue llamando “sentencia” como miserable forma de ataque al honor y a la integridad de víctimas y familiares. No fueron criminales sentenciados por nada. Fueron los dignos defensores de nuestra República y nuestro país aún no demuestra tener la sombra de su dignidad como para llamarles al menos por su nombre. Asesinados, no “sentenciados”.

De modo que sé perfectamente que el dolor y la inmensidad de un drama infinito como este no les computará de ninguna manera a los responsables de su campaña electoral, ni en su estrategia de comunicación ni nada de nada. Me da igual. Tienen el poder pero no la razón y ni Nuremberg ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos se van a borrar así como así.

Y no sé cuantas cosas podré esperar del candidato Rubalcaba… pero consciente de encontrarme en un país post genocidio como el nuestro – que continua teniendo una inmensa herida de crimen e impunidad abierta de parte a parte – alguna explicación sí que deberíamos poder pedirle.

Más aún a la vista del bagaje en esta materia por parte del anterior  Gobierno y su política “de la memoria” – que no de “ verdad, justicia y reparación”, – articulada a partir de la mal llamada ley del mismo nombre.

De modo que obviaré aquí los orígenes y lo rocambolesco de una tal ley vinculada a una persona ajena al partido socialista como fue la Vicepresidenta Fernández de la Vega determinada a acabar con las “garzonadas” tal y como ha sacado a la luz pública en El País el magistrado Martín Pallín.

La mal llamada “ley”, en si misma, es una maquinaria de violación, cotidiana, de los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, a decir verdad, de todos los instrumentos internacionales existentes en protección de los desaparecidos y sus familias, como he mostrado y demostrado hasta la saciedad aportando jurisprudencia, sentencias, todo, empezando por aportárselo al Ministerio de Justicia y a la propia Presidencia del Gobierno de España.

Y acaso no en cuanto al fondo, pero si en la forma, casi lo peor de todo es que esa ley “de la memoria” le copiase al mismísimo Franco, a su orden de 1 de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos, el “original” sistema Ikea de “exhúmelo usted mismo” (a su padre, a su hermano, a su madre cruelmente asesinada…)

Texto integro del estudio publicado en la Revista Jurídica de Jueces para la Democracia aquí

Sólo que la obligación del Estado democrático, era, en realidad, otra muy distinta a la ideada por Franco y copiada por el Gobierno Zapatero… era la de asumir por si mismo dicha obligación de forma diligente y con todos sus medios.

Soy socialista y que esto haya podido ser así me duele y avergüenza como al primero, pero si conocedor de este hecho optase por callar y encubrir al aparato responsable de estas aberraciones una tras otra, no sé que clase de socialista sería.

Desde luego no de la clase de la de aquellos que defendieron nuestra República y acabaron en una fosa clandestina, o “sentenciados”, sus mujeres violadas, maltratadas y desposeídas de todo… y entonces sí que estaría avergonzado de verdad.

Así que como socialista y republicano como ellos, aunque yo no tenga su valor y no creo que hubiese sido capaz de un nivel de entrega semejante, lo mínimo que sí puedo hacer es decirles a otros compañeros socialistas que copiarle a Franco y violar con ello todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos está profundamente mal y se debe rectificar por completo, en hechos, como dice el nuevo slogan del candidato Rubalcaba, y sin más gaitas que valgan.

Hacer, de una vez, lo que le dice el derecho internacional a cualquier país normal, en vez de violarlo, le pese a Zarzuela o a quien le pese.

Algunos suelen decir con la boca pequeña que esa ley de la memoria fue un primer paso, que por algún sitio había que empezar… pero no es verdad, tratan de hacer equilibrios y salvar la cara con algo que no se puede, y que, de hecho, les cuesta trabajo hasta admitirse así mismos.

La ley de la memoria fue puro mercadeo con los muertos del genocidio de Franco

Un guiño barato de algo que se podía hacer y comunicar relativamente fácil, aunque estuviese profundamente mal, de modo que los beneficios electorales y de imagen superasen a los costes. Al menos en el corto plazo, aunque fuese de manera tan chapucera como esa de copiarle al dictador.

Porque la realidad es que antes o después se acabará reconociendo la responsabilidad por semejante actuación contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos del Gobierno Zapatero en sus artículos 2, 3, 8 y 13.

Saldrá a la luz que se dejó que durante sus 8 años de mandato numerosos familiares siguiesen muriendo en el sufrimiento y la soledad cuando estaba perfectamente en su mano haber creado la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos con los medios y procedimientos adecuados y suficientes y una Base Nacional de Datos Genéticos…instrumentos que se podían haber creado por dicha ley como se hizo en argentina desde 1985 nada menos, y en varios países más…hacer lo que hubiese sido lo normal con la legislación internacional en la mano, en vez de copiarle a Franco.

Por todo eso la ley de la memoria no fue ningún “primer paso” de nada porque entonces se habría tratado de ir introduciendo algún grado de cumplimiento de algún artículo enumerado del Convenio Europeo de Derechos Humanos…eso en vez de violar flagrantemente todo lo relativo a desaparecidos y asesinatos judiciales – pero todo de todo –  del Convenio Europeo y de todo lo demás.

Es así de tremendo lo que se ha hecho.

Una ley ilegal que no tiene ni un solo punto de apoyo en el derecho internacional de los derechos humanos ni en el Derecho penal internacional.

Una oportunidad y unos años perdidos para las víctimas que siguen hoy a la espera, tambien el mismo día de la candidatura de Pérez Rubalcaba.

Candidato que debe tener al menos la posibilidad de explicarse y presentar su propio proyecto, pero que precisamente por esa razón, y por todo lo expuesto aquí, es obligado preguntarle.

Para tener todos bien claro a partir de ahí qué cumplimiento real pretende dar en nuestro país a la Convención de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas, que cumplimiento pretende darle al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de Nuremberg elevada a principios generales del derecho internacional para todas las naciones desde 1948.

Y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Y a las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,

Y a los principios ONU de lucha a la impunidad,

Y a las directrices marcadas por su Asamblea General sobre derechos de las “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”…y aún me dejo instrumentos en el tintero.

Repito los violamos todos. Y eso no puede ser.

Y por eso quisiera saber, y creo no ser el único, si el candidato Rubalcaba se va a apuntar tambien al mercadeo con los muertos del genocidio de Franco para sacar algún eslogan barato y hacer como que hace y poco más.

O si de verdad es capaz de afrontar de frente esta cuestión y reconocer que jamás se debió llevar a cabo una legislación que da la espalda a todo el derecho internacional en la materia.

Que un Gobierno de España, cualquier Gobierno de España, lo que tiene que hacer con el Convenio Europeo de Derecos Humanos es cumplirlo, por mucho que nos sorprenda… justamente porque venimos del mundo al revés que, inevitablemente, siempre resulta ser una sociedad post genocidio.

Digo decirlo claro y demostrarlo también con hechos y compromisos inequívocos que demuestren que se va a rectificar de verdad. Que se va a cumplir simple y llanamente, aburridamente, el derecho internacional, sin ocurrencias de salón.

Porque ya estamos al borde del vómito de ocurrencias indecentes y avergonzantes, una detrás de otra, todas “100% made in Spain” de que le copien a Franco y de todo lo demás – en ningún otro lugar de la Europa democrática dudo mucho que les llegase a tanto la osadía – y todas con tal de evitar llamar las cosas como se deberian llamar con normalidad, para tratar de retorcer las obligaciones internacionales del Estado español – inmensas hacia las víctimas –.

Y precisamente por eso, como todo esto es tan normal y lo absolutamente anormal es lo que se ha venido haciendo desde la Moncloa y desde Ferraz en estos años, tengo la casi temeraria esperanza de que Rubalcaba pudiese ser el primer candidato socialista que llamase por su nombre de una vez al genocidio franquista y que pudiese decir sin tapujos que lo de los niños, y lo de las fosas, y lo de los asesinatos judiciales fueron “crímenes contra la humanidad” y “crímenes de guerra”, “crímenes contra la paz” con todas las letras.

Tengo la esperanza de que el candidato Rubalcaba pudiese ser el primer responsable de copiarle monótonamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a Nuremeberg y a todo lo demás… en vez de a Franco, ay.

Y hasta de que lo hiciese explicando además a la ciudadanía porque es tan normal que un Estado de Derecho haga justamente eso, copiar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y no ninguna otra cosa bizarra.

Que ya está bien y esas víctimas directas y familiares (víctimas indirectas) se merecen de una vez un respeto y un poquito de Estado de derecho y de humanidad por parte de este país aunque sólo sea una vez al siglo, que no hace daño…

De modo que con la que está cayendo puede que este no sea precisamente un tema estratégico para ningún responsable de campaña electoral y puede que hasta se le haya aconsejado a Rubalcaba que lo rehuya, pero como socialista y para bien o para mal el hecho es que muchos podremos empezar a saber ya con claridad, desde el primer momento, qué clase de candidato es, y para qué será candidato, Rubalcaba. Desde el momento en el que Rubalcaba opte o no por Nuremebrg y el Convenio Europeo de Derechos Humanos o por el sostenella con la avergonzante “ley de la memoria” copiada a Franco y todo lo demás. A mi personalmente no me cabrá ninguna duda.

Y entiendo perfectamente que tenemos muchas cosas que reconstruir y explicar en la izquierda española, pero, sinceramente, tras todo lo prepetrado en perjuicio de las víctimas del genocidio franquista si seguimos sin un compromiso real y concreto con los derechos humanos por delante – insisto: derechos humanos – yo no quiero estar ni apoyar de ninguna manera esa clase de candidato y seguiré aguardando a que se den las condiciones para que en el partido socialista surja un candidato dispuesto a cumplir con normalidad los derechos humanos de las víctimas del gran genocidio olvidado y negado de nuestro propio país. Que no debería ser pedir demasiado ni es lo que diga yo o nadie, es lo que dicen por escrito tratados y jurisprudencia de antes de que yo mismo naciese.

Me parece que es lo mínimo minimísimo que se debería poder esperar de un candidato del PSOE se llame Rubalcaba, Zapatero, Chacón o como se quiera llamar.

Pero sin un mínimo compromiso real con los derechos humanos que no cuenten conmigo como socialista y republicano.

Ni con mi silencio mientras tratan de colarle sus puñetas al país como si los derechos humanos reconocidos a todo ser humano y las responsabilidades del Estado no estuvieran escritos hace 70 años, por muy poco conocidos que sean en una sociedad post-genocidio como la nuestra – de eso precisamente ha pretendido valerse alguno: con una sociedad bien formada y conocedora de sus derechos humanos sus chascarrillos y gracietas, su permanente dar gato por liebre, “ilegitimidad” de las sentencias en vez de “nulidad”, y todo lo demás, nunca les habría funcionado –.

¿Qué va a ser candidato Rubalcaba?, ¿escuchará Ud. de verdad a las víctimas del genocidio franquista?, ¿llevará Ud en su programa la normal aplicación de todo el derecho internacional flagrantemente violado hasta la fecha?, ¿se atreverá a explicar a la ciudadanía española que venimos de un genocidio y que tenemos todavía crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por cientos de miles sin resolver delante de las puertas de nuestros tribunales de justicia?.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Nueva Tribuna, 18 de julio de 2011.

Los días de ayer y hoy están siendo días extraños, días de recuerdos emocionados, de enorme dolor por los incontables crímenes de crueldad infinita, en todas sus modalidades… en tantos lugares…

Están siendo días de ausencias, de silencio, días de víctimas y monstruosidades olvidadas incluso entre los olvidados…

De modo que en un artículo no tendría ni por donde empezar.

Pero lo que más me ha llamado la atención es que el inmenso, omnipresente, genocidio franquista pueda pasar entre nosotros estos días como el inmenso elefante en el armario que es.

El inmenso elefante en el armario de nuestra estrecha, casi inexistente, democracia.

Y digo casi inexistente democracia, o sin el casi,  ya que la democracia presupone, entre otras cosas, una garantía real y cierta de una mínima justicia y de los mísmísimos derecho fundamentales de todo ser humano, Estado de Derecho,  división real de poderes…con un poder judicial, en primer lugar, “desnazificado” – como se hizo en Alemania nada más acabar la guerra mundial,- y, en segundo lugar, independiente… pero nosotros, ay, ni tuvimos ni tenemos ninguna de tales cosas de forma real .

Porque este anómalo silencio, hecho de impunidad, – el inmenso genocidio de nuestra historia sin la palabra “genocidio”, que ninguna autoridad española pronunciará – es, en si mismo, explicación, y razón de ser, de muchas de las peores cosas que han seguido larvadas entre nosotros.

Aunque la conmemoración de estos días suponga conmemorar el inicio de nuestro gran genocidio nacional ninguna institución democrática española tendrá la “osadía” de llamarlo por su nombre: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra…

De modo que los muertos siguen ahí, tirados como perros en sus fosas, la prole del genocida sigue de veraneo en “su” pazo disfrutando de las ganancias y títulos nobiliarios obtenidos gracias al crimen a gran escala – como lo han seguido haciendo el resto de los implicados en la conjura criminal a lo largo de las décadas a lo largo y ancho del territorio y gracias a las propiedades falsamente inscritas en registros de todo el país y hasta hoy -… pero ninguna institución nacional llamará genocidio al genocidio.

Al parecer esa imposibilidad de llamar las cosas por su nombre también la seguimos teniendo como en nuestros mejores tiempos patrios.

Por seguir teniendo, 75 años después, hasta seguimos teniendo a otro Borbón en la Jefatura del Estado; y ello muy a pesar del régimen Borbón de corrupción, injusticia social, explotación, pelotazos, privilegios y censura periodística de Alfonso XIII – y que ya nos deberiamos haber aprendido bien- incluido su fallido intento de perpetuarse entre nosotros con su posterior Dictablanda con la que también trató de darnos gato por liebre en vez de la Segunda República para poder continuar con su vida de privilegios costeados por el pueblo…a buen seguro que a más de uno le suenan todas estas cosas de la Monarquía Borbón en su anterior recta final de agotamiento institucional.

Sinceramente a mi es algo que cada día me sorprende más, hasta que punto pueden repetirse los paralelismos en este bucle Ibérico, que creo que es lo que somos antes que “ruedo”.

Porque cuando los derechos humanos más inviolables, reconocidos en los tratados más sólidos y vigentes, les pueden ser arbitrariamente negados a todo un colectivo políticamente diferenciado de seres humanos en el seno del Estado, y cuando luego, además, todo ello puede ser convalidado por parte de un sistema judicial que imposibilita todo recurso efectivo frente a esa violación sistemática de derechos humanos, con resoluciones que fundamentan la violación de esos mismos derechos humanos, que llaman tumultos espontáneos a lo que fueron manifiestas órdenes documentadas para un exterminio sistemático por parte de los cabecillas del golpe, y todo ello jalonado de actuaciones tan poco decorosas como las que hemos podido presenciar atónitos – liquidación judicial de Garzón, el juez que quiso juzgar, incluida –

Y por eso, como digo, es la impactante inexistencia en España de un verdadero Estado de Derecho y de una verdadera división de poderes lo que queda a la vista.

Y sin ellas no puede haber democracia. Sin división de poderes ni Estado democrático, establecidas las condiciones de tiranía por encima del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto de los defensores de la Segunda República Española y sus familias, eso no es democracia.

Y todo eso es, punto por punto, me temo que es lo que ha sucedido desde nuestra denominada “transición”: por culpa de la obstinada biología humana todo tenía que ser distinto para poder seguir igual en caso contrario dudo mucho que hubiese tenido lugar.

Los que dieron el golpe (criminal) de su vida tenían que poder seguir disfrutando de su enorme botín de guerra obtenido a costa de ese enrome colectivo humano desposeido, y hoy todavía discriminado por el Estado español, la práctica totalidad del país – ; botín de guerra y brutal reasignación económica de recursos a base de sangre que, dicho sea de paso, lo ha condicionado todo socioeconómicamente después – propiedad de los medios de producción, de comunicación, capacidad de financiación de campañas electorales con su consiguiente traducción en cuanto al control del alcance del mensaje político, proveniencia de las élites políticas, judiciales, militares y económicas, todo… – pueden seguir disfrutando tranquilos.

El nuevo rey Borbón elegido democráticamente… por el mayor genocida de nuestra historia, claro, puede seguir su vida de privilegios y preparando el aterrizaje de quien quiere que le suceda, mientras sigue forrándose bien como hiciera Alfonso XIII…imagínense: si ni siquiera tiene que dar cuentas del dinero público que recibe directamente destinado a su Casa Real y no responde de nada en términos legales como para andar poniéndole puertas al campo con un sistema de incompatibilidades o conflicto de intereses de quien ostenta, manu militari, la Jefatura del Estado.

Y digo manu militari, jamás democráticamente, ya que por si el miedo y la censura no fuesen bastante ya se encargó Gobernación de que los partidos republicanos en el exilio no fuesen legalizados a tiempo de modo que la ciudadanía española jamás tuviese opción de votar democráticamente la opción republicana legítima, derribada por un golpe de Estado, para cortes constituyentes: esa parte de nuestra historia también se ha querido blanquear, medios, líneas editoriales y escribidores a sueldo bien pagados no les han faltado todas estas décadas para que la idea cale por lo menos un poco, que tampoco hace falta que cale demasiado si se aprieta a la gente lo suficiente mes a mes con el pago de su hipoteca …pero no, por mucho que se empeñen, no: jamás hubo dos opciones en aquel auténtico “referéndum constitucional de las lentejas” – monarquía o monarquía, lo tomas o dejas –.

Luego nos dirán esa estupidez de que la forma del Estado la votamos todos sí , monarquía o monarquía, como única opción, menuda vigencia del principio ONU de elecciones libres…

Y es que, hasta donde llevo visto, es todo así.

Igual todo eso tiene algo que ver con que en el día de hoy, 18 de julio de 2011, ni se llame por su nombre al mayor genocidio de nuestra historia en ninguno de los comunicados … que ni se hable de crímenes internacionales impunes que habría que enjuiciar de forma individualizada ante los tribunales de justicia penal exactamente igual que se sigue enjuiciando a los nazis – crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes contra la paz …

Igual parte del problema es que los crímenes internacionales no prescriben ni les afectan en nada las leyes de amnistía que no valen frente a estos ni el papel en el que están escritas y que frente al genocidio y sus víctimas – todas sus víctimas que siempre, siempre, se olvida que los familiares también son víctimas ante muchos de estos crímenes y que así han sido reconocidos una y otra vez por los instrumentos internacionales – todo Estado tiene hoy obligaciones muy concretas definidas por Naciones Unidas: incluido el deber de restitución de propiedades que, específicamente no se ve afectado por amnistía alguna que valga.

No le afecta y ante un crimen internacional imprescriptible persiste el deber de restitutio in integrum…de devolver a los supervivientes y familiares todo, las tierras, los inmuebles, todo.

En este país tenemos un gran problema, y es que casi no somos un país y desde luego no somos un Estado de Derecho, uno de verdad y en el que cualquiera pueda responder ante la ley.

No es así.

Nos mataron como sociedad, nos aniquilaron, nos convirtieron en un cortijo de gente explotada por un terrateniente que en su momentó se encargó de traspasar el negocio a otro guardando las debidas apariencias para que pudiese ser bendecido de forma adecuada.

Como en el caso del genocidio armenio durante años nos han intentado decir que aquello no fue un genocidio, que había sido una guerra civil, – una guerra contra la población civil en todo caso cañones, aviones, camiones, carros de combate de un lado y los puños en alto y poco más de otro para proteger Málaga del bombardeo, Guernika, Madrid …

Los compañeros de esos mismos militantes socialistas que siguen hoy tirados como perros en sus fosas, o “sentenciados” por defender a esa misma República que acabó con esos privilegios y puso de vacaciones pagadas en París al último Borbón que quiso imponerse sobre el pueblo español son los mismos que aceptan un tal sistema monárquico que no es igualitario ni de derecho ni democrático.

Porque resulta que el Partido Socialista no es Republicano y según parece resulta extraño decirlo y hay hasta que explicarlo, y casi pedir perdón, y en varias direcciones además, cuando eso es lo que fue siempre y lo anómalo es de estás ultimas décadas de democracia incompleta y sin rumbo en manos de los detentadores de los medios en un tal escenario nacional post genocida…¿hasta cuándo?, ¿Cuándo nos atreveremos a recuperar nuestra propia historia y nuestra propia conciencia y construir un PSOE republicano que contribuya a la construcción de un Estado de Derechos y una democracia plenas, como una sociedad que recupera su libertad y su dignidad…todo lo cual debe de ser algo impensable…e imprescindible para reconstruir la República española.

Y paradójicamente el camino a nuestra libertad colectiva siguen siendo ellos, que precisamente como efecto boomerang de la dictadura y la impunidad siguen ahí esperándonos, ellos, la mera verdad, son el punto de ruptura de todo y el camino a la República ayer y hoy, ¿puede una misma generación de españoles ser verdaderamente  la clave de la libertad de todas las demás?, ¿puede recaer y pivotar todo sobre ellos, siempre ellos y su valor y sacrificio infinito?.

A veces me gusta pensar que sí para intentar buscar un sentido a tanto horror y tanta monstruosidad, pensar que al final son ellos los que nos señalan, siempre nos han estado señalando el sendero de nuestra propia libertad colectiva, a nosotros sus nietos, y lo hacen de la mano de uno de los mayores logros de la especie humana en toda su historia, los derecho humanos, y la legalidad internacional.

Supongo que es una esperanza como otra cualquiera y que en días como los de hoy y ayer cada uno trata de encontrar sus propias respuestas desde su propia conciencia, su propia íntima conmoción y su propio compromiso con la República Española y con las víctimas de ese genocidio que hoy más que nunca nos volverán a tratar de tapar bajo otros nombres y convertirlo en cosa de homenajes pero sin justicia, por la cuenta y el interés que les trae.

Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211

“mientras los tenían reunidos […] empezaron a torturar a los hombres para que les dijeran donde estaban las armas y quiénes eran guerrilleros en la comunidad [y que] también violaron a algunas niñas en presencia de sus padres”. Asimismo, señalaron que “el Instructor Manuel Pop Sun […] violó [a una niña] drásticamente” y que “así […] estuvieron masacrando [y a las mujeres] no [fue] solo […] violarlas, [sino también] matarlas en el momento[…] las violaron salvajemente”. También el sobreviviente Salomé Armando Gómez Hernández declaró el día 1 de diciembre de 1995 que “[había visto] que golpeaban a los hombres con las armas y a patadas los botaban al suelo […] y a las mujeres las jalaban [d]el pelo y las pateaban”. Además, en la misma fecha, el testigo César Franco Ibáñez declaró que “comenzaron también […] a violar niñas[,] se oían los gritos y los lamentos de las pobres niñas […] que estaban violando”.

Descargar Texto integro de la Sentencia del Caso de la Masacre de las Dos Erres contra Guatemala, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tomado de Derecho Internacional relativo a la conducción de las hostilidades, CICR, 1996

La Haya, 18 de octubre de 1907

SECCIÓN I

BELIGERANTES

CAPÍTULO 1

Calidad de Beligerante

Art. 1. Las leyes, los derechos y los deberes de la guerra no se refieren solamente al ejército sino también a las milicias y a los Cuerpos de voluntarios que reúnan las condiciones siguientes:

1. Tener a la cabeza una persona responsable por sus subalternos;

2. Tener una señal como distintivo fijo y reconocible a distancia;

3. Llevar las armas ostensiblemente;

4. Sujetarse en sus operaciones a las leyes y costumbres de la guerra.

En los países en que las milicias o los Cuerpos de voluntarios formen el ejército o hagan parte de él, tanto aquéllas como éstos quedan comprendidos bajo la denominación de ejército.

Art. 2. Los habitantes de un territorio no ocupado que al aproximarse el enemigo tomen espontáneamente las armas para combatir las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo de organizarse conforme al artículo 1, serán considerados como beligerantes si llevan las armas ostensiblemente y si respetan las leyes y costumbres de la guerra.

Art. 3. Las fuerzas armadas de las partes beligerantes pueden componerse de combatientes y no combatientes. En caso de captura por el enemigo, unos y otros tienen derecho al tratamiento de prisioneros de guerra.

CAPÍTULO II 

Prisioneros de Guerra

Art. 4. Los prisioneros de guerra están bajo el poder del Gobierno enemigo y no de los individuos o Cuerpos que los hayan capturado.

Deben ser tratados con humanidad.

Todo lo que les pertenezca personalmente, exceptuando armas, caballos y papeles militares es de su propiedad.

Art. 5. Se puede someter a los prisioneros de guerra a la internación en una ciudad, fortaleza, campo o localidad cualquiera con la obligación de no alejarse más allá de ciertos límites determinados; pero no pueden ser encerrados sino como medida de seguridad indispensable y únicamente en el caso de circunstancias imperiosas que determinen esa medida.

Art. 6. El Estado puede emplear como trabajadores a los prisioneros de guerra, según su grado y aptitudes, excepción hecha de los Oficiales. Los trabajos no serán excesivos y no tendrán relación alguna con las operaciones de la guerra.

Puede autorizarse a los prisioneros para trabajar por cuenta de administraciones públicas o privadas o por cuenta propia.

Los trabajos ejecutados en beneficio del Estado, se pagarán de acuerdo con las tarifas en vigor para los militares del ejército nacional que ejecuten los mismos trabajos, o si aquéllas no existen, de acuerdo con una tarifa en relación con los trabajos ejecutados.

Cuando los trabajos se verifiquen por cuenta de otras administraciones públicas o por cuenta de particulares, las condiciones se fijarán de acuerdo con la autoridad militar.

El salario de los prisioneros debe contribuir para mejorar su situación, y el excedente les será entregado en el momento de su liberación, deducidos los gastos de sostenimiento.

Art. 7. El Gobierno en cuyo poder se encuentren los prisioneros de guerra se encarga de su sostenimiento.

A falta de acuerdo especial entre los beligerantes los prisioneros de guerra serán tratados en cuanto a alimentación, alojamiento y vestuario, en el mismo pie que las tropas del Gobierno que los haya capturado.

Art. 8. Los prisioneros de guerra serán sometidos a las leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en el ejército del Estado en cuyo poder se encuentren. Todo acto de insubordinación autoriza para tomar con ellos las medidas de rigor necesarias.

Los prisioneros que se fuguen y que fueren aprehendidos antes de haber podido unirse a su ejército o antes de abandonar el territorio ocupado por el ejército que los haya capturado quedarán sometidos a las penas disciplinarias.

Los prisioneros que habiendo tenido éxito en su evasión sean otra vez aprehendidos no sufrirán pena alguna por la fuga anterior.

Art. 9. Todo prisionero de guerra está obligado a declarar, si se le interroga a este respecto, su nombre y grado verdaderos, y en el caso de que infrinja esta regla se expone a una restricción de las ventajas concedidas a los prisioneros de guerra de su categoría.

Art. 10. Los prisioneros de guerra pueden ponerse en libertad bajo palabra si las leyes de su país los autorizan para esto, y en ese caso están obligados, bajo la garantía de su honor personal, a cumplir escrupulosamente, tanto respecto de su propio Gobierno como de aquel que los ha hecho prisioneros, los compromisos que hayan contraído.

En el mismo caso su propio Gobierno está obligado a no exigir ni a aceptar de ellos servicio alguno contrario a la palabra empeñada.

Art. 11. Un prisionero de guerra no puede ser compelido a aceptar su libertad bajo palabra, como tampoco el Gobierno enemigo está obligado a acceder a la petición del prisionero que solicite su libertad bajo palabra.

Art. 12. Todo prisionero de guerra puesto en libertad bajo palabra y que fuere reaprehendido en armas contra el Gobierno con el cual se había comprometido bajo su honor, o contra los aliados de éste pierde el derecho al tratamiento de los prisioneros de guerra y puede ser llamado ante los Tribunales.

Art. 13. Los individuos que siguen a un ejército sin formar parte directa de él, como los corresponsales y los revisteros de periódicos, los vivanderos, los proveedores, que caigan en poder del enemigo y cuya detención éste juzgue conveniente, tienen derecho al tratamiento de prisioneros de guerra, a condición de que vayan provistos de un comprobante de la autoridad militar del ejército que acompañaban.

Art. 14. Se establecerá desde el principio de las hostilidades en cada uno de los Estados beligerantes, y llegado el caso en los países neutrales que hayan recogido beligerantes en su territorio, una oficina de información sobre prisioneros de guerra. Esta oficina, que estará encargada de responder a todas las preguntas que se le dirijan sobre cuestiones de su incumbencia, recibirá de sus diversas dependencias todas las indicaciones referentes a la internación y sus cambios, liberaciones bajo palabra, canjes, fugas, entrada a los hospitales, muertes y todos los demás datos necesarios para sentar y tener al corriente una cédula individual para cada prisionero de guerra. La oficina deberá consignar en cada cédula el número de lista, nombre y apellido, edad, procedencia, grado, cuerpo de tropa, heridas, fecha y lugar de la captura, de la internación, de las heridas y de la muerte, y en general, todas las observaciones particulares. La cédula individual se remitirá al Gobierno del otro beligerante una vez hecha la paz.

La oficina de información se encargará igualmente de recoger y centralizar todos los objetos de uso personal, valores, cartas, etc., que se encuentren en los campos de batalla o hayan sido abandonados por los prisioneros libertados bajo palabra, canjeados, fugados, o muertos en los hospitales o ambulancias, y los transmitirá a los interesados.

Art. 15. Las sociedades de socorros para los prisioneros de guerra, regularmente constituidas según las leyes de su propio país y que tengan por objeto el ministerio de la caridad, así como sus agentes debidamente acreditados, contarán por parte de los beligerantes con todas las facilidades compatibles con los límites trazados por las necesidades militares y las reglas administrativas, para cumplir con eficacia su tarea de humanidad. Los delegados de estas sociedades podrán distribuir socorros en los depósitos de internación y en los lugares donde acampen los prisioneros repatriados, mediante un permiso personal expedido por la autoridad militar y bajo compromiso estricto de someterse a todas las medidas de orden y de policía que ella prescriba.

Art. 16. Las oficinas de información gozarán de franquicia postal. Las cartas, giros y artículos de valor, así como las valijas postales destinados a los prisioneros de guerra o despachados por ellos, estarán exentos de todos los derechos postales, tanto en los países de donde se remitan como en aquellos a donde se dirijan y en los países intermedios.

Las dádivas y socorros en especie destinados para los prisioneros de guerra serán admitidos libres de todo derecho de importación o cualesquiera otros, así como del precio del transpone en los ferrocarriles del Estado.

Art. 17. Los Oficiales prisioneros recibirán el sueldo a que tienen derecho los Oficiales del mismo grado pertenecientes al país en que estén retenidos, y el reembolso quedará a cargo de su Gobierno.

Art. 18. Los prisioneros de guerra gozarán de completa libertad para las prácticas de su religión, comprendiendo en éstas la asistencia a los oficios de su culto, con la condición de sujetarse a las medidas de orden y de policía prescritas por la autoridad militar.

Art. 19. Los testamentos de los prisioneros de guerra serán recibidos y redactados en las mismas condiciones que para los militares del ejército nacional.

Se seguirán igualmente las mismas reglas en lo relativo a los documentos sobre comprobación de las defunciones, así como para la inhumación de los prisioneros de guerra, teniendo en cuenta su grado y categoría.

Art. 20. Una vez restablecida la paz la repatriación de los prisioneros de guerra se efectuará en el más breve término posible.

CAPÍTULO III 

Enfermos y Heridos

Art. 21. Las obligaciones de los beligerantes en lo relativo al servicio de enfermos y heridos se rigen por la Convención de Ginebra.

 

SECCIÓN II 

HOSTILIDADES

CAPÍTULO I

De los medios de hacer daño al enemigo, de los sitios y de los bombardeos

Art. 22. Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios de perjudicar al enemigo.

Art. 23. Además de las prohibiciones establecidas por Convenciones especiales, es particularmente prohibido:

(a) Emplear veneno o armas envenenadas;

(b) Dar muerte o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o al ejército enemigo;

(c) Dar muerte o herir a un enemigo que habiendo depuesto las armas o no teniendo medios para defenderse se haya rendido a discreción;

(d) Declarar que no se dará cuartel;

(e) Emplear armas, proyectiles o materias propias para causar males innecesarios;

(f) Usar indebidamente el pabellón parlamentario, el pabellón nacional o las insignias militares y el uniforme del enemigo, así como los signos distintivos de la Convención de Ginebra;

(g) Destruir o tomar propiedades enemigas, a menos que tales destrucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra;

(h) Declarar extinguidos, suspendidos o inadmisibles ante los Tribunales los derechos y acciones de los nacionales del adversario.

Es igualmente prohibido a un beligerante compeler a los nacionales del adversario a tomar parte en las operaciones de la guerra dirigidas contra su país, aun en el caso de que ellos hayan estado a su servicio antes de comenzar la guerra.

Art. 24. Los ardides de guerra y el empleo de los medios necesarios para obtener informes sobre el enemigo y sobre el terreno son considerados como lícitos.

Art. 25. Es prohibido atacar o bombardear, cualquiera que sea el medio que se emplee, ciudades, aldeas, habitaciones o edificios que no estén defendidos.

Art. 26. El Comandante de las tropas asaltantes, antes de proceder al bombardeo y salvo el caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir a las autoridades.

Art. 27. En los sitios y bombardeos se tomarán todas las medidas necesarias para favorecer, en cuanto sea posible, los edificios destinados al culto, a las artes, a las ciencias, a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en donde estén asilados los enfermos y heridos, a condición de que no se destinen para fines militares.

Los sitiados están en la obligación de señalar esos edificios o lugares de asilo con signos visibles especiales que se harán conocer de antemano al sitiador.

Art. 28. Es prohibido entregar al saqueo una ciudad o localidad, aun en el caso de que haya sido tomada por asalto.

CAPÍTULO II
De los espías

Art. 29. No puede considerarse como espía sino al individuo que obrando clandestinamente o con falsos pretextos recoja o trate de recoger informes en la zona de operaciones de un beligerante, con la intención de comunicarlos al enemigo.

Por tanto, los militares sin disfraz que penetren a la zona de operaciones del ejército enemigo con el objeto de recoger informes no son considerados como espías. Tampoco son considerados como espías los militares y los civiles que desempeñando su misión sin reserva, se encarguen de trasmitir despachos destinados a su propio ejército o al ejército enemigo. A esta categoría pertenecen también los individuos enviados en globos para trasmitir despachos, y en general para mantener las comunicaciones entre las diversas partes de un ejército o de un territorio.

Art. 30. El espía cogido in fraganti no podrá ser castigado sin juicio previo.

Art. 31. El espía que habiéndose reunido al ejército a que pertenecía sea capturado más tarde por el enemigo, será tratado como prisionero de guerra y no incurre en responsabilidad alguna por los actos de espionaje anteriores.

 

CAPÍTULO III.

De los parlamentarios

Art. 32. Se considera como parlamentario el individuo autorizado por uno de los beligerantes para conferenciar con el otro y que se presente con bandera blanca. Tiene derecho a la inviolabilidad, así como el corneta, clarín o tambor, el abanderado y el intérprete que lo acompañen.

Art. 33. El Jefe al cual se envía un parlamentario no está en todo caso en la obligación de recibirlo.

Puede tomar todas las medidas necesarias para impedir al parlamentario que se aproveche de su misión para informarse.

Tiene derecho, en caso de infracción, de retener temporalmente al parlamentario.

Art. 34. El parlamentario pierde sus derechos de inviolabilidad si se prueba de una manera positiva e irrecusable que se ha aprovechado de su posición privilegiada para provocar o cometer un delito de traición.

CAPÍTULO IV
De las capitulaciones

Art. 35. En las capitulaciones acordadas entre las Partes Contratantes deben tenerse en cuenta las reglas del honor militar.

Una vez establecidas se observarán escrupulosamente por ambas partes.

CAPÍTULO V
Del armisticio

Art. 36. El armisticio suspende las operaciones de guerra por mutuo acuerdo de las partes beligerantes. Si su duración no se hubiere fijado, las partes beligerantes pueden volver a emprender en cualquier tiempo las operaciones, con tal de que se prevenga al enemigo en el tiempo fijado, conforme a las condiciones del armisticio.

Art. 37. El armisticio puede ser general o local.

El primero suspende en dondequiera las operaciones de guerra de los Estados beligerantes; el segundo solamente entre ciertas fracciones del ejército beligerante y en radio determinado.

Art. 38. El armisticio debe ser notificado oficialmente en tiempo oportuno a las autoridades competentes y a las tropas. Las hostilidades quedan suspendidas inmediatamente después de la notificación, o en el término fijado.

Art. 39. Corresponde a las Partes Contratantes fijar en las cláusulas del armisticio las relaciones que ellas pueden mantener en el teatro de la guerra con sus habitantes, y las que pueden mantener los habitantes de un Estado beligerante con los del otro.

Art. 40. Toda violación grave del armisticio por una de las partes da a la otra el derecho de denunciarlo, y aun en caso urgente, de reanudar inmediatamente las hostilidades.

Art. 41. La violación de las cláusulas del armisticio por particulares que obren por propia iniciativa da derecho solamente a exigir el castigo de los culpables, y si fuere el caso, a indemnización por las pérdidas sufridas.

 

SECCIÓN III
DE LA AUTORIDAD MILITAR SOBRE EL TERRITORIO DEL ESTADO ENEMIGO

Art. 42. Se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo.

La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse.

Art. 43. Desde el momento en que la autoridad legítima pase de hecho a manos del ocupante, éste tomará todas las medidas que estén a su alcance a fin de restablecer y conservar, en cuanto sea posible, el orden y la vida públicos, respetando, salvo impedimento absoluto, las leyes vigentes en el país.

Art. 44. Es prohibido a un beligerante compeler a los habitantes de un territorio ocupado por él a dar informes sobre el ejército del otro beligerante o sobre sus medios de defensa.

Art. 45. Es prohibido constreñir a los habitantes de un territorio ocupado a prestar juramento a la potencia enemiga.

Art. 46. El honor y los derechos de la familia, la vida de los individuos y la propiedad privada, así como las creencias religiosas y la práctica de los cultos, deben ser respetados.

La propiedad privada no puede ser confiscada.

Art. 47. El pillaje es formalmente prohibido.

Art. 48. Si el ocupante recauda en el territorio ocupado los impuestos, derechos y peajes establecidos en beneficio del Estado, lo hará, en cuanto sea posible, con arreglo a la tasa y distribución de impuestos en vigencia, resultando para él la obligación de proveer a los gastos de administración del territorio ocupado en la medida en que el Gobierno legal estaba obligado a ello.

Art. 49. Si además de los impuestos previstos en el artículo precedente el ocupante recauda otras contribuciones en dinero en el territorio ocupado, no lo podrá hacer sino para atender a las necesidades del ejército o a la administración del territorio.

Art. 50. Ninguna pena colectiva, pecuniaria o de otra clase podrá imponerse a los habitantes por causa de hechos individuales de que no puedan ser considerados como solidariamente responsables.

Art. 51. No se podrá percibir ninguna contribución sino en virtud de una orden escrita y bajo la responsabilidad de un General en Jefe.

No se procederá, en cuanto sea posible, a verificar dicha recaudación sino de acuerdo con la tasa y distribución de impuestos en vigencia.

De toda contribución se dará un recibo al contribuyente.

Art. 52. No podrán exigirse empréstitos en especie y servicios del común o de los habitantes sino para atender a las necesidades del ejército que ocupe el territorio. Serán proporcionados a los recursos del país y de tal naturaleza que no impliquen para los habitantes la obligación de tomar parte en las operaciones de la guerra contra su país.

Esos empréstitos y servicios no serán exigidos sino con la autorización del Comandante de la localidad ocupada.

Los empréstitos en especie serán, en cuanto sea posible, pagados de contado; en caso contrario se dejará constancia de aquellos por medio de documentos, y el pago se hará lo más pronto posible.

Art. 53. El ejército que ocupe un territorio no podrá apoderarse sino del numerario, fondos, obligaciones por cobrar que pertenezcan al Estado, depósitos de armas, medios de transporte, almacenes y provisiones, y en general toda propiedad mueble del Estado que pueda servir para operaciones militares.

Todos los medios destinados en tierra, en mar y en los aires para la trasmisión de noticias o para el transporte de personas o cosas, excepción hecha de los casos regidos por el derecho marítimo, los depósitos de armas y en general toda especie de municiones de guerra, pueden ser tomados, aunque pertenezcan a particulares, pero deberán ser restituidos, y la indemnización se fijará cuando se restablezca la paz.

Art. 54. Los cables submarinos que pongan en comunicación un territorio ocupado con uno neutral no podrán ser tomados o destruidos sino en el caso de necesidad absoluta. Deben ser restituidos y las indemnizaciones se fijarán cuando se haga la paz.

Art. 55. El Estado ocupante no debe considerarse sino como administrador y usufructuario de los edificios públicos, inmuebles, bosques y explotaciones agrícolas que pertenezcan al Estado enemigo y se encuentren en el país ocupado. Deberá defender el capital de esas empresas y administrar conforme a las reglas del usufructo.

Art. 56. Los bienes de las comunidades, los de establecimientos consagrados a los cultos, a la caridad, a la instrucción, a las artes y a las ciencias, aun cuando pertenezcan al Estado, serán tratados como propiedad privada.

Se prohíbe y debe perseguirse toda ocupación, destrucción, deterioro intencional de tales edificios, de monumentos históricos y de obras artísticas y científicas.

¿Cuándo aplicaremos también la jurisprudencia del caso de los juristas nazis en Nuremberg y la de los tiradores del muro de Berlín para enjuiciar a los “jueces” y “autoridades” franquistas y a los miembros de los piquetes de ejecución?

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Nueva Tribuna, 3 de Octubrede 2010.

Este pasado lunes, 27 de septiembre, recordábamos en España – ni mucho menos todos lo hacíamos, y nuestras instituciones, tampoco – el 35º aniversario de las últimas ejecuciones franquistas habidas en nuestro país.

Casi 40 años, entre 1939 y 1975, de auténticos asesinatos a sangre fría a cuya mera teatralización judicial –decidido de antemano el resultado en el año 1939, tanto como en el 1975 – el franquismo le ha venido sacando unos réditos que, ni Franco mismo habría llegado a imaginarse, por muy “atado y bien atado” que el mismo esperase haberlo dejado todo.

La de las más de 190.000 ejecuciones, y “fallecimientos” en prisión, reconocidas por el propio régimen a las alturas de 1950 (lo que quiere decir que, con toda probabilidad, fueron más), es posiblemente la atrocidad que mejor les salió, para desgracia de todas esas víctimas y sus familias. Esa era justamente su intención.

La “feliz” idea de molestase en llamar “sentencias” a tales crímenes de Estado masivamente perpetrados contrasta con la calificación de “crímenes” de guerra, como llama el artículo 8 del Estatuto de Roma a la práctica de someter a juicio a prisioneros de guerra o personal civil protegido en ausencia de las más elementales garantías jurídicas. (Véanse más detalladamente al respecto los precedentes artículos: “No son sentencias, son crímenes de guerra”, http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=34235, y “Aunque la injusticia se vista de seda…o de ilegitimidad”, http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=37175).

Pero como ante la “legalidad” del nazismo, no subyace otra cosa, en realidad, que el conflicto de fondo denunciado por Gustav Radbruch, entre lo que los monstruos de turno encaramados a las instituciones quieran llamar derecho, vaciado de toda relación con la justicia, y reducido a un mero instrumento de su voluntad criminal, (y así, las “leyes” raciales y todo lo demás, mecánicamente aplicadas por los juristas posteriormente enjuiciados en Nuremberg en los conocidos como Nachfolgeprozesse), y el imperativo de que el derecho sea mínimamente reconocible con la idea de justicia. Porque si no llega un punto en el que todo ello deja de ser derecho.

En el cargo acusatorio formulado por el fiscal de los Nachfogeprozesse, Telford Taylor, contra 16 jueces, fiscales y altas autoridades judiciales y del Ministerio de Justicia – incluido el propio Ministro de Justicia –, hablaría directamente de la comisión de “asesinatos judiciales” y otros crímenes valiéndose del mero cascarón vacío de las formalidades del proceso legal para la persecución, el sometimiento a esclavitud y el exterminio: “judicial murder and other atrocities which they committed by destroying law and justice in Germany, and by then utilising the emptied forms of legal process for persecution, enslavement, and extermination on a vast scale“.

Josef Altstötter, Wilhelm von Ammon, Karl Engert, Günther Joel, Herbert Klemm, Ernst Lautz, Wolfgang Mettgenberg, Rudolf Oeschey, Hans Petersen, Oswald Rothaug, Curt Rothenberger, y Franz Schlegelberger fueron condenados en  virtud de todo ello a penas que oscilaron entre los 5 años de prisión y la cadena perpetua como fue, por ejemplo, el caso de Herbert Klemm (arriba en la fotografía), Secretario de Estado de Justicia. Carl Westphal se suicidó justo antes del inicio del juicio, mientras que Paul Barnickel, abogado de Estado, y otros tres acusados más serían, en cambio, finalmente absueltos.

No se trata de ninguna teoría, por mucho que escrito este artículo desde España pueda parecerlo. Eso es únicamente porque aquí reina todavía la más completa impunidad, nada más.

Y no hay que dejar de subrayar, como además, en el caso español, que la ilegalidad de todo ello resulta mucho más evidente si cabe, ya que aquí no cabe recurrir tan sólo al argumentario de Radbruch sobre la ilegalidad de determinadas “leyes” porque, además de eso mismo, aquí el fascismo no llegó al poder por las urnas, y una banda armada criminal sublevada contra la Constitución tampoco tiene potestad legal de emanar norma alguna. La nulidad radical de todo el aparataje “legal” franquista resulta ya incontestable al margen de tribunales y procedimientos idénticos a los denunciados por el gran jurista alemán.

De modo que, de verdad, ¿qué está pasando con el caso de los jueces, fiscales y autoridades franquistas?

Tenemos a parte de los dirigentes del PSOE e incluso a una (muy) pequeña parte del movimiento memorialista dando por buena la declaración de “ilegitimidad” de tales “sentencias” que hace la ley de la memoria. Con “defectos” de forma y fondo y lo que se quiera, pero tratándose todavía en España los crímenes de Estado como si, de verdad, fueran “sentencias”, y no crímenes. Lo de llamar a las sentencias “ilegitimas”, o “antipáticas”, que viene a desplegar más o menos los mismos efectos jurídicos, difícilmente puede dar más vergüenza de la que da. Más aún tras acabar de citar el caso de los olvidados juicios penales en Nuremberg a los “jueces” nazis, pero allá cada cual si de verdad le parece ética y jurídicamente sostenible. Es una aberración.

Tenemos a otra parte de la izquierda y del movimiento memorialista que entiende que las sentencias de muerte son nulas de pleno derecho, pero que otras “sentencias” “menores” (trabajos forzados, “multas expropiatorias”, por llamar a estas últimas de alguna manera, depuraciones de los puestos de trabajo, etc) no lo serían.

Pero nada de eso eran “tribunales” ni “sentencias”. Que los casos de asesinatos judiciales fueran los más graves no implica que la imposición de trabajos forzados y todo lo demás no fueran igualmente gravísimas violaciones de los derechos humanos que no pueden seguir siendo reconocidas como “derecho”; ni que esas otras víctimas tengan menos derecho a todas las formas de “verdad, justicia y reparación”. Sin quitarles razón en cuanto a las mayores dificultades de sacar adelante la totalidad de todo ello (nada de lo demás tampoco es fácil dentro de las actuales circunstancias de nuestro país), creo que tal posicionamiento merecería una reflexión por parte de tales compañeros.

Y, finalmente, otra parte del movimiento memorialista considera, más acertadamente en mi opinión, que las “sentencias” deben ser anuladas en su totalidad –todas ellas, simplemente porque no lo son, ya que ninguna banda armada pueda dictar sentencias, menos aún como castigo a los “imputados” por el delito de haber defendido la legalidad– aunque tienden a olvidarse, algunos sí otros no, de que los “tribunales” no son tribunales, ni las “leyes” en virtud de los cuales éstos se crearon, tampoco son leyes. Algunos se olvidan de que esas agrupaciones criminales transitorias, ante las que comparecieron las personas que defendieron nuestras libertades, no pueden seguir siendo llamadas “tribunales” por mucho que fuesen todos vestidos de toga. Si, como suele decirse, el hábito no hace al monje, al juez, tampoco.

¿Dejaremos algún día de considerarles “jueces” y “tribunales”, se vistiesen como se vistiesen, para perpetrar sus fechorías y seremos capaces de enjuiciarles como a los jueces y responsables judiciales del nazismo?

Pero lo que, incluso entre éstos últimos, se deja sin pedir es el enjuiciamiento penal de los “jueces” franquistas, miembros de los denominados “Consejos de Guerra”, y también de los jueces franquistas que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP), y otros. Enjuiciamiento de unos y otros jueces, por su respectiva responsabilidad en pretendidas “sentencias” dictadas contra quienes se limitaron a ejercer derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros, o bien dictadas de forma directamente contraria a las normas sobre trato de prisioneros y población civil protegida en virtud de las Convenciones de Ginebra de 1929 y de la Haya de 1898 y 1907.

Por eso creo que, en el fondo, incluso entre las organizaciones de la memoria continúa pesando, de forma inconsciente e involuntaria pero pesando, la consideración de tales “sentencias” como sentencias de las de verdad, y no como actos criminales, y de ahí esas reacciones y esa tímida forma de enfocar esta cuestión, de ahí que hasta el más pintado las haya llamado sentencias sin las comillas, de ahí que no se actúe completamente en consecuencia, y no se promuevan dichos juicios penales y el resto de medidas de verdad, justicia y reparación. De ahí también que, junto a todo lo anterior ya expresado, tampoco se haya producido el recurso a resortes internacionales elementales, a los que resulta inverosímil que aún no se haya producido. El primero de todos el Relator Especial de Naciones Unidas contra las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”.

Porque en el fondo, inconscientemente, no se piensa que en el caso de los “asesinatos judiciales” del franquismo estemos ante “ejecuciones extrajudiciales”, se piensa que estamos ante ejecuciones producto de un “juicio”, de lo dictado por un “tribunal”. Pero eso no eran “juicios”. No eran “tribunales”. Y el erróneo enfoque que nos ha impedido tomar plena conciencia sobre esto último nos ha impedido tomar debida conciencia de todo lo demás. Considerar a los “asesinatos judiciales” del franquismo ejecuciones extrajudiciales.

Todo ello se ve confirmado además si se observa el mandato otorgado al “Relator Especial de Naciones Unidas contra las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, lo que, de hecho, daría lugar a poder actuar también ante los siguientes supuestos, que el lector reconocerá con toda facilidad:

“a) Violaciones del derecho a la vida en relación con la pena de muerte. El Relator Especial interviene cuando se impone la pena capital tras un juicio que no fue imparcia,l o en caso de infracciones al derecho de apelación o al derecho de solicitar conmutación de pena o indulto. También interviene si la persona condenada es menor de edad, enferma o discapacitada mental, una mujer embarazada o una madre que ha dado a luz recientemente”.

Con adicional, especial, incidencia todavía respecto de ejecuciones extrajudiciales en prisiones como en el centro de detención ilegal de Valdenoceda y tantas otras…o respecto al exterminio infantil a los que, según distintos testimonios, las monjitas-guardianas dejaron morir debido a las terribles condiciones de detención:

“c) Muertes durante la detención debidas a torturas, descuido o uso de la fuerza, o condiciones de privación de la libertad que entrañan peligro de muerte.

Más todavía:

“f) Violaciones del derecho a la vida durante conflictos armados, especialmente entre la población civil y otros no combatientes, en forma contraria al Derecho humanitario internacional (…)”

“h) Genocidio.

i) Incumplimiento de la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio contra los responsables.

j) Incumplimiento de la obligación de ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de violaciones del derecho a la vida”.

Obligaciones nunca jamás llevadas a cabo en nuestro país.

Y por ello mismo – y muy a pesar de la amplia aplicabilidad de todo ello para nuestro caso – y si atendemos a los últimos resúmenes estadísticos anuales del Relator, ni un solo caso le ha sido presentado todavía, cuando debiéramos ser el país de Europa, y casi del mundo, que más trabajo le diésemos. Porque, lamentablemente, motivos no nos faltan.

Adjunto aquí copia del modelo de cuestionario traducido al castellano – una sencilla carta que cabe enviar por correo electrónico o por carta – para que cualquier familiar de “asesinados judicialmente”, de “fallecimientos” en prisión, de violaciones del derecho a la vida no investigadas por nuestras autoridades – también, por cierto, de desapariciones forzadas seguidas de ejecución extrajudicial y fosa común – , pueda dirigirse al Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, actualmente el Sr. Phillip Alston.

En todo caso, así las cosas, cuando en el mejor de los casos nos limitamos a pedir la nulidad de todas las “sentencias”, y nos olvidamos de pedir la persecución penal de sus autores en virtud de dicha jurisprudencia, o la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas ante la nula voluntad de investigar tales crímenes por parte de nuestras actuales autoridades – bastante tiene el Sr Fiscal General del Estado con tratar de engañar a nuestra ciudadanía diciendo que la ley de la memoria anula lo que no anula – hablar de las 5 formas restantes de reparación parece evidente que nos queda un poco lejos. Y me refiero a medidas que van desde las indemnizaciones debidas, al deber de homenajear por parte de las instituciones, de petición de perdón, poner nombres de calles, a nombres de colegios y espacios oficiales, incorporar la memoria de estas personas a los libros de texto a todos los niveles, declarar un día oficial de homenaje y recuerdo, etc.

Creo que cada vez se hace más necesaria una reflexión global del movimiento memorialista sobre el caso de los “asesinatos judiciales”, y el que debería ser el alcance de nuestra acción conjunta frente al mismo. Espacios como “Juicio a los jueces y autoridades franquistas y a los piquetes de ejecución“ activado en facebook ( http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=163487190332164&ref=ts) en el aniversario de los últimos fusilamientos, y cualesquiera otros foros, deben ser una ayuda para contribuir a ello.

La nulidad de las “sentencias” es lo primero, pero no lo único. De ninguna manera. Y no podemos seguir dejando fuera nada de todo lo que trato de apuntar aquí en relación a asesinatos y crímenes judiciales.

Quizá este próximo 10 de octubre, día internacional contra la pena de muerte – fecha hasta ahora completamente desatendida en nuestro país, tanto como lo estuvo hasta hace dos años el 31 de agosto, día internacional contra las desapariciones forzadas – pueda ser un buen momento para recordar esos 190.000 casos en los que el régimen pretendió llamarlos pena de muerte, nuestra democracia aún los considera como tales, pero no lo son.

(Continuará con la parte II, relativa a la responsabilidad de autoridades del Consejo de Ministros y tiradores de los pelotones de fusilamiento y miembros de los piquetes de ejecución a la luz de la jurisprudencia internacional en el caso de los tiradores del muro de Berlín, que también “se limitaban” a obedecer las órdenes de disparar).

 

Anexo: Para saber más, ante la desinformación generada por las autoridades del PSOE.

COMO HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN AL RELATOR ESPECIAL ONU PARA LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS O PEDIR SU INTERVENCIÓN

Cualquier persona o grupo, organización no gubernamental, organismo intergubernamental o gobierno que tenga conocimiento fidedigno de la realización de una ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria que pueden incluirse en una o varias de las categorías descritas en la página … de este folleto puede hacer llegar la información pertinente al Relator Especial 19/. Es necesario facilitar la siguiente información:

a) información sobre el incidente: fecha, lugar, descripción de las circunstancias en que el incidente se produjo; en los casos de supuestas violaciones del derecho a la vida en conexión con la pena de muerte se facilitará información  sobre la falta de garantías de un juicio imparcial; en los casos de violaciones inminentes del derecho a la vida se expondrán las razones por las que se teme que la vida de las  personas se encuentre en peligro; en los casos de violaciones inminentes en conexión con la pena capital, además de la información indicada, se dará cuenta de los  recursos interpuestos;

b) información sobre las víctimas del incidente; número de  víctimas si se conoce, así como su nombre, edad, sexo,  profesión y actividades si guardan relación con la violación  (inminente) del derecho a la vida;

c) información sobre los presuntos autores: explicación, si se conoce, de las razones por las que se sospeche de ellos; si los autores no son agentes del Estado, se facilitarán detalles de la posible relación de esas fuerzas o individuos con el Estado (por ejemplo cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, información sobre la escala  jerárquica, connivencia del Estado con sus operaciones o tolerancia de las mismas, etc.);

d) información sobre la fuente de la denuncia: nombre y dirección completa de la organización o del individuo que  formula la denuncia ante el Relator Especial.

De conocerse, podría facilitarse también la siguiente información, de interés para el Relator Especial:

a) Información adicional sobre las víctimas del incidente que pueda contribuir a identificarlas, por ejemplo, lugar o residencia de origen.

b) Información adicional sobre los supuestos autores:  nombre, dependencia o servicio al que pertenecen, categoría y funciones.

c) Información sobre las medidas adoptadas por las víctimas o sus familiares y, en particular, sobre las reclamaciones presentadas, sus autores y los órganos ante los que se han presentado. Si se ha decidido no formular ninguna  reclamación, explicación de las causas de esta decisión.

d) Información sobre las medidas adoptadas por las autoridades para investigar la supuesta violación del derecho a la vida y para proteger a las personas amenazadas e impedir la repetición de incidentes similares, en  particular: si se han presentado reclamaciones, las medidas adoptadas por los órganos competentes a su recepción; la evolución y la situación de las investigaciones en el  momento de presentarse la denuncia; si los resultados de las  investigaciones no son satisfactorios, explicación de las causas.

El Relator Especial agradecería recibir asimismo información más general con referencia al derecho a la vida, por ejemplo sobre la reciente evolución legislativa en relación con la pena capital o las leyes de amnistía, o información fidedigna sobre el tratamiento de la impunidad. Esa información le permitirá una mejor evaluación de la situación en general del derecho a la vida en los diferentes países.

Toda información de interés para el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias deberá enviarse por correo o por fax a la siguiente dirección:

Relator Especial sobre las ejecuciones
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
Alto Comisionado/Centro de Derechos Humanos
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
1211 Ginebra 10
Fax: 41 22 917 9006

 

MODELO DE CUESTIONARIO

Informaciones generales:

El Relator Especial puede adoptar medidas en los siguientes casos:

a) Violaciones del derecho a la vida en relación con la pena de muerte. El Relator Especial interviene cuando se impone la pena capital tras un juicio que no fue imparcial o en caso de infracciones al derecho de apelación o al derecho de solicitar conmutación de pena o indulto. También interviene si la persona condenada es menor de edad, enferma o discapacitada mental, una mujer embarazada o una madre que ha dado a luz recientemente.

b) Amenazas de muerte y temor de inminentes ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios del Estado, grupos paramilitares, particulares, o grupos que cooperan con los gobiernos o son tolerados por éste, así como por personas no identificadas que pueden estar vinculadas a las categorías mencionadas.

c) Muertes durante la detención debidas a torturas, descuido o uso de la fuerza, o condiciones de privación de la libertad que entrañan peligro de muerte.

d) Muertes como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o personas que actúan en acuerdo directo o indirecto con el Estado cuando el uso de la fuerza no es consecuente con los criterios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

e) Muertes como consecuencia de ataques por fuerzas de seguridad del Estado, por grupos paramilitares, escuadrones de la muerte u otras fuerzas privadas, que cooperan con el Gobierno o son toleradas por éste.

f) Violaciones del derecho a la vida durante conflictos armados, especialmente entre la población civil y otros no combatientes, en forma contraria al Derecho humanitario internacional.

g) Expulsión, devolución o retorno de personas a un país o lugar en que sus vidas están en peligro, así como cierre de las fronteras nacionales para impedir que las personas que buscan asilo dejen el país en que sus vidas están en peligro.

h) Genocidio.

i) Incumplimiento de la obligación de investigar presuntas violaciones del derecho a la vida y de entablar juicio contra los responsables.

j) Incumplimiento de la obligación de ofrecer una compensación adecuada a las víctimas de violaciones del derecho a la vida.

La información sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en relación con las categorías mencionadas puede enviarse a la dirección siguiente:

Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias
c/o Oficina de la Alto Comisionado para los Derechos Humanos
CH- 1211 Ginebra 10 Suiza
Fax: (+41 22)917 9006

o ser enviada por correo electrónico: urgent-action@ohchr.org

Nota: Si desea que determinados datos de la presente información se consideren confidenciales, sírvase escribir la palabra “CONFIDENCIAL” junto a dichos datos. Pueden adjuntarse hojas adicionales si el espacio no es suficiente.

I. Identidad de la persona víctima del incidente:
Nota: si mas de dos personas están implicadas, se ruega rellenar un cuestionario para cada persona.

1. Apellido:…………………………………………………………………………………………………………
2. Nombre:………………………………………………………………………………………………………….

3. Sexo: __ masculino __ femenino
4. Fecha de nacimiento o edad:……………………………………………………………………………..
5. Nacionalidad(es):……………………………………………………………………………………………..
6. Estado civil:…………………………………………………………………………………………………….
7.Documento de identidad:…………………………………………………………………………………. Nº.:………………………………………………………………………………………………………..
Expedido por:………………………………………………………………………………………….
En fecha:…………………………………………………………………………………………………
8. Profesión y/ o actividad (por ejemplo sindicalista, política, religiosa, humanitaria/de solidaridad/trabajo en favor de los derechos humanos, etc.): ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..
9. Dirección habitual:………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..
10. Si hay una conexión entre el incidente presente y otros incidentes/ personas, sírvase indicarla: ……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

II. Información sobre el incidente:

1. Fecha:………………………………………………………………………………………
2. Lugar:……………………………………………………………………………………….
3. Hora:………………………………………………………………………………………..

4. Sírvase describir las circunstancias del incidente, teniendo en cuenta las categorías siguientes: (a) pena de muerte, sírvase detallar (por ejemplo: juicio imparcial, acusaciones, apelación, la ejecución es inminente, etc.)
(b) temor a una violación inminente del derecho a la vida (amenazas de muerte, expulsión o devolución inminente de una persona a un país en que su vida esté en peligro, etc.)
(c) otro (muerte durante la detención, muerte como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza por funcionarios, muerte como consecuencia de ataques por fuerzas de seguridad del Estado, por grupos paramilitares, escuadrones de muerte u otras fuerzas, incumplimiento de la obligación del Estado de investigar, etc.): ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

III. Fuerzas a las que se considera responsables de los hechos:

(a) si cree que agentes del Estado son los responsables, sírvase detallar (fuerzas militares, policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, su unidad, rango y función, etc.) y sírvase señalar por qué cree que sean responsables; sea tan preciso como sea posible:

(b) si las fuerzas o los agentes no han podido ser identificados, indique la razón por la que cree que se trata de agentes del Estado o personas vinculadas a ellos: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(c) si el incidente tuvo lugar en presencia de testigos, proporcione sus nombres. Si los testigos no se identificaron o no desean dar sus nombres, indique si se trata de familiares, vecinos, testigos circunstanciales, etc.; si existen otras pruebas, sírvase indicarlas: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

IV. Recursos judiciales o de otra índole iniciadas por la víctima o su familia:

(a) En caso de un recurso judicial, sírvase indicar quien lo inició, cuándo y ante qué tribunal: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(b) Otras actuaciones: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

V. Medidas adoptadas por las autoridades:

(a) Indicar si se han realizado o no investigaciones por las autoridades estatales; en caso afirmativo, ¿qué tipo de investigaciones? Indique el estado y progreso de tales investigaciones; ¿qué otras medidas han sido adoptadas? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

(b) Si la víctima o su familia han presentado denuncias, ¿cómo han sido tratadas por las autoridades? ¿Cuál ha sido el resultado de tales procesos? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

VI. Identidad de la persona que proporciona la presente información:

1. Apellido:…………………………………………………………………………………………………….

2. Nombre:………………………………………………………………………………..

3. Identidad: individuo, grupo, organización no gubernamental, organización inter-gubernamental. Sírvase detallar: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………..

4. Dirección (teléfono, fax, correo electrónico): ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………

5. Indique si desea que los datos sobre su identidad se consideren de carácter confidencial: ……………………….

Fecha:

Firma del informante:

Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones

60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

La Asamblea General, Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes en la esfera de derechos humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena,

Afirmando la importancia de abordar la cuestión del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacional e internacional,

Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el derecho internacional en la materia,

Recordando la aprobación de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, y por el Consejo Económico y Social, en su resolución 2005/30, de 25 de julio de 2005, en la que el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara los Principios y directrices básicos,

1. Aprueba los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que figuran en el anexo de la presente resolución;

2. Recomienda que los Estados tengan en cuenta los Principios y directrices básicos, promuevan el respeto de los mismos y los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos humanos, los medios de comunicación y el público en genera l;

3. Pide al Secretario General que adopte medidas para asegurar la difusión más amplia posible de los Principios y directrices básicos en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, incluida su transmisión a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, e incorpore los Principios y directrices básicos en la publicación de las Naciones Unidas Derechos Humanos: Recopilación de instrumentos internacionales.

64ª sesión plenaria 16 de diciembre de 2005

Anexo Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones Preámbulo La Asamblea General,

Recordando las disposiciones que reconocen el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, disposiciones que figuran en numerosos instrumentos internacionales, en particular el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1, el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el artículo 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a las víctimas de violaciones del derecho internacional humanitario, disposiciones que figuran en el artículo 3 de la Convención de La Haya relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 18 de octubre de 1907 (Convención IV), en el artículo 91 del Protocolo adicional de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de 8 de junio de 1977, y en los artículos 68 y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Recordando las disposiciones que reconocen el derecho a un recurso a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en diversos convenios regionales, en particular el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

Recordando la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, resultante de los debates del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, así como la resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, por la que la Asamblea General aprobó el texto recomendado en ese Congreso,

Reafirmando los principios enunciados en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, entre ellos que las víctimas serán tratadas con compasión y respeto a su dignidad, que se respetará plenamente su derecho a acceder a los mecanismos de justicia y reparación, y que se fomentará el establecimiento, fortalecimiento y ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas, juntamente con el rápido establecimiento de derechos y recursos apropiados para ellas,

Observando que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requiere el establecimiento de “principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”, obliga a la Asamblea de los Estados Partes a establecer un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de crímenes que son de la competencia de la Corte, así como en beneficio de sus familias, y encomienda a la Corte que proteja “la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas” y que permita la participación de éstas en todas “las fases del juicio que considere conveniente”,

 Afirmando que los Principios y directrices básicos aquí enunciados se aplican a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que por su carácter muy grave constituyen una afrenta a la dignidad humana,

Destacando que los Principios y directrices básicos que figuran en el presente documento no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internaciona les de derechos humanos y al derecho in ternacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido,

Recordando que el derecho internacional contiene la obligación de enjuiciar a los responsables de determinados crímenes internacionales conforme a las obligaciones internacionales de los Estados y a los requisitos del derecho interno o conforme a lo dispuesto en los estatutos aplicables de los órganos judiciales internacionales, y que la obligación de enjuiciar refuerza las obligaciones jurídicas internacionales que deben cumplirse de conformidad con los requisitos y procedimientos jurídicos nacionales y favorece el concepto de complementariedad,

Observando que las formas contemporáneas de victimización, aunque dirigidas esencialmente contra personas, pueden estar dirigidas además contra grupos de personas, tomadas como objetivo colectivamente,

Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y Estado de derecho, Convencida de que, al adoptar un enfoque orientado a las víctimas, la comunidad internacional afirma su solidaridad humana con las víctimas de violaciones del derecho internacional, incluidas las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como con la humanidad en general, de conformidad con los siguientes Principios y directrices básicos,

Aprueba los siguientes Principios y directrices básicos:

I. Obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario

1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de: a) Los tratados en los que un Estado sea parte; b) El derecho internacional consuetudinario; c) El derecho interno de cada Estado.

2. Si no lo han hecho ya, los Estados se asegurarán, según requiere el derecho internacional, de que su derecho interno sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales del modo siguiente:

a) Incorporando las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario a su derecho interno o aplicándolas de otro modo en su ordenamiento jurídico interno;

b) Adoptando procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia;

c) Disponiendo para las víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados que se definen más abajo, incluida la reparación;

d) Asegurando que su derecho interno proporcione como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales.

II. Alcance de la obligación

3. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de:

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones;

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional;

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación;

y d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.

III. Violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional

4. En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas. Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y enjuiciar a los responsables.

5. Con tal fin, cuando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados incorporarán o aplicarán de otro modo dentro de su derecho interno las disposiciones apropiadas relativas a la jurisdicción universal. Además, cuando así lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados deberán facilitar la extradición o entrega de los culpables a otros Estados y a los órganos judiciales internacionales competentes y prestar asistencia judicial y otras formas de cooperación para la administración de la justicia internacional, en particular asistencia y protección a las víctimas y a los testigos, conforme a las normas jurídicas internacionales de derechos humanos y sin perjuicio de disposiciones jurídicas internacionales tales como las relativas a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

IV. Prescripción

6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud del derecho internacional.

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas. V. Víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario

8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.

VI. Tratamiento de las víctimas

10. Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma.

VII. Derecho de las víctimas a disponer de recursos

11. Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional:

a ) Acceso igual y efectivo a la justicia;

b ) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;

c ) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación.

VIII. Acceso a la justicia

12. La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. Otros recursos de que dispone la víctima son el acceso a órganos administrativos y de otra índole, así como a mecanismos, modalidades y procedimientos utilizados conforme al derecho interno. Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno.

A tal efecto, los Estados deben:

a ) Dar a conocer, por conducto de mecanismos públicos y privados, información sobre todos los recursos disponibles contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario;

b ) Adoptar medidas para minimizar los inconvenientes a las víctimas y sus representantes, proteger su intimidad contra injerencias ilegítimas, según proceda, y protegerlas de actos de intimidación y represalia, así como a sus familiares y testi gos, antes, durante y después del procedimiento judicial, administrativo o de otro tipo que afecte a los intereses de las víctimas;

c ) Facilitar asistencia apropiada a las víctimas que tratan de acceder a la justicia;

d ) Utilizar todos los medios jurídicos, diplomáticos y consulares apropiados para que las víctimas puedan ejercer su derecho a interponer recursos por violacio nes manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o por violaciones graves del derecho internacional humanitario.

13. Además del acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación, según proceda.

14. Los recursos adecuados, efectivos y rápidos contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario han de comprender todos los procedimientos internacionales disponibles y apropiados a los que tenga derecho una persona y no deberían redundar en detrimento de ningún otro recurso interno. IX. Reparación de los daños sufridos

15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.

16. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.

17. Los Estados ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos, y procurarán ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales. Con ese fin, los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar daños.

18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

19. La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.

20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a ) El daño físico o mental;

b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;

c ) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;

d ) Los perjuicios morales;

e ) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

21. La rehabilitación ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.

22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a ) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d ) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e ) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

f ) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;

g ) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:

a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad;

b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad;

c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial;

d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos;

e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;

f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales;

g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales;

h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan.

X. Acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación

24. Los Estados han de arbitrar medios de informar al público en general, y en particular a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de los derechos y recursos que se tratan en los presentes Principios y directrices básicos y de todos los servicios jurídicos, médicos, psicológicos, sociales, administrativos y de otra índole a los que pueden tener derecho las víctimas. Además, las víctimas y sus representantes han de tener derecho a solicitar y obtener información sobre las causas de su victimización y sobre las causas y condiciones de las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de las violaciones graves del derecho internacional humanitario, así como a conocer la verdad acerca de esas violaciones.

XI. No discriminación

25. La aplicación e interpretación de los presentes Principios y directrices básicos se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo .

XII. Efecto no derogatorio

26. Nada de lo dispuesto en los presentes Principios y directrices básicos se interpretará en el sentido de que restringe o deroga cualquiera de los derechos u obligaciones dimanantes del derecho interno y del derecho internacional. En particular, se entiende que los presentes Principios y directrices básicos se aplicarán sin perjuicio del derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Se entiende además que los presentes Principios y directrices básicos se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales del derecho internacional.

XIII. Derechos de otras personas

27. Nada de lo dispuesto en el presente documento se interpretará en el sentido de que menoscaba los derechos internacional o nacionalmente protegidos de otras personas, en particular el derecho de las personas acusadas a beneficiarse de las normas aplica

Resolución 217 A (III). Resolución 2200 A (XXI), anexo. A/CONF.157/24 (Part I), cap. III. Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2005, Suplemento No. 3 (E/2005/23), cap. II, secc. A. Resolución 2106 A (XX), anexo. Naciones Unidas Treaty Series, vol. 1465, No. 24841. Ibíd., vol. 1577, No. 27531. Véase Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907 (Nueva York, Oxford University Press , 1916). Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.

Documentos Oficiales de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, Roma, 15 de junio a 17 de julio de 1998 , vol. I: Documentos finales (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.I.5), secc. A. Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 1520, No. 26363. Ibíd. , vol. 1144, No. 17955. Ibíd., vol. 213, No. 2889.