Iniciativa por la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo al Juez Baltasar Garzón y a los familiares de los desaparecidos del franquismo.

En esta entrada han quedado activados los comentarios a disposición de aquellas personas que quieran suscribir la iniciativa, bastando con dejar nombre y apellidos, lugar de residencia y un correo electrónico de contacto. Todo apoyo en difusión de este manifiesto a otros webs o países –  con especial atención a la Unión Europea dada la próxima Presidencia española pèro no sólo - ,  será igualmente bienvenido.

 

Iniciativa por la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo al Juez Baltasar Garzón y a los familiares de los desaparecidos del franquismo.

 

Los abajo firmantes,

  

conscientes de que los derechos humanos constituyen el núcleo del Parlamento Europeo y que el Premio Sájarov es una de las herramientas más visibles y de calado internacional en su promoción, así como de reconocimiento institucional por parte de la Unión Europea y sus Estados miembro.

 

conscientes de la finalidad de dicho galardón internacional como reconocimiento a quienes con valor y sacrificio enfrentan situaciones de graves violaciones de derechos humanos por parte de Gobiernos y autoridades. Como instrumento de cambio para que dichos Gobiernos y autoridades cesen en sus abusos de poder y en tales violaciones.

 

conscientes de que tal es la actual situación de impunidad de los “crímenes contra la humanidad”, crímenes de guerra, contra la paz y actos de genocidio perpetrados por el franquismo en España, así como de la posterior grave violación de los derechos humanos de los familiares de los desaparecidos del franquismo por parte del Gobierno de la nación y altas autoridades, de manera contraria a los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos; en particular en cuanto al trato inhumano cruel y degradante que supone el abandono de estos 150.000 desparecidos en ausencia de una “investigación oficial efectiva e independiente”.

 

conscientes de la comprometida tarea realizada frente a todo ello por D. Baltasar Garzón Real, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional y por los familiares de los desaparecidos del franquismo en España en su conmovedora y firme búsqueda de sus seres queridos desaparecidos a lo largo de los últimos treinta años de democracia y frente a todo tipo de incomprensiones, trabas y dificultades e incumplimiento de los deberes básicos de humanidad por parte del Estado español y que resultarían exigibles a cualquier Estado de conformidad con las costumbres propias de las naciones civilizadas.

 

conscientes de las inadmisibles actuaciones penales iniciadas en los pasados meses contra D. Baltasar Garzón Real, por su intento de emprender dicha “investigación oficial efectiva e independiente” en el caso de los desaparecidos del franquismo tal y como ha sido exigida en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a todos los poderes del Estado; del reciente comunicado de la prestigiosa Comisión Internacional de Juristas denunciando la inobservancia de distintas salvaguardas e instrumentos internacionales propias de todo Estado de Derecho.

 

conscientes de vivir en un país, el de los miles de niños perdidos y los cientos de fosas clandestinas, en el que sólo se ha llamado a declarar como imputado al único juez que ha tratado de hacer valer el derecho penal internacional y de los derechos humanos ante dichos crímenes, y en el que jamás se ha llamado a declarar, en cambio, a ni uno sólo de los responsables de las más de 150.000 desapariciones forzadas.

 

conscientes del infinito e irreparable dolor de estas familias tras toda una vida a la espera y de la urgente situación de muchos de ellos dada su avanzada edad en su legítimo anhelo de conocer la suerte de sus seres queridos arrebatados; de la imprescindible necesidad de recuperar en España la normal vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de protección a las victimas de desaparición forzada, que jamás debió faltar; del incalculable valor de la contribución de D. Baltasar Garzón Real y de los familiares de los desaparecidos para la consecución de dicho bien social.

 

conscientes del antecedente marcado por el propio Parlamento Europeo en idéntico sentido ante el caso de la lucha a la impunidad de los desaparecidos de la Dictadura militar argentina, con la concesión, en 1992, del premio Sájarov a las Madres de la Plaza de Mayo.

 

Proponemos al Parlamento Europeo la candidatura conjunta de D. Baltasar Garzón Real y de los familiares de los desaparecidos del franquismo para el premio Sájarov en su próxima edición de 2010, para que la misma sea tomada en consideración y respaldada en su caso de conformidad a sus bases.

 

 Pedimos al Gobierno de España y al conjunto de autoridades nacionales

 que se reformulen de raíz el conjunto de las actuales políticas “de la memoria” para reestablecer la normal vigencia también en España de los derechos humanos de todas las víctimas del franquismo y observar los deberes de verdad justicia y reparación tal y como han sido formulados por la ONU; 

que sean archivadas de forma inmediata las actuaciones penales emprendidas contra D. Baltasar Garzón Real.

  que nuestras autoridades nacionales respalden y promuevan la presente candidatura conjunta.

“Cómo voy a olvidarme”, Victor Manuel

 

Las mujeres de los rojos

De Consuelo Ruiz.

 

Quisiera escribir un himno

a un pobre racimo humano:

las mujeres de los rojos

que en España nos quedamos,

para las que no hubo escape,

Para las que no hubo barco.

Las que nos quedamos solas

con sus niños en los brazos.

Sin más sostén ni más fuerza

que el que daba el estrecharlos

como prendas de un amor

contra nuestros pechos flácidos.

 

Todos perdimos la guerra,

todos fuimos humillados.

Pero para las mujeres

el trance fue aún más amargo.

Largas colas en Porlier

con nuestros pobres capachos.

Caminatas bajo el sol

con los pies semidescalzos.

Caminatas sobre el hielo

tiritando en los harapos.

Largas, duras caminatas

en busca de algún trabajo.

Cansancio y humillación

si lograbas encontrarlo.

Y si no lo conseguías,

humillación y cansancio.

por el pan de nuestros hijos,

siempre un combate diario.

¡Esos días siempre solas,

esos días largos, largos,

que fueron semanas, meses,

que duraron tanto, tanto,

que entre dolor y entre lágrimas,

se convirtieron en años!.

 

Nuestros hombres en la cárcel,

nuestros hombres exiliados,

nuestros hombres cada día

cayendo como rebaños

en manos de furia ciega

de matarifes fanáticos.

Y las mujeres seguimos,

a nuestro modo luchando

y esa guerra, sólo nuestra

Esa guerra la ganamos.

 

Los hijos de nuestros hombres

Quedaron en nuestras manos

Y supimos inculcarles

un culto casi sagrado

Por los nuestros, los ausentes,

los padres que les faltaron.

Se los pusimos de ejemplo

porque siguieran sus pasos

y logramos convencerles

de que eran buenos y honrados,

aunque en la calle, en la escuela,

les dijeron lo contrario.

Éramos pobres mujeres

y supimos elevarnos

sobre el dolor, sobre el miedo,

sobre el hambre y el fracaso.

Y criamos nuestros hijos

dignos de sus padres, bravos,

serios, dignos, responsables.

Los íbamos cultivando

pilares para un futuro

que aún parecía lejano

y en el que siempre creímos

con los puños apretados.

 

Quisiera escribir un himno,

grande, estupendo, fantástico,

de pobres mujeres débiles

con heroísmos callados,

de esfuerzos y sufrimientos

que eran el vivir diario

Y, a pesar de ello supieron,

con un esfuerzo titánico

ir manteniendo la llama

de amor al padre lejano,

al padre que estaba preso

o alque habían fusilado.

Yo quisiera a voz en grito

poder entonar un cántico

Que dijera todo eso,

que bastante hemos callado.

Las mujeres de los rojos

que en España nos quedamos

creemos tener, al menos,

el derecho de contarlo.

El silencio de los obispos: La Iglesia Católica de España y los niños perdidos del franquismo un año después.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 20 de Noviembre de 2009.

Transcurrido ya un año desde que Baltasar Garzón recogiese en su auto el caso de los niños perdidos del franquismo -  más de tres desde que el Consejo de Europa lo denunciase como parte de su Balance de crímenes de la dictadura franquista – y tras el reciente acto público negacionista respecto la existencia de trabajos forzados en el Valle de los Caidos llevado a cabo en la Universidad San Pablo CEU, resulta evidente lo necesario de seguir dando a conocer, con todo detalle, el estremecedor alcance de lo sucedido en presidios, campos de trabajo y todo tipo de centros penitenciarios del franquismo… así como la concreta relación que pudo tener la Iglesia Católica de España con todo ese, al parecer, “turismo penal alternativo”. Particularmente en cuanto a todo lo sucedido en los centros penitenciarios de detención de mujeres y jóvenes.

 

La Iglesia católica proveyó el personal de “numerosos establecimientos penitenciarios”.

O tal y como se recoge en el punto 77 de dicho Balance de crímenes denunciado por el Consejo de Europa: “La Iglesia Católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos (…).También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”.

 

¿Con qué cargos penales?.
Ahora bien, situación de detención de tales mujeres y sus pequeños en tales “establecimientos penitenciarios” provistos con personal religioso, según dicha denuncia… ¿con qué cargos?.

Porque de no existir tales cargos, o de resultar manifiestamente infundados – ser familia de algún defensor de la República española, haber intentado huir del país… – nos encontraríamos ante una situación de colaboración en un número indeterminado de detenciones ilegales.

 

¿Qué funciones penitenciarias son esas de una confesión religiosa?.
Ejercicio de anómalas funciones penitenciarias por parte de dicho mismo personal – incluso llegando a utilizar conventos y otros edificios de la Iglesia como centros de detención, como han señalado otros estudios –… ¿en virtud de qué?, cuándo la única participación reconocible al personal religioso de cualquier confesión en centros penitenciarios lo es a los efectos de dar asistencia religiosa, en caso de ser solicitada por parte de los detenidos.

 

¿En qué condiciones de detención se tuvo a esas madres y sus pequeños?.
¿Y en qué condiciones de detención, higiene, alimentación – cuidados médicos adicionales exigidos por las leyes internacionales desde Ginebra, desde antes incluso, respecto dicha población civil especialmente vulnerable, madres y bebés – administró dicho personal tales centros?.

Porque de no reunirse esas mínimas condiciones de detención nos podríamos encontrar, igualmente, en el terreno de análisis de distintos posibles supuestos del legado de Nuremberg y otros instrumentos internacionales.

 

¿Carácter sistemático o actuaciones puntuales?.
“Malos tratos físicos y psicológicos”, señala el Consejo de Europa, por parte del “personal religioso”, ¿en qué concretos centros?, ¿por parte de qué concretas personas?, ¿se trató igualmente de actuaciones puntuales o de actuaciones generalizadas o sistemáticas hacia estas mujeres y sus pequeños?… una u otra respuesta nos llevaría a hablar, en su caso, de muy distintos tipos de responsabilidad.

 

¿Dónde están los registros de madres y niños presos?.
Y además, ¿qué mujeres, qué niños, qué jóvenes, pasaron por dichos centros inexplicablemente provistos de personal religioso-penitenciario por la IglesiaCatólica?.

Porque otra obligación por parte de la autoridad penitenciaria, sea esta – anómalamente – religiosa o no, es la de llevar un detallado registro de presos, defunciones, puestas en libertad, traslados – y, en su caso a dónde -;  más aún de separarse a menores de edad respecto de los restantes miembros de su propia familia… y más aún cuando varios historiadores han denunciado igualmente que tales registros simplemente no existen, y eso, jurídicamente, tampoco es posible; no sin encarar nuevas y adicionales esferas de responsabilidad.

 

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido la Conferencia Episcopal Española?.
Todo ello, punto por punto, de haberse producido tal y como denuncia el Consejo de Europa, situaría a la Iglesia Católica, de propia mano, en el delicado terreno de las “relaciones de sujección especial”, espacio de protección reforzada de los derechos fundamentales de los detenidos… ¿con qué grado de conocimiento de la Conferencia Episcopal se hizo?, ¿con qué diligencia se interesaron dichas autoridades superiores jerarquicas por la supervisión de la adecuada situación de todas esas presas – de los pequeños presos -, en estos centros vigilados por ese, su, personal subordinado en el ejercicio de dichas poco comprensibles funciones en colaboración con Franco?.

 

¿Qué conocimiento tenía o debío haber tenido el mando superior, el Vaticano?.
Más aún, ¿con qué grado de conocimiento de las autoridades últimas, las de Roma, superiores jerárquicos máximos en el vértice de la organización y, simultáneamente además – aunque esto ha sido completamente olvidado – autoridades de un Estado, el Vaticano, susceptible por tanto de rendir cuentas ante los distintos intrumentos internacionales de Derechos Humanos?, ¿hasta qué punto “sabían”, “debían haber previsto” o “trataron de impedir o sancionar” ese tipo de conductas como reclama el elemental principio de “responsabilidad por el mando” consagrado en los juicios de Nuremberg y que no sólo se aplica a estructuras militares sino a toda estructura jerarquizada como lo es la Iglesia Católica?.

 

¿Qué reparaciones ha habido para estas madres presas?.

Y, sobre todo, ¿qué reparaciones morales y materiales han ofrecido, en su caso, a todas esas personas sus ex-carceleros?, ¿qué justicia?, ¿cual es la verdad detrás de todos estos hechos y cuándo podrá tenerla a su alcance cualquier ciudadano, si es que alguna vez  somos capaces de mirarla de frente como sociedad salida de un genocidio, el franquista, que aún no somos capaces ni de llamar por su nombre?.

 

Una denuncia que no puede seguir siendo desatendida más tiempo.
La denuncia del Consejo de Europa, organismo de amplio prestigio internacional en materia de derechos humanos en cuyo seno se haya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, su pieza más visible, resulta de la suficiente gravedad en sus implicaciones humanas, jurídicas e internacionales como para que no pueda seguir siendo desatendida más tiempo; menos aún cuando, junto a todo ello, dicha denuncia nos sitúa en el terreno colindante con actuaciones aún más graves, si ello es posible, cuando – en su punto 72 – se definiría precisamente el caso de los niños perdidos del franquismo como el de “hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.

  

¿Hubo personal religioso en las cárceles dónde desaparecieron bebés?.
¿En qué centros penitenciarios se hallaban, en particular, esas mujeres “presas” cuyos hijos les fueron arrebatados – y que el Consejo de Europa no especifica tampoco si están entre los “numerosos establecimientos penitenciarios” provistos de personal por la Iglesia o en algún otro establecimiento no provisto por dicho personal – ?; Y, de haberse verificado casos de desaparición infantil también entre los primeros, ¿hasta qué punto dicho personal religioso pudo haber tenido conocimiento y responsabilidad, como guardianes de estos, por lo sucedido en su seno?, ¿hasta que punto pudo o debió impedir que se separase a estas madres de sus pequeños?, ¿hasta qué punto pudieron o debieron tener conocimiento sus superiores jerárquicos en España de todo ello?, ¿y los de Roma?.

 

“Investigación oficial” también del Estado Vaticano.
Un año después de las actuaciones del auto de la Audiencia Nacional nos sigue faltando una investigación “oficial, efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado Vaticano tal y como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

“Monjitas-guardianas”
Pero los estremecedores testimonios del horror narrados por algunas supervivientes, los cuerpecitos de niños pequeños muertos de malnutrición y enfermedad, la cruel actuación de algunas “monjitas-guardianas” – qué completamente anómalo dicho termino, y de que forma tan anómala también nos hemos habituado a él sin reparar en sus fundamentales implicaciones jurídicas de fondo – reclaman una respuesta . Y la debería reclamar también el propio Estado Vaticano, activando por propia iniciativa dicha investigación, en consonancia con sus otras actuaciones radicalmente distintas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en otros países.

 

 

Un debate incompleto sobre la “educación para la ciudadanía”
Mientras tanto, y al calor también del vigente debate igualmente promovido por la propia Iglesia Católica de España, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos sin la injerencia -  al parecer tiránica – del Estado por pretender obligarles a estudiar la asignatura de educación para la ciudadanía, no he podido dejar de sorprenderme, día a día y mientras desarrollaba mi propia investigación jurídica, por el silencio de nuestros obispos sobre todo ello.

El silencio sobre si el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a su propia conciencia se aplicaba, también, a todas estas madres presas, maltratadas y olvidadas: sobre cual fue la concreta actuación de nuestra Iglesia en aquel entonces, cuando según el punto 73 de dicho mismo Balance “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como <inadecuada> para su formación”.

Aunque seguramente el análisis de esto último, de todo ello en realidad, se lo habrán reservado ya los organizadores del acto para la siguiente ocasión de reflexión en la CEU.

 

Miguel Ángel Rodríguez Arias es profesor de Derecho penal internacional de la UCLM y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional, así como de las primeras investigaciones jurídicas en nuestro país, publicadas en Jueces para la Democracia, calificando los casos de las fosas de Franco como crímenes de lesa humanidad.

Los ‘del monte’ siguen sin ley.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 5 de Noviembre de 2005.

 

Los ‘del monte’, los maquis, los últimos defensores de la República española, en muchos casos también brigadistas internacionales en la liberación del nazismo de Francia, de toda Europa. Hace tan sólo unos días se celebraron las X Jornadas “El maquis” en Santa Cruz de Moya (Cuenca) coincidiendo con el día del guerrillero español; como todos los años, rodeados nuestros guerrilleros del cariño y reconocimiento personal de los asistentes; como todos los años, ausente toda representación institucional de nuestras autoridades nacionales en dicho homenaje.

 

No deja de sorprender – de estremecer más bien – el profundo olvido de la epopeya de estos hombres y mujeres dignos y valientes por parte de nuestro reestablecido Estado democrático; considerados como ‘bandoleros’ hasta nada menos que el año 2001, no reconocidos sus rangos militares y derechos como combatientes de la República ni tan siquiera hoy.

 

Un Estado que sigue sin tener una calle, un mínimo espacio en los libros de texto de nuestros estudiantes, para nombres como los de ‘Grande’, ‘Bedoya’, ‘Chaval’, ‘Larry’, ‘Andrés’, la novena brigada, la AGLA, y tantos y tantos otros. Que se ha permitido olvidar a hombres irrepetibles como ‘Girón’, incontables sus hazañas, incluida la de escapar con bien, junto a sus cuatro compañeros, de su enfrentamiento con los doscientos guardias civiles que les tenían cercados, como todavía cuentan con admiración los mayores del lugar. A hombres como Juan Fernández Ayala, “Juanín”, el último guerrillero que, acosado en los Picos de Europa, no podía “desertarle” a su República y, consciente de la suerte que correría, se despidió para siempre y se fue a morir al monte un mes de mayo de 1957, tras veinte años de guerra contra el franquismo, desgastando en la soledad de la sierra el recuerdo de los días de una España de progreso cada vez más lejana.

 

¿Cómo es eso posible? ¿cómo es posible que nuestro país no honre y recuerde a todos estos hombres y mujeres que lo dieron todo, y más, por nuestra libertad y nuestro futuro?.

 

Amarga y desmemoriada “memoria histórica” la nuestra, la que nos han querido imponer de espaldas al derecho internacional, a los mismos deberes de humanidad: agua sin vaso cuando hay agua, vaso sin agua cuando hay sed…la misma sensación desgarrada pegada a la garganta que Otero.

 

Más de cinco mil nombres de guerrilleros ignorados; varios miles más de “enlaces” y “puntos de apoyo” que afrontaron igualmente represalias atroces por parte de la Guardia Civil de Franco, de contrapartidas y falangistas. Incontables sus familiares represaliados por la saña de no poder apresarles.

 

No contabilizados, tampoco, los niños perdidos igualmente arrebatados a sus familias – uno de los tres grandes colectivos objeto de desaparición forzada infantil por parte del Estado español -, como la del propio Manuel Girón a cuya hermana, Emilia, recientemente fallecida a las puertas de la justicia española a la espera de que alguien le devolviese a su pequeño, le hicieron pagar con una vida de sufrimiento y separación familiar la valentía del ‘león del Bierzo’.

 

Todo ello olvidado, sepultado bajo un distanciamiento equidistante, amnésico, fruto del silencio aprendido.

 

Según parece hemos sido capaces de inaugurar grados de desentendimiento incluso dentro del mismo olvido.

 

Todo ello a pesar de su conmovedor compromiso, de su sacrificio sin fin en la dureza desamparada del monte, en su lucha por la superviviencia cotidiana, por persistir, por mantener con su presencia sobre el terreno alguna esperanza abierta para el reestablecimiento de una España democrática; por muy insostenible que resultase su situación, por muchos padecimientos que hubiese que afrontar, por muchos compañeros que acabasen cayendo en el camino para terminar engrosando la cifra de los desaparecidos en fosas comunes, cuando no expuestos sus cadáveres acribillados con escarnio como trofeos humanos en la plaza del pueblo.

 

Pero nuestros guerrilleros siguieron luchando, sabían, lo siguen diciendo hoy, que el pueblo estaba con ellos, sabían de la esperanza que durante los años más feroces representaron para la sociedad española, aterrorizada y reducida, que, una vez, se había atrevido a soñar con la República.

 

Y es así como, poco a poco, tras toda una vida de lucha, fueron dejando morir a nuestros “imprescindibles” en el olvido, sin que ninguno de nuestros gobernantes se diese cuenta, ni lo haya hecho todavía, de por qué lo son, y hasta qué punto; sin que jamás ni una sola de nuestras instituciones nacionales les diera mínimamente las gracias ni les reconociera nada, ni tan siquiera su condición de ex combatientes de la República que, en la derrota militar, en el exilio o en el olvido, ellos siempre llevaron con orgullo.

 

¿Qué se le va a hacer?, sin duda alguna nuestros representantes, reservando sus fuerzas para más altas tareas de Estado, no han podido encontrar un hueco en sus apretadas agendas de los últimos treinta años para honrarles como se haría en cualquier otro país democrático.

 

Nuestros guerrilleros aguardan en algún lugar, con los niños perdidos, con las miles de mujeres víctimas de crímenes contra la humanidad de género, con todos los represaliados, expoliados, olvidados, para los que tampoco ha habido reconocimiento ni reparación institucional alguna en el país que decidió esconder su propio genocidio bajo la alfombra.

 

Siguen al margen de una ley de la que no se puede formar parte y a la que se opusieron con todas sus fuerzas desde el inicio de su gestación; todavía 70 años después recordándonos, hasta el final, de qué lado no está la dignidad.

 

Y, en el fondo, casi resulta normal que las cosas fueran así; imagínense: los últimos en plantarle cara sobre el terreno, con todo en contra, al franquismo más salvaje, pasando por el aro de las políticas de punto final – de medias tintas no, sin tintero y gravemente vulneratorias de varios derechos humanos – del actual Gobierno del PSOE. Las carcajadas aún se deben poder escuchar entre las peñas. Los ‘del monte’ siguen sin ley, como siempre, defendiendo lo que es necesario.

 

Sierra y libertad.

 

Y gracias, que es lo único que está a mi alcance decir en estas líneas por muy poco que sea.

 

 

(En la fotografía el Monumento nacional al Guerrillero español antifranquista, Santa Cruz de Moya, Cuenca, fotografía de Juan Navarro)

La Iglesia Católica de España, el Vaticano y los ‘niños perdidos’ del Franquismo

REACCIONES JURÍDICAS | SEGÚN TRATADOS DE DD HH SE DEBERÍA INICIAR UNA “INVESTIGACIÓN OFICIAL” POR PARTE DEL ESTADO VATICANO.

La anómala presencia de personal eclesiástico en cárceles de mujeres y niños obliga a esclarecer su implicación en lo sucedido en esos centros.

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ARIAS (Profesor de Derecho Penal Internacional de la Univ. de Castilla-La Mancha, autor de El caso de los niños perdidos del franquismo que dio lugar a las actuaciones de la Audiencia Nacional)

 

Diagonal, Viernes 30 de octubre de 2009.  Número 112.

 

 

“La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…), jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes, cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Así se expresaba, junto a todos los demás puntos denunciados, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista en marzo de 2006. Nada se ha hecho por esclarecer dichas anómalas funciones penitenciarias por parte de agentes de la Iglesia Católica. Anómalas pues la única participación de una confesión religiosa, en este caso la Iglesia Católica, lejos de la situación denunciada por el Consejo –con expresa mención de las prisiones de mujeres– debería haber sido la de dar libre asistencia espiritual a las prisioneras –de querer ser ejercido este derecho por ellas– tal y como se reconoce en las convenciones internacionales.

 

Pero nunca se debe ampliar a la colaboración en funciones de detención o custodia alguna por parte de las denominadas monjas-guardianas, ni nada que se le parezca. Sabemos también por los testimonios recogidos por Tomasa Cuevas, y otras investigaciones periodísticas más recientes, como Los niños perdidos del franquismo, de la utilización de edificios e instalaciones de la Iglesia, como algún convento, para funciones carcelarias. Incluso de condiciones materiales de hacinamiento, muchas veces durmiendo en el propio suelo, y de ausencia de higiene. También denuncian estas investigaciones periodísticas las condiciones de insuficiencia alimenticia y de asistencia médica, y la elevada mortandad infantil que ha llevado a hablar a algunos autores de “infanticidio”.

 

Esto último motivado por la falta de los alimentos y de los cuidados médicos  exigidos, condiciones amparadas en las leyes de humanidad consagradas en el derecho internacional. El horror vivido por esas madres y sus pequeños, recogido en inhumanas escenas por tales testimonios, no debe ser nunca olvidado. Sin embargo, la Ley de la Memoria no tiene memoria de género, no menciona siquiera el caso de los niños perdidos, olvidándose de los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia nuestros desaparecidos en vida y sus familias.

 

Todo ello sitúa a la Iglesia Católica en un terreno escabroso, por incumplir los especiales deberes de diligencia –y esferas de responsabilidad– de las llamadas “relaciones de sujeción especial” en el ámbito penitenciario, como se llama en Derecho a la situación de dependencia y vulnerabilidad de cualquier detenido respecto a guardianes y autoridades del centro, que deben velar por sus condiciones de vida. Un ámbito jurídico fuertemente reglado y protegido por la jurisprudencia e instrumentos internacionales, especialmente por la importante jurisprudencia evolutiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello iría desde la responsabilidad por las condiciones de detención, alimentación y cuidados médicos, a llevar un obligado registro, detallado y actualizado, de las madres y niños detenidos en cada centro, con participación de personal religioso-penitenciario; así como registro detallado de su posterior traslado, fallecimiento o puesta en libertad.

 

Unos libros de registro cuya existencia es obligatoria, so pena de incurrir en adicionales esferas de responsabilidad de no existir, como varios historiadores denuncian que también fue el caso en varios de esos centros de detención, respecto a los menores encarcelados, sin quedar constancia, por tanto, de qué niños entraban en tales cárceles, qué niños fallecían o eran trasladados y, en su caso, a dónde.

 

La Iglesia en las cárceles
Más aún en un terreno colindante –éste de la participación de agentes de la Iglesia Católica de España en la detención carcelaria de madres y menores– con el de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo con los hijos de las defensoras de la II República y otros colectivos de mujeres. Como deja de manifiesto el texto del Consejo de Europa: “Los ‘niños perdidos’ son también parte de las víctimas del Franquismo, se trata de hijos de presas cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afectas al régimen”.

 

Lo que sumado a la revelación de otros testimonios personales y documentos escritos que apuntan directamente a alguna forma de participación de curas o monjas en varias desapariciones infantiles –me refiero a las investigaciones antes mencionadas pero también a otras más recientes como las publicadas por DIAGONAL hace tan sólo unos días– tornaría de toda importancia la investigación de tales registros, de los testimonios. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera deber ipso facto emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” por propia iniciativa del Estado, ante la mera noticia de la existencia de desapariciones en circunstancias no esclarecidas.

 

Todo lo anterior habida cuenta, en especial, de que los miembros de la Iglesia Católica forman parte de una estructura claramente jerarquizada y de conformidad con la fundamental doctrina de la “responsabilidad por el mando”, surgida en los juicios de Nuremberg. El “mando” es el responsable de la actuación de sus subordinados no sólo si éste sabía, también si tenía motivos para saber, en unas circunstancias determinadas, que dicho subordinado estaba cometiendo, o iba a cometer, actuaciones contrarias a la legalidad, en especial si no tomaron todas las medidas necesarias para impedirlo o sancionarlo. En este sentido se articula el punto 27 del Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en este caso el mando último ostenta a su vez la condición de alta autoridad de un Estado, el Vaticano, sujeto igualmente a dichos deberes internacionales y a responsabilidad internacional, como nuestro propio Estado español, en caso de incumplirlos.

 

Por ello mismo cabría esperar una “investigación oficial efectiva e independiente” por parte del Estado español, pero también por parte del Estado vaticano, en tanto que fueron agentes jerárquicamente subordinados a una y otra autoridad, los que aparecen implicados en las cárceles. Una investigación que sería congruente además con la aplaudible preocupación humanitaria mostrada por ambos Estados en la promoción y protección de los derechos humanos ante otras situaciones de desaparición en América Latina. Y sin olvidar en este caso, la especial urgencia para la protección debida de todas estas familias, que todavía padecen los efectos de una separación forzada de sus miembros –a pesar de sus lazos biológicos– gravemente afectadas por tanto en su derecho humano a la vida familiar y víctimas durante largos años de un sufrimiento inhumano.

Descargar PDF de edición impresa 27diagonal112

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/La-Iglesia-Catolica-de-Espana-el.html

Flores para el Rey. Los desaparecidos del franquismo y el olvidado “derecho humano a la vida familiar”.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 1 de noviembre de 2009.

 

En el día de hoy, primero de noviembre, otro años más, casi todas las personas que quieran llevar unas sencillas flores a sus seres queridos fallecidos podrán hacerlo.

 

Los familiares de los 150.000 desaparecidos en fosas clandestinas, no.

 

Los familiares de los desaparecidos en combate en batallas como las del Ebro y que continúan insepultos – sus restos en ocasiones a simple vista del caminante –, tampoco.

 

Los familiares de los miles de niños perdidos del franquismo, desaparecidos en vida – a los que nadie ha empezado a buscar siquiera – seguirán sin poder reunirse en torno a la misma mesa con sus seres queridos en ese día señalado de recogimiento familiar, como sí que harán, en cambio, tantas otras familias.

 

¿Qué se le va hacer? en el Estado heredero de la bandera retocada del dictador y de sus cientos de fosas que nadie quiso tocar, el derecho se detiene unos centímetros antes de llegar a los lugares donde yacen amontonados, por decenas de miles, buena parte de una generación de españoles comprometidos con los valores democráticos y de progreso social.

 

Como con los móviles: en cada fosa clandestina nuestro Estado de Derecho está apagado o fuera de cobertura.

 

Resulta que tenemos un casi pleno Estado Democrático, en el que lo único que no podemos votar es al Jefe del Estado, y un casi pleno Estado de Derecho del que tan sólo nos hemos despistado un poco con los derechos humanos de dos, a lo sumo tres, centenares de miles de personas durante poco más de treinta años. Y fosas, tenemos muchas fosas, apareciendo por todas partes.

 

Y por eso también nos hemos olvidado del “derecho humano a la vida familiar” que asiste a todas estas personas en días como hoy en virtud del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que no encuentra aplicación en nuestro país – como todos los demás derechos afectados – sin mayor argumento o justificación.

 

Así que nada, al igual que en todas las navidades, en las fechas del cumpleaños del ser querido desaparecido, los aniversarios, la fatídica fecha del día en que los genocidas de turno del pueblo se lo llevaron…como el resto de días del año, en realidad, y a cada momento que los recuerdos les asaltan, en el día de hoy los familiares de los desaparecidos tendrán un poquito más de sufrimiento y “trato inhumano” dado el admirable proceder de nuestro Estado Social y Democrático de fosas comunes, perdón, de Derecho.

 

Lo que en si mismo viola también la prohibición del artículo 3 del Convenio Europeo de que ningún Estado miembro tolere de brazos cruzados la prolongación de dichos padecimientos en situaciones de desaparición como, por el contrario, se lleva haciendo en nuestro país desde hace años.

 

Que no hay que andar pidiendo tantos derechos humanos. Hasta aquí se puede y ya está. Y “nos pasamos por las narices” – perdónenme, que esas cosas no se pueden escribir… aunque sean verdad – las más elementales normas de humanidad, todo lo que diga Naciones Unidas y todos los instrumentos de derechos humanos en materia de desaparecidos que obligan a que sea el Estado el que busque a estas personas, a revelar la verdad, a hacer justicia, a darles una verdadera reparación a sus familiares y rehabilitar sus nombres; y me refiero a todos los instrumentos internacionales en la materia, porque, lamentablemente, los estamos incumpliendo a sabiendas uno por uno y hasta el último de ellos, tal y como suena.

 

Claro que en el plano internacional el trabajo continúa y ayer mismo, sábado 31, saltó la noticia del renovado interés del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ante la situación de tres víctimas del franquismo.

 

Y conste que no pierdo la esperanza de que algún día el Jefe del Estado del país subcampeón del mundo en desaparecidos – nos ganó la “final” Pol Pot en la modalidad de genocidio en fosa común, y los responsables de las Stolen Generations australianas en la de robo de bebés indefensos –, nuestro auto-desaparecido Defensor del Pueblo, nuestros tribunales que nos miran como si les estuviésemos contando un capítulo de Expediente X cada vez que invocamos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…alguien, en definitiva, entienda que lo que está pasando en España con las fosas, los niños perdidos y sus familias, es algo más que antijurídico, es la clásica bestialidad española – más propia de otros tiempos – al margen de la humanidad, del derecho, del proceder de cualquier país civilizado y hasta del propio sentido común de nuestras casi plenamente democráticas instituciones.  Mucho más casi, que plenamente, democráticas desde el silencioso testimonio de las fosas, el dolor de las familias y la arbitrariedad con la que se sigue actuando con ellas.

 

Porque junto al inmenso drama de todas estas personas esas fosas son también el candente recuerdo, cotidiano, de lo que seguimos sin ser como país, como sociedad salida de un genocidio aterrador al que todavía no somos capaces de mirar de frente y, ni siquiera, de llamarlo por su nombre.

 

Mientras todo eso ocurre, este primero de noviembre, y todos los demás, no creo que haya sitio mejor donde llevar nuestras flores y nuestro desamparo que a las puertas de palacio del Rey y las altas autoridades del Estado: como son éstas las que tienen la obligación de saber dónde están todos esos seres queridos desaparecidos que se las lleven de nuestra parte.

La “ley” de la memoria no es ley. Fórmula de Radbruch y objeción de conciencia ante una “injusticia insoportable”.

Miguel Ángel Rodríguez Arias.

El Plural, 24 de octubre de 2009.

 

Una vez más nuestra ley “de la memoria” ha vuelto a estar en el centro de la polémica en el aniversario del fusilamiento del President Companys con la legítima denuncia de unos de que la “sentencia” de muerte sigue vigente, y las declaraciones preventivas de otros, enrocados en su “sostenella y no enmendalla”, de la corrección jurídica y reparatoria de lo actuado legislativamente.

 

Según parece la afirmación de que sería un fusilamiento “ilegítimo”, ya sería suficiente. Aunque en derecho nos suenan más conceptos como nulo, anulable, vigente… y eso de la categoría jurídica de la “ilegítimidad” y sus efectos sea toda una interesante innovación autóctona – otra más para la lista – en todo este tema.

 

Fórmula de Radbruch: las leyes malas, las muy malas, y las que dejan de serlo por violar insoportablemente derechos humanos.

 

En el intento de diferenciar los supuestos de leyes válidas – a pesar de su contenido gravemente incorrecto – de los casos de arbitrariedad y abuso de poder de mera apariencia legal que no debían ser obedecidos, Gustav Radbruch, conocido jurista alemán, profesor de Derecho penal en Heidelberg, elaboró la denominada “fórmula de Radbruch” que adquiriría relevancia internacional, justamente, ante supuestos de justicia transicional como los juicios de Nuremberg o el posterior caso de los tiradores del muro de Berlín ante el Tribunal Supremo alemán.

 

Conforme a dicha formulación si bien, en general, el derecho positivo no deja de ser derecho aunque tenga contenidos desproporcionados o injustos, ante ello se abriría una única excepción: el derecho positivo pierde incluso su misma validez como derecho cuando la contradicción de la ley positiva con la justicia alcanza una medida de tal modo insoportable que la ley dejaría de ser ley, cediendo ante el valor superior de la justicia.

 

 

Casi 350.000 asesinatos del franquismo, sepultos o insepultos.

Y eso es exactamente, a mi juicio, lo que sucede hoy en España con la denominada ley “de la memoria” – perdón, con la “ley” de la memoria, como habrá que empezar a entrecomillarla – .

 

Una “ley” que puentea la normal aplicación de los deberes de la tutela judicial que sería ordinaria ante cualquier hallazgo de restos mortales – lo acaba de demostrar el reciente caso de San Sebastian y su normal judicialización ante la incierta consideración inicial de su origen – violando cuatro artículos distintos del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto más de 150.000 desaparecidos y sus familias.

 

Víctimas que pasan a ser casi 350.000 si se suma la injusticia insoportable de calificar como condena “ilegítima”, “por vicios de forma y fondo” – es decir elemento jurídico gravemente incorrecto pero, en definitiva, todavía “derecho” – a los otros 190.000 ejecutados respecto los que Franco sí que se tomó la molestia de dar una “sumarísima” apariencia de judicialidad.

 

 

Franco las llamó “sentencias de muerte” para legitimar 190.000 asesinatos de lesa humanidad.

Porque también en este segundo caso, el de las “sentencias” de muerte, como llamó Franco a todos estos asesinatos de Estado – y como sorprendentemente se las ha seguido llamando -, hablamos de un exterminio sistemático, y dar dicho tratamiento, todavía como derecho, a meros actos criminales conlleva, en si mismo, una suerte de convalidación como acto jurídico a la que, en conciencia, no puede serle reconocida tampoco validez alguna por ciudadanos ni por aplicadores del derecho: no son actos jurídicos “ilegítimos”, son crímenes contra la humanidad.

 

Aunque nuestro Estado, lejos de dar normal aplicación respecto a estas víctimas y a sus familias de los principios ONU de reparación ante violaciones manifiestas de los derechos humanos, ni tan siquiera tenga a bien la anulación formal de dichas “sentencias”. Radbruch mismo se removería en su tumba.

 

 

Convertidos en Antígona.

Y por eso hablamos de una ley de la vergüenza histórica, porque da vergüenza, y mucha además, que en virtud de esa “ley” nuestra reestablecida democracia termine por seguir considerando derecho, da igual con que adjetivación, el asesinato de más de 190.000 seres humanos “cautivos y desarmados” y pretenda dar carta de naturaleza jurídica a la definitiva omisión del deber incontestable de “investigación oficial efectiva e independiente” respecto los otros más de 150.000 desaparecidos.

 

Y por eso, en todos estos aspectos al menos, la “ley” de la memoria no puede ser considerada ya ley, y ni siquiera derecho, y nos coloca a todos los ciudadanos en general – algunos como los militantes del partido socialista en particular – en un conflicto de conciencia frontal entre la misma y nuestro deber superior hacia los derechos humanos y las exigencias de la decencia humana.

 

Y por eso también produce tanta impotencia ser únicamente jurista y no alcanzar a captar aquí en palabras todo ese dolor íntimo y abismado, sin límites, multiplicado por la propia inmensidad de las cifras; lo inverosímil de todo lo que nuestro reestablecido Estado constitucional ha hecho, y sigue haciendo, con todas estas personas.

 

Atrapados en dicho conflicto, ante toda esta injusticia insoportable, todos hemos terminado trocándonos en Antígona, clamando públicamente a las puertas de Palacio de una autoridad cuyo real grado de indiferencia ante todo esto sólo puede quedar suficientemente retratado al contraluz de todo lo que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún nos reclama.

 

Pero precisamente por eso Creonte es Creonte dentro de ese dramatis personae: porque desde lo alto de su poder considera no estar sujeto a derecho humano o divino alguno frente al inmenso dolor de las familias.

 

 

Desobediencia cívica de “brazos caidos” contra la violación de derechos humanos.

¿Qué podemos hacer ante todo ello?: obedecer profundamente el mandato del sistema internacional de Derechos Humanos, desobedecer cívicamente la “ley” de la memoria.

 

Mostrar nuestra objeción de conciencia a colaborar, en modo alguno, con el sistema cruel y envenenado ideado por Franco y que delega esta pesada carga en los familiares.

 

Un sistema que, es cierto, sólo el Gobierno de la nación está en disposición de cambiar para crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y una Base Nacional de Datos Genéticos, pero que tampoco puede sostenerse en pie si las asociaciones y personas ajenas al Estado, en las que la “ley” delega impropiamente, dejan caer sus brazos con determinación, detienen sus manos en las fosas, detienen en bloque sus solicitudes de subvención ante la próxima convocatoria negándose a aceptar un sólo céntimo más de un dinero para exhumaciones sustitutivo del Convenio Europeo, y de los deberes de “verdad, justicia y reparación” exigidos por Naciones Unidas.

 

Un dinero que limpia las conciencias de quienes conocen perfectamente el alcance de sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero han decidido no cumplirlas y llamarlo “ley” de la memoria.

 

Uruguay, inconstitucionalidad de la ley de caducidad respecto crímenes contra la humanidad, sentencia de 19 de octubre de 2009

“SABALSAGARAY CURUTCHET, BLANCA STELA. DENUNCIA. EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1, 3 Y 4 DE LA LEY Nº 15.848”, FICHA 97-397/2004.

Ponente:  Doctor Jorge Omar Chediak González. Montevideo, Uruguay, 19 de Octubre de 2009.

Descargar texto íntegro de la Sentencia

 

Uruguay: la nulidad de la Ley de Caducidad, más cerca tras fallo

 de la Suprema Corte.

Infolatam/Efe
Montevideo, 20 de octubre de 2009

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura. Es “un punto de partida”, dijo Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman,

Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que el lunes declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.

Es “un punto de partida”, dijo a Efe Macarena Gelman, víctima de la represión de la dictadura uruguaya, que, en confabulación con la argentina, acabó en 1976 con la vida de sus progenitores y la entregó en adopción a la familia de un policía. “Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley”, dijo Gelman.

El fallo se produjo a seis días de que los uruguayos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido criticado por los opositores a la nulidad por entender que hay intereses electorales de por medio.

Esta consulta es “una oportunidad histórica para revisar una situación que ha sido cuestionada desde el ámbito nacional e internacional”, dijo la nieta del premio Cervantes. Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto, sin embargo, “para el futuro puede tener mucha importancia”, afirmó en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze.

Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray. “La Corte, en definitiva, es la que interpreta y determina si una ley es constitucional o no es constitucional”, dijo Guianze.

Esta es la primera vez que la máxima instancia judicial del país se pronuncia contra la norma, que impidió, desde su aprobación en 1986 y su refrendo en 1989 en un plebiscito, el enjuiciamiento de los militares y policías que participaron en la represión de los opositores a la dictadura. La decisión de los jueces se suma a la postura contraria a la ley ya manifestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo y marca de facto el fin de la Ley de Caducidad, al facilitar la presentación de nuevas demandas contra la misma.

El Quinto Regimiento

El paseillo

Del poemario Mi guerra civil, de Jean Ortiz

 

Sonaban clarines y tambores ;

montera en mano

los <<paseados>> iban por delante

de las patibularias cuadrillas

 

Los sacaban, decían, a pasear,

sin capote de paseo,

sin solemnidad.

 

Entraban en un ruedo infinito

reses de las ganaderías carcelarias

y de los campos plebeyos.

 

Los matadores de la <<Santa Cruzada>>

descabellaban, voraces, carne republicana.

Salían de lóbregos corrales

nutridas <<sacas>> obreras.

 

Matorrales y baldíos ofrendaban

sacrificaderos anónimos,

para borrar de la historia

a aquellos seres bravos.

 

En fosas de mala conciencia

yacen aún muchos miles.

En silencio.

Premeditadamente silenciados.